Por un lado. tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley "Mordaza", que restringe de facto derechos como el de reunión y manifestación, siempre que los motivos que se esgrimen para realizarlas sean contrarios a su ideario, con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros. Es una ley también llamada "antiGreenpeace", al hacer referencia a la acción realizada por 16 activistas y un fotoperiodista que se descolgaron en la central nuclear de Cofrentes en 2011, y por la que la fiscalía pedía tres años de cárcel para cada uno de ellos y 360.000 euros de multa para la organización ecologista (como se sabe, al final, el sentido común de los jueces hizo que resultaran absueltos). Filmar a la policía también se merece la máxima sanción, aunque esas filmaciones, en una época como la actual en que los móviles son los nuevos testigos de la actualidad, sirvan para demostrar que, a menudo, la versión policial dista mucho de la realidad. Ese es un derecho reclamado por los colectivos de periodistas y avalado por alguna sentencia.
Por otro, el control sobre la televisión pública y sus periodistas está llegando a límites que no se recordaban desde la época de Suárez como director general del ente. Los profesionales han denunciado "el régimen de provocación y miedo" instaurado por el PP, con el despido fulminante de personas no afines, la elaboración de listas negras y clasificaciones ideológicas de los trabajadores de los Servicios Informativos.
El desarrollo de la LOMCE, con fines claramente ideológicos, al dar relevancia a la materia de Religión en las aulas, en detrimento de otras que desarrollan la creatividad y favorecen la adquisición de conocimientos en otras áreas, como son la educación musical y la educación plástica, tal y como han demostrado numerosos estudios científicos y han asegurado figuras destacadas, como Fernando Palacios, Eduard Punset o Plácido Domingo. La Filosofía también está relegada a una presencia meramente testimonial con esta reforma educativa. En vez de formar a individuos críticos y con la capacidad reflexiva bien desarrollada, se prefiere crear personas que sirvan de mano de obra acrítica, con unas nociones básicas de "educación financiera", donde se manejen términos como "competitividad", "empleabilidad" o "espíritu emprendedor", dogmas del catecismo neoliberal con que quieren imbuir al alumnado. En cuanto a la promoción (aún más) de la religión católica en las aulas, va en contra de las características de una sociedad moderna, justo ahora que, tras la matanza de 12 periodistas del semanario satírico "Charlie Hebdo" y otras cinco personas más, el presidente francés Hollande ha declarado que "las religiones no tienen cabida en la escuela", reafirmando al laicismo como el medio más eficaz de luchar contra los fundamentalismos.
Pero la gota que colma el vaso es la reciente reforma del Código Penal, sólo avalada por la bancada popular en el Congreso, con el voto en contra de prácticamente toda la oposición en bloque. Entre otras cosas, introduce la "prisión revisable permanente", un eufemismo para referirse a la cadena perpetua. Pues bien, a pesar de que más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas se han declarado en contra de esta norma, afirmando que esta reforma "pisotea la dignidad humana", y que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional se han manifestado también en contra de la reforma, tachándola de "cruel e inhumana", el PP prosigue en su empeño de imponer a la sociedad su ideología.
El gobierno de Rajoy tiene metida entre ceja y ceja continuar con su particular cruzada contra el pueblo español, viendo enemigos a su alrededor, ya sean profesores rebeldes, personas desahuciadas, defensores de los derechos humanos y ambientales, denunciantes de los casos de corrupción en la que están inmersos o simples asociaciones de vecinos. El PP quiere arrastrar en su caída, vaticinada por las encuestas, a toda la sociedad, a los medios de comunicación, al sistema judicial, al sistema educativo, en los últimos estertores de su paso por el poder. Pero, afortunadamente, y como siempre ha ocurrido, se sabrá salir de este trance y seremos capaces de devolver a la sociedad los derechos arrebatados.
Pero la gota que colma el vaso es la reciente reforma del Código Penal, sólo avalada por la bancada popular en el Congreso, con el voto en contra de prácticamente toda la oposición en bloque. Entre otras cosas, introduce la "prisión revisable permanente", un eufemismo para referirse a la cadena perpetua. Pues bien, a pesar de que más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas se han declarado en contra de esta norma, afirmando que esta reforma "pisotea la dignidad humana", y que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional se han manifestado también en contra de la reforma, tachándola de "cruel e inhumana", el PP prosigue en su empeño de imponer a la sociedad su ideología.
El gobierno de Rajoy tiene metida entre ceja y ceja continuar con su particular cruzada contra el pueblo español, viendo enemigos a su alrededor, ya sean profesores rebeldes, personas desahuciadas, defensores de los derechos humanos y ambientales, denunciantes de los casos de corrupción en la que están inmersos o simples asociaciones de vecinos. El PP quiere arrastrar en su caída, vaticinada por las encuestas, a toda la sociedad, a los medios de comunicación, al sistema judicial, al sistema educativo, en los últimos estertores de su paso por el poder. Pero, afortunadamente, y como siempre ha ocurrido, se sabrá salir de este trance y seremos capaces de devolver a la sociedad los derechos arrebatados.
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