jueves, 19 de abril de 2018

A VUELTAS CON LAS CRECIDAS DE LOS RIOS Y LOS TRASVASES

Una vez más, y tal y como ocurre cuando los ríos de las cuencas del norte de España van cargados de caudal, como consecuencia de las recientes lluvias y nevadas, en la Región de Murcia resurgen los comentarios acerca del “agua que el Ebro arroja al mar”, considerando los cauces de los ríos como simples tuberías que transportan agua de un sitio a otro, y obviando que las crecidas son una parte importante del ciclo fluvial. De nuevo hay que hacer pedagogía sobre las dinámicas de los ríos. Según la Fundación Nueva Cultura del Agua, las crecidas distribuyen y clasifican los sedimentos y ordenan la vegetación, y también lo limpian de especies invasoras y de poblaciones excesivas de determinadas especies, como las algas que han proliferado en los últimos años en tantos cauces.
“López Miras pasa por alto que la construcción de una obra faraónica del calibre del trasvase Ebro-Segura sería económica y ambientalmente insostenible”
Cuando el presidente López Miras se alarma porque “el río Ebro ha arrojado al mar en solo doce horas los hectómetros cúbicos de agua que necesitamos en la Región para todo un año”, pasa por alto que la construcción de una obra faraónica del calibre del trasvase Ebro-Segura sería económica y ambientalmente insostenible. Se estima que el coste real de esta obra superaría los 23.000 millones de euros, con una financiación parcial por parte de la UE. Sin embargo, la propia administración europea ya advirtió en 2014 que la planificación hidrológica española no cumple con varias de las exigencias de la Directiva Marco de Agua, sobre todo en lo concerniente a la construcción de las nuevas presas necesarias para este objetivo, así como a la justificación de los costes, normalmente indicados a la baja.
En nuestro país, tras estos episodios de crecidas catastróficas, se suele apelar a soluciones tecnológicas, con la construcción de motas, embalses y diques, además de sacar a relucir de nuevo la famosa “interconexión de cuencas”, contemplando esta posible situación de una manera a menudo simplista. Los especialistas advierten continuamente de las consecuencias ambientales y sociales de la realización de los grandes trasvases, debidas a la construcción de embalses y de conducciones. España ya cuenta con 1.225 grandes embalses, somos el quinto país del mundo con más infraestructuras de este tipo y el primero de la UE, y nuestros sistemas fluviales son de los más regulados del mundo. La interconexión de cuencas necesitaría aún de más infraestructuras.
La construcción de nuevos embalses supondría la desaparición de todo lo que queda dentro del vaso del embalse, incluido el desplazamiento forzoso de la población de la zona, y el impacto generado sobre el ecosistema fluvial, debido a la alteración importante en el régimen de caudales del río aguas abajo, con la pérdida de biodiversidad. Por su parte, la construcción de conducciones implicaría un efecto barrera para la fauna terrestre, impidiendo el tránsito natural de las especies de un lugar a otro; además, se produciría la introducción de especies alóctonas en las cuencas receptoras, produciendo desequilibrios ecológicos importantes.
La llegada de más agua de otras cuencas a la Región de Murcia, viendo los antecedentes, implicará un incremento insostenible en la demanda de los recursos hídricos, asociado al aumento de los regadíos y propiciará aún más la sobreproducción de productos agrícolas destinados a la exportación que únicamente favorecen a los grandes grupos empresariales, frente a los pequeños agricultores, sobre todo los que usan prácticas agroecológicas.
Por otro lado, las consecuencias catastróficas de las inundaciones son debidas, casi siempre, al hecho de haber ignorado el espacio modelado por las crecidas, habiendo permitido las distintas administraciones la construcción de bloques de viviendas, granjas, escuelas, polideportivos, industrias, garajes y todo tipo de infraestructuras en las zonas inundables de los ríos. Se calcula que en España hay más de 50.000 construcciones ilegales en el dominio público hidráulico, y que más de 700.000 españoles viven en zonas de riesgo de inundación.
Frente a esta situación, el sentido común nos dicta que, en un contexto de cambio climático, la manera de gestionar nuestros ríos de forma sostenible pasa por varias medidas, ampliamente repetidas por expertos ecólogos, partidos verdes y organizaciones ecologistas: aplicar una adecuada gestión de la demanda de agua, frente a la gestión de la oferta; respetar a los ríos, su función, su territorio y su dinámica; potenciar el uso de las desaladoras ya construidas, invirtiendo en investigación para la utilización de fuentes renovables de energía para la producción y distribución de agua desalada a un menor precio; y, sobre todo, es urgente un cambio en el modelo productivo agrícola, para salir de los procedimientos industriales, intensivos y contaminantes actuales.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 28 de marzo de 2018

CUESTIONEMOS LA VERSIÓN OFICIAL SOBRE CATALUÑA

Empecemos aclarando un extremo. Cataluña no está aún en condiciones de declarar la independencia, visto que hay una fractura clara en este aspecto en la sociedad catalana, con las dos mitades enfrentadas por este tema, y la manera con la que los que desean la independencia han actuado no ha sido la más correcta. Pero parece que todo vale para desacreditar a la sociedad catalana desde los sectores más reaccionarios, desde criminalizar a los representantes de la mitad independentista del electorado, hasta utilizar la economía como argumento para desestabilizar la situación, aunque sea de modo falaz, en mi opinión. Me explico.
“Donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles: toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos”
Las razones económicas que se suelen esgrimir desde el Gobierno, y que repiten los tertulianos televisivos a sueldo del poder establecido, para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el encarcelamiento de la cúpula de los independentistas catalanes, en una interpretación extrema del Código Penal por parte del juez Llarena, pasan por decir que “hay fuga de empresas”, que el PIB ha descendido, que hay riesgo para el empleo, que se verifica un frenazo en el consumo y otras previsiones catastrofistas. Incluso, en un uso torticero de la realidad, el Gobierno rebaja sus previsiones de crecimiento económico, para crear una sensación de inestabilidad y meter el miedo en el cuerpo a la sociedad catalana.
Pero, desde el punto de vista de la ecología política, esos argumentos son difícilmente defendibles. El crecimiento económico, expresado a través del aumento del PIB, es un pobre reflejo de la realidad, ya que sólo mide los intercambios monetarios, el valor de mercado de los bienes y servicios de un país o región, sin tener en cuenta las implicaciones sobre la calidad de vida de las personas, a menudo de forma negativa, como la degradación de las condiciones laborales necesarias para el mantenimiento de ese crecimiento, o las consecuencias indeseables para el medio ambiente. Además, está ampliamente demostrado que las ventajas de este crecimiento económico sólo alcanzan a un sector minoritario de la sociedad, normalmente a la élite económica, mientras que la mayoría sólo recoge las migajas, y sólo tras intensas campañas de presión social en la calle.
La economía ecológica, enfoque que propone modelos de producción que incluya en su desarrollo aspectos sociales y ambientales, alerta de que la acumulación de bienes materiales a través del consumo no puede ser la vía de “progreso”. Es sabido que el aumento desaforado del consumo produce un agravamiento del deterioro del ambiente planetario, como ya se denunció en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra. Así, cuando desde las instituciones españolas, a través de los medios públicos, nos advierten de que “la venta de coches se resiente” y que “se enfría el mercado inmobiliario” en Cataluña, se utilizan dos indicadores cuya bonanza tiene implicaciones negativas para el medio ambiente, ya que el aumento del número de coches supone mayores niveles de contaminación atmosférica, y el aumento de las transacciones de viviendas fomenta la burbuja inmobiliaria, y ya son por todos conocidas las consecuencias nefastas para la economía que supuso este fenómeno, ya que fue el origen de la crisis en la que aún estamos inmersos.
Pero donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles. Toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos. La represión violenta de las manifestaciones en Barcelona por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, el encarcelamiento “preventivo” en bloque de los independentistas y la emisión de la euroorden de detención de Puigdemont hecha efectiva, han motivado la intervención de eurodiputados de todas las ideologías, desde conservadores hasta liberales, miembros de la Izquierda Unitaria o Los Verdes, protestando por lo que consideran acciones propias de estados autoritarios. Hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la vulneración de sus derechos políticos en España. Estos hechos deberían hacernos reflexionar sobre esta situación. Convendría mirar más allá de los árboles que nos pone delante el Gobierno desde ciertos medios de comunicación y que nos impiden ver el bosque en su conjunto y empezar a cuestionar la versión oficial. Nuestra imagen exterior y hasta los pilares de la propia democracia española están en juego.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

jueves, 15 de marzo de 2018

LA RENTA BÁSICA, POR LA DIGNIDAD Y LA EQUIDAD

La petición de la implantación de una Renta Básica Universal (RBU) vuelve a estar en el primer plano de la actualidad. Por un lado, a finales del mes de enero pasado, el 51% de los diputados y diputadas del Consejo de Europa votaron a favor de la propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, de poner en marcha una RBU para “asegurar una vida digna a los ciudadanos” europeos. Por otro lado, el pasado día 10 de marzo se inició la llamada Marcha por la Renta Básica, contra el Paro y la Precariedad Laboral, desde León, con el objetivo de llegar a Madrid el próximo día 24. Lo que se reivindica es la implantación de una RBU cuya cuantía no esté por debajo de lo que estipula la Carta Social Europea, es decir, de 684€ mensuales por persona, a percibir de forma individual, incondicional y para toda la vida de la persona.
“La Renta Básica Universal debe ser una iniciativa que  ponga en marcha  el conjunto de la UE, para lograr una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres”
Por contra, en España, las diferentes prestaciones (jubilación, desempleo, por hijos a cargo o por invalidez) necesitan de condiciones para acceder a ellas, son temporales y su cuantía no cubre ni de lejos las necesidades para tener una vida digna. Como ejemplo, la legislación española prevé unas prestaciones por desempleo no contributivas que requieren de una serie de condiciones: haber agotado las prestaciones contributivas, estar inscrito como demandante de empleo, debiendo aceptar cualquier trabajo, aunque conlleve condiciones laborales indignas, carecer de rentas superiores al 75% del SMI y tener responsabilidades familiares. Así, una persona que viva sola no podrá tener acceso a ese tipo de renta. Además, es limitada en el tiempo, un máximo de 18 meses, y la cuantía es ridícula, 430,27 €, cantidad que no permite cubrir las necesidades básicas.
Ya en 2016, el Comité Europeo de Derechos Sociales denunció a España por incumplir seis preceptos de la Carta Social Europea del Consejo de Europa sobre derechos de la familia y la infancia, los relativos al derecho de jóvenes e inmigrantes a recibir una protección adecuada frente a la precariedad. En 2018 aún seguimos a la cabeza en cuanto a precariedad laboral (más del 90% de los contratos son temporales) y porcentaje de población en riesgo de pobreza (casi el 30%), y los poderes públicos no son capaces de atajar esas cifras vergonzantes.
Tanto el Consejo de Europa como la Marcha Básica han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de esta herramienta que dignifique la vida de la ciudadanía, siendo un instrumento de lucha contra la pobreza. Sin embargo, la RBU no puede ser tal y como lo plantea el sector más neoliberal, que lo ve como un medio de activar el consumo, y una tentación para privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), toda vez que la población dispondría de una renta para poder costearse, según ellos, esos servicios de forma privada. Una RBU debe, por el contrario, ser emancipatoria, es decir, que permita la adquisición de una vida digna, sin eliminar el estado del bienestar y sin contrapartidas.
La RBU debe ser apoyada, de forma paralela, por el fortalecimiento de los servicios públicos, la promoción de empleos públicos en sectores clave (educación, sanidad, empleos verdes), la lucha contra el fraude fiscal, la implementación de medidas que garanticen la vivienda como un derecho básico y un cambio en la percepción del trabajo no ya como un fin en sí mismo, sino como un medio de realización personal y de mejora de las condiciones individuales, complementario a la RBU, ya que ésta sólo subvendría a las necesidades primarias (vivienda, alimentación, suministros básicos) ofreciendo así a posibilidad de rechazar trabajos poco dignos o que supongan explotación laboral.
Según los expertos, la Renta Básica estará en la agenda política en este año 2018, siendo una alternativa muy válida para acabar con la precariedad, la pobreza y la inquietud de miles de familias que lo pasan realmente mal en nuestra sociedad. La RBU debe ser, por último, una iniciativa que se ponga en marcha en el conjunto de la UE, para conseguir una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres. En los próximos días se hablará de este instrumento emancipador, y deberá estar en el centro del debate político de una forma seria, sin dogmatismos ni prejuicios.
Articulo publicado hoy en La Crónica del Pajarito: