UN BALANCE DE 2013

Hoy es el día de hacer balance del año 2013 que estamos a punto de dejar atrás. En este caso, el balance es diametralmente contrario a lo que el presidente del Gobierno nos ha vendido, en una operación de marketing perfectamente preparada por sus asesores. Este segundo año de la legislatura nos ha hundido aún más en las consecuencias de la crisis, con cientos de miles de parados más que en 2012, cientos de familias que siguen siendo desahuciadas semanalmente, con el éxodo de miles de jóvenes que intentan buscarse la vida, con la bajada real de los salarios y de las pensiones y el aumento escandaloso de la brecha entre ricos y pobres, aumentando en un 13% el número de millonarios en España, superando los 400.000, mientras que tres millones de españoles viven en situación de pobreza severa, es decir, con menos de 307 euros al mes.

La presión del lobby de la energía en España, representado por la patronal UNESA, ha provocado que el coste de la energía eléctrica se haya incrementado en un 8% en 2013. Si nos remontamos a 2002, el aumento de la factura eléctrica para el consumidor en estos 11 años ha sido del 104%, nada menos. España tiene el tercer precio más caro de la UE, sólo superado por Chipre e Irlanda. Este año ha sido también el año en que en España se ha abierto la veda para la explotación del subsuelo a la búsqueda de gas, a través del método del fracking, lo que ha provocado que en muchas regiones se formaran plataformas en contra de este procedimiento causante de un impacto brutal sobre el medio ambiente.

Desde el punto de vista de los servicios públicos, continúa el ataque a la Sanidad y la Educación, con el intento de privatización de los servicios sanitarios (eufemísticamente denominada externalización), afortunadamente paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la aprobación de la LOMCE, que entra hoy en vigor. Este año, casi 600.000 estudiantes han perdido su beca para comprar libros, y 64.000 escolares deben estudiar en barracones. La introducción de la nueva ley del aborto, curiosamente llamada Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, incluyendo en su denominación toda una declaración de intenciones de corte nacional-católica, y en la que se excluye, precisamente, a la mujer embarazada de prácticamente cualquier poder de decisión, nos retrotrae a los años ochenta. A pesar de haber sido criticada por los demás países, como Francia, en boca de su ministra de los Derechos de la Mujer, el gobierno de Rajoy insiste en seguir siendo la "reserva espiritual de Occidente".

Hablando de economía, la deuda pública se aproxima peligrosamente al 100% del PIB, es decir, al billón de euros, creciendo continuamente, a pesar de los recortes.  A ello ha contribuido la aportación de 41.000 millones de euros a la banca. Los ingresos han bajado, debido principalmente al descenso de la actividad económica y a la renuncia del ejecutivo a luchar contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, además de no incidir la presión fiscal en los que más tienen, sino en la población en general, sobre todo con al aumento del IVA, que no ha producido el efecto esperado. Aunque el crecimiento económico del país ha experimentado un leve incremento, los que creemos que la vía crecentista no es el camino para la recuperación, porque significa ahondar en las diferencias socio-económicas y en la degradación del medio ambiente, instamos a que se adopten otros indicadores de prosperidad. Como ejemplo, hay que decir que según el IDH (Índice de Desarrollo Humano), España sigue situado en el puesto 23 sobre un total de 144 países (cuando según el PIB estamos en el puesto 16). 

En relación al Índice de Felicidad, elaborado por la New Economics Foundation (NEF), encontramos varios datos esclarecedores: el índice de España es de 44,1, descendiendo al puesto 62 de un total de 151 países. Este índice resulta de la combinación de varios factores, como son el bienestar experimentado (con un índice de 6,2 sobre 10, en el puesto 42), la esperanza de vida (81,4 años) y la huella ecológica (aquí salimos malparados, ya que necesitamos 4,74 hectáreas por habitante, siendo 1,8 has. el máximo para que nuestra presencia en el planeta sea sostenible). Debido a esto, nuestra posición en el ranking de impacto de nuestro país en el planeta desciende a un vergonzante 123º puesto.

Desde el punto de vista ambiental, la aprobación de la Ley de Costas sitúa a España en una situación anterior a 1988, con la reducción de la zona de servidumbre a 20 metros frente a los 100 metros que contemplaba la anterior ley, y supone la vía abierta para seguir "enladrillando" el litoral. Además, hemos asistido a la impunidad de los causantes de la catástrofe del Prestige, la penalización del autoconsumo energético, un nuevo fracaso de la Cumbre del Clima celebrado en Varsovia, y la citada multiplicación de los proyectos de fracking en nuestro país, apoyados por el gobierno. Las emisiones totales de CO2 también han aumentado un 8,23% respecto a 2012 situándose en los 5.471.717 toneladas de CO2, debido principalmente al aumento del uso del carbón, por la disminución de la energía proveniente de las fuentes renovables, víctima de los ataques  por parte del gobierno a esas fuentes de energía.

Una de las obsesiones del gobierno Rajoy ha sido en este año evitar a toda costa las protestas callejeras, criminalizando las manifestaciones, postura que ha tenido su cénit con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que impone multas desproporcionadas a quienes se manifiesten en las inmediaciones del Congreso o se reúnan sin comunicarlo previamente a las autoridades, supuestos que recuerdan aquella frase de "la calle es mía". La actuación de la policía en estas manifestaciones ha sido objeto de crítica por parte de organizaciones como Amnistía Internacional. 

En el apartado de las infraestructuras, ha sido el año en el que se confirma la ineptitud de los gobernantes, pues la mayoría de las apuestas en aeropuertos y autopistas hechas por las empresas privadas, pero avaladas por el gobierno central y los diversos gobiernos autonómicos se han aseverado como auténticos fracasos. Véanse si no los aeropuertos de Ciudad Real, que no recibe oferta alguna por parte de empresas privadas tras haber costado más de 1.000 millones de euros, o el de Corvera (Murcia), para el que el gobierno de Valcárcel ha tenido que solicitar un crédito de 200 millones de euros para hacer frente al aval concedido por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, prosigue la inversión de miles de millones de euros en el AVE, medio de transporte de poca demanda social por el elevado precio de sus billetes, además de alto impacto ambiental y poca rentabilidad. 

En cuanto a una de las lacras de nuestro país, la corrupción, comprobamos que es una cuestión pendiente en España, y que prácticamente ningún partido se libra de caer en sus redes. Desde las grandes tramas corruptas, que incluyen financiación ilegal de partidos políticos, como la trama Gürtel, pasando por la condonación de deudas a los partidos políticos por parte de los bancos, hasta las corruptelas en pequeños municipios, casi todos los partidos tienen asuntos de los que avergonzarse. La situación de quiebra técnica de los principales partidos pone de manifiesto que algo falla en el sistema de financiación y en los mecanismos de control.

La cultura ha sido otra de las damnificadas de las medidas del gobierno de Rajoy. El aumento del IVA ha sido la puntilla para la casi inexistente industria cultural española, y en 2013 hemos asistido al hecho de que ha disminuido el número de asistentes a los cines y teatros, disminuyó asimismo la venta de libros y la asistencia a conciertos y museos. Todo ello mientras el ministro Wert reclamaba en 2012 que "los músicos deben cobrar menos por sus actuaciones". De aquellos barros estos lodos. 

Si hablamos de lo puramente político, creo que hay que destacar los procedimientos poco democráticos de partidos como PP y PSOE, que acuden a la designación "a dedo" de los "sucesores" a los cargos institucionales que deberían ser elegidos por cauces democráticos, es decir, por toda la ciudadanía. Me refiero a la designación de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y al aún incierto sucesor de Valcárcel como presidente de la Región de Murcia. En ambos casos pesa más la cercanía al poder que la opinión que pueda tener la sociedad sobre la idoneidad de las personas para ocupar tales cargos. En ambos casos se trata de personas de las cuales no se conoce empleo diferente al de cargos relacionados con sus respectivos partidos. En la otra cara de la moneda, destacaría la pionera iniciativa de EQUO de organizar unas elecciones primarias para elegir los cabezas de lista, tanto hombres como mujeres, en las que pueden participar tanto afiliados como simpatizantes y, como novedad en nuestro país, cualquier persona mayor de 16 años, aunque no tenga relación con el partido.

Este ha sido, para mi, el balance del año que estamos a punto de abandonar. Como se ve, este gobierno no sale bien parado. Esperemos que el 2014 suponga, por un lado, que esa "mayoría silenciosa", a la que Rajoy tan aficionado es a nombrar, despierte, y que la ciudadanía reaccione a ese ataque que, semanalmente desde hace dos años, estamos sufriendo. 

A pesar de todo, ¡FELIZ AÑO 2014!

UN FANTASMA RECORRE EUROPA

El fascismo está resurgiendo en Europa y en España. En nuestro país, lo hace con total impunidad. Es el resultado de una transición en la que no se rompió con el pasado de 40 años de dictadura, sino que, al contrario, se cerró en falso blindando los antiguos poderes fácticos (jueces, policías, la jerarquía eclesiástica) como si no hubiera pasado nada, con la complicidad de la mayoría de los partidos que actualmente siguen en el panorama político desde entonces (PP, PSOE, IU, PNV, CiU) y con la excusa de que si no se hacía así, volvería el ruido de sables. A ello contribuyó la Ley de Amnistía de 1977 y la actual Constitución, redactada por los llamados "padres" de la misma, en la que tuvo un papel crucial Fraga, ex-ministro franquista, para que no fuera una Carta Magna demasiado progresista, y estando tutelada en su elaboración por el ejército, ya que algunos de sus artículos fueron redactados por la cúpula del Estado Mayor del Ejército de Tierra en Madrid.

Este resurgimiento de los tiempos oscuros se está notando en las leyes que el actual gobierno está sacando en apenas dos años y a toda prisa, no sea que la legislatura acabe antes de tiempo (LOMCE, aborto, Seguridad Ciudadana), que nos retrotraen a los años '70 preconstitucionales y que animan a los grupos más reaccionarios a quitarse la máscara de "demócratas" que a duras penas mantenían por pura operación de maquillaje. Incluso el periódico The Guardian ha resaltado la deriva autoritaria de la llamada Ley Mordaza. 

Las demostraciones cada vez más frecuentes en España de exaltación fascista, realizadas de forma impune, como la organización de mercadillos con símbolos franquistas, la exhibición de la bandera del "pollo" por parte de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en varias ocasiones, los saludos con el brazo extendido o los vivas a Franco y a Jose Antonio no habrían sido permitidos en países como Alemania, Italia o incluso Francia que, ellos sí, han sabido juzgar a los que durante muchos años han cometido crímenes de lesa humanidad. Incluso en los países de la antigua Yugoslavia se ha detenido y juzgado a los responsables de atrocidades como la matanza de Srebenica. Otros países, en este caso, de América Latina, han saldado cuentas con los antiguos dictadores, como Pinochet, Videla o el guatemalteco Ríos Montt.

Todos los intentos de hacer justicia que se han llevado a cabo en España han chocado con el rechazo de la cúpula judicial, como hemos visto con el juez Garzón, separado de la carrera judicial por su pretensión de investigar los crímenes del franquismo. Ha tenido que ser la justicia argentina la que metiera mano a los antiguos torturadores, entre ellos el ya famoso "Billy el Niño", que vivía tranquilamente como jefe de tráfico de la empresa Loomis. Sin embargo, no han podido ir más arriba, al no imputar ni a Rodolfo Martín Villa, que condecoró al citado torturador y le organizó una cena homenaje en 1977, cuando era ministro del Interior, ni al ex-ministro franquista José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y juez que firmó la sentencia de muerte a Puig Antich, el mismo que defiende la intervención armada en Cataluña.

Este fantasma del fascismo que recorre Europa tiene ya, como saben, a sus máximos representantes en países como Grecia, con el partido Amanecer Dorado, Francia, con el Frente Nacional (FN) de la familia Le Pen, que se perfila como el principal partido en las elecciones europeas de 2014, con una previsión de votos de nada menos que el 24%, según una reciente encuesta del semanario Le Nouvel Observateur, o los Países Bajos, con la ultraderecha de Wilders que acaba de unirse con el FN para formar una alianza antieuropea y contra la inmigración. La crisis económica es el caldo de cultivo de estas ideologías ultraderechistas, que no dudan en utilizarla en su beneficio, camuflados en organizaciones caritativas (aunque vetadas a las personas inmigrantes, como se ha visto en Grecia e incluso España).

Si en las próximas elecciones europeas de mayo de 2014 la ciudadanía progresista no se moviliza en masa para votar, correremos el riesgo de asistir a la mayor involución de Europa en su historia reciente, con el peligro del resurgimiento de ideologías fascistas de épocas pasadas que tanto sufrimiento trajeron al viejo continente, y de que de forma totalmente democrática se vean representados en el Parlamento Europeo los partidos más antieuropeos, xenófobos y violentos. Evitémoslo. Vayamos a votar en 2014.

SEGUIMOS INDIGNADOS

En este final de año se acumulan las razones para elevar la indignación a la máxima potencia. Acabamos de saber que la última subasta eléctrica ha provocado que el coste de la electricidad para las familias y las empresas va a subir un 11% a partir del próximo enero, el mayor aumento experimentado en la historia reciente de España, a pesar de que el ministro Soria afirmara a la prensa hace unos días, bajo la mirada adornada de una sonrisa condescendiente del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no subiría más allá del 2%. Paralelamente a esta noticia, nos enteramos que el 33% de las personas mayores pasa el invierno sin calefacción, que el 51% de ese colectivo vive en el umbral de la pobreza y que el 12,7% no llega a fin de mes, poniéndose de relieve la pobreza energética, una nueva forma de precariedad que se suma a las ya existentes.

El gobierno y las compañías eléctricas se han aliado para llevar a las población española a los mayores índices de pobreza que conocemos desde la posguerra, mientras las grandes empresas y los bancos continúan aumentando sus beneficios. En relación a esto, hoy leemos en la prensa que la banca española ha ganado un 98% más en los nueve primeros meses del año, con respecto al mismo periodo de 2012. Todo ello mientras el banco Novacaixagalicia es comprado por el banco venezolano Banesco por 1.000 millones de euros, tras haberle sido inyectados 9.000 millones por parte del Estado, suponiendo unas pérdidas, por tanto, de 8.000 millones para nuestros bolsillos. Como negociantes, el gobierno ha demostrado ser un auténtico desastre.

A nivel regional, la cosa no es mucho más halagüeña. Cinco días después del acto-paripé organizado por el PP murciano a mayor gloria del ínclito Valcárcel, como despedida para "celebrar" su gestión de 18 años, con la presencia de Rajoy y tras el que fueron detenidos dos manifestantes por el solo hecho de mostrarse en contra del citado acto, nos desayunamos hoy con la noticia de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cargará con un préstamo de 182 millones de euros para hacer frente a la deuda contraída por las empresas concesionarias del fallido aeropuerto de Corvera, préstamo que aumentará el déficit de las ya mermadas cuentas autonómicas. 

El triunfalismo de los gobiernos del PP, tanto central como autonómico, anunciando el final de la crisis (sic) no pueden borrar de un plumazo, aunque se repita hasta la saciedad, la situación real de la ciudadanía. Un informe de Cáritas en la región de Murcia pone de manifiesto que 114.000 personas sin recursos han hecho uso de sus servicios, calificando de "espeluznante" la cifra de murcianos atendidos.

Mientras las condiciones de vida de los españoles van en declive, las grandes empresas del IBEX 35 aumentan sus beneficios, a costa en gran medida de las condiciones cada vez más duras para los trabajadores y trabajadoras, condiciones que la OCDE pide sean aún más exigentes, con el abaratamiento de los despidos y la disminución de la capacidad de los jueces de rechazar los EREs. Con este gobierno vamos abocados al empobrecimiento mayoritario de la sociedad, puestos a merced de los poderes económicos quienes, para seguir con su posición dominante, no dudan en poner más difícil la vida a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, extendiendo la precariedad y la pobreza. Con el agravante de la reciente Ley de Seguridad Ciudadanía en la que, entre las medidas que contempla, se incluyen artículos que pretenden amordazar la protesta ciudadana, sancionando supuestos como las reuniones y concentraciones no comunicadas, ofensas y ultrajes a España (que rezuma un poso franquista), escalar edificios (en clara alusión a los actos de Greenpeace, tras su acto de Madrid) o la colocación de tiendas de campaña en la vía pública, para evitar un nuevo 15-M.

Esperemos que los votantes del Partido Popular se percaten en masa de que este partido no trabaja por el interés general, sino por y para la oligocracia económica, bancos, compañías eléctricas, con el objetivo de que éstos consigan mejorar sus cifras de negocios, aunque sea a costa de pisotear los derechos que tantos años ha costado alcanzar.

¿CONSUMISMO FRENTE A LA CRISIS?

El pasado día 29 de noviembre se celebró el llamado Black Friday, el pistoletazo de salida de las rebajas en EEUU, evento que ya se está introduciendo en nuestro país. Desde los gobiernos y los medios de comunicación se nos dice que "el consumo favorece la creación de empleo", pero esta máxima es, en mi opinión, algo perversa, al lanzar a la vorágine consumista a una sociedad en crisis, en la que muchos ciudadanos tienen dificultades para llegar a fin de mes, creándose una sensación de frustración en las millones de familias que carecen de empleo, al sentirse excluidos de este sistema. En estos años de supuesta bonanza, antes de esta crisis, la gente se endeudó hasta límites extremos, comprometiendo toda una vida para pagar el préstamo de primera vivienda, pasando incluso las deudas a sus descendientes, todo ello alentado por los gobiernos de turno, con las consecuencias que todos conocemos una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, cuya expresión más dramática son los cientos de desahucios que se producen a diario.

Un mayor consumo (o más bien consumismo, es decir, la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios, a menudo alentada por los gobiernos), dispara un aspecto que no se tiene en cuenta, que es el aumento de nuestra huella ecológica. Ya se ha dicho multitud de veces que si todos los habitantes de la Tierra mantuvieran el nivel de vida de los españoles, harían falta tres planetas para atender nuestras necesidades y eliminar nuestros residuos. Debemos ser conscientes de que este modelo productivo esquilma los recursos naturales y agota las fuentes de energía no renovables, obligando a una huida hacia adelante con la búsqueda desesperada de combustibles fósiles (utilizando métodos como el fracking), con el peligro para el medio ambiente y, por tanto, para la especie humana, que ello conlleva, mientras se está dificultando el desarrollo de las fuentes de energía renovables.

Este aumento del consumo de energía y recursos se verifica también en las calles de nuestras ciudades, con la instalación de la iluminación navideña, cuyo principal objetivo es, además de engalanar la vía pública, el de incitar al consumo en estas fechas. España gasta tres veces más en alumbrado público por habitante que Alemania, algo totalmente insostenible.

No es posible seguir con este modelo de producción-consumo, porque es insolidario con los demás países del Sur y con las generaciones futuras. Se hace necesaria una reducción del consumo irracional y una redistribución equitativa de la riqueza hacia las personas desfavorecidas. Insistir desde los gobiernos en los mismos procedimientos de siempre, en la ecuación “consumo igual a crecimiento y empleo” es ahondar en las diferencias entre ricos y pobres, y significa aumentar aún más la presión sobre el medio ambiente. Es hora de replantearnos nuestra función como consumidores y no contribuir más a este perverso sistema.

Artículo publicado en El Pajarito de hoy:

http://elpajarito.es/opinion/articulos-de-opinion/pajara/6305-iconsumismo-frente-a-la-crisis.html

LA CORRUPCIÓN, ESA LACRA

Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. En un país como el nuestro, plagado de casos de implicación de representantes políticos de todos los colores en casos de corrupción, en el que esta lacra supone la segunda preocupación de los españoles, tras el paro, es hora de que la ciudadanía tenga esto en cuenta para elegir a sus representantes.

Nada menos que un millar de políticos y personajes públicos están siendo investigados actualmente en España, desde alcaldes y concejales hasta las altas instancias como la infanta Cristina. A ellos se suman los cientos de casos de representantes ya condenados, con los delitos de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y cohecho (recibir dádivas a cambio de favorecer a personas o instituciones) como más frecuentes, con casos sonados, como la reciente condena del ex-presidente del gobierno balear, Jaume Matas, por simular un contrato para su mujer. 

No hay comunidad autónoma que se libre de estas prácticas delictivas, estando los municipios afectados situados sobre todo en CC.AA. donde la burbuja inmobiliaria estuvo en pleno auge en la década pasada, a raíz de la Ley del Suelo de 1998. Andalucía, con 154 casos y Valencia, con 94, encabezan en términos absolutos el ránking de corrupción. Pero Murcia y Canarias tienen el dudoso honor de ser las regiones con el mayor porcentaje de municipios tocados por la corrupción, con el 57,8% y el 39,8%, respectivamente.

Además de los casos reales de corrupción, en España ha aumentado significativamente la percepción que de ella se tiene por parte de la población, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional. Según este estudio, España desciende en 2013 desde el puesto 30 al 40, de un total de 177 países analizados, en un ranking encabezado por Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, situándose, además, en el puesto 19 dentro del los 30 países analizados que están en el ámbito europeo. Los autores del estudio concluyen que la impunidad, la lentitud de la justicia y la falta de cultura de lucha contra la corrupción son las razones de que esta lacra esté tan extendida en nuestro país.

¿Qué podemos esperar de un país que aplaude y vitorea a sus representantes cuando salen detenidos, mientras éstos alzan los brazos en señal de victoria? ¿O cuando los cientos de políticos que son imputados son apoyados incondicionalmente por sus partidos, asegurando que hasta que no haya condena firme, no puede hablarse de corrupción? En un país como España donde la justicia está fuertemente politizada, y donde no es raro que políticos salgan de rositas, o con condenas suaves, aunque todo el mundo sepa que el nivel de corrupción era mucho más elevado que lo que podría colegirse de la pena recibida, ser imputado no es ninguna vergüenza, toda vez que la responsabilidad política es un concepto ajeno a nuestra cultura. Esto se hace patente en el caso del inefable Carlos Fabra, a quien no se le impide seguir como consejero del puerto de Castellón y como secretario general de la Cámara de Comercio, a pesar de ser haber sido condenado a 4 años de cárcel por haber defraudado 700.000 euros a Hacienda.

Esto contrasta con la percepción y la condena pública que suponen los casos de corrupción en países de nuestro entorno, donde las dimisiones se han sucedido tras casos como plagios de tesis doctorales o endosar multas de tráfico a familiares, asuntos que aquí no hubieran pasado del chascarrillo, de la media sonrisa y de apelar a la pillería de los implicados, condición indispensable para medrar en el escalafón político. Aquí, ni siquiera la condena por provocar la muerte de dos disidentes cubanos a un dirigente del PP, Ángel Carromero, le impide ser el número dos de NN.GG. de Madrid. Y aún está por llegar el desenlace del mayor caso de corrupción conocido en nuestro país, el llamado caso Gürtel y su anexo caso Bárcenas, en los que se pondrá de manifiesto la fuerte conexión entre empresas donantes y concesiones de obras públicas, aderezado por el pago de sobresueldos a dirigentes populares. Estos casos pueden suponer un antes y un después en la corrupción patria.

Mientras la ciudadanía no perciba la corrupción como algo punible que imposibilite la presencia de los meros imputados en listas electorales, seguiremos estando en un país de segunda categoría, lejos del ideal que se debe tener de una democracia moderna y avanzada. Espero que se tenga esto en cuenta en la próxima cita electoral, en mayo de 2014, con las elecciones europeas. Pero mucho me temo que, como se suele decir, "no caerá esa breva".

EDUCACIÓN: PUNTO MUERTO

El informe PISA de 2012 es nuevamente demoledor para España: el nivel de las pruebas está otra vez por debajo de la media de la OCDE, aunque ha mejorado algo con respecto al año pasado. La novedad para este año es que se han cuantificado las diferencias ente comunidades autónomas, resultando que hay una clara correlación entre el nivel socio-económico de la población y los resultados de la prueba PISA. Así, Navarra, Castilla y León, País Vasco y Madrid obtienen mejores resultados que la media de la OCDE frente a los de Murcia, Extremadura, Baleares y Andalucía, que se sitúan a la cola. La OCDE destaca en su informe que “más del 85% de las diferencias” en el rendimiento en matemáticas –la materia en la que se centra esta vez la evaluación por delante de lectura y ciencias- “es atribuible a diferencias socioeconómicas". En el colmo de la demagogia, la secretaria de Estado para Educación, Montserrat Gomendio, así como la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña culpan a los inmigrantes del bajo nivel obtenido en las pruebas, echando balones fuera.

En el caso de Murcia, el nivel es patético. La Región de Murcia está a la cola de los resultados, sólo por encima de Extremadura. Curiosamente, la caída brutal con respecto al año anterior coincide con la aplicación de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Educación consistentes en aumentar la ratio en las aulas y aumentar la carga lectiva de los profesores, que tuvo como consecuencia el despido de miles de interinos. Las repetidas denuncias de los colectivos de profesionales de la enseñanza, agrupados en la Marea Verde, referidas a la degradación de la enseñanza pública, no parece que hagan mella en los responsables políticos de la Educación. En la región, la Consejería debe cientos de millones de euros a los centros públicos de las partidas presupuestarias correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, dejándoles en una situación precaria, sin medios suficientes para realizar de forma óptima su trabajo. Sólo la profesionalidad del colectivo docente permite salir adelante.

Estos resultados deberían hacer reflexionar a los responsables de la política educativa. Esto demuestra, en mi opinión, que para elevar el nivel educativo de un país donde hay que incidir es en mejorar la equidad social entre los diferentes sectores de la población. Como dice la OCDE, hay una relación directa entre la depauperación de la sociedad española en general y los bajos niveles alcanzados. La ley Wert no va a incidir en eso, porque no va a la raíz del problema. Al contrario, la LOMCE va a ahondar en las diferencias, pues solo se centra en el "esfuerzo" de l@s alumn@s, como si las condiciones de partida fueran las mismas para tod@s. No puede ser lo mismo, por poner un ejemplo, las condiciones que puede tener un alumno o alumna en casa, en una barriada deprimida, sin conexión a internet ni bibliotecas cerca, que las de otr@ de un barrio residencial, en una familia que tenga acceso a la cultura. Desgraciadamente, el número de familias que viven en las peores condiciones va en aumento de año en año.

El mazazo a la cultura que este gobierno ha dado en los últimos tiempos también tiene que ver con estos pobres resultados. Las bibliotecas viven sus horas más bajas, no existe una política de promoción efectiva de la lectura, a pesar de que se ha demostrado que los niños que más leen tienen mejores resultados académicos. También es sabido, por multitud de estudios, que el desarrollo de las capacidades musicales mejora el rendimiento de los niños y niñas, y reduce significativamente el fracaso escolar. Sin embargo, las artes y la filosofía (una materia que enseña a pensar) se reducen drásticamente en la nueva ley y el aprendizaje de la música fuera del ámbito escolar sigue siendo elitista, al no existir una red de escuelas municipales que haga frente a la demanda.

Cuando las leyes educativas se diseñan desde la perspectiva ideológica, sin tener en cuenta la opinión de los expertos, empezando por los propios profesores, que han sido los grandes ignorados por este gobierno (y por los anteriores también), el resultado es una deriva incierta y unos "palos de ciego" cuyos únicos damnificados van a ser las generaciones futuras, puestos a merced de políticos ineptos, muy a menudo provenientes de mundos ajenos a la Educación. Así nos va.