Mariano Rajoy, en su reciente visita a la Comunidad Valenciana, y aprovechando la manifestación organizada por la llamada Mesa por la Educación en Libertad, integrada por las escuelas católicas, el foro valenciano de la familia, el sindicato USO (¿qué hace este sindicato en este grupo?) y el propio PP de la Comunidad Valenciana, a favor de la escuela concertada, calificó de “ataque a la libertad educativa” la iniciativa del gobierno valenciano, formado por PSOE y Compromís, de potenciar la educación pública en detrimento de la privada concertada, revirtiendo la política educativa del anterior gobierno popular que, en 20 años, ha dejado 834 aulas menos en la pública y 95 más en la concertada.
Nuestros gestores educativos miden todos sus pasos y adoptan todas sus decisiones en función del tan recurrido informe PISA, que tantos quebraderos de cabeza da a los ministros de Educación españoles de turno. Tienen como único objetivo mejorar los resultados de estas pruebas diagnósticas, a pesar del aluvión de críticas recibidas por los especialistas en cuanto a su idoneidad y su utilidad para incidir en la mayor capacitación del alumnado (aspecto bastante cuestionable, porque, al final, tal y como ocurre con los tests de inteligencia, las pruebas PISA miden la capacidad de hacer los propios tests, centrándose en las tareas más repetitivas y sin abordar otras competencias, como la capacidad reflexiva o la relacional, tan importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ese es otro debate).
“Nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que aboca a una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades”
Con el excusa de los sucesivos informes PISA, el PP ha lanzado su particular ley educativa, la LOMCE, que incluye pruebas externas, rankings de centros y la aplicación de la ideología neoliberal en la educación, reduciendo la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta las particularidades socioeconómicas de cada centro y degradando la educación pública con la masificación en las aulas, el aumento de la carga de trabajo del profesorado y la reducción de las plantillas, en beneficio de los centros concertados.
Pues bien, Rajoy parece obviar que en el país que tanto se cita como el modelo a seguir, Finlandia, el 98% de los centros escolares son públicos, no existiendo el concepto de “centro concertado”, como en España, es decir, aquellos centros privados que reciben fondos públicos, pero que siguen su particular criterio empresarial y/o doctrinario en su proyecto.
Si este tipo de centros aplicaran los mismos criterios que los centros públicos, como la integración al mismo nivel que la pública de alumnado inmigrante o con dificultades de lenguaje y necesidades especiales, habría menos que objetar, pero los centros educativos concertados encuentran la manera de seleccionar a su alumnado, casi siempre según sus características socioeconómicas, mediante el pago de cuotas “voluntarias” por una serie de servicios. Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social, camuflado bajo el argumento de la “libertad de elección de centros por parte de las familias” que, de seguir permitiéndose, aboca a una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo.
Hay que desmentir la idea de que los centros privados ofrecen una mayor calidad de enseñanza. Numerosos estudios demuestran que la calidad es similar o incluso superior en los centros públicos, una vez descontados los factores socioeconómicos. Tampoco los resultados de los estudios realizados respaldan una hipotética mejor formación en valores en los centros concertados con respecto a los centros públicos.
Se debe desterrar, por tanto, la falsa idea de la mejor calidad de la enseñanza concertada, que únicamente persigue objetivos económicos, tratando a su alumnado más como clientes que como educandos. La Administración Pública debe velar con mayor énfasis por la igualdad plena en el acceso a todos los centros sostenidos con fondos públicos, revisando a la baja o incluso retirando las subvenciones a aquellos colegios que incumplan las cláusulas legales que les son de aplicación (que son casi todos). La tendencia debe ser, a medio plazo, la desaparición de los conciertos educativos, mediante la potenciación de la educación 100% pública, de calidad, integradora, inclusiva, laica y totalmente gratuita.
Artículo publicado el viernes 27 de mayo en La Crónica del Pajarito:
