LA CORRUPCIÓN, ESA LACRA

Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. En un país como el nuestro, plagado de casos de implicación de representantes políticos de todos los colores en casos de corrupción, en el que esta lacra supone la segunda preocupación de los españoles, tras el paro, es hora de que la ciudadanía tenga esto en cuenta para elegir a sus representantes.

Nada menos que un millar de políticos y personajes públicos están siendo investigados actualmente en España, desde alcaldes y concejales hasta las altas instancias como la infanta Cristina. A ellos se suman los cientos de casos de representantes ya condenados, con los delitos de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y cohecho (recibir dádivas a cambio de favorecer a personas o instituciones) como más frecuentes, con casos sonados, como la reciente condena del ex-presidente del gobierno balear, Jaume Matas, por simular un contrato para su mujer. 

No hay comunidad autónoma que se libre de estas prácticas delictivas, estando los municipios afectados situados sobre todo en CC.AA. donde la burbuja inmobiliaria estuvo en pleno auge en la década pasada, a raíz de la Ley del Suelo de 1998. Andalucía, con 154 casos y Valencia, con 94, encabezan en términos absolutos el ránking de corrupción. Pero Murcia y Canarias tienen el dudoso honor de ser las regiones con el mayor porcentaje de municipios tocados por la corrupción, con el 57,8% y el 39,8%, respectivamente.

Además de los casos reales de corrupción, en España ha aumentado significativamente la percepción que de ella se tiene por parte de la población, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional. Según este estudio, España desciende en 2013 desde el puesto 30 al 40, de un total de 177 países analizados, en un ranking encabezado por Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, situándose, además, en el puesto 19 dentro del los 30 países analizados que están en el ámbito europeo. Los autores del estudio concluyen que la impunidad, la lentitud de la justicia y la falta de cultura de lucha contra la corrupción son las razones de que esta lacra esté tan extendida en nuestro país.

¿Qué podemos esperar de un país que aplaude y vitorea a sus representantes cuando salen detenidos, mientras éstos alzan los brazos en señal de victoria? ¿O cuando los cientos de políticos que son imputados son apoyados incondicionalmente por sus partidos, asegurando que hasta que no haya condena firme, no puede hablarse de corrupción? En un país como España donde la justicia está fuertemente politizada, y donde no es raro que políticos salgan de rositas, o con condenas suaves, aunque todo el mundo sepa que el nivel de corrupción era mucho más elevado que lo que podría colegirse de la pena recibida, ser imputado no es ninguna vergüenza, toda vez que la responsabilidad política es un concepto ajeno a nuestra cultura. Esto se hace patente en el caso del inefable Carlos Fabra, a quien no se le impide seguir como consejero del puerto de Castellón y como secretario general de la Cámara de Comercio, a pesar de ser haber sido condenado a 4 años de cárcel por haber defraudado 700.000 euros a Hacienda.

Esto contrasta con la percepción y la condena pública que suponen los casos de corrupción en países de nuestro entorno, donde las dimisiones se han sucedido tras casos como plagios de tesis doctorales o endosar multas de tráfico a familiares, asuntos que aquí no hubieran pasado del chascarrillo, de la media sonrisa y de apelar a la pillería de los implicados, condición indispensable para medrar en el escalafón político. Aquí, ni siquiera la condena por provocar la muerte de dos disidentes cubanos a un dirigente del PP, Ángel Carromero, le impide ser el número dos de NN.GG. de Madrid. Y aún está por llegar el desenlace del mayor caso de corrupción conocido en nuestro país, el llamado caso Gürtel y su anexo caso Bárcenas, en los que se pondrá de manifiesto la fuerte conexión entre empresas donantes y concesiones de obras públicas, aderezado por el pago de sobresueldos a dirigentes populares. Estos casos pueden suponer un antes y un después en la corrupción patria.

Mientras la ciudadanía no perciba la corrupción como algo punible que imposibilite la presencia de los meros imputados en listas electorales, seguiremos estando en un país de segunda categoría, lejos del ideal que se debe tener de una democracia moderna y avanzada. Espero que se tenga esto en cuenta en la próxima cita electoral, en mayo de 2014, con las elecciones europeas. Pero mucho me temo que, como se suele decir, "no caerá esa breva".