UN BALANCE AMBIENTAL

Con el año 2015 finiquitado, y en pleno periodo de negociaciones entre los partidos surgidos de las elecciones del 20D para ver quién se lleva el gato al agua y es capaz de formar gobierno, es hora de echar cuentas de lo que nos ha deparado este periodo desde el punto de vista ambiental, aunque no de un modo exhaustivo.

Para empezar, el dato de que en 2015 habremos alcanzado en nuestro planeta la temperatura media más alta desde que se tienen registros no hace sino confirmar lo que la inmensa mayoría de científicos ya saben, que el cambio climático es una realidad. La actividad humana combinada con la acentuación del fenómeno de El Niño (cambio en el sistema océano - atmósfera que ocurre en el Océano Pacífico ecuatorial, que contribuye a cambios significativos del clima) está provocando, de forma cada vez más frecuente, anomalías en el régimen de lluvias y temperaturas inusuales en esta época del año.

Estas anomalías aparecen reflejadas en forma de incendios en el norte de España en pleno invierno, acentuándose la deforestación, la práctica ausencia de nieve en las estaciones de esquí o la sequía en los principales ríos, empezando por el Ebro, ese río que, recuerden, “tiraba el agua al mar”, según la miope visión de los políticos de la región, o el Tajo que, gracias a las aguas “cedidas” en estos 35 años, ha posibilitado que 130.000 hectáreas de suelo sean regadas con estas aguas, a pesar de las protestas de los ribereños del río más largo de España por la falta de agua que, paradójicamente, sufren. En el resto del mundo, las inundaciones en el Reino Unido y Sudamérica (agravadas en este caso por el cultivo de soja transgénica provocando la deforestación que desprotege el suelo) nos alertan de nuevo sobre las consecuencias palpables del cambio climático.

La contaminación de las ciudades es otro problema que estamos sufriendo en este año que se va. Madrid es la más conocida, por las medidas valientes pero necesarias que han puesto en marcha, pero otras ciudades españolas como Barcelona, Valencia, Murcia o Granada superan con creces los niveles de óxidos de nitrógeno u ozono atmosférico, provocando cerca de 27.000 muertes prematuras al año. El apoyo del gobierno a la minería del carbón, una actividad contaminante abocada a su fin, que nos ha costado 23.000 millones de euros desde 1990, en un sector que sólo emplea a 3.000 personas, junto al desmantelamiento de la industria de las energías renovables y la implantación del “impuesto al sol”, castigando el autoconsumo, aderezado con la continuación de las “puertas giratorias” desde los puestos de responsabilidad política a las empresas energéticas son la prueba de la nefasta gestión que este gobierno ha seguido aplicando en nuestro país en materia energética.

En España, la negativa por parte del gobierno a la paralización de la central nuclear de Garoña, la reforma de la Ley de Montes, que permite la edificación en zonas quemadas, la persistencia del uso de pesticidas en la agricultura intensiva que ha provocado, entre otras cosas, la situación crítica del Mar Menor y la práctica desaparición de las abejas (responsables de la polinización del 80% de las plantas comestibles) son otros problemas pendientes de solución. La insuficiente reducción de las cuotas de pesca para el año 2016, por encima de las recomendaciones científicas, decidida por la UE hace unos pocos días, es una mala noticia para el planeta, pues no frena el problema de la sobrepesca, que hipoteca el futuro de los mares y favorece a las grandes industrias frente a los métodos artesanales y sostenibles de pesca.

Pero no todo es negativo. La anulación parcial de la Ley de Costas, por la que se protegen las salinas costeras de la urbanización y desecación, la paralización del cementerio nuclear de Villar de Cañas o el abandono de las prospecciones petrolíferas en las costas canarias (aunque sean debidas a su escasa rentabilidad) son buenas noticias para el medio ambiente, así como el compromiso alcanzado en Paris por parte de los gobiernos mundiales de impedir el aumento en 2ºC de la temperatura media de la Tierra.

El año 2016 se presenta plagado de retos ambientales con implicaciones económicas y sociales. El gobierno entrante debe abordar estos asuntos pendientes con determinación para que, por fin, entremos en el siglo XXI inmersos en una transición ecológica tan necesaria para nuestra propia supervivencia.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2015/12/un-balance-ambiental

UN ACUERDO INSUFICIENTE

Tras dos semanas de interminables sesiones de trabajo, la COP21, la Cumbre del Clima que se ha celebrado en Paris desde el pasado día 30 de noviembre, se ha cerrado, como muchos grupos ecologistas y ambientalistas temían, con un acuerdo claramente insuficiente. Si el texto cita un compromiso para conseguir que el aumento de la temperatura media del planeta esté por debajo de los 2ºC respecto a los niveles pre-industriales, incluso llegando a 1,5ºC, lo cierto es que, para que se cumpla ese objetivo, las economías del mundo deberían iniciar ya la transición ecológica y el abandono de los combustibles fósiles, cosa que las grandes potencias no parece que estén dispuestas a ello.

Además, establece el objetivo de llegar a una “tasa cero emisiones netas” a finales del siglo. Esto, según las organizaciones ecologistas, además de remitirnos a una fecha demasiado lejana, es una trampa, pues permite que se sigan emitiendo gases de efecto invernadero, siempre y cuando se vean compensadas por la captura y almacenamiento de CO2 a través de la geoingeniería y otros medios, tecnologías que aún no están a punto y que plantean serias dudas de sus efectos sobre el planeta.

Todos los representantes de ONGs ecologistas presentes en la cumbre están de acuerdo en que para llegar a cumplir el objetivo de no superar los 2ºC de aumento de temperatura, es necesario dejar en el subsuelo las fuentes no renovables de energía (carbón, gas y petróleo) que aún quedan, e iniciar un cambio radical en nuestro modo de vida, sobre todo en los países desarrollados.

Otro triunfo de los lobbies de la energía es haber excluido del acuerdo final cualquier mención a la contribución del transporte marítimo y la aviación a las emisiones, cuando suponen hasta el 10% del total de los gases emitidos a la atmósfera. El retraso en la revisión del grado de cumplimiento del acuerdo hasta 2020 es otro de los obstáculos que el texto final introduce, pues no garantiza que los países cumplan lo que han firmado hasta dentro de cinco años, plazo suficiente para que la situación climática se agrave aún más.

La negativa de China e India, sobre todo el primero de ellos, a ser considerados como países desarrollados, por lo que sólo pueden aplicar medidas voluntarias para mitigar el calentamiento global, es otro de los fiascos de la cumbre. No es de recibo que quieran ser calificados como países “en vías de desarrollo”, cuando China es la segunda economía mundial y el mayor emisor de gases del planeta, siendo responsable de la cuarta parte de la emisión mundial de CO2, por delante de EEUU, que emite el 15% del total de gases. A esto se añade que los pequeños países en vías de desarrollo, más sensibles a los efectos perjudiciales del cambio climático, reclaman una mayor financiación por parte de los países desarrollados para mitigar las consecuencias del calentamiento global, de las que no son directamente responsables.

Como dato positivo, hay que resaltar que, a diferencia de cumbres anteriores, el acuerdo, aunque de mínimos, ha sido ratificado por todos los países presentes en la cumbre, lo que es un avance y un primer paso para que, en un futuro no muy lejano, se consiga de una forma decidida revertir el cambio climático.

A pesar de que Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores de Francia y anfitrión de la Cumbre del Clima, haya calificado de “histórico” este acuerdo, con su firma no se garantiza que no continuemos con nuestra marcha acelerada hacia el muro del colapso; tal vez, como mucho, seremos conscientes de que debemos levantar el pie del acelerador.

Artículo aparecido en La Crónica del Pajarito:

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MARCHEMOS POR EL CLIMA

Una cosa está clara. Los mensajes relacionados con el cambio climático no hacen mella en la mayoría de la población. Que los casquetes polares se están reduciendo a marchas forzadas, acelerando la elevación del nivel del mar, que sufrimos veranos cada vez más extremos, con lluvias cada vez más escasas; advertir del aumento de la temperatura media de la Tierra, acercándonos a la cifra fatídica de los 2ºC, momento en el que las consecuencias del cambio climático serán irreversibles; comprobar que España es el país de la Unión Europea que más aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2014 y que, a pesar de la caída en combustibles fósiles, se usó un 8% más de carbón; relacionar los conflictos bélicos actuales con el acceso a los recursos energéticos del subsuelo (principalmente petróleo y gas), con consecuencias de triste actualidad como las miríadas de refugiados, en un mundo abocado tarde o temprano a una situación post-fosilista… Todos esos mensajes, tachados de “apocalípticos” por parte de los escasos negacionistas del cambio climático que aún quedan, no consiguen concienciar a la sociedad occidental de la urgencia de acometer medidas para revertir la situación climática del planeta.

El cambio climático excede lo ambiental, va ligado sobre todo a cuestiones económicas, sociales y humanitarias

Es significativo que ni siquiera la encuesta del CIS cita al cambio climático como problema a tener en cuenta, siendo lo que más se aproxima unos genéricos “problemas ambientales” (bastante abajo en la lista de preocupaciones de la sociedad española, por cierto), cuando el cambio climático excede en mucho lo ambiental, estando ligado sobre todo a cuestiones económicas, sociales y humanitarias, en cuanto a consecuencias para el ser humano se refiere.

Precisamente es en lo económico donde más vamos a sufrir los efectos del calentamiento global. En España, esto se verá reflejado en una serie de costes económicos como la aportación de miles de millones de euros de dinero público dedicados al arreglo de desperfectos en infraestructuras y viviendas debido a catástrofes naturales (inundaciones, tornados, incendios) y a resarcir al sector agrícola y ganadero por sequías, tormentas, granizadas o plagas; sólo la importación de combustibles fósiles nos cuesta a los españoles 45.000 millones de euros al año (unos 1.000 euros por habitante). El turismo, tanto de costa como de montaña, se verá afectado por las olas de calor y la falta de nieve, así como sectores como el vitivinícola. En conjunto, el cambio climático tiene su traducción en la economía, reduciendo la riqueza general expresada en disminución del PIB a niveles que algunos estudios, como el informe Stern, cifran hasta en un 20%.

Este fin de semana tendremos la oportunidad de exigir a los gobiernos, que se reunirán a partir del lunes en París en la Cumbre del Clima, que se tomen en serio el fenómeno del cambio climático. Sólo con la inversión del 1% del PIB, por parte de los países desarrollados, destinado a la disminución de las emisiones de gases es posible revertir la situación. Y no sólo por razones de reducción de la biodiversidad, pérdida de hábitats, aumento de especies invasoras, disminución del agua disponible y otras consecuencias ambientales, sino directamente porque afectará a nuestro bolsillo. Si crees que son razones suficientes, acude el próximo domingo 29 de noviembre a la Marcha Mundial por el Clima, que se celebrará simultáneamente en cientos de ciudades en todo el planeta y, en nuestra región, en Murcia (Plaza Circular) y Cartagena (Plaza Héroes de Cavite), ambas citas a las 12 de la mañana.

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MUNICIPIOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En vísperas de la Cumbre del Clima que se celebrará entre los días 30 de noviembre y 11 de diciembre en París, los ayuntamientos de dos grandes ciudades europeas, Madrid y París, están empezando a aplicar medidas encaminadas a reducir la contaminación en sus diversas vertientes. En Madrid, la concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha un dispositivo de urgencia para mitigar los altos niveles de CO2 y óxidos de nitrógeno atmosférico en la capital, debido a las condiciones anticiclónicas y a las emisiones de los vehículos diésel, principalmente, produciendo la tristemente conocida como “boina gris” sobre la ciudad. Esta medida, consistente en reducir la velocidad máxima a 70 km/h en la M30, podría ir acompañada por otras, como que circulen los vehículos con matrículas pares o impares en días alternos, o la prohibición de estacionar vehículos no comerciales y que no sean de transporte público en el centro de la ciudad, si los niveles de contaminación persistieran.

Paralelamente, el equipo de gobierno de la capital francesa ha presentado un plan “inédito” para la transición energética de París. Entre las medidas clave, se prevé que, en 2016, los edificios municipales y el alumbrado público serán alimentados por energías 100% renovables, exigiendo a sus proveedores de energía una electricidad totalmente verde para proceder a renovar los contratos de abastecimiento energético.

Las ciudades del planeta son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero

Es curioso comprobar que estas dos ciudades tienen al frente a dos mujeres (Manuela Carmena y Anne Hidalgo), y que sus respectivas concejalas de Medio Ambiente (Inés Sabanés y Célia Blauel) provienen de sendas formaciones verdes (EQUO y Europe Ecologie-Les Verts, respectivamente), demostrando que una nueva visión de la política es posible en el ámbito local, y que se hace imprescindible la introducción de medidas de corte ecologista para que se verifique un verdadero cambio en la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades.

Una ciudad europea o española de un millón de habitantes utiliza diariamente 11.500 toneladas de combustibles fósiles, produce 1.600 toneladas de basura, gasta 2.000 toneladas de alimentos y emite 25.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), principal gas responsable del calentamiento de la Tierra. Las ciudades del planeta son responsables del 70% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), mientras que sólo ocupan el 2% del territorio mundial. Según la ONU, en 2030, el 60% de la población mundial vivirá en núcleos urbanos (elevándose esa cifra al 80% en los países desarrollados).

Todos estos datos nos deben hacer llegar a la conclusión de que es prioritario que las ciudades, y las instituciones que las gobiernan, sean los frentes más importantes a la hora de luchar contra el cambio climático. Y no sólo en problemas como la contaminación o la energía, sino también abordando cuestiones como la economía local, apostando por el comercio de cercanía, y la planificación urbanística, alejándose de los modelos dispersos, que requieren mayores desplazamientos, emitiendo, por tanto, mayor cantidad de GEI, entre otros aspectos. Es en el ámbito de lo municipal donde se hace más patente la máxima ecologista “Actúa local, piensa global”, y así debemos exigírselo a nuestros gobernantes.

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LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Se acaba de aprobar en Bonn el borrador del acuerdo sobre cambio climático, que servirá de documento de trabajo de cara a la Cumbre del Clima COP21 de Paris, a celebrar el próximo mes de diciembre. A lo largo de la pasada semana, y como último encuentro previo, han estado reunidos en la ciudad alemana los representantes de 195 países, en el marco de la reunión preparatoria de la citada cumbre de París. El objetivo de este documento es facilitar las negociaciones de la COP21, en vista a conseguir un consenso en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2020, para evitar la cifra fatídica del aumento en 2º C de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles pre-industriales. Sabido es que sobrepasar esta cifra supondrá una serie de consecuencias nefastas (olas de calor, cambios de régimen de lluvias, sequías, aumento del nivel del mar, problemas de abastecimiento de agua, aumento de la frecuencia de los incendios, etc.) con costes económicos y sociales difíciles de cuantificar, pero seguramente enormes. Y no se trata de los típicos anuncios catastrofistas propios de ecologistas trasnochados, sino de previsiones de carácter científico avaladas por estudios serios realizados por miles de investigadores del clima en todo el mundo.

Sin embargo, como viene siendo habitual en estas reuniones, y tal y como denuncian las ONGs que, por cierto, han sido excluidas de las conversaciones, están surgiendo dificultades que ponen en peligro la consecución de un acuerdo. En primer lugar, el texto pone el énfasis más en la aplicación de medidas voluntarias encaminadas a reducir las emisiones, a menudo puestas en marcha por multinacionales, en una suerte de “lavado verde”, que en compromisos de obligado cumplimiento por parte de los estados. En segundo lugar está el tema de la financiación de las medidas de lucha contra el cambio climático, que deberá ser aportada sobre todo por los países ricos, principales responsables del aumento de la temperatura global. En este sentido, no se llegó a un acuerdo sobre si el objetivo establecido para 2020 —invertir 100.000 millones de dólares anuales en acciones climáticas, sobre todo en transferencia de tecnología y en indemnizaciones por el impacto del cambio climático a los países más vulnerables— debería posponerse a fechas posteriores a 2020.

Otra de las críticas que ha recibido la redacción de este documento es la ausencia de referencias explícitas a la justicia climática y a la seguridad alimentaria. El primer concepto se refiere a la necesidad de resarcir a los países que más sufren las consecuencias del cambio climático sin haberlas generado, en África y América Latina, principalmente, como el ahondamiento de las desigualdades sociales, que afectan también a las poblaciones más desfavorecidas de los países ricos. La seguridad alimentaria garantiza que todas las personas tienen acceso a los alimentos en calidad y cantidad suficientes como para atender a sus necesidades biológicas. Desligar estas dos cuestiones de la búsqueda de soluciones globales al cambio climático es abordar de forma parcial el problema.

Ante la falta de voluntad real de afrontar este reto, es hora de que, como ciudadanos, presionemos a los gobiernos para que en la Cumbre del Clima COP21 se decida aplicar las medidas efectivas para reducir las emisiones de CO2. Para ello, el próximo 29 de noviembre (el día antes del comienzo de la cumbre) hay organizadas más de 1.000 Marchas por el Clima en todo el mundo, incluida Murcia, para impulsar un acuerdo climático. Estamos ante una de las últimas oportunidades de revertir este fenómeno, el cambio climático, que supone uno de los grandes retos del siglo XXI. Aprovechémosla.

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¿EL FIN DEL DIESEL?

El reciente descubrimiento del fraude masivo en los motores diesel de los coches Volkswagen y sus marcas filiales, caso conocido ya como el Dieselgate, ha puesto del revés al mercado automovilístico y ha hecho que se replanteen muchas cosas en relación al futuro del mundo del motor. Recordemos que este engaño, que afecta a 11 millones de coches en el mundo (680.000 en España), ha consistido en manipular el ordenador de a bordo de los automóviles mediante un software que detecta cuándo se realizan pruebas de emisiones contaminantes; este software pone en marcha en ese momento un catalizador que absorbe los gases tóxicos, principalmente el óxido de nitrógeno, dando como resultado del test valores mucho más bajos que los verificados en condiciones reales de conducción.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha confirmado que los vehículos trucados emiten entre 10 y 40 veces más óxidos de nitrógeno de lo permitido, y Greenpeace calcula que esto supondría emisiones de hasta 240.000 toneladas de gases tóxicos en Europa. Por su parte, Ecologistas en Acción estima que la contaminación atmosférica (proveniente en su gran mayoría de las emisiones de los coches en las ciudades) provoca en España unas 27.000 muertes prematuras al año, es decir, unas 14 veces más que los accidentes de tráfico.

Este asunto parece que no se limita a la conocida marca alemana, sino que la sombra de la sospecha se extiende a otras marcas, casi todas alemanas, pero también francesas, siendo este fabricante el único que ha sido descubierto. Pero nada nos impide aventurar que todos los vehículos diesel usen un ardid similar para esconder el verdadero alcance de las emisiones de gases a la atmósfera, muy por encima de los valores permitidos en la UE y en EEUU, y que esto no sea más que la punta del iceberg.

Los vehículos diesel son los más vendidos (un 70% de los coches y furgonetas que se venden en nuestro país son de este tipo), principalmente por su menor consumo y por el precio más bajo del combustible en relación a la gasolina, y han sido promocionados como un modo idóneo de luchar contra el cambio climático, por su menor emisión de CO2, habiendo disfrutado además de exenciones fiscales por parte de 30 de los 34 países de la OCDE. Sin embargo, la mayor emisión de micropartículas, sumado a la de óxidos de nitrógeno, puesto de manifiesto ahora, hace que se multipliquen los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente, y puede suponer la sentencia de muerte para este tipo de motores.

Ante esto, ahora debe ser el momento de poner en marcha una estrategia real de lucha contra la contaminación atmosférica, potenciando los vehículos eléctricos, que actualmente suponen menos del 1% de la cuota de mercado, por medio de incentivos gubernamentales, tales como la instalación de una red de puntos de recarga de baterías eléctricas en las ciudades o la restricción de la entrada de coches diesel a las ciudades, sobre todo los más antiguos, como ya se está haciendo en algunos lugares como París. Además, nunca se dejará de insistir en la necesidad de potenciar medios alternativos de transporte, como la bicicleta y el transporte público (eléctrico, por supuesto).

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MIGRACIONES Y CLIMA: DOS RAZONES PARA CEDER SOBERANÍA

Una de las imágenes más impactantes de la historia fue cuando en 1969 el astronauta Neil Armstrong mostró al mundo nuestro planeta desde la superficie lunar, como una esfera que flota en la inmensidad del universo. En ella se percibe el azul del mar, cubierto de nubes, entre las cuales se adivinan porciones marrones de tierra firme. Decenas de fotografías de la Tierra desde el espacio nos han desvelado una verdad inmutable: que las fronteras no son sino artificios creados por el ser humano para separar y segregar, y que su existencia ha sido y es fuente de conflictos armados y que constituyen barreras, casi siempre infranqueables, para las personas, aunque no para los capitales.

La existencia de los Estados-nación ha sido, a menudo, el pretexto para subyugar a sus vecinos y expoliar los recursos naturales, si son de terceros países, mejor, en base a una supuesta superioridad moral y económica. La explotación del subsuelo en el Próximo Oriente, África o Sudamérica, en forma de petróleo, gas o productos de la minería, por parte de países occidentales, a través de multinacionales, la sobrepesca de los caladeros por barcos con pabellones de conveniencia contra los que no se puede actuar, o la compra de tierras africanas para el cultivo de biocombustibles por parte de países del Golfo Pérsico, Europa o Asia, en detrimento de las poblaciones locales, son ejemplos de cómo los Estados-nación actúan impunemente en base a su soberanía y al derecho de no-injerencia.

Estos meses estamos asistiendo impotentes al mayor movimiento de personas refugiadas que huyen de la guerra y de la miseria desde hace años, y comprobamos cómo las fronteras de Europa son un impedimento para resolver esta tragedia, y cómo la falta de solidaridad por parte de los gobiernos de los países europeos no hace sino agravar la situación, sin que los 28 integrantes de la UE lleguen al acuerdo necesario para acoger a los refugiados. No sólo la defensa de los derechos humanos debe hacernos reflexionar sobre el papel de los Estados-nación en un mundo globalizado. La crisis ecológica que sufre el planeta, muy relacionada con la crisis humanitaria, obliga a repensar cuál es la mejor manera de abordar la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales. El Estado individual no nos protege de las amenazas que se ciernen a nivel planetario, como el cambio climático. Las acciones que se realizan en un lugar, como las emisiones de gases de efecto invernadero o la destrucción de los bosques tropicales, afectan no sólo a esos países sino a la totalidad del planeta.

La soberanía de los estados como pretexto para no actuar parece que es un tabú que no puede ser violado, pero las situaciones de emergencia humanitaria y climática en la que estamos inmersos no puede ser resuelta en el marco de los Estados-nación, porque sólo representan respuestas parciales e insuficientes. La defensa de los Derechos Humanos y la salvaguarda del planeta exigen una respuesta ágil desde ámbitos supranacionales, a condición de que los estados cedan parte de la soberanía para resolver esos dos grandes retos.

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UNA OLA CRECIENTE EN FAVOR DE LOS TOROS

“La naturaleza del toro es querer luchar”. “Si no existieran las corridas de toros, la especie se extinguiría”. “Las corridas de toros ilustran la superioridad de la inteligencia humana sobre la fuerza bruta del toro”. “Los toros no sufren en la plaza, incluso liberan betaendorfinas, la hormona de la felicidad”. “La tauromaquia es arte y cultura”. “La tauromaquia crea puestos de trabajo”. Estos y otros argumentos, en mi opinión falsos, son esgrimidos por los defensores de la tauromaquia que incluye la muerte del animal (pues hay otras modalidades, como los recortadores, que no maltratan al toro, y para las que hacen falta dotes físicas impresionantes). No me detendré a rebatir cada una de esas afirmaciones, pues se pueden encontrar fácilmente estudios y opiniones de personas expertas que lo hacen perfectamente.

Pero sí comentaré un hecho que ha ocurrido recientemente. Coincidiendo con las ferias estivales que incluyen encierros (que, por cierto, han causado ya 11 fallecimientos este verano) y corridas, y a punto de iniciarse la feria de Murcia, se ha extendido por las redes sociales el testimonio de un técnico de sonido, asistente habitual a las corridas por motivos de trabajo, que, harto de “escuchar perfectamente el sonido de la banderillas al entrar en la piel, los mugidos de dolor que da el animal a cada tortura a la que se somete”, denuncia este espectáculo, al que asiste desde una posición en la que pocas personas pueden estar y donde es testigo cercano del sufrimiento de los toros. Este fenómeno viral es la punta del iceberg de la oposición que crece en España a los espectáculos taurinos.

Lo cierto es que el rechazo a las corridas de toros en la sociedad española es cada vez mayor. Incluso decenas de municipios españoles, propiciados por la llegada al poder de nuevas formaciones, se han declarado antitaurinos, denegando subvenciones (sin las que difícilmente pueden celebrarse esos eventos, por el descenso en el número de espectadores), como en Valencia o Zaragoza, o suspendiendo directamente la feria taurina, como en el caso de A Coruña. Las cada vez más numerosas concentraciones, manifestaciones y recogida de firmas en contra del mantenimiento de las corridas de toros con dinero público, como las acaecidas en Alicante el pasado mes de junio, o en Gijón hace unos días, con la asistencia de más de 1.600 personas, ponen de manifiesto que la sociedad ha madurado, y que lo que hace unos pocos años era impensable, el rechazo público a la lidia de toros en las plazas, es ahora una ola cada vez mayor, sobre todo entre la gente joven.

Y no se trata de “manifestaciones antiespañolas”, como de forma interesada nos quieren hacer creer desde el partido del gobierno, sino que es la concreción de un sentimiento creciente en nuestro país, independientemente del lugar de residencia u origen. En Murcia también va creciendo este sentimiento, como lo demuestra la moción presentada por el grupo municipal Cambiemos Murcia el mes pasado, moción calificada de “insidia antitaurina” por el antiguo concejal de Cultura y crítico taurino González Barnés. Esperemos que no pase mucho tiempo para que ese rechazo al maltrato animal y en favor de los toros (no de su muerte en las plazas) sea unánime en nuestra región, y que las palabras que dijo Esperanza Aguirre, aquello de que “los toros simbolizan mejor que nada la esencia misma de nuestro ser español” se quede en un “ranciofact”, según la terminología de un conocido dibujante (y murciano, por más señas).

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NO SIN MI AVE

Con las elecciones generales como telón de fondo, se han presentado los Presupuestos Generales del Estado a los medios. En ellos se prevé una inversión de casi 3.700 millones de euros en la Alta Velocidad para el 2016, el 40% nada menos del total de la inversión prevista por el Ministerio de Fomento para todo el año. La pretensión es alcanzar los 4.000 kilómetros de AVE en el territorio nacional en los próximos años. A nivel mundial, España se encuentra sólo por debajo de China en longitud de líneas ferroviarias destinadas a la alta velocidad, país que cuenta con más de 17.000 kilómetros de líneas de ese tipo. Por debajo de España encontramos a países que nos superan ampliamente en otros indicadores económicos, como Japón, Francia, Italia y Alemania. En este último país, por ejemplo, con 80 millones de habitantes, apenas se superan los 1.400 km de líneas de alta velocidad. El gasto acumulado por el estado español en la construcción de las líneas de AVE supera ya los 50.000 millones de euros.

Todas las comunidades autónomas se han lanzado a “vender” las bondades del AVE, prometiendo todo tipo de beneficios económicos si llega este medio de transporte a las principales ciudades, como si de un maná se tratara, todo ello en detrimento de las líneas ferroviarias convencionales, que han ido desapareciendo paulatinamente. Los poderes económicos de la región, sin ir más lejos, a través de la CROEM y las Cámaras de Comercio, con el beneplácito del gobierno regional, demandan la llegada inmediata del AVE a la Región de Murcia “aunque sea volando”. Y eso aunque ello suponga que sólo se realizaría un soterramiento parcial, suprimiendo solamente el paso a nivel de Santiago el Mayor, con vagas promesas de que una vez que el AVE llegará en superficie, se procederá a completar el soterramiento de la vía a su paso por Murcia.

Sin embargo, todos los datos nos confirman que la alta velocidad española es la menos rentable del planeta. En España, se registraron en 2014 unos 11.000 usuarios por kilómetro de línea de AVE, 15 veces menos que el caso nipón, donde cuentan con 330 millones de usuarios al año, frente a los 25 millones en España, a pesar de tener unos 2.000 kilómetros de línea. Las pérdidas económicas de estas inversiones son astronómicas, y no se espera que se recupere el dinero invertido en décadas, siempre y cuando se consiga un número de usuarios diez veces mayor que el actual, cosa bastante improbable por la situación de crisis por la que atravesamos.

Pero las pérdidas no sólo se deben cuantificar desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta, además, el alto impacto ambiental asociado a la construcción y funcionamiento de las líneas del AVE: modificación del paisaje por los largos túneles, viaductos y desmontes de terreno;  paso por espacios naturales por las exigencias del trazado; impacto visual y sonoro, etc. Pero tal vez el mayor impacto que conlleva el AVE es la fractura urbana que supone la llegada en superficie a las ciudades, dividiendo en dos el núcleo urbano, como lo estamos sufriendo en Murcia, y cuya solución apremian la Plataforma Pro-soterramiento y los grupos municipales de la oposición.

Cuando el objetivo de la llegada de cualquier manera del tren AVE es obtener réditos electorales y no el bien común, nos encontramos con estas situaciones, en las que las demandas de los vecinos son ignoradas, como es el caso del soterramiento de las vías a su paso por Murcia, demanda que debe ser atendida y solucionada lo antes posible para conseguir una ciudad propia del siglo XXI.

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UNA LEY CONTRA LOS MONTES

Aprovechamiento. Desarrollo económico. Inversiones. Esas son las ideas que el PP tiene en mente siempre que piensa en medio ambiente. Y esto se ha visto claramente en la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Montes, que incluye una enmienda en el artículo 50 de dicha ley, por la que se permitirá construir en un terreno forestal incendiado sin que pasen 30 años, como hasta ahora, cuando concurran "razones imperiosas de interés público de primer orden", según el Gobierno, dejando al arbitrio de las comunidades autónomas el cambio de uso del suelo. Justo cuando llega el verano, y los incendios comienzan a hacer estragos en nuestros montes, el Gobierno se descuelga con esta ley que abre la puerta a la especulación urbanística y a la utilización de la quema de montes, por parte de personas sin escrúpulos, como medio de conseguir que se construya o se roturen tierras en zonas donde los valores naturales son incompatibles con esos usos, práctica que no era inusual años atrás, y que una modificación de la ley de 2003 impidió en 2006.

Con esta ley, más de 27 millones de hectáreas de bosque y matorral son susceptibles de tener usos urbanísticos y otros aprovechamientos económicos, primando los intereses privados al interés general, que debe ser la conservación de nuestros espacios naturales para las generaciones futuras, por más que el PP considere este concepto como “rancio”, según dijo el diputado e ingeniero de montes Manuel Torres.

Otra cuestión que esta ley deja en suspenso es la obligatoriedad de realizar planes de gestión de los espacios naturales, dejando en mera voluntariedad ese trámite imprescindible para la ordenación del territorio. La retirada de atribuciones a los guardas forestales, como las de vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales, es otra de las tropelías que la nueva ley de montes introduce, dejando a este cuerpo como meros “auxiliares” que limitarán su actuación al ámbito de las infracciones administrativas, según denuncian los propios guardas forestales. Esta retirada de autoridad será muy negativa para los espacios que se quieren conservar y proteger, pues evitará que se pueda actuar de forma diligente por parte de las personas que están en contacto directo con los montes.

Prosigue así la cruzada que, tanto el anterior ministro del ramo, Miguel Ángel Arias Cañete, como la actual, Isabel García Tejerina, están llevando a cabo contra el medio ambiente, empezando con la Ley de Costas de 2012, que aumenta la presión urbanística sobre el litoral, siguiendo con la Ley de Parques Nacionales de 2014, que permite la caza en esos espacios protegidos hasta 2020, y terminando (por ahora) con esta polémica Ley de Montes.

La idea que tienen el Gobierno y un cierto sector de empresarios según la cual el medio ambiente está al servicio de la actividad económica está claramente obsoleta. Cuando se entienda que los ecosistemas (montes, ríos, costas, humedales…) nos brindan servicios y que no son meros recursos de los cuales se pueden obtener beneficios económicos, habremos avanzado mucho en nuestra relación con la naturaleza. Pero, por ahora, no parece que se haya entendido demasiado.

Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:

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EUROPA ARDE

En Europa estamos sufriendo el efecto de una serie de olas de calor, de norte a sur y de este a oeste. En el Reino Unido se han alcanzado las temperaturas más altas en un mes de julio, por encima de los 36ºC; en Francia, 51 departamentos (los equivalentes a nuestras provincias), casi la mitad del territorio galo, están en alerta naranja, con temperaturas cercanas a los 40ºC. Lo mismo ocurre en Alemania, Suiza y otros países europeos, así hasta 16. En España estamos surfeando sobre estas sucesivas olas de calor, que afectan de forma negativa a la salud y la economía, pues obligan a un mayor consumo de energía eléctrica. En estos últimos días ha aumentado en un 8% la demanda de electricidad en los hogares españoles, debido a los aires acondicionados, principalmente, incrementando nuestra dependencia a los combustibles fósiles y nuestra deuda externa (España gasta 45.000 millones de euros anuales en importar petróleo).

Un reciente estudio elaborado por climatólogos de la universidad de Stanford, fruto de sus observaciones de los patrones climáticos desde 1979 en diversas zonas del mundo, ha llegado a la conclusión de que estas olas de calor “pueden deberse al rápido calentamiento del Ártico, lo que provoca alteraciones en la corriente en chorro en las capas superiores de las masas de aire y contribuye a un clima más extremo”. La pérdida de hielo marino y de la cubierta de nieve en primavera en el Ártico estaría relacionada, según este estudio, con estos episodios de calores extremos en todo el hemisferio norte. De nuevo el cambio climático hace de las suyas, mientras los gobiernos miran nuevamente para otro lado y la población y los ecosistemas sufren sus consecuencias.

Pero las altas temperaturas no sólo se están percibiendo en el clima, sino también en el ambiente social europeo, alcanzando su punto álgido estos días con la situación de Grecia. La convocatoria, el pasado jueves, de concentraciones en toda Europa en apoyo al gobierno griego y a la convocatoria del referéndum este domingo ha elevado la temperatura (esta vez de forma metafórica) de las calles, reclamando que las instituciones europeas permitan, sin chantajes, que la democracia real se aplique en Grecia, y que el pueblo heleno pueda manifestar su opinión de forma libre, sin miedo a las posibles represalias económicas por parte de la UE, si el resultado de la consulta no satisface a la troika.

El cambio climático y la imposición de medidas de austeridad a los gobiernos soberanos no son aspectos aislados, como a primera vista pudiera parecer, sino que son las consecuencias de un sistema, el capitalismo, que afecta a las sociedades de forma global, pero de manera más acusada a los eslabones más débiles, los países del sur, ya sea en Europa (Grecia y España), ya sea en África y América Latina.

En estos primeros días de julio, Europa arde por las altas temperaturas, reales y figuradas, y esto debe servir de acicate para que la gente reclame medidas para un cambio radical, para la recuperación de la democracia, como valientemente nos están enseñando los griegos, y para la reversión de las políticas suicidas relativas al cambio climático.

Artículo publicado ayer en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2015/07/europa-arde

NOS SIGUEN ESTAFANDO

Acabamos de saber que, para este año, el sistema eléctrico español alcanzará un superávit de 1.000 millones de euros, debido al aumento de la demanda y a los recortes infligidos al sector de las renovables (incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –CNMC– cifra en 1.400 millones ese superávit). Sin embargo, eso no se traducirá en la rebaja de la factura de la luz, ya que la Ley Eléctrica aprobada en 2013 por el PP obliga a destinar esa cantidad a financiar el llamado “déficit de tarifa”, esa cifra que es la diferencia entre lo que, de forma opaca, nos dicen desde las compañías eléctricas que les cuesta producir la energía, aunque esa cifra esté hinchada, y los ingresos que reciben a partir de lo que pagamos en la factura de la luz los consumidores. Esa cifra se estima que es de unos 28.000 millones de euros. Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se exige, desde hace ya más de un año, una auditoría de costes de la energía, porque esos costes siempre se han estimado, como he dicho, pero nunca se han conocido realmente.

Y mientras que el Gobierno, merced a esa ley antes citada, tiene la potestad de aumentar el parte fija de la factura (que supone el 60% del precio total) para sufragar esa deuda, no puede rebajar el precio de la luz sin cometer una ilegalidad, mientras tenga esa deuda histórica, aunque exista ese superávit. Las cinco compañías eléctricas agrupadas en la patronal UNESA (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON España y EDP) continúan aumentando sus beneficios. Como muestra, un botón: en el primer trimestre de 2015, Endesa ganó 435 millones de euros, un 4% más que el mismo periodo de 2014, E.ON unos 1.000 millones (casi un 40% más), la portuguesa EDP casi 300 millones. La cosa no acaba aquí: la Audiencia Nacional anuló en abril pasado la mayor multa (61 millones de euros) de la CNMC a las eléctricas por pacto de precios a la patronal de la energía, junto a otras compañías como HC Energía. Desde luego, con este gobierno del PP, nunca le han ido mejor los negocios al lobby energético que ahora. Las puertas giratorias, en estos años, no han parado de batir, recompensando a los políticos quienes, desde el PSOE y el PP, tanto han hecho por aumentar sus cifras de negocio.

Mientras tanto, siguen aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y nos vamos aproximando al punto de no retorno en cuanto al aumento de la temperatura media de la Tierra, estimado por los científicos en 2ºC. Es decir, que si se aumenta en esa cantidad la temperatura media, los efectos del cambio climático ya no podrán ser controlados y entraremos en una espiral de fenómenos atmosféricos cuyas consecuencias serán difíciles de prever. Frente a la “lógica empresarial” se debe imponer la razón científica, cada vez más aceptada, hasta por el papa Francisco, quien, en su encíclica filtrada a los medios, reconoce que el cambio climático es principalmente obra del ser humano y hace un llamamiento a la protección del planeta, así como a la acción para “proteger nuestra casa común”.

Artículo publicado ayer en La Crónica del Pajarito:

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UNA ALIANZA POR EL CLIMA

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, dos noticias me han llamado la atención esta semana en la prensa regional. Por un lado, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a través de su presidente, Miguel Ángel Ródenas, advierte de que la sequía “va avanzando y a peor, y puede ser muy larga”. Por otro lado, según la web eltiempo.es, “la primavera está siendo más cálida y seca de lo normal: el pasado abril fue el cuarto más cálido desde 1961, con escasas lluvias, y mayo ha destacado por sus altas temperaturas, con récords superiores a los 40 grados” en algunas zonas, como hemos podido comprobar en nuestra región hace un par de semanas. Además, la meteoróloga Mar Gómez, de dicha web, afirma que “se prevé que en Europa se registren temperaturas veraniegas más altas de lo normal en zonas del sur y el este del continente, incluidas la cuenca del Mediterráneo y áreas del este de España, sur de Francia, Italia, los Balcanes y este y oeste de Turquía”, en relación a la media de los años comprendidos entre 1981-2010.

Estas dos noticias son dos indicios más que fundados de que el cambio climático está actuando y de que en nuestra región ya estamos sufriendo sus consecuencias. Ya teníamos datos suficientes para afirmar esto, como que el año 2014 ha sido el segundo año más cálido en España, con una temperatura media de 15,96^o C, que supera en 1,33^oC al correspondiente valor normal (período de referencia 1971-2000), sólo muy ligeramente por debajo del año 2011 (Tª media de 16,00^o C) y algo por encima del 2006 (Tª media de 15,89^o C).

A nivel internacional, la ola de calor que está sufriendo la India, con temperaturas por encima de los 45^o C, que ha provocado más de 2.300 muertos, es una prueba más de que el calentamiento global es un hecho palpable. Según Greenpeace, las investigaciones más recientes muestran que las olas de calor son cinco veces más frecuentes de lo que serían si no existiera el calentamiento provocado por el ser humano, y la posibilidad de que las olas de calor estén siendo causadas por el cambio climático es de un 80%. De acuerdo a la organización, de no limitar las emisiones de dióxido de carbono, se prevé que las olas de calor serán en 2040 doce veces más frecuentes que en la actualidad. Sólo un puñado de científicos que trabajan a sueldo de las compañías petroleras se atreven a negar el fenómeno más grave que está ocurriendo en este siglo, cuyos efectos vemos todos los días en las noticias de la televisión: inundaciones, tornados, temperaturas extremas, cosechas destruidas.

Afortunadamente, la sociedad civil se está movilizando para que este tema esté en la agenda de todos los gobiernos, como se ha verificado esta misma semana, en que 400 organizaciones españolas (que representan al movimiento ecologista, sindical, de cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y consumidores) se han unido en una Alianza por el Clima, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de la necesidad de que se alcance un acuerdo global en la próxima Cumbre del Clima de Paris (COP21), que se celebrará el próximo mes de diciembre.

Esta cumbre, auspiciada por la ONU, constituye tal vez la última oportunidad de que se llegue al compromiso de todos los gobiernos, sobre todo del llamado primer mundo, pero también de los países emergentes, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y detener el aumento implacable de la temperatura global, condición indispensable para que nuestro futuro no se vea comprometido.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

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