martes, 2 de abril de 2013

LA POLÍTICA DE TIERRA QUEMADA DEL GOBIERNO REGIONAL

La coincidencia en el tiempo de la ofensiva de la CROEM para intentar que la CARM redacte un único Plan de Gestión de los espacios naturales de la Región de Murcia incluidos en la Red Natura 2000, en vez de adaptar esos planes para cada uno de esos 14 espacios, con las intenciones de los empresarios murcianos de activar la fractura hidrológica (más conocido como fracking) como medio para extraer gas de las profundidades del subsuelo del noroeste, con el beneplácito de la Comunidad Autónoma, además de las intenciones del gobierno regional de reactivar la explotación masiva de minas y canteras, no parece casual. 

A esto hay que añadir las declaraciones del Consejero de Presidencia, Manuel Campos, que tiene las competencias en medio ambiente, en Bruselas, cuando el pasado 21 de marzo acompañó al ministro Cañete, al ser la Región de Murcia la que coordina este semestre la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Medio Ambiente. Campos declaró que "el impulso, la coordinación y la puesta en marcha de medidas y políticas europeas deben convertir el medio ambiente en una oportunidad para desarrollar nuevas actividades económicas" con el objetivo de "afrontar los retos ambientales y socioeconómicos actuales". Es decir, el gobierno regional abre la puerta a la explotación de los recursos naturales, en varios frentes, de forma desesperada y sin pararse a pensar en las consecuencias de tal decisión.

Todas estas actividades extractivas que el gobierno regional quiere potenciar tienen efectos muy perjudiciales para el medio ambiente, que superan con creces las bondades debidas a la creación de puestos de trabajo. Son conocidos los impactos que produce el fracking, principalmente el consumo de grandes cantidades de agua, la contaminación de acuíferos debido al uso de productos químicos, la emisión a la atmósfera de gases contaminantes y de efecto invernadero, además de impactos paisajísticos y sonoros. A esto hay que sumar la influencia de esta técnica en la incidencia de terremotos, como se ha publicado en un reciente estudio. El uso del fracking en una región como la nuestra, situada en una zona de alta actividad sísmica, no parece muy inteligente. Los fondos que se necesitarían para remediar tales impactos superarían ampliamente a la riqueza creada. Y eso sin tener en cuenta que algunos de los efectos podrían ser permanentes.

En cuanto a la reactivación de la minería y de la extracción en canteras, es posible que el gobierno regional no haya calibrado de forma detenida los impactos que genera, y si los resultados esperados cumplirán las expectativas, toda vez que la actividad minera en la región fue interrumpida hace ya décadas, precisamente por la falta de rentabilidad. La potenciación de la minería podría regularizar, además, las canteras ilegales existentes en la región.

Ante la falta de ideas de Valcárcel para reactivar la economía, ante la evidencia de que tanto el parque Paramount como el aeropuerto de Corvera, las niñas bonitas de este gobierno, son inviables y no serán las gallinas de los huevos de oro que tanto prometieron, no se les ocurre otra cosa que esquilmar aún más los recursos naturales, haciendo una apuesta a la desesperada por actividades que producen un gran impacto ambiental, sin resultados comprobados. Esta jugada, de pasada, puede inflar de nuevo la burbuja de la especulación, por la recalificación de terrenos debido a un cambio de uso (de rústico a industrial), llenando los bolsillos de algunos, pero sin beneficios para la población en general. EQUO RM ya se ha declarado en contra del fraking y del plan de reactivación de la explotación minera en la región, además de defender decididamente a los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 frente a los intentos de la CROEM de explotarlos económicamente de forma indiscriminada. 

Estas medidas desesperadas por parte de la CROEM y del gobierno regional solamente evidencian que la huida hacia adelante es su única propuesta, una política económica de "tierra quemada" que, como siempre, beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría y a las generaciones futuras.




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