sábado, 9 de septiembre de 2017

LA TORMENTA PERFECTA

En cuestión de unos pocos días, cuatro huracanes han devastado (o llevan camino de hacerlo) la costa este del Caribe, Méjico y EEUU: son el Harvey, el Irma, el José y el Katia, siguiendo el orden alfabético con el que se nombra a los huracanes. El huracán Irma está siendo el que está causando mayores destrozos en las islas caribeñas, por su intensidad, nivel 5 en la escala de Saffir-Simpson, el máximo, medido a partir de la velocidad del viento, en este caso por superar los 250 km/h. El huracán Irma, a la hora de escribir este artículo, ha causado ya 20 muertos, y aún no ha llegado a tocar tierra en las costas de Florida.
Aunque este tipo de fenómenos atmosféricos existe desde siempre, lo cierto es que se está verificando que la intensidad de los ciclones atlánticos es cada vez mayor, debido al aumento de la temperatura de agua, y que la latitud a la que se forman también es más elevada, desplazándose hacia el norte, a regiones menos habituadas y preparadas para soportar estas catástrofes. Los expertos coinciden en achacar a un fenómeno global estos dos hechos: el cambio climático. Aunque no originan los huracanes, el cambio climático “exacerba gravemente” su impacto. Así lo afirma la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, en base a modelos matemáticos de predicción.
“Cuando el huracán Irma pase cerca de la mansión de Trump en Florida, las ráfagas quizá le recordarán que el cambio climático no es para tomárselo a broma”
La mayor temperatura y humedad del agua supone un mayor “combustible” para que los huracanes se desarrollen, aumentando su velocidad de giro y la cantidad de lluvia producida. Y lo que está claro es que la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), intensificada en las últimas décadas, ha hecho aumentar la temperatura de las aguas atlánticas, sobre todo en la zona norte y tropical de ese océano, debido principalmente a la aceleración del deshielo en la Antártida y la consecuente crecida del nivel del agua, alterando asimismo las corrientes en el océano profundo, según una investigación de la Universidad de Nueva York publicada en 2014 en la revista Nature.
Asimismo, en 2008 ya se demostró, a través de un informe de la Universidad Estatal de Florida, esta misma circunstancia, mediante análisis de los datos tomados por los satélites en los 25 años anteriores al estudio, que demuestran que hay una tendencia al alza en las velocidades de viento máximas en los ciclones más fuertes que se originan en los mares tropicales, donde la temperatura del agua del mar es más elevada. Ese mismo estudio viene a demostrar que, por cada grado Celsius de subida de temperatura del agua superficial del mar, aumenta la frecuencia de los huracanes en un 31%.
A pesar de todas estas evidencias, no parece que los principales responsables de las emisiones de GEI, empezando por la administración Trump, se den por aludidos. Tal vez a través de la economía cambien de opinión. Se calcula que las pérdidas económicas debidas al huracán Harvey en Texas y Louisiana superan los 100.000 millones de dólares, a los que habrá que sumar lo que costarán los destrozos materiales y humanos del Irma. Pero, como indicaba un periodista norteamericano, cuando el huracán Irma pase cerca de la mansión Mar-a-Lago de Trump en Florida, las ráfagas le recordarán que quizá el cambio climático no es para tomárselo a broma, y le hagan cambiar de opinión en cuanto al cumplimiento del Acuerdo de París, evitando así la subida de la temperatura media del planeta en 1,5ºC, considerada por muchos científicos como el punto de no retorno en cuanto al desarreglo climático, cuyo exponente más dramático es el paso de la tormenta perfecta, parafraseando el título de la famosa película de Wolfgang Petersen.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

viernes, 8 de septiembre de 2017

UN ACUERDO CONTRA EL MERCURIO

El pasado día 16 de este mes entró en vigor el Convenio de Minamata, que toma su nombre de la ciudad japonesa donde se aprobó este acuerdo en enero de 2013. La elección del lugar no es casual: en 1956 sufrió una epidemia que provocó problemas neurológicos graves, malformaciones congénitas y la muerte de miles de personas. Hasta tres años después no se averiguó que fue debida a la contaminación masiva en su bahía por el vertido durante años de catalizadores a base de mercurio procedentes de una fábrica química, acumulándose en los peces y pasando a los seres humanos tras el consumo de pescado, base de su alimentación. El objetivo del Convenio de Minamata es “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio”, tal y como reza en el documento promovido por el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
“Este metal tóxico afecta al sistema nervioso central y no se elimina de la cadena trófica, acumulándose sobre todo en los pescados de gran tamaño, como atunes o peces espada”
Para ello, este acuerdo, de obligado cumplimiento, insta a los 128 países firmantes a aplicar medidas como prohibir nuevas minas de mercurio, clausurar aquellas que ya existen en un plazo de 15 años, regular la minería de oro artesanal y de pequeña escala, y reducir el uso y emisiones del mercurio, así como aplicar medidas de control sobre una serie de productos con mercurio añadido cuya producción, importación y exportación estarán prohibidas para 2020 (como baterías, lámparas, termómetros, jabones y cosméticos, entre otros). También incluye disposiciones para promover la identificación y protección de poblaciones en situación de riesgo, aumentando la asistencia médica y la mejor formación de los profesionales de la salud en la identificación y el tratamiento de los efectos relacionados con el mercurio.
La fecha de la aplicación del Convenio de Minamata está relacionada con el hecho de que en mayo pasado se alcanzó la cifra de 50 países que han ratificado este acuerdo. Aunque la UE en su conjunto lo ratificó en el pasado mes de abril, España aún no lo ha hecho de forma individual, como sí lo han hecho siete países miembros de la UE (Bulgaria, Hungría, Malta, Holanda, Rumania y Suecia), demostrando así su escaso compromiso con la erradicación de la contaminación por este metal tóxico, que afecta al sistema nervioso central, con la particularidad de que no se elimina de la cadena trófica, acumulándose sobre todo en los pescados de gran tamaño, como atunes o peces espada.
Se da la circunstancia de que España suma el 50% de los casos de pescado contaminado por mercurio en la UE, al superarse el nivel máximo permitido de mercurio en los productos pesqueros, que es de 0,5 miligramos por kilogramo. Además, la población española tiene 10 veces más de mercurio en sangre que la de países como Alemania, Estados Unidos o Canadá. Aproximadamente, la mitad de las emisiones antropogénicas de mercurio provienen de la quema de carbón y la producción de metales y de cemento, de acuerdo con el PNUMA, por lo que la reducción de estas actividades es prioritaria. Una zona muy sensible a la contaminación por mercurio es el Ártico, en cuya tundra se acumula este metal, que es liberado con el deshielo, afectando a la fauna y a la comunidad autóctona, cuya base alimenticia es el pescado, un fenómeno que podría verse amplificado por el cambio climático.
Muchas de las ONGs comprometidas con la eliminación de contaminantes persistentes, como es el mercurio, denuncian no obstante que este tratado es bastante laxo en algunos aspectos, como la excesiva permisividad con las centrales de carbón en cuanto a sus emisiones de mercurio. También califican de problemática la financiación de las medidas a tomar, sobre todo en los países del sur. Por ello, la comunidad internacional debe facilitar la aplicación de las medidas aprobadas, al tiempo que España, a través de su aprobación en el Congreso de los Diputados, debe ratificar cuanto antes este convenio, demostrando así su firme compromiso con este problema global.
Artículo publicado el pasado 18 de agosto en La Crónica del Pajarito:

viernes, 4 de agosto de 2017

ECOLOGÍA, ECOLOGISMO, ECOLOGÍA POLÍTICA

En este siglo XXI, el principal reto al que se enfrenta la Humanidad, el cambio climático, sigue su implacable avance, como nos lo recuerdan diariamente los sucesivos récords de temperaturas, tanto en forma de olas de calor, como las que estamos sufriendo por estas latitudes, como olas de frío, como la soportada recientemente por los argentinos, con temperaturas por debajo de los 25ºC bajo cero, así como las inundaciones que asolan diferentes zonas del planeta e incendios forestales en diversas regiones, desde California a la península Ibérica, pasando por Australia.
Ante este reto, es evidente que las políticas implementadas por todos los países del mundo, pero sobre todo por los más industrializados, por ser responsables del 80% de las 10.000 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera cada año, deben ir encaminadas a paliar los efectos del cambio climático, tal y como se comprometieron en la Cumbre de París COP21, en diciembre de 2015, a pesar de la negativa del segundo país más emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI), EEUU.
“Las tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, son modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos”
Para eso es necesario echar mano de las tres patas de la sostenibilidad: la ecología, el ecologismo y la ecología política, tres conceptos que suelen ser confundidos entre sí y que, sin embargo, se refieren a diferentes disciplinas o modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos.
La ecología es una ciencia multidisciplinar que se ha venido esbozando durante siglos (con insignes precursores como Humboldt o Darwin), que tomó carta de naturaleza a mediados del siglo XIX (con Haeckel, Forbes o Warming), y que fue plenamente desarrollada a lo largo del pasado siglo, que estudia las interacciones entre los organismos vivos entre sí, y entre éstos y su ambiente, y que determinan su distribución y abundancia. La dinámica de las poblaciones y comunidades, los factores históricos y ambientales que favorecen el mantenimiento de la biodiversidad o explican la distribución geográfica de las especies, las relaciones entre especies (competencia, depredación, mutualismo, etc.), o los flujos de materia y energía en los ecosistemas y el modo en que estos nos proporcionan bienes y servicios esenciales, son algunos de los campos de estudio de esta rama relativamente joven de la ciencia biológica. Los estudios realizados por ecólogos y ecólogas son (o deberían ser) la base sobre la que tomar decisiones políticas para la gestión del territorio y la planificación regional a medio plazo, con el fin de conseguir la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad y los procesos ecológicos que sostienen a los ecosistemas.
Por su parte, el ecologismo sería la vertiente social de la ecología, un movimiento cívico de tipo ambientalista que pretende conseguir cambios profundos en la sociedad para alcanzar la conservación de los espacios naturales, la disminución de la contaminación en todas sus vertientes y el respeto por la naturaleza. Surgido en los años ’60 con la contracultura norteamericana y el mayo francés, el ecologismo ha abanderado luchas muy importantes, a menudo de tipo sectorial (la lucha contra la energía nuclear, la caza a las ballenas, la contaminación de los ríos, el urbanismo salvaje, etc.), a través de ONGs, algunas auténticas “multinacionales” del ecologismo, implantadas en muchos países, y otras de ámbito más local. Sus acciones pretenden corregir los excesos del sistema económico actual, para evitar la degradación de la Naturaleza y, en última instancia, del propio ser humano.
Por último, la ecología política es la ideología más avanzada, a mi modo de ver, que ha surgido en el siglo XX y que se desarrolla en este siglo. Hija de los años sesenta, pero sobre todo a raíz de la aparición de la obra “Los límites del crecimiento” (encargada por el Club de Roma al MIT –Instituto Tecnológico de Massachusetts– y publicada en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo), la ecología política, basada en los estudios científicos brindados por la ecología, incorpora, además de la toma en consideración del medio ambiente, un cuestionamiento de la sociedad en su conjunto, en aspectos como las relaciones entre mujeres y hombres, la participación democrática, el equilibrio entre trabajo como medio de vida y dedicación a otras tareas (cuidados, participación ciudadana), la necesidad de una renta básica y, sobre todo, el cuestionamiento del dogma del crecimiento económico como solución a los problemas de la sociedad, todo ello en el contexto de un planeta con recursos finitos. La ecología política, a diferencia de otras ideologías, se define como “antiproductivista”, es decir, que promueve, según palabras de Florent Marcellesi, “el rechazo de la creencia basada en el crecimiento ilimitado y el aumento de la producción material y económica como principales fuente de riqueza y fines de las organizaciones humanas”. La materialización de esa ideología se concreta a través de los llamados partidos verdes, formaciones políticas que, desde los años ’80, están presentes en muchos países, tanto desarrollados, incluida España, con Equo como representante, como en países emergentes.
Estas tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, deben ser complementarias y deberían relacionarse entre sí de un modo más cercano, en mi opinión, para alcanzar una sociedad justa y sostenible.
Artículo publicado el pasado 21 de julio en La Crónica del Pajarito: