DEPORTE Y DERECHOS HUMANOS

El ansia de los países por organizar eventos deportivos internacionales de primer orden les está llevando a vulnerar todos los derechos, desde el abuso a los trabajadores, que les llevan en muchos casos a la muerte, a escándalos de corrupción y atentados ambientales, que están provocando cada vez de forma más numerosa protestas tanto dentro como fuera de esos países.

Lo hemos visto en Sochi, donde se están celebrando actualmente los JJ.OO. de invierno, los más caros de la historia, juegos salpicados por escándalos de corrupción, homofobia y represalias a activistas, sobre todo con temas relacionados con el medio ambiente, ya que son numerosas las voces que han denunciado vertidos ilegales, destrucción de bosques y contaminación de ríos durante la preparación de esos juegos.

También el Mundial de Fútbol que se va a celebrar este verano en Brasil, así como los JJ.OO. de verano de 2016, que se desarrollarán en Río de Janeiro, han sacado a las calles a miles de brasileños que denuncian los sobrecostes de las obras de los estadios y la corrupción de las instituciones, además de protestar por que se destinen miles de millones de reales (la moneda de ese país) a la organización de estos eventos, descuidando la educación y la sanidad, en uno de los países con mayor desigualdad social del mundo. Estas protestas se han traducido en manifestaciones por las calles de Río, Sao Paulo y otras ciudades brasileñas, que se han saldado con más de 140 detenidos. Esto ha hecho que el gobierno brasileño prepare un plan de seguridad, con un coste de 500 millones de dólares, para intentar evitar estas protestas durante el desarrollo del Mundial.

El último episodio en la historia negra de los grandes eventos deportivos lo hemos sabido hoy, al saberse que más de 400 nepalíes han muerto en las obras de construcción de los estadios de fútbol para el Mundial de 2022 de Qatar. La ONG Comité de Coordinación para los Emigrantes Nepalíes (Pravasi Nepali Co-ordination Committee -PNCC-) calcula que de aquí a la inauguración de este campeonato, diez veces más de trabajadores perderán la vida en las obras. 

Esta competición por organizar estos espectáculos, llevados por la pretensión de que las grandes empresas nacionales ganen ingentes cantidades de dinero, pero a costa de la vida de trabajadores, la vulneración de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente, es una vertiente más del capitalismo salvaje que está campando a sus anchas en este siglo XXI. A menudo estas apuestas salen caras, como se puso de relieve en los JJ.OO. de Atenas 2004, que precipitaron la crisis brutal del país heleno, al causarle un perjuicio económico astronómico, como ya puse de relieve en un artículo anterior, en el que apelaba a la no celebración de los JJ.OO. en Madrid, como luego afortunadamente ocurrió. 

A esta carrera por llevarse el gato al agua contribuyen los propios deportistas, que a menudo anteponen sus carreras deportivas a la defensa de los derechos humanos. Lo vimos en la selección española de fútbol, que no dudó en acudir a Guinea Ecuatorial el pasado mes de noviembre para disputar un encuentro amistoso, un país gobernado con mano de hierro por el dictador Obiang. Este hecho fue denunciado por gran parte de la oposición en el Congreso de los Diputados. También han sido polémicas las declaraciones del abanderado del equipo olímpico de deportes de invierno, Javier Fernández, al recomendar a los deportistas gays "que se corten" durante la celebración de los JJ.OO. de Sochi, para evitar problemas por la ley homófoba del gobierno de Putin. Aunque se entiende que los años de preparación de l@s deportistas para acudir a estas competiciones pueden irse al traste, debería exigírseles que, además de tener las mejores marcas, fueran personas íntegras que contribuyeran a denunciar las situaciones injustas. No deberían aceptar participar en competiciones en países donde se atentaran contra los derechos humanos.

Pero la mayor exigencia hay que hacérsela a los gobiernos y a los organismos internacionales, que deberían velar por que esos derechos se respetaran escrupulosamente, y no concedieran la organización de estos eventos deportivos a países que los vulneren y, si durante la organización de los mismos, se produjeran situaciones de atentados a los derechos de los trabajadores o delitos ambientales, se debería poder retirar el privilegio de la organización de esos campeonatos. Desgraciadamente, los propios organismos que conceden las candidaturas no están exentos de ser corruptos y de recibir sobornos y favores, como en la FIFA y en el COI. 

El mundo del deporte de élite, que mueve miles de millones de euros y que es un engranaje más de la maquinaria capitalista, debe recuperar los valores que hipócritamente nos venden en sus discursos vacíos, que quedan muy bien en los medios de comunicación, pero que están muy lejos de ser una realidad.

POR LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO DE LAS PERSONAS

Hace unos días hemos asistido al bochornoso espectáculo que han protagonizado los miembros de la Guardia Civil, disparando (con cartuchos de fogueo y balas de goma) a los inmigrantes que pretendían arribar a las costas de Ceuta, contribuyendo así a la muerte por ahogamiento de al menos 14 personas, según han declarado los supervivientes de la tragedia. Este hecho ha provocado que desde Bruselas se pidan explicaciones. Hoy mismo hemos sabido que la frontera de Melilla se cierra ante la llegada de unas decenas de refugiados de la guerra de Siria quienes, tras atravesar todo el norte de Africa, intentan llegar a Europa, esa Europa a la que se le llena la boca con las palabras solidaridad y ayuda humanitaria. Como en el caso de la muerte de varios cientos de inmigrantes en las costas de Lampedusa hace unos meses, estos hechos demuestran que la comunidad internacional y, concretamente, la Unión Europea, debe acometer de una vez por todas el asunto y dejar de ver la cuestión de la inmigración como una amenaza de la que hay que defenderse incluso a tiros.

En primer lugar hay que desterrar algunos tópicos que, de forma interesada o no, se difunden por la sociedad, sobre todo en estos tiempos en los que las actitudes xenófobas están aumentando en Europa, con el auge de los partidos ultras. Se dice que “los inmigrantes son gente sin formación, incultos, casi analfabetos”, que “vienen a robarnos el trabajo y a aprovecharse de nuestra seguridad social” o que “las cárceles están llenas de inmigrantes porque son unos delincuentes”. Todas estas afirmaciones propias de ignorantes son totalmente falsas, como así lo aseveran las organizaciones que trabajan con estos colectivos, como S.O.S. Racismo. Sin embargo, los medios de comunicación más conservadores transmiten la idea de la peligrosidad de la inmigración, contribuyendo a perpetuar los mitos de este fenómeno, al tiempo que crean un clima de miedo, necesario para los que nos gobiernan, pues es lo que necesitan para justificar sus políticas de "mano dura".

Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público; de hecho usan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona. Así lo demuestran varios informes como el realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, sólo suponían el 5% de los pacientes de atención primaria, muy lejos de su presencia en la sociedad. Sobre el uso de los servicios de Atención Primaria por parte de inmigrantes en España, el 57,7% de la población española había acudido al menos una vez en el periodo de un año frente al 12,7% de la población inmigrante. En 2012, según el informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles españolas el porcentaje de reclusos españoles alcanzaba el 69%, frente al 31% de origen extranjero, lo que desmonta la idea de que los inmigrantes son mayoritariamente delincuentes. 

La búsqueda de un futuro mejor, en el mejor de los casos, y la salvación de la propia vida, en la mayoría de ellos, son razones más que suficientes para que las personas quieran salir de sus países, y esto debe propiciar una política europea (pues este tema trascienden las políticas nacionales) de migraciones efectiva, pues las migraciones han estado presentes en la historia de la Humanidad desde hace milenios, y han contribuido a la evolución de los países. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza cuando Suiza decide limitar la entrada a los miembros de la UE a su mercado laboral, o cuando Bélgica expulsa a los inmigrantes españoles por ser "una carga excesiva", en un momento en el que más de 260.000 españoles, la mayoría titulados universitarios, han salido del país desde el comienzo de la crisis, como pone de manifiesto la web asinosvamos.es. Pero la indignación no es la misma cuando son personas provenientes de países en desarrollo las que intentan llegar al llamado "primer mundo".

El Partido Verde Europeo, junto a EQUO, ya denunciaron la situación de fortificación de la frontera en Melilla, así como las expulsiones exprés que realiza el gobierno a Marruecos, en el supuesto acuerdo sobre readmisión de extranjeros, que viola claramente la Convención de Ginebra sobre refugiados. Es necesario que, desde Europa, se reconozca uno de los derechos humanos más básicos, como es el derecho a la libertad de movimientos, derecho que proclama que "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cada Estado y que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país". También es urgente una campaña de descriminalización de la inmigración, al tiempo que se ponen en valor las virtudes de ese fenómeno, como son el rejuvenecimiento de la población o la interculturalidad, que frena los brotes xenófobos y racistas.