domingo, 23 de diciembre de 2012

JUSTICIA Y MEDIO AMBIENTE EN MURCIA

Las personas que nos declaramos ecologistas hemos recibido estos últimos días con alegría tres noticias relacionadas con el medio ambiente en la Región de Murcia. La primera hace referencia a la sentencia 91/2011, que en su día falló el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que en adelante es firme, al ser rechazado el recurso que el gobierno regional elevó al Tribunal Supremo. Dicha sentencia declara ilegal el procedimiento llamado de "teletransporte" de edificabilidad, por el cual el gobierno regional ha consentido durante años que los promotores cedieran terrenos de su propiedad en espacios naturales protegidos, y por tanto, no edificables, obtenidos a bajo precio, a los diferentes ayuntamientos, a cambio de que se les permitiera aumentar la edificabilidad en otros terrenos urbanizables, sobre todo en áreas costeras. Esta práctica ha facilitado la puesta en marcha de proyectos urbanísticos como los de Marina de Cope (Águilas), Novo Carthago y Lo Poyo (Cartagena) y, en el municipio de Murcia, el Plan Parcial de La Fuensanta.

Las otras dos sentencias que estos días se han emitido y que tienen que ver con el medio ambiente en la Región de Murcia provienen del Tribunal Constitucional (TC). El día 13 de diciembre pasado, el TC declaró "inconstitucional y nula" la disposición adicional octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia de 2001, porque su indefinición "crea inseguridad jurídica sobre todos sus destinatarios", por la equiparación que hace entre Espacios Naturales y Lugares de Importancia Comunitaria, tras fallar a favor del recurso promovido por el Grupo Socialista del Congreso. En la práctica, esto supone que los límites del Parque Natural de Cabo Cope y Puntas de Calnegre deben volver a los correspondientes al año 2001, que había sido desprotegido en más de 1.600 hectáreas, de las cuales 700 son LIC, bloqueando además el proyecto de Marina de Cope, auspiciado por el gobierno regional desde su inicio. En este video se explica muy bien el proceso seguido por este espacio natural.

El mismo día 13 de diciembre (aunque lo supimos ayer mismo) el propio Tribunal Constitucional desestimó el recurso que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) había presentado en septiembre de 2005 con respecto a la ley que modificó el Plan Hidrológico Nacional en la parte referida al control de los caudales del Ebro en su desembocadura. De esta forma el trasvase del Ebro, auténtico atentado al ciclo natural del agua y al régimen del río Ebro, será más difícil de llevar a cabo. Queda aún pendiente la resolución del TC sobre el recurso presentado por la CARM por la totalidad de la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) por parte del gobierno de Zapatero. Todo indica que el gobierno de Valcárcel recibirá otro varapalo a su política.

Con estas sentencias se pone de relieve que la estrategia política del gobierno regional de Murcia en los últimos 10 años ha sido un auténtico fracaso, cuando no un cúmulo de ilegalidades. Hemos visto cómo en diferentes discursos del estado de la región, el presidente Valcárcel ha querido vender humo, basando su acción política en proyectos urbanísticos y faraónicos que iban acompañados de promesas de empleo y de riqueza, a falta de un plan real de desarrollo de la región. 

Desde la manipulación victimista de la supuesta falta de agua, representada por el famoso lema "Agua para todos", que aún cuelga en un cartel ya desvencijado en la fachada del ayuntamiento, hasta los sucesivos anuncios de puesta en marcha de los citados proyectos, además de otros como el aeropuerto de Corvera, sin perspectivas de funcionamiento, el macropuerto de El Gorguel, ampliamente contestado por los colectivos ecologistas y partidos políticos como EQUO a través de la Plataforma Salvemos El Gorguel, la deficitaria autopista de peaje Cartagena-Vera, o el parque temático Paramount, la política del gobierno regional ha tenido como pilares la construcción de infraestructuras de dudosa utilidad y rentabilidad, y de manifiesta insostenibilidad ambiental. 

¿Creen ustedes que los representantes del PP murciano han hecho algún ejercicio de autocrítica o que han presentado algún tipo de excusa por estas actuaciones que ahora se revelan como ilegales? Nada más lejos; por el contrario, se han dedicado a echar balones fuera, insistiendo en la bondad del proyecto de Marina de Cope y responsabilizando al gobierno anterior del fallo del TC en materia de trasvases.

A falta de estas vacías promesas de prosperidad, muchas de ellas basadas en actuaciones ilegales, como se ha visto, lo único que le queda a Valcárcel es la terrible realidad de las cifras: casi un 29% de paro, un 36% de ciudadanos de la región que viven bajo el umbral de la pobreza, miles de viviendas desalojadas por desahucio. Esperemos que estos hechos hagan despertar a l@s murcian@s del sueño al que han sido sumidos por el gobierno regional durante cerca de 20 años, que ha hecho creer a los habitantes de esta región que sus propuestas de futuro traerían prosperidad, cuando la realidad ha sido totalmente distinta, con el medio ambiente como rehén y principal objeto de las actuaciones que, afortunadamente, la justicia se ha encargado de enmendar.

sábado, 17 de noviembre de 2012

CONTRA LOS ABUSOS POLICIALES

Desde que se iniciaron las masivas protestas ciudadanas y las manifestaciones en 2010, ya sea convocadas por movimientos independientes como el 15-M o por los sindicatos mayoritarios, estamos asistiendo con preocupación a la deriva violenta de los que, en teoría, deberían mantener el orden. Y no me refiero, precisamente, a los manifestantes que, en un 99%, han llenado las calles de forma pacífica en todo el país, sino a la cada vez más desprestigiada policía española.

Todos recordamos el desalojo de la plaza Catalunya el 27 de mayo de 2011, cuando se levantó de forma violenta la acampada del 15-M, en la que resultaron heridas leves 120 personas, hecho que fue denunciado por organismos como Amnistía Internacional. Recientemente se ha reabierto la causa por el desalojo, que había sido archivada provisionalmente por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barcelona que consideró "razonablemente proporcionada" la actuación de los Mossos d'Esquadra. Los sucesivos altercados acaecidos durante este año y el pasado entre manifestantes y policías ponen de manifiesto que las autoridades competentes (ministerio del Interior, diversas Consejerías del ramo y delegaciones del gobierno, sobre todo la de Madrid) no son capaces de gestionar con eficacia los conflictos, dejando en evidencia los métodos a menudo propios de otros tiempos o de otros regímenes de infausto recuerdo.

Un caso también muy criticado fue el que ocurrió el pasado mes de junio, cuando un grupo de desahuciados se encerró en la catedral de la Almudena para protestar por su situación, y el arzobispo de Madrid Rouco Varela pidió policías para desalojar el templo. Este gesto dice bastante poco de la supuesta solidaridad y empatía que un alto representante de la iglesia católica debería tener para con las personas que pasan por un drama en sus vidas.

En Murcia también ha habido episodios en los que la policía se ha extralimitado en sus funciones, como cuando, el mes de junio pasado, el alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara acudía a declarar como imputado por el caso Umbra a los juzgados, unos manifestantes fueron agredidos por parte de unos miembros de la policía. Estos hechos fueron denunciados y admitidos a trámite por el juzgado. 

Pero la gota que ha colmado el vaso de la indignación ante la brutalidad policial ha ocurrido durante la huelga general del pasado 14 de noviembre, en el que se han registrado multitud de incidentes entre policías y manifestantes, algunos de gravedad, como el niño de 13 años de Tarragona con una brecha en la cabeza o la mujer herida en el ojo en Barcelona, con pérdida parcial de visión. En ambos casos, el conseller de Interior, Felip Puig, resta importancia a los hechos, negándose a dimitir. En Murcia, a la carga realizada a miembros del PAH cuando realizaban un recorrido por el centro, hay que sumar la agresión a otro grupo, con resultado de varias personas contusionadas y una más con heridas graves en nariz y pómulo, necesitando ésta de intervención quirúrgica.

Estos hechos tan graves deben hacer reflexionar a las instituciones sobre el papel de los cuerpos de seguridad del Estado en un país democrático. Una cosa es detener a aquell@s que ponen en peligro la integridad física de personas y cosas, y otra muy distinta utilizar la fuerza, a menudo de forma indiscriminada, para ocasionar daños a transeúntes y manifestantes, con evidente exceso de celo. Especialmente denunciable es el hecho de que los miembros de las fuerzas de seguridad públicas actúen sin la placa de identificación bien visible, como lo exige la legislación vigente, dejando a la ciudadanía en indefensión ante un abuso de autoridad. Hay que exigir que aquellos que están para hacer cumplir la ley, la cumplan a su vez. 

La única preocupación del gobierno ante las manifestaciones es la "degradación de la marca España". Tal vez lo que debería preocuparles es la mala imagen que la policía española está dando en todo el mundo, reflejada en los principales medios de comunicación internacionales (ver aquí y aquí). Y también la desafección que muchos ciudadanos tienen hacia un cuerpo que, en teoría, y tal y como recoge la Constitución en su artículo 104, está para garantizar la seguridad ciudadana y no para contribuir a su degradación.


lunes, 29 de octubre de 2012

OBJETOS PRESUNTAMENTE INÚTILES

Un estudio reciente muestra que en Europa, un teléfono móvil tiene una vida "útil" de un año y medio, cuando podrían aguantar perfectamente 10 años, según la Agencia para el Medio Ambiente y el Control de la Energía (ADEME en sus siglas francesas). Del mismo modo, el 40% de los electrodomésticos son reemplazados estando aún en buen estado y pudiendo ser reparados. Mientras que en 1985, un ordenador personal era utilizado durante 11 años, actualmente a los tres años suele ser sustituido por el modelo más reciente. 

Se habla mucho de la obsolescencia programada, de la responsabilidad de los fabricantes a la hora de sacar al mercado sus productos, que están "programados" para fallar al cabo de un cierto tiempo. Los fabricantes contribuyen a esto, además, haciendo incompatibles los componentes del nuevo modelo con los anteriores, al tiempo que las reparaciones son cada vez más difíciles (e incluso imposibles). Siendo todo esto cierto, el sistema no sería viable si no existiera también una obsolescencia psicológica del consumidor, quien, con la ayuda de la publicidad, siente la necesidad, a menudo inducida, de cambiar su modelo de móvil, de ordenador, de televisor, de coche, etc. mucho antes de que éstos acaben su ciclo de vida útil.

Sólo hay que ver cómo se producen colas interminables para adquirir el último modelo de móvil de cuarta o quinta generación o la última versión del sistema operativo más vendido, o cómo se lanzan al mercado últimas versiones de aparatos tecnológicos cuando el 90 % de los usuarios no le han sacado todo el partido a los modelos anteriores. Se trata más de una cuestión de estátus, de situarse las personas en un determinado nivel con respecto a los demás, por el mero hecho de poseer tal o cual aparato que tu vecin@ no tiene. 

Sólo en España se generan cerca de 200.000 toneladas de basura electrónica al año, ascendiendo esa cifra a 7,4 millones de toneladas/año en toda Europa (con un previsión de que se duplique esa cifra de aquí a 2020) y a 50 millones de toneladas anuales en todo el mundo, según la ONU. Esa chatarra tecnológica va a parar a países asiáticos como China e India, aumentando de forma vertiginosa la cantidad de basura que es llevada a África (a Ghana y Nigeria, sobre todo) como "donaciones solidarias", aunque lo cierto es que el 75% es pura chatarra contaminante por metales pesados. 

Capítulo aparte merece el asunto de los vehículos a motor. La bajada en las ventas de coches en España durante el año 2012, que ha descendido en un 36,8% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, ha hecho que el gobierno español, espoleado por la industria automovilística, ponga en marcha nuevamente el llamado Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente (Plan PIVE), que consiste en una ayuda de 2.000 euros -mil aportados por el Ejecutivo y los otros mil como mínimo por las marcas- para la adquisición de un automóvil catalogado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) con las etiquetas A ó B de eficiencia energética con un precio máximo de 25.000 euros antes de IVA. Lo que parecería una medida encaminada a mejorar la eficiencia de los coches de más de 10 años de antigüedad es, en realidad, una ayuda al sector del automóvil con dinero público, sector que constituye un auténtico lobby en nuestro país. 

Esta ayuda podría ser incluso un brindis al sol, toda vez que un estudio realizado por un investigador del CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos), dependiente de la Universidad de Zaragoza, asegura que para que compense desde el punto de vista energético la adquisición de un nuevo coche amparándose en este plan, el vehículo sustituido debería tener unos 20 años. Si se hace antes, la energía utilizada para producir los componentes del vehículo es mayor que la que se ahorraría. Esto sería diferente si se sustituyeran por vehículos eléctricos.

¿Qué se puede hacer para paliar todos estos problemas? 

- REDUCIR: En primer lugar, no dejarse llevar por los cebos publicitarios, y seguir utilizando los móviles, ordenadores, electrodomésticos, etc. más tiempo del que "recomiendan" los fabricantes, sin ceder a las modas o promesas de mejores prestaciones, a menudo superfluas. Utilizar menos el vehículo privado, alargando su vida útil.

-REUTILIZAR/RECICLAR: Por ejemplo, instalando un sistema operativo libre (Linux) a tu ordenador antiguo para volver a ponerlo a funcionar, o cederlo a empresas que reparan los ordenadores para donarlos a ONGs que, a su vez, son llevados a países en desarrollo (como Bipbip o Nuevas Tecnologías para África). Llevar los pequeños electrodomésticos a  los puntos limpios que casi todos los ayuntamientos tienen distribuidos por la ciudad. En el caso de los móviles, también hay iniciativas como la campaña "Dona tu móvil" de Cruz Roja o Eurekamovil de Amnistía Internacional. En Murcia, hay entidades sin ánimo de lucro y empresas de economía social que reciben todo tipo de objetos que ya no se utilizan para darles una segunda oportunidad a la vez que se fomenta el empleo a personas en riesgo de exclusión social (como Traperos de Emaús).

- RECONCEPTUALIZAR/REEVALUAR: Es decir, redefinir nuestro papel como consumidores, siendo conscientes de las consecuencias de nuestros actos, como por ejemplo la conexión entre el uso de teléfonos móviles, ordenadores y la extracción del coltán (mineral utilizado en estos aparatos) en el Congo, con la explotación humana y la guerra como resultados aún visibles, por citar un caso sangrante. 

Pensémoslo dos veces antes de decidirnos a deshacernos de objetos presuntamente inútiles y démosles una segunda oportunidad. El planeta y sus habitantes reconocerán el gesto.

sábado, 29 de septiembre de 2012

MALOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA (EN EDUCACIÓN)

Como dije en la entrada anterior, pasaré a comentar lo que entre todo el profesorado que impartimos enseñanzas artísticas y, sobre todo, la materia de Música, es un clamor: la drástica disminución de las enseñanzas musicales en el sistema público, que pasan a ser las mayores damnificadas por esta reforma. Con este anteproyecto de la LOMCE, en la etapa secundaria este tipo de enseñanzas retroceden prácticamente al status que tenía en el antiguo B.U.P., cuando se impartía en un solo curso. Ahora lo harán en dos (2º y 3º de E.S.O.), perdiendo su presencia en 4º y en Bachillerato, niveles en los que, actualmente, la Música es materia optativa. Para colmo, la recién introducida modalidad del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza desaparece del currículo, privando a miles de jóvenes de una vía de acceso y de preparación a otros estudios posteriores como puedan ser los Grados de Música, Historia y Ciencias de la Música, Artes Escénicas, Grado en Artes Visuales y Danza, y Grado en Composición de Músicas Contemporáneas, además del Grado en Educación Primaria, especialidad de Música.


Sin embargo, numerosos estudios demuestran que las enseñanzas musicales durante la infancia y la adolescencia facilitan el aprendizaje de otras materias, principalmente las Matemáticas y la Lengua, que casualmente son las materias que el ministerio quiere fomentar. Todas estas disciplinas, la Música, la Lengua y las Matemáticas, comparten como característica común el uso de un lenguaje abstracto para representar magnitudes y conceptos (duración y altura del sonido, ideas y pensamientos, cantidades y figuras geométricas) a través de símbolos específicos; en todos los casos se activan las mismas partes del cerebro. Además, son muchos los estudios que ponen de manifiesto que el estudio práctico de la música en edades tempranas permiten compensar la pérdida cognitiva propia de la vejez, al crearse conexiones alternativas en el cerebro.

Pero el equipo ministerial obvia estas ventajas evidentes, dejando la educación musical en secundaria en manos de la enseñanza privada, básicamente, solamente accesible a un sector de población que puede permitirse el pagar mensualmente una cantidad nada despreciable para que sus hijos disfruten de este tipo de enseñanza. La música, para este gobierno, es un privilegio que está reservado a una élite, como ha ocurrido en épocas pasadas, al restringir el acceso a su aprendizaje y al aumentar el IVA a los productos musicales y a las entradas a conciertos. Todo lo contrario que otros países como Suiza, que han aprobado hoy en referéndum, con un aplastante 72,7 por ciento, una modificación constitucional que pretende reforzar la formación musical en la educación básica.

Para abundar aún más en lo absurdo del asunto, el propio ministro Wert, en junio pasado, anunció que se reduciría el número de materias optativas porque "distraen la atención de las materias instrumentales". A pesar de ello, se introducen nuevas materias como Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora en la E.S.O., una manera más, a mi juicio, de introducir la ideología neoliberal en las mentes de los jóvenes, con contenidos como Mercado laboral o Economía financiera. 

Pero lo más sangrante es que, en esta época de recortes en educación y de eliminación de materias que todos los expertos consideran fundamentales para la formación integral del alumnado, se siga manteniendo la Religión en la escuela pública, desde la etapa infantil hasta el Bachillerato. La escuela debe educar sin dogmas ni creencias, que no están basadas en criterios científicos, tal y como proclama en su manifiesto el Observatorio de la Laicidad; el mantenimiento de la Religión en el currículo en la escuela pública es algo que nuestros vecinos del norte ven con asombro e incredulidad. Su pervivencia en todas las etapas educativas, ocupando un tiempo considerable en la ya  pesada carga horaria de nuestros escolares, impide que l@s alumn@s reciban la educación adecuada en otros ámbitos como el musical, tan necesario, como hemos visto, para aumentar las capacidades de los jóvenes en áreas instrumentales, además de permitir que la población vaya adquiriendo una cultura y unos hábitos musicales aún bastante mejorables en nuestro país..


miércoles, 26 de septiembre de 2012

UNA LEY DE EDUCACIÓN REGRESIVA

El ministerio acaba de hacer público el Anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Al leerlo y analizarlo, uno no puede más que darse cuenta de que la ideología neoliberal impregna cada una de las páginas de dicho documento. Sin entrar en los detalles de la reforma, cosa que haré en una entrada posterior, sólo comentaré el preámbulo, dividido en tres apartados, en el que el gobierno nos revela mucho sobre la doctrina que subyace en este anteproyecto. Solamente el inicio nos dice cuál es su declaración de intenciones: 

"La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global". 

En el primer párrafo aparecen tres expresiones relacionadas con el concepto de "competir", es decir, de superar al contrincante, de conseguir lo que otros no consiguen, aplastando al oponente, si es necesario. Puro neodarwinismo social, tan querido por el neoliberalismo imperante. Además, presupone que mejorar el nivel educativo es apostar por el crecimiento económico, asociando dos ideas que no tienen nada que ver. Cada vez somos más las personas que creemos que el crecimiento económico per se es un camino suicida para la especie humana, como ya comenté en una entrada anterior, pero el gobierno insiste en introducir sus ideas, aunque no sean compartidas por muchos.

Yo pensaba (y sigo pensando) que los fines de la educación, sobre todo en sus etapas tempranas, eran, entre otros, estructurar el pensamiento, fomentar la imaginación creadora, la expresión y la comunicación, favorecer la maduración de l@s niñ@s en todos sus ámbitos (física, mental, social, ética...), todo ello adquiriendo conceptos y superando desigualdades físicas, psíquicas o sociales... Y que, sólo de forma complementaria, la consecuencia de la educación sería conseguir un desarrollo personal y laboral, fruto del esfuerzo y las diferentes capacidades y motivaciones de cada un@. Pero todo eso, para el gobierno, no es una prioridad. Más adelante, se afirma que:

"La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones, y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad, a través de la posibilidad para los alumnos y sus padres o tutores de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional".

Se orienta la educación hacia la formación de trabajadores/as, con un fin único, el encontrar trabajo y alimentar el sistema. No se hace referencia a las dificultades debidas a las diferentes características sociales y/o económicas en que puedan encontrarse las familias, y que pueden condicionar de manera muy importante las "fortalezas" y "aspiraciones" de l@s alumn@s.

Cuando citan las altas tasas de abandono escolar, no aclaran que gran parte de ese abandono fue debido a que miríadas de jóvenes se iban a trabajar a la construcción, alentados por la burbuja inmobiliaria, en una época en que los gobiernos se jactaban (tanto Aznar como Zapatero) de que creaban más empleos que Alemania, Francia e Italia juntas. Los gobiernos no se preocupaban entonces por las cifras de abandono escolar. Sólo cuando esos millones de personas sin formación han ido engrosando las cifras del paro tras el estallido de la burbuja, es cuando se han dado cuenta de que el problema existía, y gordo.

El hecho de que uno de los objetivos prioritarios de la reforma sea "mejorar los resultados  internacionales", da a entender que l@s alumn@s recibirán un adiestramiento específico para obtener buenos resultados en las pruebas (como las del informe PISA), dejando de lado la formación integral y que les importa más que la "marca España", tan citada últimamente, quede en buen lugar, que el futuro de l@s estudiantes españoles.

Para terminar el primer apartado, tienen la desfachatez de afirmar que "esta ley orgánica es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa", cuando lo cierto es que no han contado ni con l@s docentes ni con los padres y madres, legislando por decreto, una vez más, en un aspecto tan importante como es la educación.

Las medidas que pretende aplicar el ministerio de Educación son, entre otras, la implantación de pruebas de evaluación externa, de forma finalista en las diferentes etapas educativas (6ª de Primaria, 4º E.S.O. y 2º Bachillerato), las reválidas. Aceptando que la reválida en 2º de Bachillerato sea un sistema que se aplica en países como Francia (el Bac), y que no sería muy distinto a la actual selectividad, realizar un examen externo en las etapas tempranas de la educación puede suponer cerrar puertas, dirigir demasiado pronto el destino de l@s alumn@s y no tener en cuenta el trabajo de los equipos docentes, al tener el alumno que jugárselo todo a una carta, así como ignorar las diferencias socio-económicas de las familias, que influyen en los resultados. Muchas son las voces que están en contra de este sistema

Se apela a la autonomía de los centros, pero se profesionaliza la figura del director/a, que deberá "rendir cuentas de las decisiones tomadas, de las acciones de calidad y de los resultados obtenidos al implementarlas", actuando más como un comisario político que como un miembro más del equipo docente del centro. Los centros podrán especializarse "en los ámbitos curricular, funcional o por tipología del alumnado", creándose distintas categorías. Si en tu pueblo, pongamos por caso, hay un industria cárnica, o un parque temático, el centro se especializará en eso. Si el/la alumn@ quisiera realizar otros tipos de estudios, estará obligad@ a desplazarse a otro centro, incluso fuera de su municipio, acrecentándose la desigualdad de oportunidades. Además, la facultad de la dirección del centro de "establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario, así como para ocupación de puestos en interinidad", pudiendo "rechazar la incorporación de personal procedente de las listas centralizadas" puede dar lugar a decisiones discrecionales e injustas por parte de la dirección para favorecer a unos frente a otros.

La educación es un tema demasiado importante como para que los sucesivos gobiernos de uno y otro signo pretendan utilizarlo como arma política y para imponer su ideología. No es posible que el ministro de turno pretenda pasar a la historia, dándole la vuelta a cada ley educativa anterior, y crea tener la receta mágica, sin tener en cuenta, además, la opinión de los profesionales que, día a día, conocen desde dentro los problemas que el sistema educativo plantea, máxime cuando se está jugando con el futuro de cientos de miles de jóvenes. 



martes, 18 de septiembre de 2012

¿SEMANA DE LA MOVILIDAD O DEL INMOVILISMO?

Esta semana se celebra la 11ª Semana Europea de la Movilidad, con el lema "¡Muévete en la buena dirección!", y la ciudad de Murcia, como viene siendo habitual en los últimos años, lo celebra con actividades como un concurso de dibujo, un taller de revisión gratuita de bicis, además de charlas y mesas redondas, con la novedad de una exposición de motos eléctricas (ver enlace). 

Sin embargo, para el ayuntamiento de Murcia debe ser un trago que pasar, pues debe afrontar una serie de hechos que demuestran que el alcalde y su equipo de gobierno no están por la labor, precisamente, de conseguir una ciudad sostenible, por y para sus habitantes, no contaminada y "amable", como se suele calificar a las ciudades que cuidan el ambiente urbano, sobre todo en lo relacionado con el transporte público y la movilidad.

Para empezar, Murcia tiene que responder al hecho de haber sido nombrada hace casi un año Presidenta de la Red de Ciudades por la Bicicleta, nada menos. Esta asociación tiene como objetivos, según aparece en su web

- Impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta sea más seguro.
- Intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial.
- Incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta.
- Defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible ante la opinión pública.
- Promocionar el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa al coche y a la moto en los desplazamientos cortos.

¿Ustedes notan en nuestra ciudad que se haya hecho algo en alguno de estos sentidos? Yo, desde luego, no. Al contrario, en el año que ha transcurrido desde este nombramiento, las calles de Murcia son más inseguras que nunca para los usuarios de la bicicleta y viandantes, al haberse quintuplicado el número de ciclistas fallecidos, y duplicado el atropello a peatones (ver enlace). No se ha promocionado en absoluto el uso de la bicicleta, salvo estas actividades puntuales una vez al año, para cubrir el expediente. Las calles están cada vez más atestadas de coches y supone un ejercicio de valor el salir en bici por ellas.

A esto se suma el conflicto surgido este verano entre la actual empresa concesionaria del transporte público del municipio (Latbus) y el ayuntamiento, con cruce de acusaciones, utilización interesada, por parte del consistorio y de la empresa, de los usuarios del transporte público y subida de tarifas unilateral (el famoso "tarifazo"). A punto de que entre la nueva U.T.E. que gestionará la concesión del autobús urbano y de la única línea del tranvía existente, sustituyendo a la empresa anterior, no parece que este conflicto tenga solución a corto plazo, entrando en liza la Comunidad Autónoma y exigiendo este consorcio de empresas una serie de condiciones. Y, como siempre, los únicos damnificados  son los ciudadanos, que asistimos como convidados de piedra a este triste espectáculo.

También está el asunto del tranvía, una infraestructura carísima, que costó a l@s murcian@s 5,4 millones de euros en 2011, en concepto de subvención por las tarifas que cobra, y 4,9 millones entre enero y mayo del presente año (ver enlace). Con una expectativa inicial de ocupación de hasta ocho millones de viajeros, se ha quedado en menos de la mitad, ya que el diseño de la primera línea fue pensada solamente para dar servicio a la zona norte de ciudad que, aunque pasando por la Universidad de Murcia, llega hasta la Universidad Católica, institución privada acusada de recibir tratos de favor para la implantación de titulaciones como Arquitectura y Medicina, y a los centros comerciales de Nueva Condomina, punto estratégico relacionado con la burbuja inmobiliaria y envuelto en turbios asuntos de presunta corrupción urbanística, en los que está imputado el propio alcalde Cámara

El asunto de la movilidad es una asignatura pendiente del ayuntamiento de Murcia quien, a pesar de existir un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y un Plan Director de la Bicicleta, los mantiene totalmente paralizados. Colectivos como Murciaenbici, así como partidos como EQUO Región de Murcia reclaman la puesta en marcha inmediata de dicho planes, para hacer de Murcia la ciudad que desearíamos, máxime cuando sus condiciones orográficas y su clima la hacen ideal para que el transporte público respetuoso con el medio ambiente y la bicicleta se impongan a la supremacía del coche.








martes, 24 de julio de 2012

LA ESTRATEGIA DEL BULO

Desde hace meses estamos asistiendo a la puesta en práctica de una estrategia que al actual gobierno le está reportando réditos. Se trata de lanzar una serie de mensajes difamantes y a menudo falsos, pero que son dados como ciertos por una mayoría de personas desinformadas, para luego, y supuestamente para remediar esa situación, lanzar unas medidas cuyo resultado es el adelgazamiento del estado del bienestar y del peso de lo público.

Ya lo puso en práctica Esperanza Aguirre hace casi un año cuando desprestigió a los docentes madrileños aduciendo que "la mayoría de los madrileños trabaja más de 20 horas", al aumentar su jornada lectiva semanal a ese número de horas, ignorando (deliberadamente o no) que el trabajo en la enseñanza es mucho más que impartir clase directa en las aulas. Tras crear un ambiente desfavorable a los profesores y profesoras, haciendo que la mayoría de la población despotricara sobre esa "casta privilegiada", Aguirre no tuvo ningún problema en aplicar ese aumento de la carga lectiva, con la excepción de la protesta del propio estamento docente en la ya famosa "marea verde", que se ha extendido por todo el territorio nacional como el símbolo de la defensa de la educación pública. Unos meses después, el ministerio encabezado por Wert aplica esa misma medida a nivel nacional, aderezada con el aumento de la ratio en las aulas, que ha provocado el despido de miles de funcionari@s interin@s.

Otro tanto ha ocurrido con los sindicatos. El desprestigio de este pilar de cualquier estado de derecho entre personas adscritas tanto a la derecha como a la izquierda del espectro político, y fomentado por el partido en el gobierno, ha creado el clima adecuado para reducir el número de personas que atienden a los trabajadores (los comúnmente llamados "liberados"), además de aprovechar para introducir una reforma laboral que reduce a la mínima expresión la negociación colectiva, haciendo que esa negociación se realice prácticamente de forma directa entre empleador/a y emplead@. De esta manera, se ve debilitada en gran medida la capacidad de l@s trabajadores/as para conseguir condiciones dignas en su empleo e incluso para conservar el puesto de trabajo. Además, esta campaña de desprestigio ha provocado la desunión entre los distintos sindicatos, en un momento en que se hace necesario más que nunca un movimiento unitario frente a los recortes del gobierno.

Los funcionarios (palabra con la que despectivamente se hace referencia a los empleados públicos) son otro colectivo que, en una época de crisis como la que atravesamos, son denostados públicamente, apelando a sus supuestos "privilegios" en comparación con el resto de trabajadores (con o sin empleo). La CEOE es la encargada de atacar directamente a la linea de flotación de los servicios públicos, acusándoles de "tener trabajo para toda la vida", y aspirando a que el sector privado sustituya, con su precariedad, sus bajos salarios y sus continuas amenazas de despido, al sector público. Estas afirmaciones abonan el terreno para que los continuos recortes en los servicios públicos (sobre todo en educación y sanidad) no encuentren resistencia entre la población en general.

El último episodio en la "estrategia del bulo" es la información que circula por las redes sociales en cuanto al número de políticos que hay en nuestro país, según un estudio elaborado por los propios asesores de la Presidencia del Gobierno. Este estudio afirma que "tenemos 300.000 políticos más que Alemania, trabajando a costa del presupuesto, y el doble que Italia y Francia", sin distinguir si ese número se refiere a representantes en las instituciones salidos de las urnas o a personas nombradas a dedo en los diferentes organismos públicos de dudosa función creados a lo largo de los años. Aprovechando la mala imagen que tiene la clase política entre la población de uno y otro signo, este estudio, que no se sabe cómo ha sido realizado, es repetido hasta por l@s manifestantes del 15M. Casualmente (o no tanto), la difusión masiva de este mensaje coincide con el anuncio de la intención del gobierno de reducir en un 30% el número de concejales, dificultando aún más el acceso a las instituciones por parte de los partidos minoritarios,  afianzando así el modelo bipartidista que tanto daño está haciendo a la democracia. Ya se alzan voces en contra de esta medida, como la de EQUO, que recuerda que "el 84,12% del total de concejales lo son de municipios menores de 5.000 habitantes y éstos no perciben salario o cobran cantidades muy reducidas. Mientras que el 11,17% de cargos electos pertenecen a municipios de entre 5.000 y 20.000 en los que solo cobra uno o dos concejales". 

El uso reiterado de esta estrategia, por parte del gobierno y sus adláteres, de difundir mensajes malintencionados pero fácilmente aceptados por la mayoría, con la ayuda de los medios de "incomunicación",  es un modo de aplicar medidas sin que encuentren una oposición muy decidida, al margen de los colectivos afectados, a los que cuesta mucho romper con la imagen ya implantada en el imaginario colectivo. Es hora de que estemos vigilantes y de que sepamos distinguir el polvo de la paja, y no dejarnos llevar por cualquier noticia que se nos comunica, agudizando nuestro sentido crítico y nuestra capacidad de contrastar esos mensajes. La democracia lo agradecerá.



lunes, 2 de julio de 2012

LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN, UNA ALTERNATIVA AL CAPITALISMO

Según muchos economistas (Jose Luis Sampedro, Santiago Niño, Serge Latouche, Viçens Navarro, Juan Torres, etc.), el capitalismo está llegando a un estado terminal, llevado a él porque los objetivos del sistema capitalista, la búsqueda incesante del beneficio monetario y el crecimiento como dogma, han venido acompañados de la concentración y el abuso de poder, la destrucción ecológica, la competencia como arma y el deterioro de la democracia, en la que las decisiones de los gobiernos se toman en los despachos del FMI, de las grandes multinacionales o de los bancos. La sustitución de la economía real por la economía financiera, basada en la creación de burbujas especulativas, como la de las empresas "punto com" de principios del siglo XXI o la burbuja inmobiliaria de 2003-2009, ha traído consigo el agotamiento del modelo productivo capitalista tal y como lo conocemos actualmente.

No dejamos de leer comentarios y opiniones, en diversos foros en internet y en medios de comunicación, de multitud de personas (anónimas y no tanto) y formaciones políticas que, de una forma más o menos virulenta, abogan por el fin del capitalismo, pero sin definir qué sistema alternativo podría sustituirlo. Unos porque su reivindicación acaba ahí, sin ofrecer nada a cambio, y otros porque, tal vez teniendo claro cuál sería esa alternativa, no se atreven a difundirla públicamente, bien por ser modelos ya fracasado en el pasado, o bien porque podrían implicar restricciones en las libertades, con el rechazo que ello conllevaría.

Sin embargo, hay una corriente económica alternativa que surgió en el año 2010 de la mano del austriaco Christian Felber (1972), miembro fundador del movimiento ATTAC y profesor de economía. Se trata de la Economía del Bien Común que, según sus propias palabras, "es un modelo económico que supera la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad". Este sistema parte de la premisa de que la economía, las empresas y cualquier actividad humana debe tener como único fin la búsqueda del bien común, concepto que ha sido ampliamente debatido desde la antigüedad, desde Aristóteles (Política) y Cicerón (De legibus) pasando por Leibniz y Rousseau (El contrato social) hasta llegar a nuestros días con economistas como John Rawls (1921-2002) o la recientemente fallecida Elinor Ostrom (1933-2012), merecedora del premio Nobel de Economía 2009 por "su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los recursos compartidos". 

La competencia, la búsqueda de beneficio a cualquier precio (incluidos los despidos masivos de trabajadores), la adquisición hostil de empresas competidoras, el crecimiento desmesurado, son los dogmas que imperan en las empresas para triunfar, dogmas que son enseñados en las facultades de economía y que han demostrado ser valores perjudiciales para la sociedad en su conjunto, pues su aplicación ha supuesto diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres, la degradación ecológica del planeta, la discriminación de la mujer, el deterioro de las condiciones laborales, etc., lejos de las bondades que previó Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones (1776). 

Felber propone, al contrario, que los valores que deben regir en las empresas deben ser la cooperación, la confianza, la solidaridad, la dignidad, la sostenibilidad ecológica y la participación democrática. Sin abandonar la economía de mercado, de entre los objetivos de las empresas se incluye el alcanzar el superávit, pero éste debe utilizarse para fines diferentes de lo que se espera según los cánones del capitalismo, como son destinarlas a inversiones propias, en ayudar a empresas asociadas y en el reparto entre los trabajadores, y nunca para pagar dividendos entre los propietarios que no trabajen en la empresa, ni en la adquisición de empresas competidoras, ni en acciones perjudiciales para el medio ambiente, ni en inversiones financieras, ni en aportaciones a partidos políticos, estando el crecimiento ilimitado fuera de sus objetivos. Los salarios se limitarían tanto por encima como por abajo, no superando el salario más elevado en ningún caso un número determinado de veces el más bajo, y siempre tras una decisión democrática de los trabajadores de la empresa. Habría una reducción gradual en el número de horas trabajadas semanalmente (reparto del trabajo).

¿Cómo se puede conseguir esto, y quiénes son los que valorarían el éxito de las empresas, basándose en estos valores y no en los tradicionales balances financieros de ganancias y pérdidas? Felber propone que las empresas se acogerían a un balance del bien común, un sistema de medida de la aportación de las empresas al bien común, en el que se medirían de forma objetiva valores como la dignidad y la solidaridad (condiciones de trabajo, gestión ética), la sostenibilidad (grado de impacto ambiental de productos y servicios, comportamiento ecológico de los trabajadores), la justicia social (concepción social de los productos y servicios, reparto justo de la renta) y participación democrática (democracia interna y transparencia). Las empresas recibirían una puntuación, según la cual podrían disfrutar de ventajas a medida que subieran en su calificación (reducción del IVA, ayudas directas, créditos bancarios en mejores condiciones, etc.). Unos consultores (l@s propi@s empresari@s que se acogen a esta modalidad, de forma voluntaria) elaborarían los balances, mientras un@s auditores/as extern@s comprobarían la validez de éstos, siendo l@s consumidores/as, en última instancia, en base a la puntuación obtenida, l@s que decidirían qué empresas aportan más al bien común y cuáles menos.

¿Quién puede participar? Según este modelo, participan tanto particulares, como empresas e incluso municipios, que pueden realizar también un balance del bien común. En España, el municipio de Muro d'Alcoi anunció que iba a aplicar este balance a su ayuntamiento. 

El modelo económico del bien común es una propuesta valiente que engloba tanto los aspectos ambientales de la economía (economía verde) como los aspectos sociales. Puede ser una alternativa al capitalismo actual, con la condición de que todos los agentes económicos implicados (empresas, trabajadores, bancos éticos y/o públicos, consumidores, instituciones públicas) participen de forma activa y busquen como objetivo que toda la sociedad y el medio ambiente salgan beneficiados, no sólo unos pocos, como parece que es el modelo imperante en la actualidad.

En este vídeo, el propio Christian Felber nos cuenta los fundamentos de la Economía del Bien Común:

http://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM


viernes, 8 de junio de 2012

LO QUE EL CARBÓN ESCONDE

Estos días, los mineros asturianos y castellano-leoneses están inmersos en una serie de actos reivindicativos para mantener la actividad extractiva del carbón y sus puestos de trabajo, motivados por la reducción en un 64% de las subvenciones que las empresas del sector reciben del gobierno. Este sector ha recibido más de 24.000 millones de euros en ayudas desde 1990,  de los que 5.492 fueron ayudas directas a las empresas mineras, agrupadas en la patronal Carbunión, presidida por Victorino Alonso (ver enlace). Más allá de las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, hay que tener en cuenta algunos datos para comprobar si sigue siendo económicamente rentable y ambientalmente sostenible el mantenimiento de esta actividad extractiva. Según esos datos, la respuesta es negativa.

Desde el punto de vista laboral, es patente la disminución año tras año en el número de personas que se dedican a la minería del carbón, pasando de 95.000 mineros en 1990 a  8.000 empleos directos en la actualidad, debido principalmente a la disminución en la cantidad y calidad del mineral extraído, ya que la producción española pasó de 31,88 millones de toneladas en 1998 a 9,45 millones en 2009, según datos del ministerio de Industria (ver enlace). Esto ha supuesto el despoblamiento de las comarcas carboníferas, pues la única base de subsistencia de esas zonas gira en torno a la minería del carbón.

Además se están realizando actividades mineras en explotaciones a cielo abierto violando las leyes e incumpliendo sentencias, como las realizadas por la empresa Coto Minero del Cantábrico, S.A., propiedad del citado Victorino Alonso. En 2005 se emitió una sentencia por la que se declaraba ilegal la explotación de carbón a cielo abierto en El Feixolín, en activo desde 1995 sin licencia ambiental ni urbanística. El Feixolín es un monte del valle de Laciana, al norte de León, declarado Reserva de la Biosfera, Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), Área de Especial Protección del Oso Pardo Cantábrico y Área de Conservación del Urogallo Cantábrico (ver enlace). 


A pesar de que la empresa ha sido multada por el ayuntamiento de Villablino con 129 millones de euros por este hecho, en octubre de 2011 un juez le rebajó la sanción a 800.000 euros (ver enlace). Otras minas a cielo abierto relacionadas con la citada empresa están rodeadas de irregularidades, como en Fonfría y Nueva Julia, tal y como denuncia la Plataforma Ambiental Filón Verde, muchas de ellas con implicaciones políticas (ver enlace). Además, España ha recibido una condena por parte de la UE por la minería a cielo abierto en la comarca de Laciana (ver enlace). Las personas de la zona que se han posicionado en contra de la minería a cielo abierto han sufrido amenazas y agresiones, y se ha prendido fuego intencionadamente a zonas de montaña adyacentes a dichas minas (ver enlace).

Más allá de las implicaciones político-empresariales que rodean a la minería del carbón, hay un hecho incontestable: esta actividad es la responsable del aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera de nuestro país. La aprobación del decreto de ayudas al sector del carbón que realizó el gobierno socialista en febrero de 2011, y que expira este año, ha provocado que se superara en un 29% las emisiones de CO2 permitidas por el protocolo de Kyoto (ver enlace), frente al 21% de exceso del año anterior, además de incumplir la normativa y los reglamentos europeos que prohiben el reflote de sectores económicos en declive y carentes de rentabilidad. Las leyes de la Unión Europea para la liberalización del mercado energético no permiten proteccionismos en el mercado salvo excepciones con una importante motivación social, como es la lucha contra el Cambio Climático para el caso de las ayudas públicas a las energías renovables (ver enlace).


El impacto de la minería del carbón sobre el medio ambiente y la salud humana es múltiple, yendo desde la emisión de metano y otros gases de efecto invernadero, desmontes y transformación del paisaje, con efectos sobre la fauna y flora, en el caso de las minas a cielo abierto, modificación de la capa freática por el bombeo de aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales, en el caso de minas bajo tierra (ver enlace), además de una mayor incidencia de casos de cáncer y de enfermedades pulmonares (ver enlace). 


Pero a los trabajadores del carbón hay que darles alternativas, y éstas deben venir de la mano de la economía verde, que puede suponer un auténtico motor para las comarcas afectadas. El mes pasado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe, Empleo verdes para un desarrollo sostenible; el caso español (ver enlace), en el que se analiza la aportación actual y futura de los empleos verdes, aquellos que ayudan a reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de eficiencia, a descarbonizar la economía y a reducir las emisiones de gases efecto invernadero, a disminuir o evitar por completo todas las formas de desechos y de contaminación, y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. Pues bien, actualmente en España se cifran en 500.000 los puestos de trabajo que pueden calificarse de verdes, contribuyendo en unos 25.000 millones de euros anuales a la economía. Es necesario y urgente que el sector del carbón, industria contaminante y de baja rentabilidad, sea la primera que realice la transición hacia una economía baja en carbono, en sectores como las energías renovables, el eco-turismo, la gestión de residuos o la restauración de espacios degradados, acompañada de una formación adecuada y líneas de financiación de proyectos alternativos generadores de empleo, como se propone en la comarca de El Bierzo (ver enlace).


Hay que apostar por el cambio en el modelo productivo y de generación de energía, pasando de fuentes contaminantes, poco eficientes y aceleradoras del cambio climático a fuentes de energía renovables y al fomento de otros sectores alternativos que den vida a las comarcas afectadas y que les permitan tener un futuro próspero a corto plazo. 







martes, 5 de junio de 2012

MALOS TIEMPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, poco hay que celebrar, a tenor de los datos que nos anuncian que la situación es cada vez más difícil. A nivel mundial, el cambio climático sigue su curso implacable, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que el Ártico sufre ya los efectos del aumento de la temperatura media planetaria (ver enlace), además de toda una serie de consecuencias globales que afectan ya a aspectos como la biodiversidad, el número y frecuencia de inundaciones, sequías o la disminución de la productividad marina, entre otras (ver enlace). Como es sabido, aunque no asumido por los principales partidos políticos, este cambio climático es acelerado e inducido por el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 derivado del uso de combustibles fósiles, que supone el 70% del origen de estas emisiones. A escala planetaria, el aumento en estas emisiones de CO2 ha sido patente, principalmente por la actividad económica de China, EE.UU., Rusia e India, superándose a día de hoy en un 45% los niveles de 1990, base a la que habría que llegar según el protocolo de Kyoto (ver enlace). 

En España también se ha superado el nivel de emisiones de CO2 con respecto a 2011, según WWF. Así, si en febrero del año pasado se alcanzó la cifra de casi 4,3 millones de toneladas de CO2, en febrero del presente año esa cifra llegó hasta casi las 7 millones de toneladas, siendo un 38,28% superior. Y todo ello a pesar del aumento de la potencia energética de origen eólico. 

Pero no sólo el clima y sus consecuencias están siendo claramente perjudicados. En nuestro país, el gobierno central, ayudado por las distintas administraciones autonómicas y municipales, está empeñado en seguir una política de acoso y derribo a los espacios naturales, principalmente costeros (ver enlace). Son de triste actualidad los intentos por parte de diversos ayuntamientos de construir en espacios de alta riqueza ecológica, como Valdevaqueros en Tarifa (aquí puedes firmar para su salvación), Marina de Cope en Águilas (aquí puedes firmar), Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, la playa de Es Trenc en Mallorca (firma aquí), el medio marino del monte Jaizkibel, en Gipuzkoa, Agua Amarga en Almería, la cala de El Gorguel en Cartagena, etc. Además, el PP de Almería aboga por abrir el hotel de El Algarrobico, en Carboneras, a pesar de contar con una sentencia que declara nula la licencia concedida a la empresa constructora del hotel.

Desde el punto de vista de la política energética tampoco es un año favorable, pues el ministerio encabezado por Jose Manuel Soria eliminó, en enero y por decreto, todas las primas para nuevas instalaciones fotovoltaicas, energías renovables, cogeneración y residuos (ver enlace), a pesar de que España es puntera en este tipo de industria no contaminante. También las intenciones del gobierno vasco de utilizar el polémico método del fracking para extraer gas es una decisión deplorable.  En cuanto al conflicto del carbón, hay voces que denuncian una trama político-sindical que azuza la protesta por la reducción en un 63% en las ayudas a las empresas del carbón, industria que está abocada al cierre por la escasez del material extraíble (ver enlace). En vez de buscar soluciones que pasen por una transición desde una actividad altamente contaminante y que emplea a cada vez menos personas hacia una economía baja en carbono, como propone Florent Macellesi en un reciente artículo firmado al alimón con el concejal verde de Villablino, los hay que siguen pensando en las mismas soluciones de siempre.

Precisamente, el lema de este año en el Día Mundial del Medio Ambiente es "Economía verde, ¿te incluye a tí?". Ese lema incluye dos partes: en la primera se aboga por la Economía Verde, aquella que es baja en carbono, que aprovecha de forma eficiente los recursos y es socialmente inclusiva, según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Numerosos estudios avalan la tesis de que la economía verde es una fuente de empleo muy importante, como la OIT (Organización Internacional del Trabajo), quien en un reciente informe cifra en hasta 60 millones de empleos los que podrían generarse en los próximos 20 años (ver enlace). La segunda parte del lema de este año pretende involucrar a la población en general en la consecución de los objetivos para mejorar las condiciones ambientales del entorno inmediato. 

El medio ambiente, un aspecto primordial que la mayoría de las administraciones sacrifican en nombre de la "salida de la crisis", debería ser precisamente la piedra angular de todas las políticas, pues no puede hipotecarse el futuro por aplicar soluciones cortoplacistas, que se ha demostrado que crean más problemas de los que se quieren resolver.






domingo, 20 de mayo de 2012

EDUCACIÓN: LA ASIGNATURA PENDIENTE

Por si no fueran pocos los recortes que el gobierno de Rajoy, a través de su ministro Wert, presentó en el Congreso el pasado miércoles para ahorrarse 3.000 millones de euros, el Plan de Estabilidad presentado a Bruselas por el ejecutivo prevé una reducción del peso de la inversión pública en Educación de aquí al 2015, pasando del 4,9% actual al 3,9% del PIB (ver enlace). De esta manera, retrocederemos a la cola absoluta de Europa en inversión en educación (ver enlace). Ya hoy estamos muy lejos de los países del norte de Europa que, como Dinamarca (7,8% del PIB), Islandia (7,6%) o Finlandia (6,2%), lideran este ránking. Para este gobierno, el dinero destinado a la educación pública no es una inversión, sino un gasto que hay que disminuir, aún a costa de hipotecar el futuro de cientos de miles de jóvenes.

La educación ha sido y es el comodín de los sucesivos gobiernos, siendo una de las primeras leyes que se modifican cuando los partidos de uno y otro signo ascienden al poder, sin tener en cuenta que, por su condición de leyes orgánicas y, por tanto, justo por debajo en importancia que la Constitución, deberían ser leyes que perduraran al menos una generación. En Francia, por ejemplo, algunas de las leyes vigentes que regulan la educación datan de 1959 (como la ley Debré que regula la relación entre el Estado y la Enseñanza libre) e incluso del siglo XIX, como la Ley Ferry (en referencia a Jules Ferry, político de la IIIª República e impulsor de la educación como uno de los pilares de la República) de 1886 que proclama la laicidad de la enseñanza y la organización de la enseñanza primaria.

En España, sin embargo, desde la transición se han sucedido nada menos que 4 leyes orgánicas que han regulado este aspecto tan importante para una sociedad. Hasta 1990 el sistema educativo seguía la Ley General de Educación de Villar Palasí de 1970. En 1990, en el gobierno de Felipe González, se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Con Aznar se aprueba en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que no llegó a aplicarse por la llegada a la Moncloa de Rodríguez Zapatero, quien en 2006 aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE), ley que está actualmente vigente. Esta actitud de los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, es más revanchista que madurada y pensada para lograr que las cifras que rodean a la educación española mejoren. En España, por ejemplo, la tasa de abandono escolar tras la educación obligatoria es del 28,4%, más del doble de la media europea.

Las sucesivas leyes educativas han pecado de no ir acompañadas de una financiación suficiente que lleve a la práctica los buenos propósitos que todos los preámbulos pretenden. Además han carecido del consenso necesario para que una ley de este calibre tuviera la vigencia mínima que éstas necesitan, pasando tanto alumnos como, sobre todo, profesores, por diferentes currículos, planes de estudios, desaparición de asignaturas, sustitución de materias por otras con contenidos similares... Tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los profesionales de la educación, que hemos sido los convidados de piedra en esta historia. Siempre ha imperado el parecer de l@s sucesiv@s ministr@s del ramo que, salvo excepciones, han provenido de ámbitos totalmente ajenos al mundo educativo y han sido asesorados por personas que tampoco han vivido la realidad de las aulas desde dentro.

Pero nada de esto es tan grave como el ataque que está perpetrando el actual gobierno contra la educación pública, ataque que no tiene precedentes en los 35 años de la reciente democracia española. Este gobierno no es consciente, y si lo es, tiene más delito aún, de las consecuencias que estos recortes tendrán sobre el futuro de los jóvenes españoles, sobre todo los más desfavorecidos. Los recortes en 3.000 millones de euros tendrán consecuencias a corto plazo, como más alumnos por clase, disminución de la oferta educativa de los centros, aumento de las tasas universitarias, reducción o desaparición de programas educativos, supresión de apoyos educativos, etc., como muy bien explica José Roberto Barrilado, del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, en un reciente artículo (ver enlace). Pero también tendrán consecuencias a largo plazo, como una mayor depauperación de los niveles educativos y la merma de la igualdad de oportunidades, base de un sistema que quiera llamarse democrático.

Frente a esta política del tijeretazo, es necesario aplicar toda una serie de medidas como las que propone EQUO, como son:

- Establecimiento de una educación pública de calidad, laica y que promueva la igualdad de oportunidades.
- Aumento hasta el 7% del PIB de la inversión pública en Educación, y en ningún caso por debajo del 5,5%.
- Reducción progresiva de la concertación de la enseñanza privada hasta su desaparición.
- Apuesta decidida por una Formación Profesional de calidad y que cuente con una financiación suficiente.
- Aumento del prestigio de los docentes e instituciones educativas públicas.

EQUO Región de Murcia, con su integración en la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, apoya decididamente la convocatoria de la huelga del próximo 22 de mayo en contra de las medidas del gobierno para el desmantelamiento de nuestro sistema educativo público (ver enlace).

Nunca hasta ahora un partido en el gobierno había hecho un uso tan flagrante de su mayoría absoluta en el Congreso para arremeter contra una de las bases del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad. Este asalto ha puesto de acuerdo a sindicatos, padres y madres de alumn@s, estudiantes y personas defensoras de lo público para levantarse en contra de estas medidas. Por ello, la huelga del próximo 22 de mayo es algo que nadie consciente de la importancia de la Educación debe dejar de hacer.


¡POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, HAZ HUELGA EL 22 DE MAYO!