POR EL ACCESO GARANTIZADO AL AGUA Y A LA ENERGÍA

Con el tema “Agua y Energía” se conmemora el día 22 de marzo el Día Mundial del Agua, ligando dos de los aspectos que están marcando en gran medida no sólo el futuro inmediato de la Humanidad, sino los acontecimientos que en la actualidad están sucediendo a nivel planetario. En los países en vías de desarrollo el acceso al agua es casi un privilegio. Se calcula que unas 900 millones de personas en el mundo carecen de agua potable y que otras 2.600 millones viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que es fuente de enfermedades. Otros datos escalofriantes nos recuerdan que más del 80% del agua usada en el planeta por el ser humano no recibe un tratamiento de depuración posterior. Desde el punto de vista energético, alrededor de 1.200 millones de personas, lo que equivale casi a la población de la India, no tienen acceso a la electricidad; 2.800 millones utilizan leña u otro tipo de biomasa para cocinar y caldear sus viviendas. La escasez de agua ligada al cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles, que está llevando a la búsqueda desesperada de petróleo en regiones aún vírgenes como el Amazonas o el Ártico, o en el fondo del mar, como lo demuestran las prospecciones en el golfo de Valencia o frente a las costas canarias, pueden precipitar los conflictos internacionales y las catástrofes ambientales en los próximos años. 

Pero no sólo en el llamado Tercer Mundo el acceso al agua y a la energía es cada vez más difícil. Desde los sectores más neoliberales se insiste en considerar estos bienes comunes como mercancías susceptibles de ser objeto de especulación, para obtener pingües beneficios a costa de privar, en muchos casos, a los sectores más vulnerables de la población, del acceso de estos dos auténticos derechos fundamentales. El dictado de la política energética al gobierno por parte de la patronal UNESA, marginando a las energías renovables, y la privatización del servicio de abastecimiento de agua a los ciudadanos, con la excusa de la crisis, está llevando al empobrecimiento acelerado de la población. Esto se hace patente en dos fenómenos que hace unos años parecía algo impensable, la pobreza energética y el aumento exponencial de los cortes de agua, permitiendo desde los poderes públicos que se atente contra estos derechos reconocidos por las Naciones Unidas. 

Las subidas arbitrarias en las tarifas de agua y de luz sufridas por los consumidores en estos últimos años, por parte de las empresas privadas con la connivencia de las administraciones (central, autonómicas y municipales), demuestran que el bienestar de la ciudadanía pasa a un segundo plano cuando de lo que se trata es de aumentar los beneficios particulares frente a los intereses generales.

En este Día Mundial del Agua es nuestro deber reivindicar el acceso público y garantizado al agua y a la energía, dos bienes fundamentales que nunca debieron dejarse en manos de la iniciativa privada para que negociaran con ellas.

Artículo aparecido hoy en el diario La Opinión de Murcia

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/03/22/acceso-garantizado-agua-energia/545655.html

EL GOBIERNO FRENTE A LAS NUEVAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS

En época de crisis, la imaginación se pone en marcha para obtener mayores ventajas con menos medios. Pero el gobierno de Rajoy se ha propuesto cortar las alas a todas aquellas iniciativas que pretenden facilitar la vida a inversores y consumidores y que, según ellos, traicionan el método tradicional de financiación y consumo de bienes y servicios.

Hace ya algunos años se puso en marcha un método de financiación de proyectos, el crowdfunding, término inglés para denominar lo que se llamaría en español micromecenazgo, consistente en la aportación por parte de un gran número de personas de pequeñas cantidades de dinero a cambio de algunos privilegios, como la devolución de la cantidad prestada más un pequeño interés (modalidad de préstamo) o contraprestaciones tangibles (discos, camisetas, etc.) o intangibles, como la aparición del nombre del donante en los créditos del proyecto, acceso a contenidos exclusivos, etc. (modalidad de recompensas); una tercera modalidad consiste en que las aportaciones de l@s donantes se incorporan al capital de la empresa, por lo que también participan de los riesgos, además de los beneficios de la empresa (equity crowdfunding en su nomenclatura en inglés). Este sistema tiene su antecedente en las obras públicas realizadas por suscripción popular, pero su uso como método de financiación empresarial se inició con proyectos musicales hace unos 20 años, en la grabación y edición de discos. Poco a poco se ha ido extendiendo a todo tipo de proyectos empresariales e incluso a asuntos como la restauración de símbolos religiosos. Nada impediría que donantes generosos hicieran aportaciones cuantiosas a determinadas iniciativas. Sin embargo, el anteproyecto de ley que acaba de sacar el gobierno pone límites a esas financiaciones, tanto en la cuantía total anual que una sola persona puede aportar (6.000 euros), como a la cantidad destinada a un solo proyecto por cada donante (3.000 euros). Con esta legislación, muchas iniciativas serían inviables por este método, pues la financiación necesaria obligaría a la participación de cientos de microinversores, dificultando su puesta en marcha.

También ha surgido en tiempos recientes el llamado consumo colaborativo, modalidad aparecida en el siglo XXI, por la que los bienes privados se ponen a disposición de la comunidad, a cambio de una precio determinado (o de un tiempo pactado, los llamados bancos de tiempo), que conlleva toda una serie de ventajas, como ser más ecológico, ya que se basa en reducir, reciclar, reutilizar, reparar y redistribuir los bienes, compartiéndolos; permite un mayor ahorro entre l@s consumidores/as y es una modalidad más social, ya que prima la consecución del bien común frente a la búsqueda de beneficios, aunque no está vedado este último objetivo. Nuevos modelos de negocio como el carpooling (compartir coche para optimizar su uso y que éste siempre viaje lleno), carsharing (un/a usuari@ alquila su coche por cortos periodos de tiempo), el coworking (uso compartido de los espacios de trabajo) o el coachsurfing (empresa que permite compartir alojamiento a través de las redes sociales y que ha dado nombre a esta modalidad de "intercambio de hospitalidad") están revolucionando el panorama en esta época de crisis.

Las últimas decisiones del gobierno español encaminadas a regular estas nuevas modalidades de consumo y financiación ponen en evidencia, en mi opinión, que lo que pretenden en realidad es que los viejos modelos sigan dominando el sistema económico, haciendo que los bancos sean los únicos que puedan controlar el flujo de capitales a las empresas (aunque el grifo de la financiación por parte de los bancos sigue estando cerrado, a pesar de haber recibido más de 40.000 millones de euros en ayudas públicas), y que las "niñas bonitas" del empresariado español sigan siendo la industria automovilística, que ha recibido más de 7.000 millones de euros en la última década por parte del estado, y la industria turística tradicional. La aparición de estas nuevas alternativas amenaza a las anquilosadas estructuras de los sectores citados. Ha sido noticia estos días cómo la patronal del transporte público Fenebús ha denunciado a una web de viajes compartidos por considerarla "ilegal". Siendo importante potenciar el transporte público para reducir el número de vehículos en las carreteras y disminuir las emisiones de CO2, también este modo de viajar compartiendo vehículo y gastos contribuyen a ese mismo fin.

La tendencia de los gobiernos a controlar y sobre-regular las nuevas modalidades económicas demuestra no sólo su falta de reflejos, sino también que la sociedad va por delante de los poderes públicos, creando imaginativas alternativas a las actividades tradicionales (ya sea con ánimo de lucro o no) que facilitan el ahorro a los consumidores y contribuyen a adquirir un modo de vida más sostenible.

LA RECESIÓN HA TERMINADO (PERO SÓLO PARA UNOS POCOS)

El gobierno español sigue comprometiendo dinero público para defender los intereses de las empresas privadas españolas en el extranjero, mientras abandona a su suerte a las pequeñas y medianas empresas. Mientras la PYMES, que suponen el 80% de la actividad empresarial en nuestro país, ven recortados sus créditos, las grandes empresas (bancos, eléctricas, constructoras) son las grandes beneficiarias en estos tiempos de crisis. El gobierno avalará los 125 millones que Sacyr necesita para continuar con las obras en el canal de Panamá; también garantizarán el préstamo al consorcio empresarial para construir el AVE del desierto saudí, por medio de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), con una participación estatal del 50,25%, por un montante de 1.000 millones de euros. Eso sin hablar de los avales a nivel nacional, como las autopistas de peaje en quiebra o los aeropuertos fantasma españoles, como el de Corvera, avalado con 185 millones por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Un dato que pone de manifiesto que la salida de la crisis sólo se verifica para las grandes empresas y las grandes fortunas es que en el último número de la revista Forbes, se puede comprobar que seis españoles se han incorporado a la lista de nuevos multimillonarios, elevándose a 26 los riquísimos de nuestro país. Encabeza esta lista, una vez más en España, Amancio Ortega, que ha ganado 7.000 millones de euros más este año, situándose como la tercera fortuna del mundo, con 64.000 millones de euros, sólo por debajo de Bill Gates y Carlos Slim. 

Mientras tanto, el número de parados en España ha aumentado en más de 620.000 personas desde que gobierna Rajoy, pasando de una tasa de desempleo del 22,83% en el último trimestre de 2011 al actual 26,03%, a pesar de los mensajes triunfalistas que los distintos ministros y ministras nos repiten una y otra vez. Después de la rebaja de los derechos laborales perpetrada por el gobierno en estos dos años y medio, el FMI, en boca de su presidenta Christine Lagarde, ha instado a "profundizar en los ajustes", forma de decir, en la neolengua que suele utilizarse desde los sectores más neoliberales, que hay que seguir con los recortes, para conseguir "competitividad", es decir, menos salarios, menos derechos sociales, menos pensiones.

Desde la reforma de la Constitución realizada por PSOE y PP en agosto de 2011, los ingresos que recibe el Estado vía impuestos va destinado de forma preferente al pago de la deuda, en vez de dedicarlo a la mejora de los servicios públicos. En 2011, Serge Latouche, profesor emérito de economía de la Universidad Paris-Sud e ideólogo del decrecimiento, en su libro "La sociedad de la abundancia frugal" (Edit. Icaria) hacía un análisis certero de la situación y del camino emprendido por los gobiernos europeos para afrontar la crisis: 

"(...) En nombre del relanzamiento, en gran parte ilusorio de las inversiones y totalmente engañoso del empleo, se reducen o eliminan las cargas sociales, el impuesto sobre las actividades económicas y el impuesto sobre el beneficio de las empresas. Se exime de cualquier impuesto sobre los beneficios "extras" a sectores de la banca y las finanzas, mientras que el "escudo fiscal"  permite a los ricos pagar cada vez menos impuestos. Al mismo tiempo, la austeridad azota con vigor a los trabajadores y a las clases medias que sufren por el descenso de sus ingresos, por el recorte de las ayudas sociales y por el aumento de la edad legal de jubilación (...). Para completar el panorama (...), se desmantelan los servicios públicos y se privatiza todo lo que queda por privatizar".

Parece que el gobierno de Rajoy ha seguido al pie de la letra estas recetas, a la vez que hace creer a la ciudadanía crédula que "se ha superado la recesión". Pero, como se ha visto, los únicos que salen airosos de esta crisis son los que nunca la han padecido, las grandes empresas y las grandes fortunas que se enriquecen aún más a costa del sufrimiento de la amplia mayoría de la población, esa población abandonada a su suerte por este gobierno.