Aprovechamiento. Desarrollo económico. Inversiones. Esas son las ideas que el PP tiene en mente siempre que piensa en medio ambiente. Y esto se ha visto claramente en la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Montes, que incluye una enmienda en el artículo 50 de dicha ley, por la que se permitirá construir en un terreno forestal incendiado sin que pasen 30 años, como hasta ahora, cuando concurran "razones imperiosas de interés público de primer orden", según el Gobierno, dejando al arbitrio de las comunidades autónomas el cambio de uso del suelo. Justo cuando llega el verano, y los incendios comienzan a hacer estragos en nuestros montes, el Gobierno se descuelga con esta ley que abre la puerta a la especulación urbanística y a la utilización de la quema de montes, por parte de personas sin escrúpulos, como medio de conseguir que se construya o se roturen tierras en zonas donde los valores naturales son incompatibles con esos usos, práctica que no era inusual años atrás, y que una modificación de la ley de 2003 impidió en 2006.
Con esta ley, más de 27 millones de hectáreas de bosque y matorral son susceptibles de tener usos urbanísticos y otros aprovechamientos económicos, primando los intereses privados al interés general, que debe ser la conservación de nuestros espacios naturales para las generaciones futuras, por más que el PP considere este concepto como “rancio”, según dijo el diputado e ingeniero de montes Manuel Torres.
Otra cuestión que esta ley deja en suspenso es la obligatoriedad de realizar planes de gestión de los espacios naturales, dejando en mera voluntariedad ese trámite imprescindible para la ordenación del territorio. La retirada de atribuciones a los guardas forestales, como las de vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales, es otra de las tropelías que la nueva ley de montes introduce, dejando a este cuerpo como meros “auxiliares” que limitarán su actuación al ámbito de las infracciones administrativas, según denuncian los propios guardas forestales. Esta retirada de autoridad será muy negativa para los espacios que se quieren conservar y proteger, pues evitará que se pueda actuar de forma diligente por parte de las personas que están en contacto directo con los montes.
Prosigue así la cruzada que, tanto el anterior ministro del ramo, Miguel Ángel Arias Cañete, como la actual, Isabel García Tejerina, están llevando a cabo contra el medio ambiente, empezando con la Ley de Costas de 2012, que aumenta la presión urbanística sobre el litoral, siguiendo con la Ley de Parques Nacionales de 2014, que permite la caza en esos espacios protegidos hasta 2020, y terminando (por ahora) con esta polémica Ley de Montes.
La idea que tienen el Gobierno y un cierto sector de empresarios según la cual el medio ambiente está al servicio de la actividad económica está claramente obsoleta. Cuando se entienda que los ecosistemas (montes, ríos, costas, humedales…) nos brindan servicios y que no son meros recursos de los cuales se pueden obtener beneficios económicos, habremos avanzado mucho en nuestra relación con la naturaleza. Pero, por ahora, no parece que se haya entendido demasiado.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:
