lunes, 28 de octubre de 2013

VUELOS LOW-COST: UN ALTO COSTE PARA EL PLANETA

En este siglo XXI se ha trastocado la lógica de los desplazamientos y ha aumentado de forma alarmante la huella ecológica de la especie humana en este planeta. Y la prueba la tenemos en una reciente noticia. Resulta que un joven de 30 años, responsable de comunicación de una empresa londinense, ha calculado que es más barato vivir en Barcelona y trabajar en Londres que residir de forma permanente en la capital londinense. Es decir, que le sale más rentable alquilarse un apartamento en la ciudad condal y viajar diariamente con compañías low-cost a Londres para acudir a su centro de trabajo. 

Esta conclusión demencial nos debe hacer reflexionar sobre la diferencia entre el valor de los productos y servicios y su coste real. El sistema capitalista se caracteriza, entre otras cosas, por no incluir en su cálculo de costes y beneficios las llamadas externalidades negativas, es decir, los efectos negativos de la producción o consumo de algunos agentes sobre la producción o consumo de otros, por los cuales no se realiza ningún pago o cobro. Esas externalidades negativas aparecen principalmente en las condiciones laborales de las personas que intervienen en la producción y en los costes ambientales que supone esa producción, traducidos en emisiones de CO2, contaminación en sus diversas vertientes y pérdida de biodiversidad, entre otras. Ese teórico sobrecoste ambiental y social no aparece reflejado, sin embargo, en los precios de venta al público, distorsionando el valor real del producto o servicio.

En el caso que nos ocupa, la contaminación y las emisiones de CO2 provocadas por los  cuatro vuelos de ida y de vuelta semanales entre Barcelona y Londres, si tuvieran que traducirse en costes monetarios, excederían con creces la cantidad que este joven se ahorraría en el alquiler en la ciudad del Támesis. La realización de esos viajes semanales suponen la emisión de una tonelada y media de CO2 por persona a la semana a la atmósfera (cálculo obtenido por medio de este enlace), subiendo hasta más de 300 toneladas semanales de CO2 si el avión va completo, contribuyendo de forma importante al calentamiento global y, por tanto, al cambio climático. 

A pesar del aumento de la eficiencia energética de la aviación en los últimos 20 años, el consumo energético de la aviación comercial ha aumentado en un 78% en el periodo 1990-2006, utilizando el 14,9% de la energía total destinada al transporte, sólo superado por el transporte por carretera, que consume el 73,9% del total (Focus Group, 2009). El previsible aumento de los precios del petróleo, debido al peak oil, que llevará aparejado el aumento de los costes en keroseno, traerá consigo, según muchos estudios, la fusión de las grandes compañías y la desaparición de las compañías low-cost, que ya no podrán reducir costes por otros conceptos. Esto producirá una reacción en cadena, con el cierre de los pequeños aeropuertos (muchos ya deficitarios).

La omisión de las externalidades negativas afecta a otros aspectos de esta economía globalizada, como los precios de las prendas de ropa de algunas marcas, artificialmente rebajados a expensas de mantener salarios de miseria en países asiáticos o norteafricanos, como hemos podido comprobar recientemente en el derrumbe del edificio de Bangladesh, lleno de operarias que trabajaban en condiciones infrahumanas para marcas españolas como El Corte Inglés, Inditex o Mango. También los precios de productos procedentes de países como China que, a pesar de estar a miles de kilómetros de sus puntos de venta, compiten de forma desequilibrada con los productos locales fabricados bajo determinadas condiciones sociales y ambientales exigidos por Europa.

No incluir las externalidades negativas en los balances económicos puede que sea positivo para las cuentas de resultados de las empresas, pero está produciendo distorsiones y desigualdades muy importantes en aspectos sociales entre el norte y el sur, así como consecuencias a nivel planetario, como el cambio climático, debido al incremento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por la influencia del transporte aéreo, principalmente. Estas consecuencias, a la larga, la terminaremos pagando todos, ya sea para intentar remediar los efectos del calentamiento global, ya sea para saldar la deuda ecológica y social que, tarde o temprano, deberemos acometer.




viernes, 25 de octubre de 2013

LA VIDA DE LOS OTROS

¿Recuerdan la película "La vida de los otros"? ¿Aquella en la que un funcionario de la extinta Stasi (Servicios Secretos de la RDA) pasaba la mayor parte del día (y de la noche) espiando a sus conciudadanos, por orden de sus superiores (por lo que fue absuelto de toda culpa) pero también por la ausencia de una vida propia? Pues eso puede quedar en mantillas, al lado del escándalo de las escuchas ilegales y masivas que la administración Obama ha realizado durante años a ciudadanos y jefes de Estado (hasta 35 líderes internacionales, entre otros Rousseff, Calderón, Hollande y Merkel), extremo conocido a raíz de la información que Edward Snowden, el antiguo trabajador de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en sus siglas en inglés), filtró a la prensa.

Han sido millones las intercepciones de llamadas, aunque EE.UU. asegura que sólo se trataba de "metadatos", post-moderna expresión para referirse a los números del autor y del receptor de la llamada, su duración, la hora a la que se hizo o la ubicación de ambos, jurando por Snoopy que no se enteraron del contenido de las conversaciones, como si eso restara gravedad a los hechos. Los servicios de inteligencia españoles tienen la fundada sospecha de que la NSA ha rastreado millones de conversaciones telefónicas, SMS o correos electrónicos con origen o destino en España, igual que en Francia o Alemania. El gobierno español se descuelga diciendo que no tiene constancia de esas escuchas, lo que nos revela dos cosas: o bien que la calidad de los servicios secretos españoles deja mucho que desear, o bien que el ministro Margallo no quiere incomodar al amigo americano.

A pesar de la importancia de este tema, que confirmaría que todos estamos siendo vigilados a lo Gran Hermano, el gobierno español, siguiendo los cauces habituales de la diplomacia, se limitará a "llamar a consulta" al embajador norteamericano, para que éste le confirme o le desmienta si somos objeto de espionaje. No me imagino al embajador diciéndole a Margallo: "Sí, lo confieso, hemos espiado a millones de españoles, interceptando sus mensajes de móvil, correos electrónicos y llamadas telefónicas, pero te aseguro que es por vuestra seguridad; bueno, en realidad, por la nuestra, pero no te preocupes, la próxima vez lo haremos mejor, y no nos pillaréis". Por su parte, los líderes europeos, empezando por Merkel y Hollande, no han ido más allá de pedir "que no se repitan" estos hechos, como el que riñe a un niño que ha hecho una travesura, pero no se hace nada para cambiar su comportamiento. 

Este asunto merece una reflexión. ¿Hasta qué punto es lícito que, en nombre de la seguridad, se invada de esta forma la privacidad de millones de personas? Aunque se afirme que no se tienen conocimiento del contenido de las conversaciones (cosa que, llegados a este punto, pongo en duda), el hecho de que se sepa a quién se ha llamado, cuánto ha durado la conversación e incluso la localización exacta de las personas en cualquier momento atenta gravemente a la libertad. Y que, precisamente, este espionaje masivo provenga del país que más presume de defenderla, incluso organizando guerras en su nombre, es como poco paradójico.

La comunidad internacional debería exigir inmediatamente que EE.UU. cese estas maniobras  y debería poner en práctica algún medio de presión para conseguirlo, como la suspensión del pacto para transferir datos bancarios o de las negociaciones para un acuerdo comercial, tal y como había sugerido la Eurocámara. Sin embargo, la UE no va a hacer nada de eso. Hay demasiados intereses en juego, y todo quedará en meras amenazas por parte de los 28, hasta que se desvanezca la noticia y caiga en el olvido. Nosotros seguiremos con nuestras vidas, aunque con una desagradable sensación cada vez que enviemos un correo electrónico y contestemos o llamemos con el móvil.

jueves, 24 de octubre de 2013

LIBEREN A LOS ACTIVISTAS DE GREENPEACE

Hoy hemos sabido que a los activistas de Greenpeace detenidos en el Ártico por los guardias fronterizos rusos les han sido retirados los cargos de piratería, rebajando la acusación a delitos de vandalismo. Desde hace un mes, los 30 miembros de la organización ecologista se encuentran encarcelados en el puerto septentrional de Múrmansk, donde permanecerán en prisión preventiva hasta el 24 de noviembre. Ese cambio de acusación no evita que puedan ser condenados a 7 años de cárcel, por el hecho de intentar encaramarse a la plataforma Prirazlómnaya, propiedad del gigante energético ruso Gazprom. Una pena totalmente desproporcionada a la acción efectuada por los activistas, ese tipo de acción a las que estamos habituados a ver en televisión desde hace décadas y que tan famosos han hecho a Greenpeace.

Rusia pretende "matar al mensajero", descargar el peso de su injusta ley sobre las personas que lo único que han pretendido, como es habitual en ellas, es denunciar los abusos sobre el medio ambiente, en este caso, llamar la atención sobre la intención del gobierno ruso de explotar los yacimientos de petróleo en el Ártico. Y esa es la cuestión de fondo. Aprovechando los efectos del cambio climático, como es la fusión de la capa de hielo que cubre el mar en esa región, Rusia (y otros países como Canadá, EE.UU. y Noruega) pretende hacerse con parte del pastel energético, unas reservas de crudo estimadas en 114.000 millones de barriles de petróleo no descubiertos y 56 billones de metros cúbicos de gas natural, manteniendo así su posición privilegiada de segundo mayor exportador de combustibles fósiles del mundo.

Pero esas actividades extractivas suponen una amenaza al ya frágil ecosistema ártico, aquejado de alteraciones que afectarán al resto del planeta. El Ártico se calienta a una velocidad tres veces mayor a la del resto del mundo, lo que implica que los ecosistemas de la región encontrarán, con toda probabilidad, puntos de no retorno. Por la aceleración de la pérdida de hielo que se ha registrado, se producirán cambios abruptos en muchos de sus ecosistemas (extinción de especies, liberación de metano del permafrost, acentuando el calentamiento global, liberación de agua dulce, modificando las corrientes marinas, aumento del nivel del mar...). 

La extracción de petróleo tendrá, además, consecuencias negativas, como la contaminación por vertidos de crudo, posibilidad que se multiplica debido a las extremas condiciones en las que se trabaja, con temperaturas bajísimas y seis meses de oscuridad al año. La limpieza de la zona en caso de accidente se vería dificultada por esas condiciones, por lo que las consecuencias serían aún más devastadoras.

La actitud de Rusia con respecto a los activistas detenidos es intolerable. El atropello a los derechos de la ciudadanía en Rusia es un hecho al que empezamos a estar habituados, como la condena a dos años de cárcel a las integrantes del grupo punk Pussy Riot por realizar una performance en una iglesia, el asesinato de periodistas críticos con el régimen o la detención de opositores a Putin. Algunos países de la comunidad internacional se han volcado en denunciar este hecho y han iniciado acciones legales, como Holanda, que ha presentado un procedimiento de arbitraje sobre la base establecida por la Convención sobre los Derechos del Mar de la ONU, para conseguir la liberación de los activistas de Greenpeace detenidos.

Las intenciones de Rusia de continuar con las prospecciones de petróleo en el Ártico es una irresponsabilidad, pues, como se ha visto, las consecuencias de un posible accidente afectarían a todo el planeta, y no sólo a una zona restringida. El Ártico debe ser declarado santuario global y patrimonio de la humanidad, prohibiéndose cualquier actividad en esa región. Nuestro futuro depende de ello.

Firma aquí para SALVAR EL ÁRTICO:


Firma en esta página para exigir la liberación de los activistas de Greenpeace:




miércoles, 23 de octubre de 2013

¿EN QUÉ MUNDO VIVE MONTORO?

El ministro Montoro vive en una realidad paralela. Donde él ve prosperidad, "la luz al final del túnel" y salida de la crisis, los últimos estudios certifican que para un amplísimo sector de la población, esa salida está a años luz de distancia. Un informe del Consejo General de Trabajo Social asegura que el número de familias de "clase media" que han acudido a los servicios sociales se ha duplicado en el último año, habiendo subido en un 30% las personas sin recursos económicos, y en un 13,5% los jóvenes titulados en Secundaria y universitarios que acuden a estos servicios. Ese optimismo del ministro le habrá venido, seguramente, a consecuencia de la lluvia de dinero que, según Botín, está inundando nuestro país y que sólo perciben las empresas del IBEX, que han aumentado sus beneficios en un 9% en el primer semestre del año con respecto al año pasado y por ser los alumnos aventajados para el FMI. 

Hoy, en diversas ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Almería, Valencia, Salamanca, Granada, Girona, Córdoba, Boiro -A Coruña-, Jaén y Cádiz), se van a realizar concentraciones en protesta por la situación de pobreza energética en la que se encuentran una cada vez mayor proporción de la ciudadanía española, acción promovida por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha estimado en un 10% el número de hogares españoles afectados por este problema, lo que supone que 2 millones de familias son incapaces de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano). Desde EQUO se anima a participar en esas acciones de denuncia.

Este problema es debido a varias causas, como son bajos ingresos del hogar, calidad insuficiente de la vivienda, precios elevados de la energía, precios elevados de la vivienda, etc. Sus consecuencias en el bienestar son también variadas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, degradación de los edificios, despilfarro de energía, emisiones, etc. 

El precio de la electricidad ha aumentado en cuatro ocasiones en lo que llevamos de año, acumulándose ya una subida media de la factura eléctrica del 3,5%. El gobierno español apela al mercado libre para permitir esta subida, cuando la realidad es que el oligopolio de las compañías eléctricas va en contra de la competencia, máxime cuando este mismo gobierno pone trabas de forma continua al desarrollo de las energías renovables, modificando las reglas de juego de forma deliberada e interesada. Sin embargo, diversos estudios revelan que en el período 2005-2011, las energías verdes abarataron el precio de la electricidad en 28.500 millones de euros, 7.600 millones de euros más que todas las primas recibidas.

La percepción del fin de la crisis que tiene el gobierno choca de bruces con la realidad: el aumento de la pobreza, entre ellas la energética, que tendrá sus consecuencias este invierno, y el ahondamiento de la brecha entre ricos y pobres. Las medidas que ha puesto en marcha Rajoy y compañía sólo han beneficiado a las grandes empresas, pero no se han traducido en un mayor bienestar de la población, sino todo lo contrario. Por mucho que repitan como un mantra este mensaje optimista, no podrá ocultarse por mucho tiempo la mentira en la que están sumidos y con la que tratan de engañar a la ciudadanía. ¿Hasta cuándo?




viernes, 11 de octubre de 2013

CHANTAJE ENERGÉTICO

Observe esta foto. Se trata de los presidentes de las 10 compañías eléctricas más importantes de Europa, reunidos en Bruselas en el día de hoy. Entre ellas se encuentran los gigantes españoles Iberdrola y Gas Natural Fenosa. Es la personalización del lobby energético que dicta las medidas a tomar por parte de los gobiernos europeos en materia de energía. Además de comprobar que no hay ninguna mujer entre ellos, vemos que este reducido grupo de hombres tiene el poder de condicionar las políticas energéticas del continente, llegando a coaccionar a los gobiernos si no se cumplen sus exigencias. En esta ocasión, y ante el descenso de sus beneficios provocado por la crisis y la disminución de la actividad económica, se han reunido para solicitar una rectificación en las políticas energéticas de la UE, concretamente la supresión de las ayudas a las energías renovables. 

Sus intereses van por delante de los intereses de los europeos. El objetivo 20/20/20 de la Unión Europea, es decir, conseguir que en 2020: a) el 20% de la energía obtenida sea de fuentes renovables, b) que se reduzca en un 20% la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y c) ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética no parece que esté en la agenda de estas macro-empresas, sino más bien lo que pretenden es aumentar sus beneficios en ese mismo 20%. Además, realizan sus peticiones desde el chantaje, apelando al miedo y amenazando con posibles apagones en el continente, ahora que se aproxima el invierno, tal y como ocurrió en 2006, aunque una de las compañías implicadas, la alemana E.ON, admitió que ella misma pudo ser la causante del apagón que afectó a varios países europeos. 

Ya resulta intolerable que el gobierno español hiriera de muerte al sector de las energías renovables, a través del decreto de enero de 2012, suspendiendo "temporalmente" las primas a este sector, con la excusa de reducir el déficit de tarifa, ese invento que se sacó de la manga el gobierno Aznar, y que continuaron tanto Zapatero como Rajoy, cuando prometió a las compañías eléctricas un precio determinado por la energía producida, que no es el coste real, sino un precio bastante mayor, y que el ministro Soria se ha comprometido a pagar, a través de nuestra factura eléctrica, aunque esas compañías obtienen pingües beneficios de por sí. La segunda puñalada trapera ha venido por otro decreto, este de este mismo verano, por el que se penaliza con multas de hasta 60 millones de euros si un particular produce su propia energía eléctrica fotovoltaica sin pagar el llamado "peaje de respaldo", es decir, sin pasar por caja de las eléctricas, aunque no hayan producido esa electricidad. Ambas decisiones están siendo valoradas por la Agencia Europea de Medio Ambiente, a raíz de una denuncia presentada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, por el incumplimiento sistemático por parte de España de las Directivas Europeas en materia de eficiencia energética

En España es sabido el retiro dorado que les espera a los políticos en las compañías eléctricas, esas mismas que son las grandes beneficiadas por las decisiones de los ministerios del ramo, con las famosas "puertas giratorias". En Alemania, la decisión del gobierno de Merkel en 2011 de realizar el "apagón" nuclear en 2022 a raíz del accidente de Fukushima (decisión que un año más tarde puso en duda el ministro germano de Medio Ambiente), puede haber llevado a las compañías alemanas E.ON y RWE a forzar este pulso con la UE. Las demás compañías, procedentes de Holanda, Italia, Suecia, República Checa y Francia ven amenazadas sus cifras de negocio por lo que también se suman a esta ofensiva.

La UE no debe permitir que los intereses de unas pocas empresas, por muy poderosas que sean, estén por encima del interés general, que pasa por conseguir la independencia energética y alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 planteados en el protocolo de Kyoto, y que Europa se comprometió a cumplir. Y eso solamente podrá conseguirse si se impulsan desde la UE las energías renovables. Por el bien de Europa y el planeta entero.




lunes, 7 de octubre de 2013

SE VENDE PAÍS A LAS COMPAÑÍAS PETROLÍFERAS

El gobierno español ha abierto la veda a la explotación de los hidrocarburos en nuestro país. Tras ponerle palos en las ruedas a las energías renovables con el decreto de enero 2012, dando como resultado un aumento de las emisiones de CO2 por un mayor uso del carbón, el ministerio que encabeza Juan Manuel Soria y sus antecesores en el cargo, éstos del PSOE, han favorecido, por contra, que aumenten las prospecciones de petróleo y gas en España en un 80% en los últimos cinco años.

Nada menos que una treintena de empresas tienen actualmente intereses exploratorios en España. Exploraciones para buscar petróleo en alta mar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, criticadas por la UNESCO por su fuerte "impacto medioambiental y social" y contra las que EQUO ha presentado alegaciones; el mismo tipo de investigaciones están presentes en Andalucía, en el mar de Alborán, denunciadas por Greenpeace y EQUO Almería; peticiones de investigaciones para realizar fractura hidráulica en muchas comunidades autónomas, aunque Cantabria se declaró libre de fracking y el Parlamento Andaluz insta a su gobierno a que haga otro tanto.

En la web del propio ministerio de Industria puede consultarse un mapa y un listado de prospecciones de hidrocarburos que se están llevando a cabo actualmente en España. En él puede verse que la mayoría de esas actividades tienen lugar en Castilla-León, Asturias, País Vasco, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía, estando en menor medida presentes en Castilla-La Mancha y Región de Murcia. Esta auténtica fiebre que recorre nuestro país es, usando el conocido refrán español, "pan para hoy y hambre para mañana", pues los riesgos de estas prácticas son conocidos, como bien saben los habitantes de la costa de Castellón, con los cientos de seismos que están sufriendo a causa del proyecto Castor, esa plataforma en alta mar diseñada para inyectar gas en una falla, y que está siendo investigada por la fiscalía de Castellón

A pesar de que las autoridades nos quieren vender la moto de que estas prácticas generan empleo, lo cierto es que la creación de puestos de trabajo asociados al impulso de las energías renovables es de muchísima mayor envergadura. Según la OIT, se podrían haber generado 125.265 empleos hasta 2020, un 81,5 % más que en la actualidad, si este sector pasara a generar un mínimo del 20 % de la producción primaria de energía. En el primer semestre de este año, las pérdidas acumuladas en el sector eólico ascienden a 255 millones de euros

A esas pérdidas de empleo en el sector de las renovables se suman los efectos perjudiciales de estas prospecciones petrolíferas: terremotos (asociados a la inyección de gas y al fracking), contaminación marina y de acuíferos, uso intensivo de agua, uso del territorio, que afecta a la flora y la fauna, incendios... demasiados riesgos para una fuente de energía condenada a la extinción. Todos los estudios nos alertan que hemos llegado al llamado peak oil, es decir, al punto en que hemos agotado la mitad del petróleo existente y a partir del cual éste será más caro, de peor calidad y de más difícil extracción. Por mucho que digan que estos yacimientos pueden albergar recursos de gas equivalentes a 70 años de consumo y petróleo igual al 20% del consumo de 20 años, los efectos colaterales mencionados más la emisión de gases de efecto invernadero aconsejarían dejar de lado estas prácticas y desarrollar la tecnología de las energías renovables (de la que España es una potencia mundial, por cierto) si no queremos acentuar el cambio climático, la verdadera espada de Damocles de este siglo. 

Desgraciadamente, la presión de los lobbys de la energía es demasiado fuerte, y este gobierno, que sigue sus indicaciones, no tiene realmente intención de defender los intereses generales, sino de favorecer a las empresas que más adelante premiarán a sus fieles representantes con algún jugoso puesto en sus consejos de administración, las famosas "puertas giratorias", como estamos comprobando últimamente.

Pero cada vez hay más contestación popular a estas prácticas, y sólo mediante la acción ciudadana será posible frenar esta huida hacia adelante del sector energético convencional. Es necesario movilizarse para evitar el desastre al que nos lleva la política energética del gobierno de Rajoy, capaz, por cierto, de poner en peligro su propia integridad física al apoyar patéticamente a la energía nuclear en su reciente viaje al Japón. Pero esa es otra historia.