miércoles, 19 de marzo de 2014

EL GOBIERNO FRENTE A LAS NUEVAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS


En época de crisis, la imaginación se pone en marcha para obtener mayores ventajas con menos medios. Pero el gobierno de Rajoy se ha propuesto cortar las alas a todas aquellas iniciativas que pretenden facilitar la vida a inversores y consumidores y que, según ellos, traicionan el método tradicional de financiación y consumo de bienes y servicios.

Hace ya algunos años se puso en marcha un método de financiación de proyectos, el crowdfunding, término inglés para denominar lo que se llamaría en español micromecenazgo, consistente en la aportación por parte de un gran número de personas de pequeñas cantidades de dinero a cambio de algunos privilegios, como la devolución de la cantidad prestada más un pequeño interés (modalidad de préstamo) o contraprestaciones tangibles (discos, camisetas, etc.) o intangibles, como la aparición del nombre del donante en los créditos del proyecto, acceso a contenidos exclusivos, etc. (modalidad de recompensas); una tercera modalidad consiste en que las aportaciones de l@s donantes se incorporan al capital de la empresa, por lo que también participan de los riesgos, además de los beneficios de la empresa (equity crowdfunding en su nomenclatura en inglés). Este sistema tiene su antecedente en las obras públicas realizadas por suscripción popular, pero su uso como método de financiación empresarial se inició con proyectos musicales hace unos 20 años, en la grabación y edición de discos. Poco a poco se ha ido extendiendo a todo tipo de proyectos empresariales e incluso a asuntos como la restauración de símbolos religiosos. Nada impediría que donantes generosos hicieran aportaciones cuantiosas a determinadas iniciativas. Sin embargo, el anteproyecto de ley que acaba de sacar el gobierno pone límites a esas financiaciones, tanto en la cuantía total anual que una sola persona puede aportar (6.000 euros), como a la cantidad destinada a un solo proyecto por cada donante (3.000 euros). Con esta legislación, muchas iniciativas serían inviables por este método, pues la financiación necesaria obligaría a la participación de cientos de microinversores, dificultando su puesta en marcha.

También ha surgido en tiempos recientes el llamado consumo colaborativo, modalidad aparecida en el siglo XXI, por la que los bienes privados se ponen a disposición de la comunidad, a cambio de una precio determinado (o de un tiempo pactado, los llamados bancos de tiempo), que conlleva toda una serie de ventajas, como ser más ecológico, ya que se basa en reducir, reciclar, reutilizar, reparar y redistribuir los bienes, compartiéndolos; permite un mayor ahorro entre l@s consumidores/as y es una modalidad más social, ya que prima la consecución del bien común frente a la búsqueda de beneficios, aunque no está vedado este último objetivo. Nuevos modelos de negocio como el carpooling (compartir coche para optimizar su uso y que éste siempre viaje lleno), carsharing (un/a usuari@ alquila su coche por cortos periodos de tiempo), el coworking (uso compartido de los espacios de trabajo) o el coachsurfing (empresa que permite compartir alojamiento a través de las redes sociales y que ha dado nombre a esta modalidad de "intercambio de hospitalidad") están revolucionando el panorama en esta época de crisis.

Las últimas decisiones del gobierno español encaminadas a regular estas nuevas modalidades de consumo y financiación ponen en evidencia, en mi opinión, que lo que pretenden en realidad es que los viejos modelos sigan dominando el sistema económico, haciendo que los bancos sean los únicos que puedan controlar el flujo de capitales a las empresas (aunque el grifo de la financiación por parte de los bancos sigue estando cerrado, a pesar de haber recibido más de 40.000 millones de euros en ayudas públicas), y que las "niñas bonitas" del empresariado español sigan siendo la industria automovilística, que ha recibido más de 7.000 millones de euros en la última década por parte del estado, y la industria turística tradicional. La aparición de estas nuevas alternativas amenaza a las anquilosadas estructuras de los sectores citados. Ha sido noticia estos días cómo la patronal del transporte público Fenebús ha denunciado a una web de viajes compartidos por considerarla "ilegal". Siendo importante potenciar el transporte público para reducir el número de vehículos en las carreteras y disminuir las emisiones de CO2, también este modo de viajar compartiendo vehículo y gastos contribuyen a ese mismo fin.

La tendencia de los gobiernos a controlar y sobre-regular las nuevas modalidades económicas demuestra no sólo su falta de reflejos, sino también que la sociedad va por delante de los poderes públicos, creando imaginativas alternativas a las actividades tradicionales (ya sea con ánimo de lucro o no) que facilitan el ahorro a los consumidores y contribuyen a adquirir un modo de vida más sostenible.


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