miércoles, 21 de febrero de 2018

ADAPTARNOS A LA ESCASEZ DE AGUA, LA ÚNICA SALIDA

El momento ha llegado. Tras años de advertencias por parte de científicos y organizaciones ambientalistas, la consecuencia más perjudicial y más temida para el ser humano debida al cambio climático está teniendo lugar en Africa Austral: la falta de agua potable para el consumo. El pasado 13 de febrero, las autoridades de la región de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, advirtieron que, para el próximo 11 de mayo, no saldrá una sola gota de agua de los grifos, debido a la sequía que padece la zona desde hace tres años, siendo éstos los más secos desde que se tienen registros, y 2017 el peor con tan solo 153,5 milímetros de lluvia acumulada. De aquí a entonces, los habitantes de la ciudad sudafricana tendrán limitado el acceso al agua potable a un total de 25 litros por persona y día, cantidad que se sobrepasa con una ducha de dos minutos y tirar una vez de la cadena.
“En Australia, Israel o Kuwait ya se están implementando soluciones como la desalinización movida por energía solar, la mejora en el reciclaje de las aguas residuales o la instalación de tanques de recogida de aguas pluviales en los edificios”
Son los primeros signos de un problema global que, según los expertos, pueden traer como consecuencia más extrema la “guerra del agua”. Según la ONU, 750 millones de personas en el planeta carecen de acceso al agua potable y casi dos millones fallecen cada año por razones relacionadas con este problema. Para 2030, la demanda de agua será un 40% mayor, por el aumento de población y su concentración en las ciudades, y en 2025 dos de cada tres personas en el planeta sufrirán restricciones en su suministro de agua. Muchos conflictos actuales, como la interminable guerra de Siria, tiene como parte de su origen una prolongada sequía que asoló el país entre 2007 y 2010, expulsando a cientos de miles de personas de las tierras y ciudades de Siria, donde fueron marginadas.
En Europa, nuestro país es en el que la sequía está siendo más severa. Desde que comenzó el año hidrológico, en España ha llovido un valor medio de 231 litros por metro cuadrado, un 28 por ciento menos que el valor medio normal. A pesar de las lluvias que han aliviado la situación en el norte del país, la reserva hidráulica española está ahora al 42,94% de su capacidad total, siendo especialmente grave en las cuencas del Guadalquivir (32,9%), del Tajo (37,61%), del Duero (37,90%) y, sobre todo, en la cuenca del Segura (16,2%). En Sudáfrica se estima que cuando los embalses que abastecen a la población lleguen al 13,5% de su capacidad se llegará al punto crítico del llamado “día cero” en el que el ejército se encargará de la distribución de agua potable en alguno de los 200 puntos habilitados para ello.
Sin llegar aún a ese extremo en otras zonas del mundo, es necesario empezar a anticiparse a esta situación que será cada vez más frecuente, aprendiendo de las experiencias desarrolladas en otros países, como Australia, Israel o Kuwait. Así, ya se están implementando soluciones como la desalinización movida por energía solar, la mejora en el reciclaje de las aguas residuales o la instalación de tanques de recogida de aguas pluviales en los edificios. En este sentido, es significativo que la Comisión Europea tiene abiertos contra España cinco procedimientos de infracción de la Ley de Aguas, al incumplirse los plazos para implementar la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y hay depuradoras urbanas señaladas por Europa que siguen sin estar ejecutadas o funcionando correctamente.
Pero lo más acuciante debe ser la reducción en el consumo de agua. Es sabido que el 80% del agua es usada en la agricultura y la ganadería. Ya hay experiencias que consiguen reducir considerablemente el uso de agua para los cultivos, como la realizada por la Facultad de Farmacia y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla, al desarrollar la técnica llamada de “riego deficitario controlado”, que consiste en reducir al máximo el riego en la fase de cultivo más resistente e ir incrementando el suministro de agua conforme comienza la fase de cultivo más sensible al estrés, consiguiendo un ahorro del 50% en agua de riego. Otras innovaciones son la aplicación de la “agricultura vertical”, que no requiere de suelo para la producción de alimentos y donde todos los recursos que se emplean –agua, fertilizantes, luz, energía– están controlados dentro de un sistema que favorece la recirculación el agua y se optimiza la energía empleada; o la permacultura, un sistema de producción agrícola basado en principios como la conservación del suelo o el bajo impacto ambiental de la producción, etc.
En definitiva, debemos adaptarnos, modificando el paradigma con el que nos hemos regido en las últimas décadas y aprendiendo de las experiencias y las investigaciones que nos brinda la ciencia. Sólo así estaremos preparados para el nuevo escenario que se nos presenta de escasez de agua.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 7 de febrero de 2018

UN CRECIMIENTO URBANÍSTICO DESMESURADO

La salida a la luz del informe que revela que, en los últimos 17 años, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento de Murcia ha permitido, con su dejación de funciones, que se construyera a mansalva en el municipio, sin tener en cuenta los estudios ambientales pertinentes, constituye un auténtico escándalo, uno más, de la gestión del Partido Popular en la Región de Murcia. El trabajo de investigación de la concejala de Ahora Murcia Mª Angeles Moreno Micol es de una gran trascendencia. En su informe, se desvela lo que para todos era un secreto a voces: que el PP ha hecho la vista gorda a la hora de conceder licencias de obras, renunciando a aplicar la ley en sus aspectos de realización de estudios de impacto ambiental y a ordenar el territorio, y ha favorecido al negocio inmobiliario, sin importarles si las más de 240.000 viviendas construidas desde 2001 en Murcia cumplían con lo exigido por ley o no.
“La ausencia del Programa de Vigilancia Ambiental ha permitido que los promotores y constructores hayan hecho su agosto durante años para construir donde les plazca, sin limites y sin trabas, convirtiendo a Murcia en el paraíso del ladrillo”
Concretamente, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Murcia aprobado en 2001 carece a día de hoy del obligatorio Programa de Vigilancia Ambiental, por el que, antes de aprobar una edificación o una urbanización, debería hacerse un seguimiento de las implicaciones ambientales de tales construcciones, en aspectos como los impactos sonoros, la contaminación atmosférica, erosión o riesgos en caso de inundaciones o terremotos, además tener que prever planes de calidad ambiental de la zona. La ausencia de ese Programa de Vigilancia Ambiental ha permitido que los promotores y constructores hayan hecho su agosto durante años para construir donde les plazca, sin limites y sin trabas, convirtiendo a Murcia en el paraíso del ladrillo.
Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su Anexo IV, se dice que “el programa de vigilancia ambiental (PVA) establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el estudio de impacto ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de explotación”. En el aspecto práctico, es el promotor el que propone en el estudio de impacto ambiental una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de los impactos previstos, y consecuentemente un programa de vigilancia. Este punto es que parece estar ausente en el PGOU de la ciudad de Murcia.
Sólo hay que pasearse por la zona norte de la ciudad para comprobar la existencia de decenas de esqueletos de hormigón, como si de un paisaje post-apocalíptico se tratara, junto a torres de viviendas rodeadas de solares, además de las “megaurbanizaciones” asociadas a los campos de golf que se levantaron al calor de la burbuja inmobiliaria, muchas de ellas investigadas por la justicia. Ya en 2010, el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia advertía de las condiciones "deficientes" al no cumplirse "las necesidades actuales de eficiencia energética, protección y aislamiento” de las viviendas que se construían en la ciudad. La consigna era (y sigue siendo), por parte de la administración, “ponérselo fácil a la actividad económica”, “desburocratizar” y “favorecer la actividad empresarial, crear empleo y generar nuevas oportunidades de riqueza y bienestar en la Región”, usando el típico lenguaje neoliberal, donde los aspectos ambientales y de calidad brillan por su ausencia.
El PP regional y municipal, con esas actuaciones cómplices, han permitido el crecimiento desordenado de las zonas urbanas, rayando la ilegalidad, como se desprende del informe recién aparecido, y han revelado que tanto el ayuntamiento de Murcia, al cerrar los ojos ante este problema e incumplir la legalidad, como la Comunidad Autónoma, al no cumplir con su cometido de vigilancia, se han dedicado a favorecer, una vez más, al sector empresarial cercano, creando una red clientelar de intercambio de favores, esta vez en el ámbito de la construcción.
Esperemos que la Fiscalía actúe de oficio ante estas informaciones, y depure las responsabilidades pertinentes a las personas que, por acción u omisión, han permitido que en estos años la ciudad de Murcia haya sufrido este crecimiento urbanístico desmesurado.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:


jueves, 25 de enero de 2018

UNAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SALVAR EL MAR MENOR

La aprobación de las enmiendas a la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor por iniciativa de la oposición en pleno, a pesar de que es una buena noticia para la conservación de la laguna, tiene enfrente a las asociaciones agrarias de la Región de Murcia, como la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) o la asociación Pro-Agua del Campo de Cartagena, además del Partido Popular, al calificar de “ocurrencia” y de “medidas innecesarias”, de un modo irresponsable, a mi modo de ver, la implementación de tales medidas, que sólo pretenden salvar al Mar Menor de 30 años de inoperancia y desidia.
“Compatibilizar actividades económicas, medio ambiente y conservación del Mar Menor puede valer de eslogan, pero, de los tres términos de esta ecuación, los dos últimos suelen ser reducidos a la mínima expresión cuando el PP se pone a aplicar medidas, como su Ley de Costas o los dragados y aperturas entre la laguna y el Mediterráneo como únicas ocurrencias”
Estas organizaciones políticas y agrarias denotan, con esta actitud, que, en el fondo, les importa bastante poco que la laguna costera más emblemática del Mediterráneo occidental se muera, al pretender continuar con la actividad agrícola tal y como se ha venido haciendo en los últimos 30 años, sin cambiar un ápice en su modo de producción, actividad que ha traído consigo dos consecuencias directas: causar un perjuicio al sector turístico y cargarse este ecosistema singular; la obtención de beneficios inmediatos, ya sea por la exportación de productos agrícolas cultivados de forma intensiva, ya sea por un puñado de votos, es lo que les guía.
La guinda a este rechazo enfermizo a las únicas medidas que pueden salvar al paciente moribundo la ha puesto recientemente el secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del Partido Popular, Jesús Cano. Además de acusar a la oposición de “hacer daño por hacer daño” con estas medidas, afirma Cano sin sonrojarse en un reciente artículo que el PP “son los primeros defensores de la preservación de la laguna salada”. Los hechos demuestran todo lo contrario. A pesar de las declaraciones rimbombantes de los representantes del Ejecutivo desde que saltaron las alarmas en el verano de 2016, cuando Martínez-Cachá era la consejera de Medio Ambiente, y en este último año y medio, a través del presidente López Miras o el actual consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca Jódar, el Mar Menor sigue en la UCI, como se ha visto recientemente en un video en el que se ve la superficie de la laguna salpicada de manchas de espuma blanca.
Sin embargo, las disposiciones incluidas en el paquete de medidas, que son objeto de la polémica, no pueden ser más lógicas y guiadas por el sentido común. Entre ellas se habla de la obligación de destinar el 5% de cada parcela a implantar sistemas que reduzcan la contaminación, la colocación de barreras vegetales que impidan la llegada de nutrientes a la laguna o la modificación de las zonas de protección, todas ellas avaladas por la comunidad científica, a través del documento de diagnóstico de situación redactado por el Comité Científico, o las intervenciones públicas de los científicos en la Comisión del Mar Menor de la Asamblea Regional. Rechazar tales medidas es dar un portazo a la posibilidad de que la laguna se regenere y aun así, aplicándolas, se tardarán muchos años antes de que se vuelva a la situación óptima de conservación.
El argumento que esgrime Jesús Cano para rechazar las medidas propuestas, tachando de “radicales y antisistema” a una parte de la oposición, es de una gran simpleza, y demuestra que, cuando le faltan argumentos más sólidos, sólo le queda echar mano de lugares comunes. La pretensión del PP de compatibilizar actividades económicas, medio ambiente y conservación del Mar Menor puede que valga como eslogan, pero todos sabemos que, de los tres términos de esta ecuación, los dos últimos suelen ser reducidos a la mínima expresión cuando el Partido Popular se pone a aplicar medidas, como se puede comprobar con su Ley de Costas o con los dragados y aperturas de comunicaciones entre la laguna y el Mediterráneo como únicas ocurrencias.
A falta de ser aprobada la Ley Integral del Mar Menor, por la que, previsiblemente, se gestionarán y regularán todas las actividades que afectan a la laguna, pesca, turismo y, por supuesto, la agricultura, esta Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, con las enmiendas introducidas por la oposición, contribuirán sin duda a mejorar su situación, aunque aún son insuficientes para revertirla.
El próximo 1 de febrero, la Asamblea Regional aprobará seguramente este paquete de medidas que pretenden salvar el Mar Menor, si la oposición en pleno mantiene su compromiso para ello, con el trasfondo de las protestas de un sector de los agricultores que no tienen intención de cambiar su modelo de negocio. El sector agrícola, sin embargo, tiene ahora la oportunidad de dar un giro radical a su manera de producir, con un enfoque basado en la agroecología, buscando más la excelencia de los productos que la búsqueda de beneficios inmediatos, al tiempo que dignifique las condiciones de trabajo de la mano de obra. Todos nosotros, así como el medio ambiente, saldremos ganando.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito: