lunes, 30 de diciembre de 2013

UN BALANCE DE 2013

Hoy es el día de hacer balance del año 2013 que estamos a punto de dejar atrás. En este caso, el balance es diametralmente contrario a lo que el presidente del Gobierno nos ha vendido, en una operación de marketing perfectamente preparada por sus asesores. Este segundo año de la legislatura nos ha hundido aún más en las consecuencias de la crisis, con cientos de miles de parados más que en 2012, cientos de familias que siguen siendo desahuciadas semanalmente, con el éxodo de miles de jóvenes que intentan buscarse la vida, con la bajada real de los salarios y de las pensiones y el aumento escandaloso de la brecha entre ricos y pobres, aumentando en un 13% el número de millonarios en España, superando los 400.000, mientras que tres millones de españoles viven en situación de pobreza severa, es decir, con menos de 307 euros al mes.

La presión del lobby de la energía en España, representado por la patronal UNESA, ha provocado que el coste de la energía eléctrica se haya incrementado en un 8% en 2013. Si nos remontamos a 2002, el aumento de la factura eléctrica para el consumidor en estos 11 años ha sido del 104%, nada menos. España tiene el tercer precio más caro de la UE, sólo superado por Chipre e Irlanda. Este año ha sido también el año en que en España se ha abierto la veda para la explotación del subsuelo a la búsqueda de gas, a través del método del fracking, lo que ha provocado que en muchas regiones se formaran plataformas en contra de este procedimiento causante de un impacto brutal sobre el medio ambiente.

Desde el punto de vista de los servicios públicos, continúa el ataque a la Sanidad y la Educación, con el intento de privatización de los servicios sanitarios (eufemísticamente denominada externalización), afortunadamente paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la aprobación de la LOMCE, que entra hoy en vigor. Este año, casi 600.000 estudiantes han perdido su beca para comprar libros, y 64.000 escolares deben estudiar en barracones. La introducción de la nueva ley del aborto, curiosamente llamada Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, incluyendo en su denominación toda una declaración de intenciones de corte nacional-católica, y en la que se excluye, precisamente, a la mujer embarazada de prácticamente cualquier poder de decisión, nos retrotrae a los años ochenta. A pesar de haber sido criticada por los demás países, como Francia, en boca de su ministra de los Derechos de la Mujer, el gobierno de Rajoy insiste en seguir siendo la "reserva espiritual de Occidente".

Hablando de economía, la deuda pública se aproxima peligrosamente al 100% del PIB, es decir, al billón de euros, creciendo continuamente, a pesar de los recortes.  A ello ha contribuido la aportación de 41.000 millones de euros a la banca. Los ingresos han bajado, debido principalmente al descenso de la actividad económica y a la renuncia del ejecutivo a luchar contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, además de no incidir la presión fiscal en los que más tienen, sino en la población en general, sobre todo con al aumento del IVA, que no ha producido el efecto esperado. Aunque el crecimiento económico del país ha experimentado un leve incremento, los que creemos que la vía crecentista no es el camino para la recuperación, porque significa ahondar en las diferencias socio-económicas y en la degradación del medio ambiente, instamos a que se adopten otros indicadores de prosperidad. Como ejemplo, hay que decir que según el IDH (Índice de Desarrollo Humano), España sigue situado en el puesto 23 sobre un total de 144 países (cuando según el PIB estamos en el puesto 16). 

En relación al Índice de Felicidad, elaborado por la New Economics Foundation (NEF), encontramos varios datos esclarecedores: el índice de España es de 44,1, descendiendo al puesto 62 de un total de 151 países. Este índice resulta de la combinación de varios factores, como son el bienestar experimentado (con un índice de 6,2 sobre 10, en el puesto 42), la esperanza de vida (81,4 años) y la huella ecológica (aquí salimos malparados, ya que necesitamos 4,74 hectáreas por habitante, siendo 1,8 has. el máximo para que nuestra presencia en el planeta sea sostenible). Debido a esto, nuestra posición en el ranking de impacto de nuestro país en el planeta desciende a un vergonzante 123º puesto.

Desde el punto de vista ambiental, la aprobación de la Ley de Costas sitúa a España en una situación anterior a 1988, con la reducción de la zona de servidumbre a 20 metros frente a los 100 metros que contemplaba la anterior ley, y supone la vía abierta para seguir "enladrillando" el litoral. Además, hemos asistido a la impunidad de los causantes de la catástrofe del Prestige, la penalización del autoconsumo energético, un nuevo fracaso de la Cumbre del Clima celebrado en Varsovia, y la citada multiplicación de los proyectos de fracking en nuestro país, apoyados por el gobierno. Las emisiones totales de CO2 también han aumentado un 8,23% respecto a 2012 situándose en los 5.471.717 toneladas de CO2, debido principalmente al aumento del uso del carbón, por la disminución de la energía proveniente de las fuentes renovables, víctima de los ataques  por parte del gobierno a esas fuentes de energía.

Una de las obsesiones del gobierno Rajoy ha sido en este año evitar a toda costa las protestas callejeras, criminalizando las manifestaciones, postura que ha tenido su cénit con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que impone multas desproporcionadas a quienes se manifiesten en las inmediaciones del Congreso o se reúnan sin comunicarlo previamente a las autoridades, supuestos que recuerdan aquella frase de "la calle es mía". La actuación de la policía en estas manifestaciones ha sido objeto de crítica por parte de organizaciones como Amnistía Internacional

En el apartado de las infraestructuras, ha sido el año en el que se confirma la ineptitud de los gobernantes, pues la mayoría de las apuestas en aeropuertos y autopistas hechas por las empresas privadas, pero avaladas por el gobierno central y los diversos gobiernos autonómicos se han aseverado como auténticos fracasos. Véanse si no los aeropuertos de Ciudad Real, que no recibe oferta alguna por parte de empresas privadas tras haber costado más de 1.000 millones de euros, o el de Corvera (Murcia), para el que el gobierno de Valcárcel ha tenido que solicitar un crédito de 200 millones de euros para hacer frente al aval concedido por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, prosigue la inversión de miles de millones de euros en el AVE, medio de transporte de poca demanda social por el elevado precio de sus billetes, además de alto impacto ambiental y poca rentabilidad. 

En cuanto a una de las lacras de nuestro país, la corrupción, comprobamos que es una cuestión pendiente en España, y que prácticamente ningún partido se libra de caer en sus redes. Desde las grandes tramas corruptas, que incluyen financiación ilegal de partidos políticos, como la trama Gürtel, pasando por la condonación de deudas a los partidos políticos por parte de los bancos, hasta las corruptelas en pequeños municipios, casi todos los partidos tienen asuntos de los que avergonzarse. La situación de quiebra técnica de los principales partidos pone de manifiesto que algo falla en el sistema de financiación y en los mecanismos de control.

La cultura ha sido otra de las damnificadas de las medidas del gobierno de Rajoy. El aumento del IVA ha sido la puntilla para la casi inexistente industria cultural española, y en 2013 hemos asistido al hecho de que ha disminuido el número de asistentes a los cines y teatros, disminuyó asimismo la venta de libros y la asistencia a conciertos y museos. Todo ello mientras el ministro Wert reclamaba en 2012 que "los músicos deben cobrar menos por sus actuaciones". De aquellos barros estos lodos. 

Si hablamos de lo puramente político, creo que hay que destacar los procedimientos poco democráticos de partidos como PP y PSOE, que acuden a la designación "a dedo" de los "sucesores" a los cargos institucionales que deberían ser elegidos por cauces democráticos, es decir, por toda la ciudadanía. Me refiero a la designación de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y al aún incierto sucesor de Valcárcel como presidente de la Región de Murcia. En ambos casos pesa más la cercanía al poder que la opinión que pueda tener la sociedad sobre la idoneidad de las personas para ocupar tales cargos. En ambos casos se trata de personas de las cuales no se conoce empleo diferente al de cargos relacionados con sus respectivos partidos. En la otra cara de la moneda, destacaría la pionera iniciativa de EQUO de organizar unas elecciones primarias para elegir los cabezas de lista, tanto hombres como mujeres, en las que pueden participar tanto afiliados como simpatizantes y, como novedad en nuestro país, cualquier persona mayor de 16 años, aunque no tenga relación con el partido.

Este ha sido, para mi, el balance del año que estamos a punto de abandonar. Como se ve, este gobierno no sale bien parado. Esperemos que el 2014 suponga, por un lado, que esa "mayoría silenciosa", a la que Rajoy tan aficionado es a nombrar, despierte, y que la ciudadanía reaccione a ese ataque que, semanalmente desde hace dos años, estamos sufriendo. 

A pesar de todo, ¡FELIZ AÑO 2014!




viernes, 20 de diciembre de 2013

UN FANTASMA RECORRE EUROPA

El fascismo está resurgiendo en Europa y en España. En nuestro país, lo hace con total impunidad. Es el resultado de una transición en la que no se rompió con el pasado de 40 años de dictadura, sino que, al contrario, se cerró en falso blindando los antiguos poderes fácticos (jueces, policías, la jerarquía eclesiástica) como si no hubiera pasado nada, con la complicidad de la mayoría de los partidos que actualmente siguen en el panorama político desde entonces (PP, PSOE, IU, PNV, CiU) y con la excusa de que si no se hacía así, volvería el ruido de sables. A ello contribuyó la Ley de Amnistía de 1977 y la actual Constitución, redactada por los llamados "padres" de la misma, en la que tuvo un papel crucial Fraga, ex-ministro franquista, para que no fuera una Carta Magna demasiado progresista, y estando tutelada en su elaboración por el ejército, ya que algunos de sus artículos fueron redactados por la cúpula del Estado Mayor del Ejército de Tierra en Madrid.

Este resurgimiento de los tiempos oscuros se está notando en las leyes que el actual gobierno está sacando en apenas dos años y a toda prisa, no sea que la legislatura acabe antes de tiempo (LOMCE, aborto, Seguridad Ciudadana), que nos retrotraen a los años '70 preconstitucionales y que animan a los grupos más reaccionarios a quitarse la máscara de "demócratas" que a duras penas mantenían por pura operación de maquillaje. Incluso el periódico The Guardian ha resaltado la deriva autoritaria de la llamada Ley Mordaza. 

Las demostraciones cada vez más frecuentes en España de exaltación fascista, realizadas de forma impune, como la organización de mercadillos con símbolos franquistas, la exhibición de la bandera del "pollo" por parte de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en varias ocasioneslos saludos con el brazo extendido o los vivas a Franco y a Jose Antonio no habrían sido permitidos en países como Alemania, Italia o incluso Francia que, ellos sí, han sabido juzgar a los que durante muchos años han cometido crímenes de lesa humanidad. Incluso en los países de la antigua Yugoslavia se ha detenido y juzgado a los responsables de atrocidades como la matanza de Srebenica. Otros países, en este caso, de América Latina, han saldado cuentas con los antiguos dictadores, como Pinochet, Videla o el guatemalteco Ríos Montt.

Todos los intentos de hacer justicia que se han llevado a cabo en España han chocado con el rechazo de la cúpula judicial, como hemos visto con el juez Garzón, separado de la carrera judicial por su pretensión de investigar los crímenes del franquismo. Ha tenido que ser la justicia argentina la que metiera mano a los antiguos torturadores, entre ellos el ya famoso "Billy el Niño", que vivía tranquilamente como jefe de tráfico de la empresa Loomis. Sin embargo, no han podido ir más arriba, al no imputar ni a Rodolfo Martín Villa, que condecoró al citado torturador y le organizó una cena homenaje en 1977, cuando era ministro del Interior, ni al ex-ministro franquista José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y juez que firmó la sentencia de muerte a Puig Antich, el mismo que defiende la intervención armada en Cataluña.

Este fantasma del fascismo que recorre Europa tiene ya, como saben, a sus máximos representantes en países como Grecia, con el partido Amanecer Dorado, Francia, con el Frente Nacional (FN) de la familia Le Pen, que se perfila como el principal partido en las elecciones europeas de 2014, con una previsión de votos de nada menos que el 24%, según una reciente encuesta del semanario Le Nouvel Observateur, o los Países Bajos, con la ultraderecha de Wilders que acaba de unirse con el FN para formar una alianza antieuropea y contra la inmigración. La crisis económica es el caldo de cultivo de estas ideologías ultraderechistas, que no dudan en utilizarla en su beneficio, camuflados en organizaciones caritativas (aunque vetadas a las personas inmigrantes, como se ha visto en Grecia e incluso España).

Si en las próximas elecciones europeas de mayo de 2014 la ciudadanía progresista no se moviliza en masa para votar, correremos el riesgo de asistir a la mayor involución de Europa en su historia reciente, con el peligro del resurgimiento de ideologías fascistas de épocas pasadas que tanto sufrimiento trajeron al viejo continente, y de que de forma totalmente democrática se vean representados en el Parlamento Europeo los partidos más antieuropeos, xenófobos y violentos. Evitémoslo. Vayamos a votar en 2014.


jueves, 19 de diciembre de 2013

SEGUIMOS INDIGNADOS

En este final de año se acumulan las razones para elevar la indignación a la máxima potencia. Acabamos de saber que la última subasta eléctrica ha provocado que el coste de la electricidad para las familias y las empresas va a subir un 11% a partir del próximo enero, el mayor aumento experimentado en la historia reciente de España, a pesar de que el ministro Soria afirmara a la prensa hace unos días, bajo la mirada adornada de una sonrisa condescendiente del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no subiría más allá del 2%. Paralelamente a esta noticia, nos enteramos que el 33% de las personas mayores pasa el invierno sin calefacción, que el 51% de ese colectivo vive en el umbral de la pobreza y que el 12,7% no llega a fin de mes, poniéndose de relieve la pobreza energética, una nueva forma de precariedad que se suma a las ya existentes.

El gobierno y las compañías eléctricas se han aliado para llevar a las población española a los mayores índices de pobreza que conocemos desde la posguerra, mientras las grandes empresas y los bancos continúan aumentando sus beneficios. En relación a esto, hoy leemos en la prensa que la banca española ha ganado un 98% más en los nueve primeros meses del año, con respecto al mismo periodo de 2012. Todo ello mientras el banco Novacaixagalicia es comprado por el banco venezolano Banesco por 1.000 millones de euros, tras haberle sido inyectados 9.000 millones por parte del Estado, suponiendo unas pérdidas, por tanto, de 8.000 millones para nuestros bolsillos. Como negociantes, el gobierno ha demostrado ser un auténtico desastre.

A nivel regional, la cosa no es mucho más halagüeña. Cinco días después del acto-paripé organizado por el PP murciano a mayor gloria del ínclito Valcárcel, como despedida para "celebrar" su gestión de 18 años, con la presencia de Rajoy y tras el que fueron detenidos dos manifestantes por el solo hecho de mostrarse en contra del citado acto, nos desayunamos hoy con la noticia de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cargará con un préstamo de 182 millones de euros para hacer frente a la deuda contraída por las empresas concesionarias del fallido aeropuerto de Corvera, préstamo que aumentará el déficit de las ya mermadas cuentas autonómicas. 

El triunfalismo de los gobiernos del PP, tanto central como autonómico, anunciando el final de la crisis (sic) no pueden borrar de un plumazo, aunque se repita hasta la saciedad, la situación real de la ciudadanía. Un informe de Cáritas en la región de Murcia pone de manifiesto que 114.000 personas sin recursos han hecho uso de sus servicios, calificando de "espeluznante" la cifra de murcianos atendidos.

Mientras las condiciones de vida de los españoles van en declive, las grandes empresas del IBEX 35 aumentan sus beneficios, a costa en gran medida de las condiciones cada vez más duras para los trabajadores y trabajadoras, condiciones que la OCDE pide sean aún más exigentes, con el abaratamiento de los despidos y la disminución de la capacidad de los jueces de rechazar los EREs. Con este gobierno vamos abocados al empobrecimiento mayoritario de la sociedad, puestos a merced de los poderes económicos quienes, para seguir con su posición dominante, no dudan en poner más difícil la vida a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, extendiendo la precariedad y la pobreza. Con el agravante de la reciente Ley de Seguridad Ciudadanía en la que, entre las medidas que contempla, se incluyen artículos que pretenden amordazar la protesta ciudadana, sancionando supuestos como las reuniones y concentraciones no comunicadas, ofensas y ultrajes a España (que rezuma un poso franquista), escalar edificios (en clara alusión a los actos de Greenpeace, tras su acto de Madrid) o la colocación de tiendas de campaña en la vía pública, para evitar un nuevo 15-M.

Esperemos que los votantes del Partido Popular se percaten en masa de que este partido no trabaja por el interés general, sino por y para la oligocracia económica, bancos, compañías eléctricas, con el objetivo de que éstos consigan mejorar sus cifras de negocios, aunque sea a costa de pisotear los derechos que tantos años ha costado alcanzar.




jueves, 12 de diciembre de 2013

¿CONSUMISMO FRENTE A LA CRISIS?



El pasado día 29 de noviembre se celebró el llamado Black Friday, el pistoletazo de salida de las rebajas en EEUU, evento que ya se está introduciendo en nuestro país. Desde los gobiernos y los medios de comunicación se nos dice que "el consumo favorece la creación de empleo", pero esta máxima es, en mi opinión, algo perversa, al lanzar a la vorágine consumista a una sociedad en crisis, en la que muchos ciudadanos tienen dificultades para llegar a fin de mes, creándose una sensación de frustración en las millones de familias que carecen de empleo, al sentirse excluidos de este sistema. En estos años de supuesta bonanza, antes de esta crisis, la gente se endeudó hasta límites extremos, comprometiendo toda una vida para pagar el préstamo de primera vivienda, pasando incluso las deudas a sus descendientes, todo ello alentado por los gobiernos de turno, con las consecuencias que todos conocemos una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, cuya expresión más dramática son los cientos de desahucios que se producen a diario.


Un mayor consumo (o más bien consumismo, es decir, la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios, a menudo alentada por los gobiernos), dispara un aspecto que no se tiene en cuenta, que es el aumento de nuestra huella ecológica. Ya se ha dicho multitud de veces que si todos los habitantes de la Tierra mantuvieran el nivel de vida de los españoles, harían falta tres planetas para atender nuestras necesidades y eliminar nuestros residuos. Debemos ser conscientes de que este modelo productivo esquilma los recursos naturales y agota las fuentes de energía no renovables, obligando a una huida hacia adelante con la búsqueda desesperada de combustibles fósiles (utilizando métodos como el fracking), con el peligro para el medio ambiente y, por tanto, para la especie humana, que ello conlleva, mientras se está dificultando el desarrollo de las fuentes de energía renovables.


Este aumento del consumo de energía y recursos se verifica también en las calles de nuestras ciudades, con la instalación de la iluminación navideña, cuyo principal objetivo es, además de engalanar la vía pública, el de incitar al consumo en estas fechas. España gasta tres veces más en alumbrado público por habitante que Alemania, algo totalmente insostenible.


No es posible seguir con este modelo de producción-consumo, porque es insolidario con los demás países del Sur y con las generaciones futuras. Se hace necesaria una reducción del consumo irracional y una redistribución equitativa de la riqueza hacia las personas desfavorecidas. Insistir desde los gobiernos en los mismos procedimientos de siempre, en la ecuación “consumo igual a crecimiento y empleo” es ahondar en las diferencias entre ricos y pobres, y significa aumentar aún más la presión sobre el medio ambiente. Es hora de replantearnos nuestra función como consumidores y no contribuir más a este perverso sistema.


Artículo publicado en El Pajarito de hoy:



lunes, 9 de diciembre de 2013

LA CORRUPCIÓN, ESA LACRA

Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. En un país como el nuestro, plagado de casos de implicación de representantes políticos de todos los colores en casos de corrupción, en el que esta lacra supone la segunda preocupación de los españoles, tras el paro, es hora de que la ciudadanía tenga esto en cuenta para elegir a sus representantes.

Nada menos que un millar de políticos y personajes públicos están siendo investigados actualmente en España, desde alcaldes y concejales hasta las altas instancias como la infanta Cristina. A ellos se suman los cientos de casos de representantes ya condenados, con los delitos de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y cohecho (recibir dádivas a cambio de favorecer a personas o instituciones) como más frecuentes, con casos sonados, como la reciente condena del ex-presidente del gobierno balear, Jaume Matas, por simular un contrato para su mujer

No hay comunidad autónoma que se libre de estas prácticas delictivas, estando los municipios afectados situados sobre todo en CC.AA. donde la burbuja inmobiliaria estuvo en pleno auge en la década pasada, a raíz de la Ley del Suelo de 1998. Andalucía, con 154 casos y Valencia, con 94, encabezan en términos absolutos el ránking de corrupción. Pero Murcia y Canarias tienen el dudoso honor de ser las regiones con el mayor porcentaje de municipios tocados por la corrupción, con el 57,8% y el 39,8%, respectivamente.

Además de los casos reales de corrupción, en España ha aumentado significativamente la percepción que de ella se tiene por parte de la población, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional. Según este estudio, España desciende en 2013 desde el puesto 30 al 40, de un total de 177 países analizados, en un ranking encabezado por Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, situándose, además, en el puesto 19 dentro del los 30 países analizados que están en el ámbito europeo. Los autores del estudio concluyen que la impunidad, la lentitud de la justicia y la falta de cultura de lucha contra la corrupción son las razones de que esta lacra esté tan extendida en nuestro país.

¿Qué podemos esperar de un país que aplaude y vitorea a sus representantes cuando salen detenidos, mientras éstos alzan los brazos en señal de victoria? ¿O cuando los cientos de políticos que son imputados son apoyados incondicionalmente por sus partidos, asegurando que hasta que no haya condena firme, no puede hablarse de corrupción? En un país como España donde la justicia está fuertemente politizada, y donde no es raro que políticos salgan de rositas, o con condenas suaves, aunque todo el mundo sepa que el nivel de corrupción era mucho más elevado que lo que podría colegirse de la pena recibida, ser imputado no es ninguna vergüenza, toda vez que la responsabilidad política es un concepto ajeno a nuestra cultura. Esto se hace patente en el caso del inefable Carlos Fabra, a quien no se le impide seguir como consejero del puerto de Castellón y como secretario general de la Cámara de Comercio, a pesar de ser haber sido condenado a 4 años de cárcel por haber defraudado 700.000 euros a Hacienda.

Esto contrasta con la percepción y la condena pública que suponen los casos de corrupción en países de nuestro entorno, donde las dimisiones se han sucedido tras casos como plagios de tesis doctorales o endosar multas de tráfico a familiares, asuntos que aquí no hubieran pasado del chascarrillo, de la media sonrisa y de apelar a la pillería de los implicados, condición indispensable para medrar en el escalafón político. Aquí, ni siquiera la condena por provocar la muerte de dos disidentes cubanos a un dirigente del PP, Ángel Carromero, le impide ser el número dos de NN.GG. de Madrid. Y aún está por llegar el desenlace del mayor caso de corrupción conocido en nuestro país, el llamado caso Gürtel y su anexo caso Bárcenas, en los que se pondrá de manifiesto la fuerte conexión entre empresas donantes y concesiones de obras públicas, aderezado por el pago de sobresueldos a dirigentes populares. Estos casos pueden suponer un antes y un después en la corrupción patria.

Mientras la ciudadanía no perciba la corrupción como algo punible que imposibilite la presencia de los meros imputados en listas electorales, seguiremos estando en un país de segunda categoría, lejos del ideal que se debe tener de una democracia moderna y avanzada. Espero que se tenga esto en cuenta en la próxima cita electoral, en mayo de 2014, con las elecciones europeas. Pero mucho me temo que, como se suele decir, "no caerá esa breva".


miércoles, 4 de diciembre de 2013

EDUCACIÓN: PUNTO MUERTO

El informe PISA de 2012 es nuevamente demoledor para España: el nivel de las pruebas está otra vez por debajo de la media de la OCDE, aunque ha mejorado algo con respecto al año pasado. La novedad para este año es que se han cuantificado las diferencias ente comunidades autónomas, resultando que hay una clara correlación entre el nivel socio-económico de la población y los resultados de la prueba PISA. Así, Navarra, Castilla y León, País Vasco y Madrid obtienen mejores resultados que la media de la OCDE frente a los de Murcia, Extremadura, Baleares y Andalucía, que se sitúan a la cola. La OCDE destaca en su informe que “más del 85% de las diferencias” en el rendimiento en matemáticas –la materia en la que se centra esta vez la evaluación por delante de lectura y ciencias- “es atribuible a diferencias socioeconómicas". En el colmo de la demagogia, la secretaria de Estado para Educación, Montserrat Gomendio, así como la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña culpan a los inmigrantes del bajo nivel obtenido en las pruebas, echando balones fuera.

En el caso de Murcia, el nivel es patético. La Región de Murcia está a la cola de los resultados, sólo por encima de Extremadura. Curiosamente, la caída brutal con respecto al año anterior coincide con la aplicación de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Educación consistentes en aumentar la ratio en las aulas y aumentar la carga lectiva de los profesores, que tuvo como consecuencia el despido de miles de interinos. Las repetidas denuncias de los colectivos de profesionales de la enseñanza, agrupados en la Marea Verde, referidas a la degradación de la enseñanza pública, no parece que hagan mella en los responsables políticos de la Educación. En la región, la Consejería debe cientos de millones de euros a los centros públicos de las partidas presupuestarias correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, dejándoles en una situación precaria, sin medios suficientes para realizar de forma óptima su trabajo. Sólo la profesionalidad del colectivo docente permite salir adelante.

Estos resultados deberían hacer reflexionar a los responsables de la política educativa. Esto demuestra, en mi opinión, que para elevar el nivel educativo de un país donde hay que incidir es en mejorar la equidad social entre los diferentes sectores de la población. Como dice la OCDE, hay una relación directa entre la depauperación de la sociedad española en general y los bajos niveles alcanzados. La ley Wert no va a incidir en eso, porque no va a la raíz del problema. Al contrario, la LOMCE va a ahondar en las diferencias, pues solo se centra en el "esfuerzo" de l@s alumn@s, como si las condiciones de partida fueran las mismas para tod@s. No puede ser lo mismo, por poner un ejemplo, las condiciones que puede tener un alumno o alumna en casa, en una barriada deprimida, sin conexión a internet ni bibliotecas cerca, que las de otr@ de un barrio residencial, en una familia que tenga acceso a la cultura. Desgraciadamente, el número de familias que viven en las peores condiciones va en aumento de año en año.

El mazazo a la cultura que este gobierno ha dado en los últimos tiempos también tiene que ver con estos pobres resultados. Las bibliotecas viven sus horas más bajas, no existe una política de promoción efectiva de la lectura, a pesar de que se ha demostrado que los niños que más leen tienen mejores resultados académicos. También es sabido, por multitud de estudios, que el desarrollo de las capacidades musicales mejora el rendimiento de los niños y niñas, y reduce significativamente el fracaso escolar. Sin embargo, las artes y la filosofía (una materia que enseña a pensar) se reducen drásticamente en la nueva ley y el aprendizaje de la música fuera del ámbito escolar sigue siendo elitista, al no existir una red de escuelas municipales que haga frente a la demanda.

Cuando las leyes educativas se diseñan desde la perspectiva ideológica, sin tener en cuenta la opinión de los expertos, empezando por los propios profesores, que han sido los grandes ignorados por este gobierno (y por los anteriores también), el resultado es una deriva incierta y unos "palos de ciego" cuyos únicos damnificados van a ser las generaciones futuras, puestos a merced de políticos ineptos, muy a menudo provenientes de mundos ajenos a la Educación. Así nos va.


martes, 26 de noviembre de 2013

POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y FAMILIAR

Ayer leí una noticia que pone en evidencia que las prácticas agrícolas industriales e intensivas están siendo impuestas por las instituciones oficiales, a pesar de los esfuerzos de ciertos agricultores por aplicar métodos de cultivo más acordes con los ciclos naturales de las plantas. Resulta que en Francia un viticultor del departamento de Côte-d'Or, en la región de los vinos de Borgoña, ha sido imputado por los tribunales por "negarse a aplicar medidas de protección contra la flavescencia dorada", una enfermedad transmitida por un insecto llamado cicadela (Scaphoideus titanus), que provoca la muerte de la cepa. El tratamiento impuesto por la prefectura, y que el citado viticultor se ha negado a aplicar, consiste en la fumigación con un insecticida. El agricultor puede ser condenado a 6 meses de cárcel y a pagar una multa de 30.000 euros.

Este viticultor aplica, bien al contrario, métodos naturales para obtener un vino biodinámico, es decir, un vino ecológico obtenido mediante un complejo sistema que incluye preparados vegetales y minerales como aditivos de fertilización y el uso de un calendario astronómico que rige las épocas de siembra, cura y cosecha de la uva, trabajando sobre el equilibrio biológico de la planta. Aunque esta noticia ha creado polémica, porque no son pocos los que creen que ante el peligro de propagación de esta enfermedad hay que aplicar cualquier medio químico a su alcance, también hay muchas personas que quieren aplicar libremente estos métodos tradicionales de cultivo, aunque eso suponga riesgos para la cosecha de uva.

A pesar del intento de imponer la aplicación de este tratamiento químico, muchos estudios alertan del peligro del uso de los insecticidas, que tienen efectos perjudiciales sobre la salud humana, los ecosistemas agrícolas (ejemplo, los insectos beneficiosos), el medio ambiente, en su sentido más amplio (por ejemplo, las especies que no son el objetivo, paisajes y comunidades) y la selección de los rasgos que confieren la resistencia a los insecticidas. 

Aquí se plantean varias preguntas. ¿Hasta qué punto tienen derecho las instituciones a imponer un tipo determinado de cultivo, simplemente porque es el mayoritario? ¿Por qué se decide que el cultivo intensivo que incluye el uso de pesticidas e insecticidas es el adecuado, y se castiga al que pretende obtener su producción de otro modo? Cuando las multinacionales de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados, o comúnmente conocidos como Transgénicos), con la connivencia de los gobiernos, instalan sus plantaciones de maíz o de soja, no se plantean que puedan contaminar las explotaciones vecinas, eliminando por la competencia creada a las variedades tradicionales. Es sabido que los agricultores deben comprar las semillas que vayan a utilizar en semilleros autorizados, pues éstas están patentadas, como cualquier invento al uso, y tienen prohibido guardar las semillas provenientes de su producción para volver a plantarlas, ya que incurrirían en la violación de los "derechos de autor".

El 77% del mercado de las semillas está controlado por una decena de empresas, y sólo tres de ellas (Monsanto, Dupont y Syngenta) controlan el 47% del mercado. Se sabe que el fenómeno de las famosas "puertas giratorias", por las que los responsables políticos pasan a las empresas privadas, con suculentos salarios, una vez que han terminado sus mandatos, y tras haber favorecido a esas empresas en su etapa como políticos, también ocurre en el sector agroalimentario

Cada vez estamos más a merced de las grandes empresas del sector agroalimentario, que nos imponen lo que debemos consumir, con la ayuda de los medios de comunicación que intentan crear una alarma social, desprestigiando a la agricultura ecológica frente a la industrial y atacando a los consumidores de este tipo de productos. Es evidente que la obesidad y las enfermedades cardiovasculares son dos de los grandes males de nuestro tiempo, debido a este modelo capitalista de producción-consumo, modelo que se quiere extender al resto del mundo. Frente a este modelo, es hora de poner en valor la agricultura familiar, ecológica, independiente de las grandes multinacionales, de producción local, no especulativa, que garantice la soberanía alimentaria. Y este tipo de agricultura debe ser fomentada por la UE, ahora que se avecina el 2014, año de las elecciones europeas y Año Internacional de la Agricultura Familiar


lunes, 4 de noviembre de 2013

LA INDIFERENCIA, UN MAL DE HOY EN DÍA

Un día cualquiera, en una cafetería, en tu lugar de trabajo, en la panadería, en las redes sociales.... puedes escuchar a la gente que despotrica sobre la situación actual, de lo mal que va todo, oyes a personas que se quejan de los recortes en Sanidad, del tiempo que tuvieron que esperar para que le atendieran en las consultas externas de un centro de salud; otras se lamentan de lo masificadas que están las aulas en los institutos; otras van nerviosas en su coche, irritadas por los atascos, echando de menos medidas para reducir la densidad del tráfico. Otras, en situación de desempleo, no tienen fuerzas ni ganas de protestar, cuando bastante tienen con sobrevivir al día a día.

Sin embargo, a pesar de sufrir muchas de las penurias derivadas de la crisis actual, la mayoría de esas personas permanecen indiferentes ante esta situación. No secundarán las huelgas, con el argumento de que "las convocan los sindicatos, esos apesebrados" o porque "no sirven para nada, si no la hacen todos", sin darse cuenta de que su no participación hace que este medio de protesta tenga cada vez menos fuerza; no participarán en las asociaciones de vecinos de sus barrios, con la excusa de que "están politizados"; muchos no votarán en las próximas elecciones, bien porque "todos los políticos son iguales" o porque "no quieren colaborar con el sistema". Otros seguirán confiando en los partidos mayoritarios, pensando que tomarán medidas para el bien común o continuarán echando la culpa a ZP, repitiendo como loros las consignas que desde los medios de comunicación se dictan. En resumen, la participación activa y efectiva de los españoles en los asuntos públicos deja mucho que desear. 

Según un estudio ya clásico, debido a Lester W. Milbrath (1925-2007), se distinguen tres grupos de participación política. Aproximadamente el 30% son apáticos, es decir, no participan políticamente, ni se interesan por la política. Un 60% está constituido por espectadores, personas que contemplan la política "desde la barrera" pero que participan esporádicamente. Finalmente, una minoría inferior al 10% son los gladiadores, personas que participan políticamente de manera activa, frecuente y regular. Este último porcentaje disminuye drásticamente cuando hablamos de la participación femenina, sector de población aún marginado de estos asuntos, debido a la desigual carga del trabajo doméstico, a la desigualdad de oportunidades, la presión social y la infravaloración a la que son sometidas.

Diversos estudios han llegado a la conclusión de que el grado de participación está directamente relacionado con el nivel socio-económico de la población. Así, participan más en actividades políticas (refiriéndose estas actividades a firmas, manifestaciones, boicots de consumo, donaciones, protestas ilegales y huelgas) las personas poseedoras de un mayor nivel educativo. Es decir, los profesionales y directivos participan en medida mucho mayor que los trabajadores manuales sea cual sea la forma de actividad política que consideremos. También tienen una probabilidad mucho más alta de pertenecer a asociaciones de carácter político. En suma, la sobrerrepresentación de la clase profesional-directiva e infrarrepresentación de la clase trabajadora en todas las formas de participación política es manifiesta. 

En la era de Internet, se ha comprobado que este medio hace aumentar el activismo y la eficacia política, sobre todo entre los jóvenes. La prueba es que la llamada primavera árabe o el 15M han sido posibles gracias a las redes sociales, los blogs y las convocatorias a manifestaciones y concentraciones por medios virtuales. Sin embargo, la brecha digital en nuestro país aún hace que los mayores de 40 años no utilicen este medio de forma mayoritaria y no participen activamente.

Desde luego, la mayoría de los partidos políticos son, en gran medida, responsables de este desinterés por parte de la ciudadanía por las cuestiones públicas, debido principalmente a la pésima consideración que de ellos tienen los ciudadanos, por los casos de corrupción, el incumplimiento de los programas electorales y la permanencia casi perenne de los mismos representantes políticos en la arena pública. Hace unos días, la monja activista Teresa Forcades proponía incluso la supresión de los partidos políticos, en un intento (algo demagógico, a mi entender) de desligitimar una de las herramientas que tenemos para intentar cambiar las cosas, como si los miembros de un partido no fueran personas como otra cualquiera.

Sin embargo, es más necesario que nunca que la participación de la ciudadanía esté presente en todos los frentes: 

- De forma colectiva desde las asociaciones de vecinos, para gestionar lo más cercano; en las ONGs y plataformas, para que, desde la sociedad civil, se den soluciones a problemas parciales (inmigración, educación, sanidad...); y, ¿por qué no desde partidos políticos que sean transparentes y que den cabida a todas las sensibilidades?.

- De forma individual, participando en manifestaciones, secundando huelgas, estampando firmas (reales o virtuales), boicoteando marcas que no cumplan los principios éticos o ecológicos, votando a las opciones que más se aproximen a nuestros ideales, aunque no coincidan en un 100%, incluso actuando en protestas calificadas de "ilegales".

Todas las formas de participación son válidas y necesarias para superar la actual crisis ecológica, social y económica, sin excluir a ninguna. Todo antes que quedarnos en la charla de café, en el comentario en las redes sociales, en la conversación de sobremesa, que calma nuestras conciencias pero que resulta totalmente insuficiente para remediar la situación extrema en la que nos encontramos. Como dijo Mahatma Gandhi: "Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos".






lunes, 28 de octubre de 2013

VUELOS LOW-COST: UN ALTO COSTE PARA EL PLANETA

En este siglo XXI se ha trastocado la lógica de los desplazamientos y ha aumentado de forma alarmante la huella ecológica de la especie humana en este planeta. Y la prueba la tenemos en una reciente noticia. Resulta que un joven de 30 años, responsable de comunicación de una empresa londinense, ha calculado que es más barato vivir en Barcelona y trabajar en Londres que residir de forma permanente en la capital londinense. Es decir, que le sale más rentable alquilarse un apartamento en la ciudad condal y viajar diariamente con compañías low-cost a Londres para acudir a su centro de trabajo. 

Esta conclusión demencial nos debe hacer reflexionar sobre la diferencia entre el valor de los productos y servicios y su coste real. El sistema capitalista se caracteriza, entre otras cosas, por no incluir en su cálculo de costes y beneficios las llamadas externalidades negativas, es decir, los efectos negativos de la producción o consumo de algunos agentes sobre la producción o consumo de otros, por los cuales no se realiza ningún pago o cobro. Esas externalidades negativas aparecen principalmente en las condiciones laborales de las personas que intervienen en la producción y en los costes ambientales que supone esa producción, traducidos en emisiones de CO2, contaminación en sus diversas vertientes y pérdida de biodiversidad, entre otras. Ese teórico sobrecoste ambiental y social no aparece reflejado, sin embargo, en los precios de venta al público, distorsionando el valor real del producto o servicio.

En el caso que nos ocupa, la contaminación y las emisiones de CO2 provocadas por los  cuatro vuelos de ida y de vuelta semanales entre Barcelona y Londres, si tuvieran que traducirse en costes monetarios, excederían con creces la cantidad que este joven se ahorraría en el alquiler en la ciudad del Támesis. La realización de esos viajes semanales suponen la emisión de una tonelada y media de CO2 por persona a la semana a la atmósfera (cálculo obtenido por medio de este enlace), subiendo hasta más de 300 toneladas semanales de CO2 si el avión va completo, contribuyendo de forma importante al calentamiento global y, por tanto, al cambio climático. 

A pesar del aumento de la eficiencia energética de la aviación en los últimos 20 años, el consumo energético de la aviación comercial ha aumentado en un 78% en el periodo 1990-2006, utilizando el 14,9% de la energía total destinada al transporte, sólo superado por el transporte por carretera, que consume el 73,9% del total (Focus Group, 2009). El previsible aumento de los precios del petróleo, debido al peak oil, que llevará aparejado el aumento de los costes en keroseno, traerá consigo, según muchos estudios, la fusión de las grandes compañías y la desaparición de las compañías low-cost, que ya no podrán reducir costes por otros conceptos. Esto producirá una reacción en cadena, con el cierre de los pequeños aeropuertos (muchos ya deficitarios).

La omisión de las externalidades negativas afecta a otros aspectos de esta economía globalizada, como los precios de las prendas de ropa de algunas marcas, artificialmente rebajados a expensas de mantener salarios de miseria en países asiáticos o norteafricanos, como hemos podido comprobar recientemente en el derrumbe del edificio de Bangladesh, lleno de operarias que trabajaban en condiciones infrahumanas para marcas españolas como El Corte Inglés, Inditex o Mango. También los precios de productos procedentes de países como China que, a pesar de estar a miles de kilómetros de sus puntos de venta, compiten de forma desequilibrada con los productos locales fabricados bajo determinadas condiciones sociales y ambientales exigidos por Europa.

No incluir las externalidades negativas en los balances económicos puede que sea positivo para las cuentas de resultados de las empresas, pero está produciendo distorsiones y desigualdades muy importantes en aspectos sociales entre el norte y el sur, así como consecuencias a nivel planetario, como el cambio climático, debido al incremento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por la influencia del transporte aéreo, principalmente. Estas consecuencias, a la larga, la terminaremos pagando todos, ya sea para intentar remediar los efectos del calentamiento global, ya sea para saldar la deuda ecológica y social que, tarde o temprano, deberemos acometer.




viernes, 25 de octubre de 2013

LA VIDA DE LOS OTROS

¿Recuerdan la película "La vida de los otros"? ¿Aquella en la que un funcionario de la extinta Stasi (Servicios Secretos de la RDA) pasaba la mayor parte del día (y de la noche) espiando a sus conciudadanos, por orden de sus superiores (por lo que fue absuelto de toda culpa) pero también por la ausencia de una vida propia? Pues eso puede quedar en mantillas, al lado del escándalo de las escuchas ilegales y masivas que la administración Obama ha realizado durante años a ciudadanos y jefes de Estado (hasta 35 líderes internacionales, entre otros Rousseff, Calderón, Hollande y Merkel), extremo conocido a raíz de la información que Edward Snowden, el antiguo trabajador de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en sus siglas en inglés), filtró a la prensa.

Han sido millones las intercepciones de llamadas, aunque EE.UU. asegura que sólo se trataba de "metadatos", post-moderna expresión para referirse a los números del autor y del receptor de la llamada, su duración, la hora a la que se hizo o la ubicación de ambos, jurando por Snoopy que no se enteraron del contenido de las conversaciones, como si eso restara gravedad a los hechos. Los servicios de inteligencia españoles tienen la fundada sospecha de que la NSA ha rastreado millones de conversaciones telefónicas, SMS o correos electrónicos con origen o destino en España, igual que en Francia o Alemania. El gobierno español se descuelga diciendo que no tiene constancia de esas escuchas, lo que nos revela dos cosas: o bien que la calidad de los servicios secretos españoles deja mucho que desear, o bien que el ministro Margallo no quiere incomodar al amigo americano.

A pesar de la importancia de este tema, que confirmaría que todos estamos siendo vigilados a lo Gran Hermano, el gobierno español, siguiendo los cauces habituales de la diplomacia, se limitará a "llamar a consulta" al embajador norteamericano, para que éste le confirme o le desmienta si somos objeto de espionaje. No me imagino al embajador diciéndole a Margallo: "Sí, lo confieso, hemos espiado a millones de españoles, interceptando sus mensajes de móvil, correos electrónicos y llamadas telefónicas, pero te aseguro que es por vuestra seguridad; bueno, en realidad, por la nuestra, pero no te preocupes, la próxima vez lo haremos mejor, y no nos pillaréis". Por su parte, los líderes europeos, empezando por Merkel y Hollande, no han ido más allá de pedir "que no se repitan" estos hechos, como el que riñe a un niño que ha hecho una travesura, pero no se hace nada para cambiar su comportamiento. 

Este asunto merece una reflexión. ¿Hasta qué punto es lícito que, en nombre de la seguridad, se invada de esta forma la privacidad de millones de personas? Aunque se afirme que no se tienen conocimiento del contenido de las conversaciones (cosa que, llegados a este punto, pongo en duda), el hecho de que se sepa a quién se ha llamado, cuánto ha durado la conversación e incluso la localización exacta de las personas en cualquier momento atenta gravemente a la libertad. Y que, precisamente, este espionaje masivo provenga del país que más presume de defenderla, incluso organizando guerras en su nombre, es como poco paradójico.

La comunidad internacional debería exigir inmediatamente que EE.UU. cese estas maniobras  y debería poner en práctica algún medio de presión para conseguirlo, como la suspensión del pacto para transferir datos bancarios o de las negociaciones para un acuerdo comercial, tal y como había sugerido la Eurocámara. Sin embargo, la UE no va a hacer nada de eso. Hay demasiados intereses en juego, y todo quedará en meras amenazas por parte de los 28, hasta que se desvanezca la noticia y caiga en el olvido. Nosotros seguiremos con nuestras vidas, aunque con una desagradable sensación cada vez que enviemos un correo electrónico y contestemos o llamemos con el móvil.

jueves, 24 de octubre de 2013

LIBEREN A LOS ACTIVISTAS DE GREENPEACE

Hoy hemos sabido que a los activistas de Greenpeace detenidos en el Ártico por los guardias fronterizos rusos les han sido retirados los cargos de piratería, rebajando la acusación a delitos de vandalismo. Desde hace un mes, los 30 miembros de la organización ecologista se encuentran encarcelados en el puerto septentrional de Múrmansk, donde permanecerán en prisión preventiva hasta el 24 de noviembre. Ese cambio de acusación no evita que puedan ser condenados a 7 años de cárcel, por el hecho de intentar encaramarse a la plataforma Prirazlómnaya, propiedad del gigante energético ruso Gazprom. Una pena totalmente desproporcionada a la acción efectuada por los activistas, ese tipo de acción a las que estamos habituados a ver en televisión desde hace décadas y que tan famosos han hecho a Greenpeace.

Rusia pretende "matar al mensajero", descargar el peso de su injusta ley sobre las personas que lo único que han pretendido, como es habitual en ellas, es denunciar los abusos sobre el medio ambiente, en este caso, llamar la atención sobre la intención del gobierno ruso de explotar los yacimientos de petróleo en el Ártico. Y esa es la cuestión de fondo. Aprovechando los efectos del cambio climático, como es la fusión de la capa de hielo que cubre el mar en esa región, Rusia (y otros países como Canadá, EE.UU. y Noruega) pretende hacerse con parte del pastel energético, unas reservas de crudo estimadas en 114.000 millones de barriles de petróleo no descubiertos y 56 billones de metros cúbicos de gas natural, manteniendo así su posición privilegiada de segundo mayor exportador de combustibles fósiles del mundo.

Pero esas actividades extractivas suponen una amenaza al ya frágil ecosistema ártico, aquejado de alteraciones que afectarán al resto del planeta. El Ártico se calienta a una velocidad tres veces mayor a la del resto del mundo, lo que implica que los ecosistemas de la región encontrarán, con toda probabilidad, puntos de no retorno. Por la aceleración de la pérdida de hielo que se ha registrado, se producirán cambios abruptos en muchos de sus ecosistemas (extinción de especies, liberación de metano del permafrost, acentuando el calentamiento global, liberación de agua dulce, modificando las corrientes marinas, aumento del nivel del mar...). 

La extracción de petróleo tendrá, además, consecuencias negativas, como la contaminación por vertidos de crudo, posibilidad que se multiplica debido a las extremas condiciones en las que se trabaja, con temperaturas bajísimas y seis meses de oscuridad al año. La limpieza de la zona en caso de accidente se vería dificultada por esas condiciones, por lo que las consecuencias serían aún más devastadoras.

La actitud de Rusia con respecto a los activistas detenidos es intolerable. El atropello a los derechos de la ciudadanía en Rusia es un hecho al que empezamos a estar habituados, como la condena a dos años de cárcel a las integrantes del grupo punk Pussy Riot por realizar una performance en una iglesia, el asesinato de periodistas críticos con el régimen o la detención de opositores a Putin. Algunos países de la comunidad internacional se han volcado en denunciar este hecho y han iniciado acciones legales, como Holanda, que ha presentado un procedimiento de arbitraje sobre la base establecida por la Convención sobre los Derechos del Mar de la ONU, para conseguir la liberación de los activistas de Greenpeace detenidos.

Las intenciones de Rusia de continuar con las prospecciones de petróleo en el Ártico es una irresponsabilidad, pues, como se ha visto, las consecuencias de un posible accidente afectarían a todo el planeta, y no sólo a una zona restringida. El Ártico debe ser declarado santuario global y patrimonio de la humanidad, prohibiéndose cualquier actividad en esa región. Nuestro futuro depende de ello.

Firma aquí para SALVAR EL ÁRTICO:


Firma en esta página para exigir la liberación de los activistas de Greenpeace:




miércoles, 23 de octubre de 2013

¿EN QUÉ MUNDO VIVE MONTORO?

El ministro Montoro vive en una realidad paralela. Donde él ve prosperidad, "la luz al final del túnel" y salida de la crisis, los últimos estudios certifican que para un amplísimo sector de la población, esa salida está a años luz de distancia. Un informe del Consejo General de Trabajo Social asegura que el número de familias de "clase media" que han acudido a los servicios sociales se ha duplicado en el último año, habiendo subido en un 30% las personas sin recursos económicos, y en un 13,5% los jóvenes titulados en Secundaria y universitarios que acuden a estos servicios. Ese optimismo del ministro le habrá venido, seguramente, a consecuencia de la lluvia de dinero que, según Botín, está inundando nuestro país y que sólo perciben las empresas del IBEX, que han aumentado sus beneficios en un 9% en el primer semestre del año con respecto al año pasado y por ser los alumnos aventajados para el FMI. 

Hoy, en diversas ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Almería, Valencia, Salamanca, Granada, Girona, Córdoba, Boiro -A Coruña-, Jaén y Cádiz), se van a realizar concentraciones en protesta por la situación de pobreza energética en la que se encuentran una cada vez mayor proporción de la ciudadanía española, acción promovida por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha estimado en un 10% el número de hogares españoles afectados por este problema, lo que supone que 2 millones de familias son incapaces de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano). Desde EQUO se anima a participar en esas acciones de denuncia.

Este problema es debido a varias causas, como son bajos ingresos del hogar, calidad insuficiente de la vivienda, precios elevados de la energía, precios elevados de la vivienda, etc. Sus consecuencias en el bienestar son también variadas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, degradación de los edificios, despilfarro de energía, emisiones, etc. 

El precio de la electricidad ha aumentado en cuatro ocasiones en lo que llevamos de año, acumulándose ya una subida media de la factura eléctrica del 3,5%. El gobierno español apela al mercado libre para permitir esta subida, cuando la realidad es que el oligopolio de las compañías eléctricas va en contra de la competencia, máxime cuando este mismo gobierno pone trabas de forma continua al desarrollo de las energías renovables, modificando las reglas de juego de forma deliberada e interesada. Sin embargo, diversos estudios revelan que en el período 2005-2011, las energías verdes abarataron el precio de la electricidad en 28.500 millones de euros, 7.600 millones de euros más que todas las primas recibidas.

La percepción del fin de la crisis que tiene el gobierno choca de bruces con la realidad: el aumento de la pobreza, entre ellas la energética, que tendrá sus consecuencias este invierno, y el ahondamiento de la brecha entre ricos y pobres. Las medidas que ha puesto en marcha Rajoy y compañía sólo han beneficiado a las grandes empresas, pero no se han traducido en un mayor bienestar de la población, sino todo lo contrario. Por mucho que repitan como un mantra este mensaje optimista, no podrá ocultarse por mucho tiempo la mentira en la que están sumidos y con la que tratan de engañar a la ciudadanía. ¿Hasta cuándo?




viernes, 11 de octubre de 2013

CHANTAJE ENERGÉTICO

Observe esta foto. Se trata de los presidentes de las 10 compañías eléctricas más importantes de Europa, reunidos en Bruselas en el día de hoy. Entre ellas se encuentran los gigantes españoles Iberdrola y Gas Natural Fenosa. Es la personalización del lobby energético que dicta las medidas a tomar por parte de los gobiernos europeos en materia de energía. Además de comprobar que no hay ninguna mujer entre ellos, vemos que este reducido grupo de hombres tiene el poder de condicionar las políticas energéticas del continente, llegando a coaccionar a los gobiernos si no se cumplen sus exigencias. En esta ocasión, y ante el descenso de sus beneficios provocado por la crisis y la disminución de la actividad económica, se han reunido para solicitar una rectificación en las políticas energéticas de la UE, concretamente la supresión de las ayudas a las energías renovables. 

Sus intereses van por delante de los intereses de los europeos. El objetivo 20/20/20 de la Unión Europea, es decir, conseguir que en 2020: a) el 20% de la energía obtenida sea de fuentes renovables, b) que se reduzca en un 20% la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y c) ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética no parece que esté en la agenda de estas macro-empresas, sino más bien lo que pretenden es aumentar sus beneficios en ese mismo 20%. Además, realizan sus peticiones desde el chantaje, apelando al miedo y amenazando con posibles apagones en el continente, ahora que se aproxima el invierno, tal y como ocurrió en 2006, aunque una de las compañías implicadas, la alemana E.ON, admitió que ella misma pudo ser la causante del apagón que afectó a varios países europeos. 

Ya resulta intolerable que el gobierno español hiriera de muerte al sector de las energías renovables, a través del decreto de enero de 2012, suspendiendo "temporalmente" las primas a este sector, con la excusa de reducir el déficit de tarifa, ese invento que se sacó de la manga el gobierno Aznar, y que continuaron tanto Zapatero como Rajoy, cuando prometió a las compañías eléctricas un precio determinado por la energía producida, que no es el coste real, sino un precio bastante mayor, y que el ministro Soria se ha comprometido a pagar, a través de nuestra factura eléctrica, aunque esas compañías obtienen pingües beneficios de por sí. La segunda puñalada trapera ha venido por otro decreto, este de este mismo verano, por el que se penaliza con multas de hasta 60 millones de euros si un particular produce su propia energía eléctrica fotovoltaica sin pagar el llamado "peaje de respaldo", es decir, sin pasar por caja de las eléctricas, aunque no hayan producido esa electricidad. Ambas decisiones están siendo valoradas por la Agencia Europea de Medio Ambiente, a raíz de una denuncia presentada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, por el incumplimiento sistemático por parte de España de las Directivas Europeas en materia de eficiencia energética

En España es sabido el retiro dorado que les espera a los políticos en las compañías eléctricas, esas mismas que son las grandes beneficiadas por las decisiones de los ministerios del ramo, con las famosas "puertas giratorias". En Alemania, la decisión del gobierno de Merkel en 2011 de realizar el "apagón" nuclear en 2022 a raíz del accidente de Fukushima (decisión que un año más tarde puso en duda el ministro germano de Medio Ambiente), puede haber llevado a las compañías alemanas E.ON y RWE a forzar este pulso con la UE. Las demás compañías, procedentes de Holanda, Italia, Suecia, República Checa y Francia ven amenazadas sus cifras de negocio por lo que también se suman a esta ofensiva.

La UE no debe permitir que los intereses de unas pocas empresas, por muy poderosas que sean, estén por encima del interés general, que pasa por conseguir la independencia energética y alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 planteados en el protocolo de Kyoto, y que Europa se comprometió a cumplir. Y eso solamente podrá conseguirse si se impulsan desde la UE las energías renovables. Por el bien de Europa y el planeta entero.