domingo, 20 de mayo de 2012

EDUCACIÓN: LA ASIGNATURA PENDIENTE

Por si no fueran pocos los recortes que el gobierno de Rajoy, a través de su ministro Wert, presentó en el Congreso el pasado miércoles para ahorrarse 3.000 millones de euros, el Plan de Estabilidad presentado a Bruselas por el ejecutivo prevé una reducción del peso de la inversión pública en Educación de aquí al 2015, pasando del 4,9% actual al 3,9% del PIB (ver enlace). De esta manera, retrocederemos a la cola absoluta de Europa en inversión en educación (ver enlace). Ya hoy estamos muy lejos de los países del norte de Europa que, como Dinamarca (7,8% del PIB), Islandia (7,6%) o Finlandia (6,2%), lideran este ránking. Para este gobierno, el dinero destinado a la educación pública no es una inversión, sino un gasto que hay que disminuir, aún a costa de hipotecar el futuro de cientos de miles de jóvenes.

La educación ha sido y es el comodín de los sucesivos gobiernos, siendo una de las primeras leyes que se modifican cuando los partidos de uno y otro signo ascienden al poder, sin tener en cuenta que, por su condición de leyes orgánicas y, por tanto, justo por debajo en importancia que la Constitución, deberían ser leyes que perduraran al menos una generación. En Francia, por ejemplo, algunas de las leyes vigentes que regulan la educación datan de 1959 (como la ley Debré que regula la relación entre el Estado y la Enseñanza libre) e incluso del siglo XIX, como la Ley Ferry (en referencia a Jules Ferry, político de la IIIª República e impulsor de la educación como uno de los pilares de la República) de 1886 que proclama la laicidad de la enseñanza y la organización de la enseñanza primaria.

En España, sin embargo, desde la transición se han sucedido nada menos que 4 leyes orgánicas que han regulado este aspecto tan importante para una sociedad. Hasta 1990 el sistema educativo seguía la Ley General de Educación de Villar Palasí de 1970. En 1990, en el gobierno de Felipe González, se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Con Aznar se aprueba en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que no llegó a aplicarse por la llegada a la Moncloa de Rodríguez Zapatero, quien en 2006 aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE), ley que está actualmente vigente. Esta actitud de los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, es más revanchista que madurada y pensada para lograr que las cifras que rodean a la educación española mejoren. En España, por ejemplo, la tasa de abandono escolar tras la educación obligatoria es del 28,4%, más del doble de la media europea.

Las sucesivas leyes educativas han pecado de no ir acompañadas de una financiación suficiente que lleve a la práctica los buenos propósitos que todos los preámbulos pretenden. Además han carecido del consenso necesario para que una ley de este calibre tuviera la vigencia mínima que éstas necesitan, pasando tanto alumnos como, sobre todo, profesores, por diferentes currículos, planes de estudios, desaparición de asignaturas, sustitución de materias por otras con contenidos similares... Tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los profesionales de la educación, que hemos sido los convidados de piedra en esta historia. Siempre ha imperado el parecer de l@s sucesiv@s ministr@s del ramo que, salvo excepciones, han provenido de ámbitos totalmente ajenos al mundo educativo y han sido asesorados por personas que tampoco han vivido la realidad de las aulas desde dentro.

Pero nada de esto es tan grave como el ataque que está perpetrando el actual gobierno contra la educación pública, ataque que no tiene precedentes en los 35 años de la reciente democracia española. Este gobierno no es consciente, y si lo es, tiene más delito aún, de las consecuencias que estos recortes tendrán sobre el futuro de los jóvenes españoles, sobre todo los más desfavorecidos. Los recortes en 3.000 millones de euros tendrán consecuencias a corto plazo, como más alumnos por clase, disminución de la oferta educativa de los centros, aumento de las tasas universitarias, reducción o desaparición de programas educativos, supresión de apoyos educativos, etc., como muy bien explica José Roberto Barrilado, del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, en un reciente artículo (ver enlace). Pero también tendrán consecuencias a largo plazo, como una mayor depauperación de los niveles educativos y la merma de la igualdad de oportunidades, base de un sistema que quiera llamarse democrático.

Frente a esta política del tijeretazo, es necesario aplicar toda una serie de medidas como las que propone EQUO, como son:

- Establecimiento de una educación pública de calidad, laica y que promueva la igualdad de oportunidades.
- Aumento hasta el 7% del PIB de la inversión pública en Educación, y en ningún caso por debajo del 5,5%.
- Reducción progresiva de la concertación de la enseñanza privada hasta su desaparición.
- Apuesta decidida por una Formación Profesional de calidad y que cuente con una financiación suficiente.
- Aumento del prestigio de los docentes e instituciones educativas públicas.

EQUO Región de Murcia, con su integración en la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, apoya decididamente la convocatoria de la huelga del próximo 22 de mayo en contra de las medidas del gobierno para el desmantelamiento de nuestro sistema educativo público (ver enlace).

Nunca hasta ahora un partido en el gobierno había hecho un uso tan flagrante de su mayoría absoluta en el Congreso para arremeter contra una de las bases del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad. Este asalto ha puesto de acuerdo a sindicatos, padres y madres de alumn@s, estudiantes y personas defensoras de lo público para levantarse en contra de estas medidas. Por ello, la huelga del próximo 22 de mayo es algo que nadie consciente de la importancia de la Educación debe dejar de hacer.


¡POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, HAZ HUELGA EL 22 DE MAYO!