Las dos medidas que el Gobierno regional quiere poner en práctica en este período pre-electoral, la Proposición de Ley de Prevención y Protección Ambiental y la reforma de la Ley del Suelo de 2005, son una vez más el intento del Partido Popular de la Región de Murcia de sacrificar la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad en aras de una supuesta recuperación económica y, por tanto, de anteponer los intereses particulares al interés general.
En el primer caso, se trata de reducir los plazos para la obtención de la licencia de actividad, de las autorizaciones ambientales y de los informes de los ayuntamientos, con la excusa de “reducir la burocratización” y “reactivar la economía y generar empleo”. Concretamente, será suficiente con que el interesado comunique que dispone de la documentación necesaria para el inicio de la actividad para empezar a funcionar, siendo controlada dicha actividad sólo a posteriori por las autoridades competentes, y no previamente, como hasta ahora. Esto puede suponer que, en la práctica, actividades perjudiciales para el medio ambiente, como roturaciones o vertidos, puedan ser llevadas a cabo sin trabas, hasta que, en un control posterior, sean advertidas por la administración, una vez perpetrado el hecho.
En el caso de la reforma de la Ley del Suelo, y de nuevo alegando la situación de crisis para “eliminar barreras y trabas a la actividad económica”, se pretende consolidar el llamado “teletransporte”, una práctica consistente en que los promotores ceden terrenos de su propiedad en espacios naturales protegidos, y por tanto, no edificables, obtenidos a bajo precio, a los diferentes ayuntamientos, a cambio de que se les permita aumentar la edificabilidad en otros terrenos urbanizables, sobre todo en áreas costeras. Y todo ello pese a una sentencia del TSJ de Murcia de 2011, que considera ilegal esta práctica y en contra del criterio del Consejo Jurídico y del Colegio Oficial de Biólogos.
La aprobación de ambas leyes por parte de la CARM se hace, además, a escasos tres meses de la elecciones autonómicas, por via de urgencia, para evitar la participación de la sociedad civil en su tramitación, cosa que ha sido protestada por toda la oposición política. Tanto una medida como otra siguen a pie juntillas la doctrina del PP con respecto al medio ambiente, como cuando al aprobar la Ley de Costas en 2013 el ahora comisario europeo Miguel Ángel Arias Cañete afirmaba que “va a ser compatible la protección del litoral con la sostenibilidad económica”. Todos sabemos lo que esto significa: que cuando se pone en la balanza ambos aspectos, la protección ambiental y el desarrollo económico, se sacrifica lo primero para primar lo segundo.
Esta posible aprobación de las dos normas se suma a las actuaciones que el PP viene decidiendo en esta y otras legislaturas, como el fracking en el Noroeste de la Región, la construcción del macropuerto de El Gorguel o el apoyo a la construcción del complejo turístico de Marina de Cope, todas ellas con el territorio y el medio ambiente como rehenes de una política que solamente pretende favorecer a unos pocos, en nombre, eso sí, de todos nosotros.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:
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