sábado, 28 de febrero de 2015

UN MOMENTO HISTÓRICO


Este año se celebran cuatro citas electorales, dos de las cuales nos afectan directamente a la Región de Murcia, en mayo con las elecciones municipales y autonómicas, y a finales de año con las generales. Son los primeros comicios desde que el Partido Popular tomó las riendas del Gobierno en noviembre de 2011. En estos casi cuatro años hemos asistido al retroceso en todos los parámetros sociales y políticos: la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado de forma alarmante, el ritmo de los desahucios de viviendas no ha bajado de 120 al día (cinco cada hora), la pobreza alcanza casi al 30% de la población, los jóvenes se ven obligados a emigrar por la falta de perspectivas laborales en nuestro país, la reforma laboral ha precarizado los empleos hasta el punto de que son habituales los contratos de menos de una semana, los índices de paro han aumentado en términos absolutos y los recortes en aspectos como la sanidad y la educación han degradado estos dos servicios básicos hasta llegar a matar a personas, como se está viendo en el caso de los enfermos de hepatitis C a los que se les niega los medicamentos para sobrellevar su enfermedad.
Desde el punto de vista económico, a pesar del triunfalismo del Gobierno, la deuda del Estado es prácticamente el 100% del PIB, mientras que el déficit público es de los más altos del continente. Otros aspectos aprobados por el PP han hecho retroceder en varias décadas los derechos civiles y sociales, como la ´Ley Mordaza´, el aumento del IVA aplicado a espectáculos (cine, conciertos y teatro), a material escolar y a entradas a museos, la introducción de las tasas judiciales o la reciente reforma del Código Penal, apoyada por el PSOE, que introduce la cadena perpetua con el eufemismo de «prisión permanente revisable».
En los aspectos ambientales, las decisiones tomadas tanto por el Gobierno central como el regional, han supuesto la subordinación del medio ambiente a su uso económico, como lo ponen de manifiesto normas nacionales como la Ley de Costas, que pretende compatibilizar los usos con la protección del litoral, aunque ésta última se ve relegada a un segundo plano; la Ley de Responsabilidad Ambiental, que exonera a las empresas de suscribir un seguro verde para hacer frente a los posible daños ambientales que pudieran causar, o la reciente Ley de Montes, que permite urbanizar en áreas afectadas por un incendio forestal, abriendo la puerta a la especulación.
En la Región de Murcia, después de veinte años de gobierno ´popular´, se ha visto una y otra vez cómo, en nombre de una supuesta recuperación económica y de la creación de empleo, se han apoyan proyectos depredadores del medio ambiente, unos ya ejecutados, como el aeropuerto de Corvera (aunque aún no esté en funcionamiento ni parece que vaya a estarlo), y otros en proyecto, como el macropuerto de El Gorguel, la urbanización de Marina de Cope o el parque Paramount.
En contrapartida, la corrupción campa a sus anchas, no salpicando sino inundando a los dos principales partidos que han gobernado nuestro país los últimos 35 años, demostrando una conexión clara entre los poderes políticos y económicos, con las famosas ´puertas giratorias´ hacia los Consejos de Administración de las empresas energéticas y de comunicación y más que fundadas sospechas de financiación ilegal de partidos políticos.
Este diagnóstico, que nos atrevemos a calificar de realista, es seguramente compartido por todos los colectivos sociales y partidos políticos que nos oponemos a las políticas neoliberales del Partido Popular. Las diferentes mareas multicolores, las plataformas anti-desahucios, los jóvenes, los movimientos vecinales, los grupos ecologistas, son un clamor en su reclamación de la recuperación de los derechos sociales, políticos y ambientales sustraídos a la sociedad española, ordenados por los poderes económicos europeos y españoles, y ejecutados por los Gobiernos central y regional. Es obvio que desde la sociedad se pide la unión de partidos políticos, movimientos sociales y personas independientes para construir una alternativa creíble al bipartidismo.
En nuestra región hay varios espacios de confluencia en marcha, algunos con varios años de recorrido, como Alternativa por Santomera, y otros en formación, como Cambiemos Murcia, Cambiemos Molina de Segura, éstos de ámbito municipal, o Ganemos la Región de Murcia. El otro partido en liza, Podemos, se presenta como un espacio de confluencia en sí mismo, pretendiendo agrupar a todas las personas que están en contra del bipartidismo. Pero su limitación estriba en que, al ser un partido político, no representa a todas las sensibilidades. Dividir el voto, dividir las marcas, es crear una confusión innecesaria y contraproducente como estrategia electoral. Una identidad, un proyecto, una estrategia común para todos los murcianos es una estrategia para llevar el cambio a la Región de Murcia.
Estamos viviendo un momento histórico, en que los dos ´grandes´ partidos están recibiendo el menor apoyo de la sociedad española desde el comienzo de la democracia. Por eso desde Equo Región de Murcia hemos apostado desde el comienzo por la confluencia de fuerzas sociales y políticas para llegar a las instituciones con la mayoría suficiente para gobernar, siempre desde el respeto a todas las sensibilidades y con el compromiso de conseguir una región más justa, próspera y sostenible.

Artículo aparecido hoy en La Opinión de Murcia:



lunes, 23 de febrero de 2015

EL MEDIO AMBIENTE, REHÉN DEL GOBIERNO REGIONAL


Las dos medidas que el Gobierno regional quiere poner en práctica en este período pre-electoral, la Proposición de Ley de Prevención y Protección Ambiental y la reforma de la Ley del Suelo de 2005, son una vez más el intento del Partido Popular de la Región de Murcia de sacrificar la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad en aras de una supuesta recuperación económica y, por tanto, de anteponer los intereses particulares al interés general.
En el primer caso, se trata de reducir los plazos para la obtención de la licencia de actividad, de las autorizaciones ambientales y de los informes de los ayuntamientos, con la excusa de “reducir la burocratización” y “reactivar la economía y generar empleo”. Concretamente, será suficiente con que el interesado comunique que dispone de la documentación necesaria para el inicio de la actividad para empezar a funcionar, siendo controlada dicha actividad sólo a posteriori por las autoridades competentes, y no previamente, como hasta ahora. Esto puede suponer que, en la práctica, actividades perjudiciales para el medio ambiente, como roturaciones o vertidos, puedan ser llevadas a cabo sin trabas, hasta que, en un control posterior, sean advertidas por la administración, una vez perpetrado el hecho.
En el caso de la reforma de la Ley del Suelo, y de nuevo alegando la situación de crisis para “eliminar barreras y trabas a la actividad económica”, se pretende consolidar el llamado “teletransporte”, una práctica consistente en que los promotores ceden terrenos de su propiedad en espacios naturales protegidos, y por tanto, no edificables, obtenidos a bajo precio, a los diferentes ayuntamientos, a cambio de que se les permita aumentar la edificabilidad en otros terrenos urbanizables, sobre todo en áreas costeras. Y todo ello pese a una sentencia del TSJ de Murcia de 2011, que considera ilegal esta práctica y en contra del criterio del Consejo Jurídico y del Colegio Oficial de Biólogos.
La aprobación de ambas leyes por parte de la CARM se hace, además, a escasos tres meses de la elecciones autonómicas, por via de urgencia, para evitar la participación de la sociedad civil en su tramitación, cosa que ha sido protestada por toda la oposición política. Tanto una medida como otra siguen a pie juntillas la doctrina del PP con respecto al medio ambiente, como cuando al aprobar la Ley de Costas en 2013 el ahora comisario europeo Miguel Ángel Arias Cañete afirmaba que “va a ser compatible la protección del litoral con la sostenibilidad económica”. Todos sabemos lo que esto significa: que cuando se pone en la balanza ambos aspectos, la protección ambiental y el desarrollo económico, se sacrifica lo primero para primar lo segundo.
Esta posible aprobación de las dos normas se suma a las actuaciones que el PP viene decidiendo en esta y otras legislaturas, como el fracking en el Noroeste de la Región, la construcción del macropuerto de El Gorguel o el apoyo a la construcción del complejo turístico de Marina de Cope, todas ellas con el territorio y el medio ambiente como rehenes de una política que solamente pretende favorecer a unos pocos, en nombre, eso sí, de todos nosotros.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 10 de febrero de 2015

¡A POR LOS CICLISTAS!


Cada cierto tiempo, leemos en los medios de comunicación que un grupo de cabezas pensantes pretenden hacer de la bicicleta la víctima propiciatoria de las nefastas políticas de movilidad en nuestras ciudades. Ahora hemos sabido que la Cátedra Española de Seguridad Vial y Movilidad del Instituto Internacional de Ciencias Políticas, ha advertido de que la "permisividad" con las bicicletas genera "situaciones de riesgo" en ciudad, y ha propuesto que los ciclistas lleven matrícula y casco y que cuenten con un seguro obligatorio. No es la primera vez que se propone, y suele coincidir con las noticias del aumento de ventas en automóviles. De esta manera, el lobby del automóvil pretende “darle la puntilla” (si se me permite este desafortunado símil taurino) al medio de transporte urbano más ecológico, sano y libre de los que transitan nuestras ciudades, como es la bicicleta.
Si se obligara a cada bicicleta a que pagara un seguro, se desincentivaría claramente el uso de este medio en las urbes. Además, la matriculación añadiría la obligatoriedad de pagar una tasa anual. Ese seguro obligatorio sería un absurdo cuando no está verificada la “peligrosidad” de las bicicletas, siendo los y las ciclistas más bien víctimas en los accidentes de tráfico y no provocadores de los mismos. El año pasado fallecieron 46 ciclistas en las carreteras españolas, 9 más que en 2013. Estas medidas de carácter puramente recaudatorio no se aplican en ningún país europeo, ni siquiera en aquellos donde la cantidad de ciclistas urbanos es infinitamente mayor que en España, como Holanda.
No se nos puede escapar que el auge en la venta de coches es debido, principalmente, a las subvenciones otorgadas por la administración pública mediante los famosos planes PIVE, que para este año 2015 tiene una dotación de 175 millones de euros plasmados en los Presupuestos Generales del Estado. Desde su implantación en 2012, se han destinado más de 500 millones de euros para subvencionar la industria del automóvil. Si esa cantidad fuera destinada a la construcción de carriles bici y otras infraestructuras para facilitar el uso de las bicicletas en las ciudades, el paisaje urbano sería mucho más amable y menos contaminado, y la peligrosidad para los peatones disminuiría ostensiblemente (se producen más de 10.000 atropellos de peatones por parte de automóviles anualmente en España, la inmensa mayoría de ellos dentro del casco urbano).
Mientras que en España se culpabiliza y se amenaza a los usuarios de la bicicleta con el pago de tasas y seguros obligatorios, en el país vecino, Francia, se ha hecho un experimento, consistente en pagar 0,25 euros por kilómetro a los empleados que van al trabajo en bicicleta. Pues bien, esa medida se tradujo en un aumento del 50% del uso de este medio de transporte. Esto demuestra que una política eficaz para reducir la siniestralidad en las calles, disminuir los niveles de contaminación atmosférica y fomentar el uso de la bicicleta va en sentido totalmente contrario de lo que algunos quieren implantar. Deberían aprender de los países de nuestro entorno y no limitarse a aplicar medidas recaudatorias, que se verifican inútiles para alcanzar los objetivos que se pretenden.
Publicado hoy en La Crónica del Pajarito: