sábado, 5 de mayo de 2018

MAYO DEL 68, 15M, DOS ANHELOS AÚN POR ALCANZAR

El 22 de marzo de 1968, un centenar de estudiantes de la Universidad de Nanterre, una localidad situada a una docena de kilómetros al noroeste de Paris, pertenecientes casi todos ellos a grupos anarquistas e izquierdistas, entre ellos un tal Daniel Cohn-Bendit, ocuparon el edificio administrativo de la Universidad, como protesta ante la falta de perspectivas y la denuncia de una sociedad tradicional, consumista y jerárquica. Esa acción a priori banal encendió la mecha de un hecho que marcaría la historia reciente de Francia y daría la vuelta a los conceptos hasta entonces asumidos, con el rechazo al orden establecido, el cuestionamiento de la autoridad y la sed de libertad.
“El 15-M fue un movimiento de indignación, pacífico y sin episodios de violencia, y, como el mayo francés, a este movimiento le ha seguido el periodo de mayor conservadurismo de la historia reciente en nuestro país, que aún sufrimos”
Tras un mes de asambleas y huelgas en la Universidad de Nanterre, el movimiento estudiantil se traslada a Paris y a la Sorbona, donde, entre otras cosas, se reivindica la reestructuración del sistema educativo. El viernes 3 de mayo, la serie de movilizaciones y ocupaciones hacen que el rector de La Sorbona decida cerrar la Universidad y enviar a la policía para desalojar a los estudiantes rebeldes. Lo que en principio creían iba a ser una operación sencilla se le complica a la policía de Paris, al utilizar ésta la violencia de forma indiscriminada y no contar con la respuesta masiva de los estudiantes, que comienzan a “buscar la playa bajo los adoquines”, como reza uno de los lemas más famosos de este movimiento, y utilizar éstos como armas defensivas ante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Gendarmería. El viernes 10 de mayo se levantan las primeras barricadas, y se desencadena la batalla campal, con cientos de heridos en ambos bandos y multitud de detenidos entre el colectivo estudiantil. El 14 de mayo, las huelgas se trasladan a las fábricas, paralizando el país, con 20 millones de huelguistas que reclaman aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales.
La expulsión del líder estudiantil Cohn-Bendit a Alemania por parte del ministro del Interior refuerza la lucha callejera, pero se activa la reacción de los sectores conservadores de la sociedad francesa, con una masiva manifestación de apoyo al presidente De Gaulle el 30 de mayo en los Campos Elíseos y la aceptación por parte del colectivo obrero de un aumento salarial (los acuerdo de Grenelle). Durante el mes de junio, el movimiento de protesta va agonizando poco a poco, y el 14 de junio se produce el desalojo del Teatro del Odeón, sede ocupada por los estudiantes en ese mes de mayo. Quince días después, las elecciones legislativas dan a De Gaulle y a la derecha la victoria por amplia mayoría, acabando así con ese movimiento que marcó a toda una generación.
Hasta aquí el relato de los hechos. A pesar de la corta duración de este movimiento, el mayo 68 supuso un giro copernicano en aspectos como la sexualidad, la ecología, el pacifismo, la libertad de expresión o el feminismo, abriendo la mente a los jóvenes de entonces, que fueron los adultos de las décadas siguientes. Sin embargo, el mundo que ese movimiento preconizaba no ha llegado aún. Todos los analistas coinciden en afirmar que, a pesar de sus buenas intenciones, la sociedad que salió de ese trance fue más individualista, adicta al hiperconsumismo y, en última instancia, es una generación conformista que se ha adaptado al neoliberalismo que, a partir de los años 80, impera en Europa, llegando al extremo del auge de la extrema derecha en el continente europeo.
Es inevitable trazar un paralelismo con nuestro mayo particular, el del año 2011. El 15-M fue también un movimiento de indignación, éste pacífico y sin episodios de violencia, y, como el mayo francés, a este movimiento le ha seguido el periodo de mayor conservadurismo de la historia reciente en nuestro país, que aún sufrimos, con la aprobación de leyes represoras (la ley Mordaza), un sistema educativo que disminuye la igualdad de oportunidades y reduce la inversión en educación pública (la LOMCE), una sanidad pública con falta de recursos, mientras se potencia al sector privado, el arrinconamiento de las cuestiones ambientales por parte del gobierno, la inacción en cuestiones como la violencia de género, la pobreza o los desahucios y una sociedad más empobrecida mientras los ricos son cada vez más ricos.
50 años después de los acontecimientos del mayo 68, y siete años después del 15-M, tenemos aún pendiente hacer realidad los anhelos que surgieron de estos movimientos, a través de los lemas como “la imaginación al poder”, “seamos realistas, pidamos lo imposible”, “lo llaman democracia y no lo es”, o “error del sistema, reinicie, por favor”.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

jueves, 19 de abril de 2018

A VUELTAS CON LAS CRECIDAS DE LOS RIOS Y LOS TRASVASES

Una vez más, y tal y como ocurre cuando los ríos de las cuencas del norte de España van cargados de caudal, como consecuencia de las recientes lluvias y nevadas, en la Región de Murcia resurgen los comentarios acerca del “agua que el Ebro arroja al mar”, considerando los cauces de los ríos como simples tuberías que transportan agua de un sitio a otro, y obviando que las crecidas son una parte importante del ciclo fluvial. De nuevo hay que hacer pedagogía sobre las dinámicas de los ríos. Según la Fundación Nueva Cultura del Agua, las crecidas distribuyen y clasifican los sedimentos y ordenan la vegetación, y también lo limpian de especies invasoras y de poblaciones excesivas de determinadas especies, como las algas que han proliferado en los últimos años en tantos cauces.
“López Miras pasa por alto que la construcción de una obra faraónica del calibre del trasvase Ebro-Segura sería económica y ambientalmente insostenible”
Cuando el presidente López Miras se alarma porque “el río Ebro ha arrojado al mar en solo doce horas los hectómetros cúbicos de agua que necesitamos en la Región para todo un año”, pasa por alto que la construcción de una obra faraónica del calibre del trasvase Ebro-Segura sería económica y ambientalmente insostenible. Se estima que el coste real de esta obra superaría los 23.000 millones de euros, con una financiación parcial por parte de la UE. Sin embargo, la propia administración europea ya advirtió en 2014 que la planificación hidrológica española no cumple con varias de las exigencias de la Directiva Marco de Agua, sobre todo en lo concerniente a la construcción de las nuevas presas necesarias para este objetivo, así como a la justificación de los costes, normalmente indicados a la baja.
En nuestro país, tras estos episodios de crecidas catastróficas, se suele apelar a soluciones tecnológicas, con la construcción de motas, embalses y diques, además de sacar a relucir de nuevo la famosa “interconexión de cuencas”, contemplando esta posible situación de una manera a menudo simplista. Los especialistas advierten continuamente de las consecuencias ambientales y sociales de la realización de los grandes trasvases, debidas a la construcción de embalses y de conducciones. España ya cuenta con 1.225 grandes embalses, somos el quinto país del mundo con más infraestructuras de este tipo y el primero de la UE, y nuestros sistemas fluviales son de los más regulados del mundo. La interconexión de cuencas necesitaría aún de más infraestructuras.
La construcción de nuevos embalses supondría la desaparición de todo lo que queda dentro del vaso del embalse, incluido el desplazamiento forzoso de la población de la zona, y el impacto generado sobre el ecosistema fluvial, debido a la alteración importante en el régimen de caudales del río aguas abajo, con la pérdida de biodiversidad. Por su parte, la construcción de conducciones implicaría un efecto barrera para la fauna terrestre, impidiendo el tránsito natural de las especies de un lugar a otro; además, se produciría la introducción de especies alóctonas en las cuencas receptoras, produciendo desequilibrios ecológicos importantes.
La llegada de más agua de otras cuencas a la Región de Murcia, viendo los antecedentes, implicará un incremento insostenible en la demanda de los recursos hídricos, asociado al aumento de los regadíos y propiciará aún más la sobreproducción de productos agrícolas destinados a la exportación que únicamente favorecen a los grandes grupos empresariales, frente a los pequeños agricultores, sobre todo los que usan prácticas agroecológicas.
Por otro lado, las consecuencias catastróficas de las inundaciones son debidas, casi siempre, al hecho de haber ignorado el espacio modelado por las crecidas, habiendo permitido las distintas administraciones la construcción de bloques de viviendas, granjas, escuelas, polideportivos, industrias, garajes y todo tipo de infraestructuras en las zonas inundables de los ríos. Se calcula que en España hay más de 50.000 construcciones ilegales en el dominio público hidráulico, y que más de 700.000 españoles viven en zonas de riesgo de inundación.
Frente a esta situación, el sentido común nos dicta que, en un contexto de cambio climático, la manera de gestionar nuestros ríos de forma sostenible pasa por varias medidas, ampliamente repetidas por expertos ecólogos, partidos verdes y organizaciones ecologistas: aplicar una adecuada gestión de la demanda de agua, frente a la gestión de la oferta; respetar a los ríos, su función, su territorio y su dinámica; potenciar el uso de las desaladoras ya construidas, invirtiendo en investigación para la utilización de fuentes renovables de energía para la producción y distribución de agua desalada a un menor precio; y, sobre todo, es urgente un cambio en el modelo productivo agrícola, para salir de los procedimientos industriales, intensivos y contaminantes actuales.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 28 de marzo de 2018

CUESTIONEMOS LA VERSIÓN OFICIAL SOBRE CATALUÑA

Empecemos aclarando un extremo. Cataluña no está aún en condiciones de declarar la independencia, visto que hay una fractura clara en este aspecto en la sociedad catalana, con las dos mitades enfrentadas por este tema, y la manera con la que los que desean la independencia han actuado no ha sido la más correcta. Pero parece que todo vale para desacreditar a la sociedad catalana desde los sectores más reaccionarios, desde criminalizar a los representantes de la mitad independentista del electorado, hasta utilizar la economía como argumento para desestabilizar la situación, aunque sea de modo falaz, en mi opinión. Me explico.
“Donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles: toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos”
Las razones económicas que se suelen esgrimir desde el Gobierno, y que repiten los tertulianos televisivos a sueldo del poder establecido, para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el encarcelamiento de la cúpula de los independentistas catalanes, en una interpretación extrema del Código Penal por parte del juez Llarena, pasan por decir que “hay fuga de empresas”, que el PIB ha descendido, que hay riesgo para el empleo, que se verifica un frenazo en el consumo y otras previsiones catastrofistas. Incluso, en un uso torticero de la realidad, el Gobierno rebaja sus previsiones de crecimiento económico, para crear una sensación de inestabilidad y meter el miedo en el cuerpo a la sociedad catalana.
Pero, desde el punto de vista de la ecología política, esos argumentos son difícilmente defendibles. El crecimiento económico, expresado a través del aumento del PIB, es un pobre reflejo de la realidad, ya que sólo mide los intercambios monetarios, el valor de mercado de los bienes y servicios de un país o región, sin tener en cuenta las implicaciones sobre la calidad de vida de las personas, a menudo de forma negativa, como la degradación de las condiciones laborales necesarias para el mantenimiento de ese crecimiento, o las consecuencias indeseables para el medio ambiente. Además, está ampliamente demostrado que las ventajas de este crecimiento económico sólo alcanzan a un sector minoritario de la sociedad, normalmente a la élite económica, mientras que la mayoría sólo recoge las migajas, y sólo tras intensas campañas de presión social en la calle.
La economía ecológica, enfoque que propone modelos de producción que incluya en su desarrollo aspectos sociales y ambientales, alerta de que la acumulación de bienes materiales a través del consumo no puede ser la vía de “progreso”. Es sabido que el aumento desaforado del consumo produce un agravamiento del deterioro del ambiente planetario, como ya se denunció en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra. Así, cuando desde las instituciones españolas, a través de los medios públicos, nos advierten de que “la venta de coches se resiente” y que “se enfría el mercado inmobiliario” en Cataluña, se utilizan dos indicadores cuya bonanza tiene implicaciones negativas para el medio ambiente, ya que el aumento del número de coches supone mayores niveles de contaminación atmosférica, y el aumento de las transacciones de viviendas fomenta la burbuja inmobiliaria, y ya son por todos conocidas las consecuencias nefastas para la economía que supuso este fenómeno, ya que fue el origen de la crisis en la que aún estamos inmersos.
Pero donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles. Toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos. La represión violenta de las manifestaciones en Barcelona por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, el encarcelamiento “preventivo” en bloque de los independentistas y la emisión de la euroorden de detención de Puigdemont hecha efectiva, han motivado la intervención de eurodiputados de todas las ideologías, desde conservadores hasta liberales, miembros de la Izquierda Unitaria o Los Verdes, protestando por lo que consideran acciones propias de estados autoritarios. Hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la vulneración de sus derechos políticos en España. Estos hechos deberían hacernos reflexionar sobre esta situación. Convendría mirar más allá de los árboles que nos pone delante el Gobierno desde ciertos medios de comunicación y que nos impiden ver el bosque en su conjunto y empezar a cuestionar la versión oficial. Nuestra imagen exterior y hasta los pilares de la propia democracia española están en juego.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito: