sábado, 10 de diciembre de 2016

EL AVE NO REMONTA EL VUELO

Un informe de la UE nos acaba de revelar que el uso del tren de alta velocidad en España es de los menores de Europa. A pesar de que nuestro país posee la segunda mayor red de alta velocidad operativa a nivel mundial, con 2.871 kilómetros y 1.200 kilómetros en construcción, solo por detrás de China, es la tercera más baja de toda la Unión Europea en cuanto a utilización de este medio de transporte. En España, solamente un poco más de 5 millones de personas al año utilizan el AVE, frente a los casi 40 millones de Reino Unido (pese a tener solamente 113 kilómetros de línea de alta velocidad) o los casi 30 millones de Francia, con algo más de 1.000 kilómetros. Solamente Países Bajos, con 2 millones de usuarios y sólo 120 kilómetros de líneas de alta velocidad, y Bélgica, con 4,4 millones y 209 kilómetros de línea, tienen un menor número de personas que, anualmente, usan el TAV. Pero los números no aguantan ninguna comparación, al comprobarse que en España hay unos 1.700 usuarios por cada kilómetro construido, frente a más 350.000 del Reino Unido, los 30.000 de Francia o los más de 36.000 de los Países Bajos.
“Siguen con el cuento de la lechera, prometen riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos”
Esto es claramente debido a que, en España, durante los años de la burbuja (y aún todavía), primaron los intereses empresariales frente a las necesidades reales de las personas. El sector empresarial vio una oportunidad de negocio con la construcción de miles de kilómetros de líneas de alta velocidad a lo largo y ancho del país, sin pensar a dónde irían esos trenes, cuál sería la demanda real y si serían rentables. Todo ello promovido por el ministerio de Fomento, a través de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), empresa pública que, a finales del 2015, sumaba unas pérdidas de 361 millones de euros a la ya abultada deuda total de 14.000 millones.
La falta de visión es muy clara en los responsables de la alta velocidad española, sobreproyectando esta infraestructura, cuyo coste se ha disparado en estos 24 años, desde que en 1992 se iniciaran estas obras faraónicas, superando los 70.000 millones de euros. Las líneas en construcción costarán, en principio, 27.000 millones, si no se produce lo que ya es habitual, el sobrecoste de las obras, a menudo asociado a escándalos de corrupción, como en la línea del AVE a Barcelona, caso descubierto en 2014, o relacionada con la más cercana línea Murcia-Alicante, en la que se adjudicaron tramos del AVE a determinadas empresas a precios claramente inflados, a cambio, presuntamente, de desvío de dinero público a empresas fantasma. A todo esto, los políticos murcianos siguen engañando a los vecinos y vecinas del municipio de Murcia, cuando ADIF ya ha admitido que “no tiene dinero para el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad”, por lo que éste llegará en superficie. La herida que divide la ciudad en dos seguirá abierta.
Los responsables políticos españoles siguen contándonos el cuento de la lechera, prometiendo riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos que afectan a los servicios esenciales. Mientras que, desde el gobierno central y los autonómicos, empezando por el de la Región de Murcia, se destinan ingentes cantidades de dinero a obras de dudosa rentabilidad económica y social, como es el AVE, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 el techo de gasto disminuye en 5.000 millones con respecto a 2016, lo que supondrá que se destinen menos recursos a gastos sociales, pensiones, educación o sanidad.
¿Hasta cuándo la sociedad española seguirá dando credibilidad a las vanas promesas que, año tras año, nos venden desde los gobiernos? ¿Cuándo se darán cuenta las personas que siguen apoyando al partido en el gobierno que dilapidar recursos públicos en este tipo de infraestructuras, puertos sobredimensionados, aeropuertos sin aviones, autopistas privadas deficitarias, líneas de AVE sin pasajeros, es hipotecar el futuro? Estas preguntas no dejamos de plantearlas, pero desgraciadamente las advertencias suelen caer en saco roto.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

viernes, 25 de noviembre de 2016

EL VIERNES DEL CONSUMISMO

Esta semana se celebra en toda Europa y EEUU el llamado “Black Friday”, el viernes negro del consumismo, que, desde hace unos pocos años, ha llegado a nuestro país. Esta costumbre procedente de EEUU (como el fast food, Halloween, los reality shows, los programas televisivos de búsqueda de talentos o el pilates) ha impregnado el imaginario de la sociedad española. En origen, esta apelación hacía referencia al caos circulatorio que había en las calles de algunas ciudades norteamericanas el viernes posterior al Día de Acción de Gracias (que se celebra el último jueves de noviembre), día festivo en EEUU, en el que se aprovechaba para hacer compras de cara a la Navidad.
Poco a poco, se convirtió en el pistoletazo de salida de las compras compulsivas, con rebajas incluidas. España se ha sumado a esta moda, ampliándose incluso este período de compras a toda la semana. Se calcula que, de media, cada ciudadano español se va a gastar en estas fechas cerca de 200 euros en compras, muchas de ellas innecesarias. Las asociaciones de consumidores advierten de que, en estas supuestas ofertas irresistibles, puede haber indicios de fraude, pues algunos establecimientos inflan los precios unas pocas fechas antes del famoso viernes para, y tras aplicarles el porcentaje de rebaja, quedarse casi al mismo precio que poco antes de esa inflación.
"De nuevo el recurso, fomentado por el propio gobierno, de apelar al consumo como motor de la economía, alentando el endeudamiento de las familias"
De nuevo asistimos al recurso, fomentado por el propio gobierno y sus canales de comunicación oficiales, de apelar al consumo como motor de la economía, alentando el endeudamiento de las familias como medio de encontrar, supuestamente, la felicidad. Las familias españolas tenemos un nivel de endeudamiento que supera los 700.000 millones de euros (el 70% del PIB), aunque es cierto que este nivel ha descendido en los últimos meses. Pero estas campañas de fomento del consumo no ayudan a reducirla, sino todo lo contrario.
Además, es bien sabido que los aumentos en el consumo desenfrenado, que es lo que nos pretenden inculcar con estas campañas, traen consigo una serie de consecuencias, muchas de ellas indeseables: el aumento de las desigualdades sociales; la generación de frustraciones entre las personas que no pueden permitirse ese gasto; la dependencia, por parte de ciertas personas, a la posesión de objetos, muchos de ellos de usar y tirar y claramente innecesarios; y, a nivel global, una mayor presión social y ambiental hacia terceros países, donde se fabrican casi todos los productos (sobre todo ropa, ordenadores, teléfonos móviles, etc.), en condiciones de explotación laboral y contaminando, a menudo, el medio que les rodea, debido a una mayor laxitud en la protección del medio ambiente en esos países.
Sumado a eso, el consumismo, es decir, la compra compulsiva de productos, acrecentada por la influencia de la publicidad, base del sistema capitalista, condenado a crecer continuamente para asegurar su perpetuación, es causa directa del agravamiento del cambio climático, por el aumento en el uso de los recursos naturales y en la generación de residuos. Recién acabada la Cumbre del Clima de Marrakech COP22, no parece que se vislumbre en nuestra sociedad cambio alguno para intentar mitigar los efectos del cambio climático, empezando por una modificación en los hábitos de consumo, pasando a ser un consumo responsable, es decir, aquel que se adapta a nuestras necesidades reales, minimiza los impactos en el medio ambiente, disminuyendo nuestra huella ecológica, y permite la igualdad social.
Pero el consumo responsable lo tiene difícil en nuestra sociedad. Si ustedes consiguen superar este dichoso viernes, enseguida nos llegan otras fechas, Navidad, Reyes, San Valentín, días del padre y la madre... todas ellas convenientemente precedidas por campañas publicitarias para que no podamos sustraernos al encantamiento de las compras. Suerte.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 16 de noviembre de 2016

AGUA PARA UNOS POCOS

El pasado martes, el actual Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, junto con el también filósofo Alfonso Galindo, tal vez para dar un aura de erudición al artículo, nos regalaron en este diario un intento de lección de ultraliberalismo económico, al decirnos que “la solución sencilla para el problema del agua es otorgar derechos de propiedad sobre ella”, aplicando las leyes del mercado a un bien común y un derecho humano como es el agua.

Desde el sector más derechista de la cultura (y de la sociedad), este miembro del gobierno regional pretende convencernos de las bondades de aplicar las leyes de la oferta y la demanda al acceso a un recurso que la ONU declaró en julio de 2010 como derecho fundamental. Mercantilizar el acceso al agua es aplicar la ilusoria doctrina capitalista introducida por Adam Smith de que atendiendo el interés del que vende un bien salimos todos beneficiados.

No es la primera vez que esta idea sale a la palestra. En 2013, el presidente de Nestlé, el austriaco Peter Brabeck-Letmathe, también defendió la privatización del agua, tratándolo como “un alimento más”, negando su condición de derecho humano y elemento primordial para la supervivencia humana. Esta propuesta fue, como poco, llamativa, viniendo del líder mundial en la venta de agua embotellada del mundo. 

Los defensores de las leyes del mercado aún piensan que éste se puede autorregular, que de forma “natural”, y en virtud de la “competencia”, todos seremos felices al poder adquirir bienes y servicios al mejor precio. Pero olvidan los oligopolios, los pactos en los precios, la demanda de ayudas públicas cuando las empresas van mal, la especulación bursátil para sacar los máximos beneficios empresariales, aunque eso suponga perjuicios a los consumidores, etc.
Olvidan los autores del artículo que la especulación ya se está llevando a cabo con los alimentos, usando los inversores a la comida como materia prima para ganar mucho dinero, jugando con los precios. Pero eso conlleva una serie de consecuencias, como es la pérdida de la soberanía alimentaria de los países que son objeto de esa especulación, siendo el origen de las crisis alimentarias ocurridas a partir de 2008, en las que murieron millones de personas.
Usar el agua como un recurso susceptible de ser vendido y comprado, como si de una mercancía se tratara, es ignorar la función reguladora de este elemento, como mantenedora de ecosistemas que nos proveen de múltiples servicios para el ser humano, agua para la vida, para el recreo y para los usos económicos, protección frente a inundaciones y sequías, regulación de la formación y fertilidad del suelo, articulación de paisajes e identidades, medio de recreo y disfrute, fuente de inspiración cultural y religiosa, tal y como nos dice la Guía para una Nueva Cultura del Agua. Y, desde luego, esta nueva cultura no tiene nada que ver con “llevar el agua de donde sobra a donde falta”, aserto que demuestra una ignorancia de los ciclos hidrológicos. 

Después de estar varios años bombardeándonos con el famoso “Agua para todos”, el gobierno regional pretende que el agua sea para unos pocos, y que éstos dispongan de este recurso a su antojo. No debemos permitir que la ideología ultraliberal se adueñe también del agua, privatizándola, todo ello para que se siga usando sin mesura ni límites, incidiendo aún más en este modelo productivo insostenible que sólo nos llevará al colapso.

Artículo publicado como "Carta al Director" aparecido hoy en el diario La Verdad:


martes, 18 de octubre de 2016

TRATADOS BAJO SOSPECHA

Mientras en España se deshoja la margarita del próximo gobierno (abstención sí, abstención no), tras el golpe de mano propiciado por los mal llamados “críticos” del PSOE (yo los llamaría apesebrados), el gobierno en funciones, extralimitándose en sus ídem, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del pasado viernes la autorización a la firma de Acuerdos Económico y Comercial Global, y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, más conocido como CETA.
“El CETA y el TTIP supondrán poner a los pies de los caballos los derechos laborales, ambientales y sociales de los europeos”
Es delirante cómo este gobierno asegura estar en funciones cuando se trata de rendir cuentas ante el Parlamento, negándose a acudir a sede parlamentaria para ser controlados por el Congreso, pero luego se permite el lujo de decidir en nombre de todos los españoles una cuestión que es de crucial importancia para los próximos años. Tanto el CETA, como el TTIP (siglas de Transatlantic Trade and Investment Partnership, tratado de libre comercio entre la UE y EEUU) y el TiSA (Tratado internacional para promover la privatización de los servicios, incluidos la Sanidad y la Educación), negociados de forma opaca por parte de la UE, de espaldas a la ciudadanía europea, supondrán poner a los pies de los caballos los derechos laborales, ambientales y sociales de los europeos, pues se abre la puerta a la introducción de productos procedentes del otro lado del charco que la legislación europea restringe, como las carnes hormonadas, los transgénicos o los piensos de origen animal, por lo que la seguridad alimentaria se verá puesta en entredicho.
En nombre de la competitividad y la supuesta creación de empleo, estos tratados permiten que las multinacionales puedan denunciar a los estados miembros de la UE si éstos legislan en contra de sus intereses, equiparando a los estados con las empresas. Las grandes empresas multinacionales se verían protegidas en Europa, en detrimento de las pymes, que constituyen el 80% de la fuerza empresarial real de los países de la UE. Esto repercutiría directamente en el empleo, disminuyéndolo en realidad, al contrario de lo que se anuncia, tal y como ya ha pasado en países como México, tras la firma del tratado bilateral de este país con EEUU, el llamado NAFTA en sus siglas en inglés.
Afortunadamente, cada vez más personas se están rebelando ante este auténtico golpe de estado encubierto con el beneplácito tanto de la derecha como de los socialistas europeos. La región francófona de Valonia, en Bélgica, acaba de rechazar de forma valiente en el parlamento regional la firma del CETA, por lo que la aceptación de este tratado en el conjunto de la UE se pone en entredicho, ya que esto imposibilitaría que Bélgica hiciera efectiva la firma. En Europa, el éxito de la convocatoria de movilizaciones contra los tratados de libre comercio del pasado sábado hace presagiar que el rechazo al TTIP y al CETA será cada vez mayor. 50 ciudades españolas, además de otras muchas ciudades europeas, han sido escenario de cientos de manifestaciones contrarias a estos tratados.
Hasta millones de personas en Norteamérica recelan de ellos. Un sondeo efectuado este año en EEUU por la fundación Bertelsmann revela que sólo el 15% de los estadounidenses piensan que es positiva la firma de ese tratado con la UE. En el Parlamento Europeo, el trabajo de los grupos parlamentarios contrarios al TTIP y el CETA nos permite conocer la marcha de las negociaciones, pese al secreto que les rodea. Eurodiputados como Florent Marcellesi (Equo), Lola Sánchez (Podemos) o Marina Albiol (IU) nos dan cumplida cuenta de las verdaderas intenciones de los negociadores norteamericanos: la eliminación de las trabas arancelarias y legislativas para colocar en Europa sus productos, aunque ello suponga rebajar las exigencias ambientales, laborales y democráticas de la UE.
Por todo ello, debemos decir bien alto: ¡¡No al TTIP!! ¡¡No al CETA!!
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 28 de septiembre de 2016

EQUO, UNA MIRADA RADICAL


El pasado 4 de junio se cumplieron 5 años de la fundación de EQUO, coincidiendo con las acampadas en las plazas de las principales ciudades españolas, en las que se reclamaba una democracia más participativa y un cambio de modelo en nuestro país, reflejando el hartazgo de la sociedad ante los chanchullos de la clase política y dando lugar al movimiento más potente en los últimos 30 años, lo que se conoce como el 15M. En ese acto de aparición de EQUO nos reunimos personas procedentes de más de 30 partidos verdes que andábamos dispersos y atomizados en los diversos territorios, algunos tan pequeños que no superaban el ámbito municipal o comarcal, otros con un área de actuación más amplia, como algunas comunidades autónomas. 

Conviene recordar que esa unión en torno a un solo partido no hubiera sido posible sin las acciones previas que buscaban esa unidad a partir de 2008, con el llamado Movimiento de Hondarribia, donde los partidos verdes del norte de España (Aragón, Asturias, Euskadi, Navarra y Segovia) realizaron una serie de reuniones para alcanzar la tan ansiada confluencia, formándose la Coordinadora Verde, que tuvo como primeros co-portavoces a Florent Marcellesi y Sonia Ortiga, y como primera actividad de cara a la sociedad, la organización y celebración de las primeras Univerdes (Huesca 2009 y Beire 2010). A ese germen inicial se fueron sumando otros partidos verdes de todo el estado. La iniciativa de Juan López de Uralde de crear un partido verde de ámbito estatal, EQUO, fue la guinda que faltaba para que cristalizara la unión, a partir del trabajo ímprobo de los firmantes de la Declaración de Hondarribia. A este primer impulso se han ido sumando personas que, desde el compromiso y con un trabajo a menudo callado, han ido construyendo en estos años el partido en todo el territorio.

En el ADN, tanto de EQUO como antes de los partidos verdes, y creo que ahí radica la diferencia con otras fuerzas autodenominadas “de cambio”, está la visión anti-productivista de la sociedad, es decir, que se huye de la búsqueda del crecimiento económico -traducido en el aumento del PIB y del consumo- como remedio a la crisis, constituyendo la base de la Ecología Política, la más novedosa y rompedora de las ideologías de los últimos 50 años. La asunción de la existencia del pico del petróleo y del agotamiento de los recursos en un planeta finito son otras de las premisas que deben marcar las propuestas políticas de un partido verde, junto con la defensa de la democracia radical y de los derechos humanos.

Aplicando la radicalidad democrática que nos caracteriza, hemos elegido la confluencia con otras fuerzas políticas como herramienta para alcanzar las instituciones, con un cierto éxito. Como se suele argumentar, seguramente no se habría llegado a tener representación en el Congreso o en el Parlamento vasco si hubiéramos elegido otra vía. Sin embargo, nuestra posición subordinada en la coalición hace que suframos un cierto desasosiego y frustración al comprobar que nuestros compañeros de viaje a menudo no comparten la visión que, desde un partido verde, se tiene del mundo. Así, según el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, España podría crecer, muy por encima del 4%, hasta un 4,5% del PIB en el mejor de los escenarios, de modo que el crecimiento de España superaría al de los años en los que se infló la burbuja inmobiliaria en España durante los Gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. 

Por otro lado, es palpable la ambigüedad en la posición, tanto de Podemos como de IU, con respecto a la minería del carbón, principal causante de las emisiones de CO2 de nuestro país. Ambas formaciones apoyan la protección de la actividad minera, utilizando además carbón nacional, menos eficiente y más contaminante, en un intento de ganar votos entre el sector minero de las cuencas del norte de España. También la apelación a un aumento del consumo interno como modo de crear riqueza es un mensaje que los líderes de Podemos han repetido a menudo.

Estos son sólo tres ejemplos de la situación, al menos incómoda, a la que debe enfrentarse EQUO en su viaje conjunto con Podemos e IU. La postura a veces claramente contraria a los postulados de la Ecología Política de la coalición Unidos Podemos deja a EQUO en una posición de debilidad, pues se ve incapaz de imponer sus criterios, más allá de una nota de protesta, y deja al descubierto la posición subordinada del partido verde frente a sus compañeros de viaje. Para evitar eso, se debe hacer hincapié en una estrategia de comunicación potente donde la sociedad perciba las posturas y propuestas de EQUO, aunque choquen con el posicionamiento oficial de la coalición. Sólo así se pondrán sobre la mesa los temas que nos interesan.

Tal vez se puede argumentar que debemos ceder en algunos aspectos para conseguir alcanzar el poder y, una vez conseguido, aplicar las medidas oportunas. Sin embargo, yo abogo por una vuelta a las raíces de EQUO, es decir, por volver a las premisas iniciales que ilusionaron a tantas personas y que movieron a la creación de ese espacio huérfano en el panorama político español durante muchos años, el espacio verde. Esas premisas que se basan en una economía en beneficio del planeta, de las personas, de terceros países que son presa de la explotación por parte del primer mundo, una economía que cuestione el dogma del crecimiento y del aumento del PIB, que asuma el agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático y que proponga acciones para revertirlos. Apuesto por un EQUO más radical, para que sí me represente, al contrario del famoso lema del 15M.

Artículo aparecido hoy en el blog "Verdes y Libertarias":



domingo, 18 de septiembre de 2016

LOS TRASVASES, UNA MEDIDA OBSOLETA


Este viernes se reúne el presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez, con la ministra Tejerina, acompañado del presidente de la CROEM, Jose María Albarracín, que también lo es de la Mesa del Agua, representantes del Sindicato Central de Regantes y la consejera del ramo, Adela Martínez-Cachá, para tratar el asunto del agua en la Región de Murcia. Y lo hace en un momento en que vuelve a salir a la palestra el eterno tema de la falta de agua en nuestra región, tras meses de sequía.
Tal vez es el momento de recordar algunos extremos relacionados con este tema. Es frecuente el posicionamiento en los medios comunicación regionales de personas que defienden los trasvases como única solución a la escasez de agua, con los argumentos falaces de que “hay que traer agua de donde sobra a donde falta” y que “el Ebro tira al mar millones de metros cúbicos de agua cada año”. Esa concepción de los trasvases se basa en considerar a los ríos como meros canales de riego, obviando que son ecosistemas complejos, en cuya evolución se incluyen las crecidas, fenómenos naturales que favorecen la fertilización de las riberas y las vegas adyacentes al cauce, además de que, tal y como explica Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza, es el mecanismo que tiene el río para limpiar periódicamente su propio cauce, cauce que sirve para transportar agua, sedimentos y seres vivos, y con su propia morfología, diseñada por sí mismo, y con la ayuda de la vegetación de ribera, es capaz de auto-regular sus excesos, sus crecidas. Las crecidas distribuyen y clasifican los sedimentos y ordenan la vegetación, y también lo limpian de especies invasoras y de poblaciones excesivas de determinadas especies, como las algas que han proliferado en los últimos años en tantos cauces. Cuantas más crecidas disfruten, mejor estarán nuestros ríos.
“La función primigenia de un río es desaguar el agua que cae en su cuenca, como un sistema de drenaje natural”
En cuanto al agua que desemboca en los mares, y no quese tira, la función primigenia de un río es desaguar el agua que cae en su cuenca, como un sistema de drenaje natural. Asimismo, ese agua dulce que llega al mar cargada de sedimentos desempeña un papel importante en el mantenimiento de otros ecosistemas que, además de su importancia ecológica, tienen un aprovechamiento económico. Así, el delta del Ebro es lugar donde conviven el cultivo de arroz, el marisco y la pesca, del que dependen 60.000 personas. Esos sedimentos son los que nutren de arena a las playas, que también son aprovechadas por el turismo. Como se ve, todo está interconectado.
Los trasvases procedentes de otros ríos, como el Tajo, deben ser el último recurso para abastecer de agua la cuenca del Segura. Numerosas asociaciones conservacionistas, así como la Fundación Nueva Cultura del Agua, consideran que los trasvases son económicamente gravosos, ambientalmente insostenibles, ya que favorecen el traspaso de especies invasoras de una cuenca a otra, además de poner en peligro el mantenimiento óptimo desde el punto de vista ecológico de las cuencas “donantes” y necesitar de multitud de embalses para su funcionamiento, desvirtuando la dinámica natural de los ríos. Los trasvases producen un efecto perverso, como es estimular aquellas actividades económicas que demandan una gran cantidad de agua, como ha pasado en la Región de Murcia, con la multiplicación de regadíos (muy por encima de lo planificado inicialmente) y las infraestructuras turísticas, con los efectos colaterales indeseables que sufrimos, como la degradación del Mar Menor.
Por último, hay otro factor, no menos importante, que hace que los trasvases sean inviables a medio plazo. Me refiero al cambio climático, causa de los periodos cada vez más prolongados de sequía, y razón suficiente para cambiar la visión cortoplacista de demanda de agua a toda costa procedente de otras cuencas, que también sufren los efectos de este fenómeno, por la búsqueda de otras soluciones, que pasan por el cese de las nuevas roturaciones y de la sobreexplotación de los acuíferos, el desarrollo de estrategias de modernización de redes urbanas, con la reutilización de los retornos urbanos, aplicación de medidas de gestión de la demanda, potenciación de la desalación movida por energías renovables y la apertura de un programa de reconversión del regadío, retirando las hectáreas menos rentables, siendo sustituidas progresivamente por explotaciones agroecológicas, de mayor valor añadido y generadoras de menores impactos.
Todo ello para empezar a considerar a los ríos no como recursos a nuestra disposición, sino como ecosistemas que nos prestan servicios ambientales y que debemos preservar.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:

martes, 6 de septiembre de 2016

ALGO NUESTRO SE QUEMA


Hemos comenzado este mes de septiembre con un nuevo récord de temperaturas, tal y como está ocurriendo desde hace meses, confirmándose una vez más lo que muchos científicos advierten desde hace años, que el cambio climático prosigue su avance de forma implacable, sin que los gobiernos en sus diferentes niveles (municipal, autonómico y nacional) hagan nada para siquiera intentar revertir.
Uno de los efectos colaterales de este aumento de temperaturas debido al cambio climático es la proliferación de incendios forestales que, verano tras verano, arrasan miles de hectáreas, a veces en las mismas zonas quemadas anteriormente, dañando no solamente montes y espacios naturales, sino, cada vez más a menudo, núcleos urbanos habitados. En lo que llevamos de año 2016, y según datos del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se han producido 13 grandes incendios, es decir, aquellos en los que se han quemado más de 500 hectáreas, llevándose por delante casi 40.000 has. de superficie forestal. Según esos mismos datos, desde 2006 se han quemado una media de 80.000 has. de superficie forestal al año, con dos años especialmente aciagos, 2006, con 140.000 has. quemadas, y 2012, con 180.000 has.
“Que se apliquen rigurosamente las penas a quienes incendian de forma premeditada miles de hectáreas de monte”
Es significativo que el 96% de esos incendios son debidos a la mano del ser humano, el 55% de los cuales se originan de forma intencionada, y el 23% por negligencias (quema de rastrojos de forma incontrolada, colillas…). Muchas organizaciones ecologistas denuncian que la inmensa mayoría de los fondos destinados a los incendios se dedican a la extinción, y no a la prevención. Es significativo que la gran mayoría de grandes incendios se producen en bosques artificiales, principalmente pinares de repoblación y matorral sujetos a manejo agrícola y ganadero, mientras que se ven menos afectadas aquellas masas forestales mejor conservadas, con bosques maduros de especies autóctonas (encinas, robles, alcornoques…).
Como temían las organizaciones ecologistas y la oposición, la reforma de la Ley de Montes perpetrada por el PP en enero de 2015 no ha hecho más que agravar la situación. El artículo 50 de la polémica ley permite recalificar terrenos quemados cuando “existan razones de interés público”, abriéndose la puerta a cambios de uso del suelo tras la quema de superficie forestal. La reforma, en 2015, del Código Penal en relación a las penas por provocar incendios de forma intencionada sigue siendo bastante laxa, con penas de prisión de tres a seis años. Según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente, en los últimos 10 años se han producido más de 160.000 incendios. Sin embargo, sólo 325 personas han sido condenadas. De éstas, solo 8 ingresaron en prisión, sin que, además, se cumplan las penas íntegras. El resto evitaron la prisión porque recibieron penas menores a dos años.
Es necesario que se apliquen de forma rigurosa las penas a aquellas personas que, de forma casi impune, incendian de forma premeditada miles de hectáreas de monte, constituyendo una de las facetas más letales de delito ambiental, por lo que no pueden ser tratados de forma condescendiente por parte de las autoridades judiciales. Al mismo tiempo, la legislación relativa a la recalificación de terrenos quemados debe ser mucho más restrictiva, para impedir definitivamente los cambio de uso con fines especulativos. Por último, no hay mejor prevención de los incendios que el mantenimiento de la forma más natural posible de nuestros montes, con repoblaciones con especies autóctonas, evitando los monocultivos e involucrando a las poblaciones locales en la conservación de los bosques.
Los incendios forestales son, en España, uno de los problemas ambientales más graves. La falta de voluntad real de las distintas administraciones para solucionar este problema nos puede costar muy caro, sobre todo con el agravante de las consecuencias del cambio climático, que puede suponer que la superficie forestal española se vea drásticamente reducida en los próximos años. Como rezaba un conocido eslógan de los ’70, “cuando el monte se quema, algo tuyo se quema”. El problema es que, para algunos, el monte es algo ajeno, o solamente lo ven como una fuente de ingresos, pero no como un patrimonio que hay que cuidar y proteger para las generaciones futuras.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 23 de agosto de 2016

TURISMO SOSTENIBLE, ¿UNA UTOPÍA?


Este verano, además de los incendios que se suceden todos los días, calcinando por causas humanas decenas de miles de hectáreas en España y Portugal, y los Juegos Olímpicos de Río, que han llegado a su fin, es noticia la situación de colapso de los lugares turísticos en nuestro país. En Barcelona, los vecinos y vecinas del centro histórico claman contra la invasión de turistas, sobre todo en verano; el 13% de sus residentes valora negativa o muy negativamente que la ciudad sea un destino turístico de referencia internacional. El Barrio Gótico, por ejemplo, ha perdido un 17,6% de población y sus alquileres han subido un 6%, verificándose la expulsión de la población original para ser sustituida por población foránea temporal, al tiempo que la especulación inmobiliaria relacionada con el turismo de masas se extiende por la ciudad condal. Ello ha obligado al ayuntamiento de Barcelona a controlar la proliferación de pisos turísticos, muchos de ellos ilegales, que rompen la convivencia entre turistas y vecinos por la sobreabundancia de los primeros.
Otro tanto ocurre con las islas Baleares. Un archipiélago que cuenta con una población estable de poco más de un millón de habitantes recibe cada año unos 14 millones de turistas, colapsando tanto las infraestructuras como los espacios naturales. Ibiza y Formentera son el máximo ejemplo de sobresaturación. Ibiza recibió 2,7 millones de turistas en 2014, veinte veces su población, y Formentera, con 11.500 habitantes, acoge a 1,2 millones de viajeros al año. La situación llega al paroxismo cuando se verifica que los profesionales que van a las islas a trabajar no tienen literalmente espacio físico para vivir, a menos que alquilen algún piso a precios desorbitados o compartan habitación, como si de turistas se tratara.
Estos no son más que dos ejemplos del grado de saturación al que se ha llegado en cuanto a ocupación del espacio, sobre todo en nuestras costas. El informe del Observatorio de la Sostenibilidad “Cambios en la ocupación del suelo en la costa” revela que casi la mitad de las construcciones que invaden la franja litoral han sido edificadas en los últimos 25 años, intensificado con el boom inmobiliario del presente siglo. Provincias como Málaga o Valencia tienen unos índices de transformación del uso de suelo en espacios artificiales que superan el 60% en el caso de Valencia hasta un preocupante y límite 81% en el caso de Málaga. Pero esto es extensible a cualquier provincia costera. En Murcia, la situación del Mar Menor es el ejemplo de uso excesivo de los ecosistemas, agravado en este caso por la agricultura intensiva.
Con la situación que viven países como Grecia, Turquia o el norte de África, muchos turistas cambian su destino a España, para satisfacción del sector hotelero y de los gobiernos autonómicos, que celebran el continuo aumento de visitantes, pero para desgracia de los espacios naturales costeros, que sufren una presión sin precedentes: pérdida de biodiversidad, alteración de hábitats (sobre todo dunas, humedales y fondos marinos), contaminación, modificación del paisaje, etc. Además, el consumo excesivo de agua y la generación de residuos son otros de los problemas que produce el turismo de masas, que afecta directa e indirectamente a los ecosistemas.
Seguramente este año se alcanzará nuevamente el récord de visitantes en España. El año pasado se alcanzaron los 68,1 millones de turistas, representando el sector turístico el 12% del PIB. Pero no todo vale para mover la economía. La calidad de vida de las poblaciones locales, el buen estado de conservación de los ecosistemas, el cuidado de las ciudades, la preservación de los espacios naturales para las generaciones futuras, son valores que hay que tener en cuenta, y no sólo el factor monetario, a menudo asociado a empleos precarios y temporales y abusos laborales. La implementación de medidas encaminadas a conseguir un turismo realmente sostenible, es decir, aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de la comunidad, y cuyos beneficios (no solamente económicos) se reparten de forma equitativa entre el turista y la comunidad, deben ser una prioridad en las políticas públicas asociadas al sector, si no queremos matar la gallina de los huevos de oro.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 2 de agosto de 2016

LA ECOLOGÍA POLÍTICA, MOTOR DE CAMBIO


Vivimos en unos tiempos convulsos, tal y como suele ocurrir cada cierto tiempo, sobre todo desde comienzos del siglo XX. De forma cíclica se alternan periodos de prosperidad, en los que se respira una cierta sensación de seguridad, con lapsos de tiempo en los que parece que la tierra se hunde a nuestro alrededor. Cierto es que en el llamado “primer mundo”, en el que nos encontramos, los problemas son nimios en comparación con otras regiones del mundo donde la gente vive sumida en una crisis continua y donde su propia supervivencia está en juego día tras día.
La nueva ideología propone la reducción del consumo total de materias primas, energías y ocupación del territorio y persigue el “buen vivir” antes que el “tener más”
En el siglo XX, el mundo occidental pasó por estos ciclos, con los primeros 13 años del siglo, los “felices 20” o los llamados “Treinta gloriosos” (el tiempo comprendido entre 1945 y 1975) como periodos de relativa paz, de cierta prosperidad y positivismo tecnológico, intercalados con las dos guerras mundiales y la crisis desencadenada en 1929 y desarrollada en los años 30 como periodos en los que se tambalearon los cimientos de la civilización. A partir de la segunda mitad del siglo XX se desarrolla lo que Varoufakis denomina el “Plan Global”, una estrategia puesta en marcha por EEUU para dar salida en el resto del mundo a todos los productos excedentes de la industria norteamericana, y el inicio del esquema Producción-Consumo-Generación de Residuos, rápidamente adoptado por muchos países y base del capitalismo tal y como lo conocemos. Este sistema productivo es como una gigantesca máquina que devora cantidades ingentes de materias primas y combustibles fósiles, que obliga a consumir los productos de forma continua como si no hubiera un mañana para mantener el sistema insaciable, con ayuda de técnicas publicitarias y los grandes medios de comunicación.
Este plan chocó en pocos años con la dura realidad, los límites biofísicos del planeta. En 1972, un grupo de expertos agrupados en el llamado Club de Roma redactaron un informe, “Los límites del crecimiento”, en el que ya se advertía que, «en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per capita) no son sostenibles». Unos años antes, en la década de los 50, el físico Marlon K. Hubbert predijo el declive de la producción de petróleo, a partir de un momento determinado, llamado “pico del petróleo” (“peak oil” en inglés), momento en el que la obtención de crudo sería cada vez más difícil y caro. Hubbert acertó en lo que respecta al petróleo de EEUU, fijando en 1970 el pico del petróleo norteamericano, momento que coincide, aproximadamente, con la primera gran crisis del petróleo.
La Agencia Internacional de la Energía fijó en 2006 el “pico del petróleo” a nivel mundial, lo que significa que desde ese año, el petróleo extraído lo es con un mayor coste y es de peor calidad. No es casualidad que ese año se inicia de forma masiva la extracción de crudo por medio de la técnica de la fracturación hidráulica, más conocido como fracking, técnica que produce no pocos efectos perjudiciales en el medio ambiente, como la contaminación del agua y del suelo, la inducción de terremotos y la ocupación de tierras, con su repercusión en la fauna y flora.
A esto se suma el cambio climático, fenómeno acelerado por la acción humana, principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles, emisiones que han aumentado de forma exponencial en las últimas décadas, a pesar de las buenas intenciones reflejadas en las sucesivas cumbres del clima, como la última de ellas celebrada en París en diciembre pasado.
La solución a la grave crisis ecológica descrita, que lleva aparejada otros aspectos de la crisis, como la social, la financiera e incluso la política, sólo puede venir de la ideología más joven y la que mejor sabido leer la situación: la ecología política. Frente a la economía lineal imperante basada en la producción, el consumo desenfrenado y la generación de residuos, la ecología política propone una economía circular, con la aplicación de la regla de las 3R (reducción, reutilización y reciclaje) y un consumo responsable. Frente al uso de combustibles fósiles generadores de gases de efecto invernadero, desde la ecología política se promueven las energías renovables. Frente al crecimiento económico como dogma de fe para crear riqueza, medido con un indicador imperfecto como es el PIB –cuando se sabe que esta riqueza sólo llega a una minoría de la población, produciendo además degradación ambiental y merma de los derechos sociales– y al productivismo entendido como búsqueda del beneficio económico a toda costa, en detrimento de otros aspectos, la ecología política es más partidaria de un cierto decrecimiento, es decir, la reducción del consumo total de materias primas, energías y ocupación del territorio y es antiproductivista, pues persigue el “buen vivir” antes que el “tener más”.
La ecología política es el camino, por tanto, para llegar a una sociedad que no ponga en peligro el futuro de las nuevas generaciones y del planeta, y debe ser la base de un programa de gobierno de cambio, justo con otros pueblos y respetuoso con la Naturaleza.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

viernes, 29 de julio de 2016

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA UN GOBIERNO DE CAMBIO


Tras la vorágine de la campaña electoral (¿acaso se ha dejado de estar en campaña desde diciembre pasado?), los análisis de las causas de los resultados del 26J y el inicio de las conversaciones entre los distintos partidos salidos de las urnas para formar gobierno, que ocupará varias semanas, parece que se ha ralentizado el ritmo político en nuestro país.
Este ritmo más pausado es proclive a la reflexión, a la búsqueda de soluciones a la grave crisis ecológica, social y política en la que estamos inmersos. Esas soluciones deben dar respuesta a varios retos que tenemos ante nosotros, algunos de los cuales parecen no estar sobre la mesa a la hora de negociar las distintas opciones de gobierno. ¿Cuáles son esos retos? Los hay que son evidentes y reales, pues son los más cercanos a la vida cotidiana de la gente: el paro (sobre todo el juvenil y el de larga duración), la violencia de género, las pensiones del futuro, la corrupción (que detrae fondos públicos de todos), el acceso a la vivienda, la educación, la sanidad… Otros asuntos, que algunos insisten en poner de relieve, inciden menos en la vida de la amplia mayoría de la sociedad, como la posible independencia de Cataluña o las vicisitudes de Venezuela.
“El PIB sólo refleja el aspecto monetario de la economía, pero no el grado de bienestar de la sociedad, el estado de salud de los ecosistemas ni las condiciones de los trabajadores”
Pero hay un tercer grupo de retos que están ausentes del debate político. Los partidos (salvo excepciones) los obvian, tal vez porque no producen rédito electoral o porque, en el fondo, no les conceden la importancia debida, a pesar de que nos condicionarán, si no lo hacen ya, la vida a una gran mayoría. Me refiero a la energía y nuestra dependencia de los combustibles fósiles, a los problemas relacionados con el agua y al cambio climático, aspectos que influyen en los otros, principalmente sobre el empleo. Está claro que estos asuntos exceden el ámbito nacional, y que es necesario una actuación conjunta de los países europeos (e incluso a nivel mundial) para salir de la espiral que nos llevará irremisiblemente al colapso en unas pocas décadas. Pero desde el futuro gobierno español, sea del signo que sea, se pueden y se deben implementar medidas para abordar los cambios necesarios en estos ámbitos.
España depende en un 82% de la importación de fuentes de energía, petróleo y gas natural, que nos cuestan más de 45.000 millones de euros al año. El carbón, causante del 13% de las emisiones de CO2 en España, sigue estando subvencionado, mientras que el cierre inmediato de la totalidad del parque nuclear español no supondría riesgo alguno para la garantía de suministro eléctrico, según los expertos, debido a que tenemos una sobrecapacidad energética del 40% en el momento de máxima demanda. La solución pasa por legislar de una vez por todas para permitir el autoconsumo energético, derogando las penalizaciones que el gobierno de Rajoy impuso en 2015, y por darle un impulso definitivo a las energías renovables, el sector industrial más maltratado por el PP.
El cambio climático y el agua están íntimamente ligados. Debido al avance del primero, la escasez del segundo es cada vez más acuciante. El aumento de la temperatura media del planeta, especialmente en algunas zonas como la cuenca mediterránea, las sequías y su contrapartida, las inundaciones, afectarán a la seguridad alimentaria y la producción agrícola, sobre todo de aquellos cultivos que demandan grandes cantidades de agua, como los nuevos regadíos que dependen en España de los trasvases. Un ejemplo de las consecuencias del cambio climático lo estamos sufriendo en la zona del Mar Menor, con la transformación dramática de la laguna debido a los vertidos de residuos salobres de los pozos emitidos durante décadas, que han degradado, tal vez de forma irreversible, este ecosistema.
Otro paradigma que los partidos políticos en liza deben revisar de cara a la formación de gobierno es el dogma del crecimiento. Parece que todos aceptan sin ambages que el crecimiento económico es la panacea a todos los males y que nos sacará de la crisis. Pero está demostrado que, además de que el planeta no aguantará los daños colaterales del crecimiento (emisiones de CO2, pérdida de biodiversidad, contaminación, etc.), el aumento del PIB sólo refleja el aspecto monetario de la economía, pero no el grado de bienestar de la sociedad, el estado de salud de los ecosistemas ni las condiciones socio-laborales de los trabajadores.
En este período de transición entre el gobierno en funciones y la formación del nuevo equipo, es hora de que todos estos temas entren en la mesa de negociaciones para que, por fin, se aborde definitivamente un cambio de modelo económico que tenga en cuenta los límites biofísicos del planeta.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:

jueves, 16 de junio de 2016

EL PAISAJE SONORO, INDICADOR DE LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS


Recientemente ha aparecido en los medios una noticia que ha pasado desapercibida entre la vorágine de la campaña electoral, las últimas declaraciones de los líderes políticos (porque todos son hombres) y las insufribles tertulias sobre los resultados futbolísticos de “la roja”. El músico y ecologista norteamericano Bernie Krause se ha dedicado durante décadas a grabar los sonidos de la naturaleza, a lo largo y ancho del planeta. Su catalogo incluye miles de horas de grabación de sonidos procedentes de más de 15.000 especies animales terrestres y marinos (sonidos a los que llama biofonías), pero también de sonidos producidos por la parte no biológica de los ecosistemas (las geofonías) y sonidos no musicales producidos por el ser humano (las antrofonías, más comúnmente conocidas como ruido). Estos tres factores, combinados entre sí, forman lo que se llama el paisaje sonoro.
“La extinción de especies en las ciudades ya se comprueba con la reducción de las poblaciones de gorriones, de algunas rapaces o la desaparición de las abejas”
Pues bien, se ha hecho público un fenómeno que ya sabemos por los estudios científicos, pero es la primera vez que esto se pone de relieve a través del sonido (aunque más bien deberíamos decir de su ausencia): la desaparición a marchas forzadas de miles de especies, debido principalmente al cambio climático, a la explotación de los recursos naturales y a la destrucción de hábitats. Krause grabó de forma periódica el paisaje sonoro del Parque de Sugarloaf Ridge, en California, entre 2004 y 2014. La audición de esas grabaciones nos informa de un hecho espeluznante. En esos 10 años, se ha pasado de una mezcla cacofónica de sonidos de aves, sobre todo (aunque también de otros grupos que contribuyen de un modo menos evidente al paisaje sonoro, como anfibios, reptiles o insectos, entre otros) a la casi totalausencia de sonidos, reflejándose la extinción de especies de un modo dramático, a través del silencio. De hecho, el propio Krause reconoce que el 50% de los sonidos naturales captados y registrados por él desde los años 60, o bien han desaparecido, o bien han sido radicalmente modificados por la acción humana. Los estudios científicos predicen que en 2050, la cuarta parte de las especies habrán desaparecido, muchas de ellas sin que ni siquiera las hayamos descubierto.
A nivel más cercano, es evidente que el paisaje sonoro de nuestras ciudades y campos se ha visto modificado de modo palpable. Las amenazas que sufren el lobo ibérico, el oso pardo, el águila imperial o el urogallo, por citar algunos de los más espectaculares, transforman el paisaje sonoro de los ecosistemas naturales. Aunque estas especies constituyen la punta del iceberg. Se calcula que más de 150 especies animales están en riesgo de desaparición en nuestro país. Las ciudades también sufren el impacto sonoro de la extinción. La transformación de paisajes silvestres, eliminando árboles viejos con oquedades, suprimiendo la vegetación de ribera de los ríos, la contaminación atmosférica y la lumínica, la fumigación de parques y jardines, la excesiva siega del césped de los jardines, la urbanización salvaje sin orden ni planificación, el diseño de plazas desprovistas de arbolado, son factores que contribuyen a reducir la biodiversidad urbana, como ya se comprueba con la reducción de las poblaciones de gorriones, de algunas especies de rapaces o la desaparición de las abejas.
De seguir así, dentro de poco, en nuestras ciudades habrá desaparecido el sonido de las aves, y solamente tendremos que sufrir el ruido del tráfico motorizado y de las obras. Como el propio Bernie Krause afirma, “si se dice que una imagen vale más que mil palabras, un paisaje sonoro vale más que mil imágenes”. El paisaje sonoro es la plasmación sensorial del estado de salud de los ecosistemas. Cuanto mayor sea la variedad y riqueza del abanico de sonidos naturales que nos rodea, mayor será la evidencia del buen estado de conservación de la naturaleza. No dejemos que los paisajes sonoros se empobrezcan.
Articulo publicado en La Cronica del Pajarito: