LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL, UN DERECHO

Las condiciones económicas han ido empeorando en los últimos años, aumentando de forma vertiginosa las bolsas de pobreza en nuestro país. En España hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El porcentaje de hogares españoles que están por debajo del umbral de la pobreza es del 22%. Además, uno de cada cinco hogares está en "situación de riesgo" (ver enlace). 

Esta situación hace que, además del drama humano que supone, las arcas públicas dediquen ingentes cantidades de dinero a subvenciones (prestaciones por desempleo, fondos para el fomento del empleo, pensiones no contributivas...) que ascienden a más de 60.000 millones de euros anuales, con el inconveniente de que estas ayudas son temporales, sujetas a ciertas condiciones, incompatibles con un empleo remunerado y generador de conflictos psicológicos. Frente a esta política de "parches", cada vez son más numerosas las voces que reclaman la implantación de la Renta Básica Universal (RBU), un ingreso mínimo, según Ramón Soriano (catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla), incondicionado para los ciudadanos y residentes de pleno derecho, compatible con otros derechos, que tienen la finalidad de garantizar su derecho a la subsistencia y su libertad real, satisfaciendo sus necesidades más elementales.

Incondicionado, porque no sería necesario cumplir ningún requisito previo, como la búsqueda de empleo; compatible con otros derechos, porque el sujeto podría recibir otras ayudas, en función de sus características personales y podría recibir un salario por un empleo sin dejar de percibir esta renta; garante de su subsistencia, porque permitiría a la persona tener sus necesidades básicas cubiertas; garante de su libertad real, porque solamente con esas necesidades cubiertas, la persona puede atender a otros aspectos de la vida (pública y privada), como la formación personal, la elección de un trabajo acorde a sus motivaciones e intereses o la participación en actividades de índole política. Además, esta renta sería una manera de dignificar a las personas, ya que la cuantía establecida como renta ascendería a una cantidad fija, independientemente de su situación económica de partida (universal), igualándose en derechos con toda la población. Es decir, sería una renta que se percibiría por el mero hecho de ser ciudadano/a, como un derecho más, incuestionable y no sujeto a los vaivenes políticos del gobierno de turno. 

Los argumentos contrarios a la RBU van desde la insosteniblidad de las cuentas públicas, en el caso de implantarse, a que fomentaría la vagancia y que el trabajo ya no sería la medida de todas las cosas en esta sociedad. El primer argumento se puede rebatir diciendo que esos fondos serían suficientes por dos razones: la primera es que la RBU sustituiría a muchas de las subvenciones individuales actuales (subsidio del paro, pensiones no contributivas...) e irían complementadas con aumento de ingresos provenientes, según varios autores, de diversos impuestos (Tasa Tobin, tasas al uso de la energía) y del afloramiento de la economía sumergida. Resulta curioso cómo los gobiernos apelan a la inviabilidad de estas políticas en época de crisis, pero sacan dinero de debajo de las piedras cuando se trata de socorrer a los bancos, ascendiendo hasta los 115.000 millones las ayudas públicas a la banca desde que se creó el FROB (ver enlace).

En cuanto a que la RBU fomentaría la vagancia, hay que decir que, si bien habría un pequeño porcentaje de personas (no muy diferente al actual) que no buscaría activamente empleo, la inmensa mayoría, para complementar ingresos (pues la RBU, no lo olvidemos, solamente subviene a las necesidades básicas), por ambición personal y por los beneficios personales que ello conlleva, ocuparía empleos remunerados, pero con una ventaja: ya no sería urgente aceptar cualquier empleo para asegurar la subsistencia, por muy precario, desprotegido o peligroso que éste fuera. También se fomentaría el reparto del trabajo, llegando a cotas muy cercanas al pleno empleo. La implantación de la RBU daría importancia a otros tipos de trabajo, el no remunerado y voluntario, que tantos beneficios aporta a la sociedad (trabajo comunitario, trabajo asociativo, trabajo doméstico...).

En España, la propuesta política de una Renta Básica Universal no es nueva. Diferentes iniciativas parlamentarias y propuestas electorales ya abogan por esta forma de ver la política social, pero han contado con el bloqueo de las fuerzas mayoritarias. EQUO, en su programa electoral para 2011, ya proponía una renta de 500 euros mensuales (ver enlace). EQUO Andalucía también tiene esa propuesta de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo (ver enlace). La Renta Básica Universal será la solución en un futuro más o menos cercano, en un mundo en el que el empleo, tal y como lo conocíamos hasta ahora, está abocado a cambiar para siempre, y una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía se hace necesaria, incorporando esta renta como un derecho pleno adquirido por las personas, como lo fue el sufragio universal, la libertad de expresión, la libertad de reunión o la educación, por decir unos cuantos.

Más información:

Soriano, R. 2012. Por una Renta Básica Universal. Un mínimo para todos. Edit. Almuzara. 

Iglesias, J. 1998. El derecho a la renta básica. Los libros de la catarata.

http://florentmarcellesi.wordpress.com/2010/06/01/crisis-ecologia-y-renta-basica/

http://ramiropinto.es/a2/articulos/renta-basica/