lunes, 27 de octubre de 2014

LA PODREDUMBRE DE LA DEMOCRACIA

La operación Púnica es otro eslabón más de la cadena de detenciones que se están llevando a cabo en España desde hace unos meses para acabar con la corrupción, esa lacra que se ha instalado en nuestro país desde la época de la Transición, acentuada a partir de la década de los '80 con la lluvia de millones que empezó a llegar a España a raíz de nuestra entrada en la UE. Los políticos al uso se han acostumbrado demasiado bien a un ritmo de vida alejado de lo que se considera normal. Coches oficiales, viajes a países lejanos para promocionar su ciudad o su comunidad autónoma, con tarjetas oro con los que gastar en cosas como restaurantes, mariscadas, estancias en hoteles en fin de año, reuniones de trabajo con facturas de 1.200 euros en comida de lujo, lo que quisieran, sin tener que rendir cuentas, como ha salido a la luz con la "caja fija" de la Generalitat valenciana, de la que salió una media de 577.000 euros al día entre 2006 y 2013. 

Por su parte, los sospechosos detenidos en esta operación cobraban (presuntamente), el 3 % de comisión por cada contrato de obra pública, habiéndose llevado hasta siete millones de euros en los últimos años, tal y como hacía el clan Pujol, habiendo aprendido muy bien de la trama catalana. Demasiados años de impunidad, de chulería, de sonrisas cínicas, de creerse por encima del bien y del mal, de que sus compañeros de partido cerraran los ojos (¿tal vez porque también han trincado pasta?), "confiando en la justicia" y "respetando sus decisiones, como no puede ser de otra manera". Políticos alejados de la gente, separados por cordones policiales, escoltas y pantallas de plasma.

La Región de Murcia no escapa a este ambiente corrupto. No en vano es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de ayuntamientos tocados por la varita de las imputaciones y las condenas por las diversas variantes de corrupción (prevaricación, tráfico de influencias, cohecho). Nada menos que el 57,8 % de los ayuntamientos murcianos están afectados por casos de corrupción relacionados con la construcción entre los años 2000 y 2010, otro récord que la región tristemente ostenta. De entre los detenidos hoy en el ámbito de la operación Púnica figuran el ex-alcalde socialista de Cartagena, Jose Antonio Alonso, socio de uno de los principales imputados, David Marjaliza, otro de los empresarios arrestados en Madrid y supuestamente uno de los cabecillas de la trama; la directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y José Fidel Saura, jefe de gabinete del consejero de Turismo e Industria, Juan Carlos Ruiz, además de Jesús Norberto Galindo, actual secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. A pesar de eso, el presidente Rajoy no tiene el menor reparo en calificar a la Región de Murcia como la región que "más ha progresado" (sic). Ya sabemos en qué ha progresado, porque lo que es bienestar, niveles de desempleo, porcentaje de abandono escolar.... estamos a la cola de España. 

Esta serie de detenciones hay que debérsela en gran medida a una nueva generación de jueces (aunque muchos otros tiene mayor edad), como son Pablo Ruz (nacido sólo 8 días después de la muerte del dictador Franco), Jacobo Pin (nacido el año del 23F), instructor del caso Fabra, Mercedes Alaya o Eloy Velasco, que no vacilan en poner ante ellos a la clase política, sin sucumbir a las presiones que sin duda reciben de las más altas instancias. Han tenido que pasar 30 años para que esta generación tomara el relevo a muchos de los que iniciaron su carrera profesional en la época franquista, llegando incluso a las más altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional. Los jueces tienen todavía mucho trabajo por delante, y estaremos esperando con ansia las conclusiones de los casos Gürtel, Umbra, Urdangarín, ERE, Pujol.... para hacer una limpieza de la casa. A esa casa debe entrar aire fresco, porque no es de recibo que los mismos que una y otra vez incurren en casos de corrupción sigan gobernando este país, estamos demasiado hartos de ellos.

La basura de la democracia debe ser tirada al vertedero, renovando las instituciones y haciendo que los tres poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial) sean realmente independientes unos de otros, y no este remedo de democracia, en que el poder político (y por tanto ejecutivo) está metido en los órganos de control de los jueces, en las entidades financieras, creando redes clientelares en los pueblos y barrios, donde los representantes funcionan más como mafiosos, a la manera de Don Corleone, haciendo favores a cambio de votos, que como intermediarios entre la voluntad popular y las instituciones. Situaciones de juegos de poder donde las relaciones entre empresas privadas e instituciones públicas se han convertido en intercambio de prebendas para asegurarse los primeros suculentos contratos y los segundos puestos de trabajo una vez acabada su etapa pública, si no enriquecimiento personal directamente. Ya basta.