domingo, 24 de diciembre de 2017

ESPAÑA APUESTA POR LA SOBREPESCA

Hace unos días los países miembros de la UE, tras muchas horas de negociación, llegaron a un acuerdo para fijar las cuotas de pesca para el año 2018, los llamados Totales Admisibles de Capturas (TAC). Una vez más, España, a través de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha preferido continuar con la sobreexplotación de los mares antes que garantizar las reservas pesqueras para el futuro. Lo que la ministra denomina “mejoras sustanciales” en la cuota de capturas supone, en realidad, mantener la presión sobre las especies comerciales, como la merluza, el jurel, el rape, el gallo, el lenguado, el atún rojo o la caballa, entre otras, poniendo en peligro su conservación.
“España defiende esta postura insostenible sin tener en cuenta que, de seguir con estas prácticas, además de esquilmar los mares y modificar los ecosistemas, los empleos que se dice defender se verán afectados negativamente”
Frente a la propuesta de la UE de rebajar las cuotas, siguiendo las advertencias de los informes técnicos que así lo aconsejan, debido a la situación de insostenibilidad en la que se encuentran muchas de las especies, el Gobierno español insiste en aumentar las capturas. Así, los expertos recomendaban una reducción en un 30% en la captura de merluza del caladero sur. Sin embargo, España ha conseguido que esa reducción se rebajara al 12%, incrementando la presión sobre esa especie. La negociación del Gobierno español, que ha cedido a las presiones del lobby de la pesca, Cepesca, asociación empresarial que agrupa a pescadores y armadores españoles, supone un aumento de 6.000 toneladas en la cantidad pescada para la flota de Gran Sol, el Golfo de Vizcaya y del Golfo de Cádiz. España es el país europeo con porcentajes más altos de sobrepesca, pescando un 38% por encima de la cantidad recomendada por los científicos para el mantenimiento óptimo de los caladeros, entre 2001 y 2017, es decir, casi un millón de toneladas de pescado de más, según un informe del Observatorio Corporativo Europeo (Corporate Europe Observatory).
El propio Ministerio de Pesca admite que el Mediterráneo está esquilmado. El 93% de las variedades objeto de pesca en este caladero están en mal estado, pero se sigue aumentando su captura, llevados por la búsqueda de beneficios inmediatos. Esta situación puede traer consecuencias contrarias a las que se quiere conseguir al defender este nivel de capturas. Los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca indican que, entre 2011 y 2016, a pesar del aumento de las capturas, la flota ha ido disminuyendo año tras año, sobre todo en la flota artesanal, es decir, en la mayoría del sector pesquero. Greenpeace denunció, ya en 2013, en su informe Empleo a bordo, que se habían destruido más de 50.000 empleos en los 20 años anteriores y que, de no cambiar, en los próximos años se perderían otros 14.000 más. La flota industrial, que es la que recibe mayoritariamente subsidios por parte de las instituciones, es la máxima responsable del agotamiento de los mares. En todo el mundo se reparten anualmente 30.000 millones de dólares en subvenciones a la pesca, el 70% de las cuales van a parar a países ricos (entre ellos España, que ha recibido 1.100 millones de euros) y a prácticas insostenibles e incluso ilegales.
El Gobierno español vuelve a utilizar el argumento de la creación de puestos de trabajo para defender esta postura insostenible de mantenimiento de la sobrepesca, sin tener en consideración que, de seguir con estas prácticas, además de esquilmar los mares y modificar los ecosistemas, los empleos que se dice defender se verán afectados negativamente. La solución debe venir por la aplicación de criterios de pesca sostenible, es decir, aquella que garantiza el mantenimiento de la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros. Estas prácticas, resumidas en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, pasan por aplicar el principio de precaución cuando falte información científica fiable sobre el estado de las pesquerías, declarar reservas marinas como parte integrante del plan de ordenación, no operar en áreas ni en hábitats sensibles, proteger áreas importantes como las zonas de reproducción y de alevinaje, promover la pesca artesanal, minimizando los descartes y evitando el uso de métodos destructivos como el arrastre de fondo o el uso de explosivos y venenos y, en resumen, mantener las poblaciones de todas las especies objetivo en un nivel saludable, así como operar de manera social y económicamente justa y responsable. Sólo así se garantizará que dispongamos de pescado en nuestros platos en el futuro.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 12 de diciembre de 2017

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Dos estudios relativos al cambio climático aparecidos recientemente nos hacen reafirmarnos en la urgencia de abordar seriamente este problema. Uno de ellos, publicado en la revista Nature esta misma semana por dos investigadores de la Universidad de Stanford, plantea que los modelos utilizados hasta ahora por los gobiernos están subestimando el calentamiento global del futuro. Así, su modelo predice que, antes del final del siglo, la temperatura media del planeta subirá en 4ºC con una probabilidad del 93%, frente a las previsiones más optimistas que cifraban en el 62% esa probabilidad. Si el Acuerdo de París considera urgente limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales de aquí a 2030, y en la COP22 celebrada en Bonn el pasado mes de noviembre los países se comprometieron a aplicar medidas para conseguirlo, este estudio puede echar por tierra las previsiones, dejando cortas las medidas que se están planificando. Las consecuencias de este augurio son conocidas: deshielo y reducción de las capas polares; aumento del nivel de los océanos, afectando a las localidades ribereñas y acidificación de las aguas, poniendo en riesgo a especies y ecosistemas marinos; cambios extremos en el clima, como inundaciones, huracanes y sequías. En definitiva, la propia supervivencia del ser humano está en cuestión si estas previsiones se cumplieran.
“En los próximos 50 años, entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región o a otro país si el ser humano no frena el cambio climático, según ACNUR”
El otro estudio, o más bien la advertencia, proviene del vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana y experto en economía relativa al medio ambiente, Alejandro Guevara, quien en México D.F. alertó la pasada semana del hecho de que “las variaciones extremas en las lluvias del África Sahariana provocadas por el cambio climático incrementan hasta un 50% la probabilidad de que haya una guerra”, con las consecuencias que ello conlleva, como el aumento de las migraciones y las peticiones de asilo. Son los llamados “refugiados climáticos”, surgidos por la influencia directa de este fenómeno, categoría de refugiados ya contemplada por la ONU. Según cálculos de ACNUR, en los próximos 50 años entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región de su país o incluso a otro Estado si el ser humano no frena el cambio climático.
Pero no todo son malas noticias. El pasado 7 de diciembre entró en vigor la Alianza Solar Internacional (ISA en sus siglas en inglés), un grupo de 121 países ricos en recursos solares, casi todos países en desarrollo, además de Francia, cuyo objetivo es facilitar y acelerar el despliegue a gran escala de la energía solar en esos países, hasta un total de 1.000 gigavatios (1 billón de vatios), con la aportación de 1.000 millones de dólares de aquí a 2030. Esta iniciativa, surgida del Acuerdo de París en 2015, pretende generalizar el uso de la energía solar en los países participantes en la Alianza, consiguiendo su autonomía energética. Es curioso que España no participe en esto, aunque no es extraño, vista la cruzada emprendida por el gobierno de Rajoy a partir de 2012 contra este tipo de fuente renovable de energía, todo para defender los intereses de la todopoderosa patronal de la energía Unesa.
Otra iniciativa interesante proviene también de Francia. El ministro de la Transición Ecológica y Solidaria del gobierno galo, Nicolas Hulot, se reunió casi al mismo tiempo que entraba en vigor la Alianza antes citada con una veintena de representantes de países del llamado grupo de “amigos del Pacto Mundial para el Medio Ambiente” para sentar las bases de dicho pacto. Este proyecto fue presentado en septiembre pasado por el presidente Macron en la sede de la ONU junto al expresidente de la Cumbre de París, Laurent Fabius, y el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon, con el objetivo de “contribuir a frenar el calentamiento global y el deterioro del planeta”. Consta de una treintena de artículos en los que se recogen, entre otros, los principios de precaución y de reparación por el que quien contamina paga.
Por último, otro evento relacionado con la preservación del planeta tendrá lugar este martes 12 de diciembre en París, la One Planet Summit, una jornada de trabajo en la que se estudiarán acciones concretas, desde los ámbitos públicos y privados, para revertir el cambio climático, sobre todo desde el punto de vista de su financiación. Ante la cal de los posibles efectos dañinos del cambio climático, que ya estamos padeciendo, surgen iniciativas que son la arena en clave positiva para intentar paliar esos efectos y actuar sobre las causas últimas. Esperemos que esto cale en la sociedad y sea el comienzo de un cambio de actitud de los gobiernos.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 28 de noviembre de 2017

PALABRAS VANAS, RUIDO DE CAMPANAS

Fuente: CARM
Los grandes problemas que sufre la Región de Murcia, el paro, la pobreza, el estado del Mar Menor, el asunto del agua, el AVE y el soterramiento a su paso por Murcia, la contaminación atmosférica, entre otros, no encuentran con el PP la solución que merecemos, sino todo lo contrario. El partido que gobierna la región y el ayuntamiento de Murcia desde hace más de 20 años sólo ha actuado a golpe de declaraciones grandilocuentes y promesas largas veces incumplidas, si no directamente a base de mentiras que no se creen ni ellos.
“Las declaraciones falsarias y promesas de los gobiernos del PP llegan al paroxismo cuando se trata del medio ambiente”
Basta con repasar las hemerotecas para comprobar cómo los sucesivos presidentes regionales y sus consejeros, así como los alcaldes, han abusado de los anuncios estrella que no han llevado a ninguna parte. Así, en relación al desempleo en nuestra región, mientras el portavoz Víctor Martínez se jactaba en agosto pasado de ser la región donde “más baja el paro y más empleos se generan”, lo cierto es que, tanto en septiembre como en octubre, el desempleo aumentó en más de 3.000 personas, situándose en el 18,11% la tasa de paro en la Región de Murcia, casi dos puntos por encima de la tasa nacional. La pobreza se ha enquistado en un 28% de la población, limitándose el gobierno de López Miras a presentar a bombo y platillo, hace ya un mes, con la presencia del vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, la llamada “ruta social”, sin medidas concretas sobre la mesa.
La serie de declaraciones falsarias y promesas lanzadas al aire por parte de los gobiernos del PP llega al paroxismo cuando se trata del medio ambiente. El Mar Menor sigue esperando la aplicación de medidas de urgencia anunciadas ya en 2016, a través de la anterior consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, como la colocación de “filtros verdes”, así como la aprobación del Plan de Gestión Integral del Mar Menor, que debería haberse aprobado en 2012. En cuanto al problema de escasez hídrica, mientras López Miras asegura a los regantes que vendrá “el agua que nos merecemos”, nada se hace para cambiar el modelo agrícola imperante, ni para reducir las miles de hectáreas de regadío ilegal, al tiempo que se ha aprobado por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la construcción de una red de sondeos en el entorno del Mar Menor y del acuífero del campo de Cartagena, para la extracción de agua, situación que podría agravar el estado ya agónico de la laguna. A todo esto, se ha sabido que en Murcia se paga hasta 6,6 veces más cara el agua que en otras regiones.
“El objetivo del PP murciano es que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para presentarlo como un logro propio en las elecciones del año siguiente”
¿Y qué decir del soterramiento de las vías del AVE que no se sepa ya? Tanto el alcalde Ballesta como el presidente regional acumulan una gran cantidad de declaraciones sobre este tema, la inmensa mayoría de las cuales han sido dichas para salir del paso, siendo conscientes, creo yo, de que no se van a cumplir, habiendo colmado la paciencia de los vecinos y vecinas de las barriadas del sur de Murcia. De decir en mayo que estaría “siempre al lado de los vecinos y en la defensa de sus intereses”, Ballesta ha pasado a afirmar a comienzos de esta mes que “buscaría a otros interlocutores”, acusando además a la Plataforma Pro-Soterramiento de los actos vandálicos que se llevaron a cabo en fechas recientes. El objetivo del PP murciano es, claramente, que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para poder presentarlo como un logro propio de cara a las elecciones del año siguiente, aunque eso suponga ponerse en contra a cientos de miles de vecinos.
Por último, los picos de contaminación atmosférica que ha sufrido la ciudad de Murcia, agravados por la sequía y el cambio climático, son también el resultado de años de inacción por parte del consistorio. Se ha sabido que Murcia registra más del doble del valor límite diario de contaminación por ozono, con las consecuencias nefastas para el sistema respiratorio. Sin una política decidida en materia de movilidad sostenible, sin una apuesta clara por el fomento de la bicicleta, más allá del sistema de alquiler público, sin carriles bici suficientes que atraviesen el casco urbano y conecten con las pedanías, sin la mejora del transporte público urbano, y sólo con tímidas iniciativas en favor del vehículo eléctrico, como la promesa de la colocación de unos pocos puntos de recarga y la implantación del sistema Muving de alquiler de motos eléctricas, aún estamos lejos de conseguir revertir la situación.
Por el uso y el abuso, por parte de nuestros gobernantes, de anuncios, al final, se quedan en nada, se les podría decir aquello de “palabras vanas, ruido de campanas”.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

jueves, 23 de noviembre de 2017

UNA CUMBRE ESPERANZADORA

Desgraciadamente, tenemos que seguir hablando de cambio climático. El pasado lunes dio comienzo la COP23, la Cumbre del Clima, que este año se celebra en la ciudad alemana de Bonn hasta el próximo 17 de noviembre, dos años después de la Cumbre de París, en la que la mayoría de países del mundo (salvo EEUU, que se desvinculó del acuerdo en junio pasado, y Siria, por razones obvias) se comprometieron a acometer acciones para luchar contra el cambio climático y evitar que la temperatura media de la Tierra supere en 1,5ºC los niveles de la era pre-industrial.
En esta ocasión, los participantes en la Cumbre de Bonn tienen como objetivo tratar aspectos técnicos, buscando la manera de implementar las medidas aprobadas en Paris en 2015, tarea nada fácil viendo cómo los valores de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la temperatura media del planeta no hacen más que aumentar. Así, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, señala que entre enero y septiembre de 2017 la temperatura media global fue 1,1ºC superior a la media de los niveles pre-industriales, mientras que la concentración atmosférica de CO2 alcanzó las 403,3 partes por millón (ppm), superando de nuevo la barrera de los 400, que se rebasó por primera vez en 2015, el año del Acuerdo de París. El año que está a punto de acabar seguramente será el segundo más cálido de la historia, sólo por detrás de 2016. Como podemos comprobar, avanzamos de forma inexorable hacia un punto de no retorno climático.
“Nuestro gobierno sigue aprobando ayudas por más de 1.000 millones de euros anuales a actividades basadas en la quema de combustibles fósiles y la producción de electricidad en las centrales térmicas de carbón ha crecido un 39%”
España está lejos de cumplir los acuerdos firmados (empieza a ser habitual que las distintas administraciones españolas firmen acuerdos que son papel mojado, y si no que se lo pregunten al alcalde de Murcia en relación al soterramiento de las vías). A pesar de que para 2020, y como miembro de la UE, España debe abandonar las ayudas dañinas para el medio ambiente, lo cierto es que nuestro gobierno sigue aprobando ayudas por valor de más de 1.000 millones de euros anuales a actividades que están basadas en la quema de combustibles fósiles (transporte, agricultura o generación de electricidad), mientras que, en lo que va de año, la producción de electricidad en las centrales térmicas que emplean carbón ha crecido un 39%.
El gobierno español sólo actúa espoleado por las veleidades independentistas de parte de los catalanes, pero no mueve un solo dedo para afrontar el mayor desafío al que nos enfrentamos, que ríete tú del “desafío soberanista”, es decir, evitar que alcancemos el fatídico aumento de la temperatura de la Tierra, con las consecuencias funestas que ello conlleva, y la actual sequía no es sino la punta del iceberg. Amén de los costes económicos que supone la restauración de la situación tras catástrofes como inundaciones, incendios o la destrucción de cosechas por falta de agua, el cambio climático afecta a la productividad laboral, sobre todo en las zonas rurales, además de causar problemas sanitarios (desnutrición, enfermedades infecciosas) en los países más pobres. Ahora, en nuestro país, empezamos a sufrir las primeras restricciones al acceso al agua potable, con un límite de 200 litros por persona y día en algunas zonas como en la mancomunidad de servicios Cabeza del Torcón, en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, se ha comprobado que el sector de población más afectado por el cambio climático es el de las mujeres, ya que el 76% de los llamados refugiados climáticos, es decir, aquellos que deben abandonar sus lugares de residencia por causa de sequías, por la subida del mar, las olas de calor y la alteración de las estaciones, son mujeres, según se desprende de la Conferencia “Justicia climática: la perspectiva de género en la transición energética”, organizada por el Grupo Verde del Parlamento Europeo el pasado 19 de octubre. La categoría de “refugiado climático” alcanza ya a 65 millones de personas en todo el mundo, según la ONU.
La reunión que comenzó el lunes en Bonn y que reúne a 25.000 personas de todo el mundo para tratar, una vez más, el reto del cambio climático, puede suponer una de dos posibilidades: un puñado de buenas palabras sin consecuencias efectivas, o la confirmación de que los países desarrollados, responsables del 85% de la emisión de GEI, empiezan a tomarse en serio este problema. Esperemos que esta segunda opción sea la correcta.
Artículo publicado el pasado 7 de noviembre en La Crónica del Pajarito:

martes, 24 de octubre de 2017

EL PRESIDENTE NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA

Fuente: La Verdad
El presidente López Miras debería revisar lo que le dictan sus asesores a la hora de hacer declaraciones públicas, pues cada vez que abre la boca suelta unas perlas que denotan, o bien improvisación, o bien una ignorancia supina sobre los temas que maneja. A menos que todo esto sea de cosecha propia, lo que es más grave aún.
Empezó allá por el pasado mes de mayo, recién iniciada su andadura como presidente de la Región de Murcia cuando, subido a un barco cual conquistador oteando sus posesiones, mientras paseaba por la laguna costera, declaró sin sonrojarse que el Mar Menor "ha recuperado la transparencia de hace 20 años”, sólo llevado por el afán de salvar la temporada de verano que se avecinaba, aunque fuera a costa de mentir descaradamente sobre la situación real de la laguna, como se comprobó más tarde. En septiembre, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel Eduardo de Mata, en el marco de la investigación que se está realizando por la contaminación de la laguna salada, remarcó que esa situación suponía “un peligro de muerte de la vida animal y vegetal”, por lo que la Fiscalía General no descarta iniciar diligencias por delito ecológico, desmontando de un plumazo el argumento de López Miras.
“López Miras debería dejarse asesorar por los expertos que tiene a mano, los del Comité Científico sobre el Mar Menor o, al menos, estudiarse los informes del propio ministerio”
Ante la protesta continuada de las asociaciones de defensa del Mar Menor, hace unos días el presidente nos regaló con el anuncio de una medida que ha desencadenado la reacción de muchos de los miembros del Comité Científico que asesora a la Comunidad Autónoma en materia de conservación de la laguna, algunos de los cuales llevan décadas estudiando este ecosistema. López Miras, no sabemos si fruto de una ocurrencia suya o asesorado por alguna mente ajena, insinuó en la Asamblea Regional que se dragaría la zona de las Encañizadas, con lo que aumentaría la conectividad entre la laguna y el Mediterráneo, para “aportar vida” al Mar Menor. Sólo puede explicarse esta propuesta por el alto nivel de desconocimiento del funcionamiento del ecosistema marmenorense que ostenta el presidente, pues fue automáticamente replicado por una serie de profesoras y profesores universitarios del Comité Científico con datos sobre las consecuencias funestas que conllevaría la aplicación de tal medida, como el descenso de la salinidad de la laguna o la salida de agua al Mediterráneo cargada de nitratos, lo que afectaría tanto a la fauna y flora lagunar como a las praderas de posidonia más allá de la barra arenosa.
Las últimas declaraciones con las que nos ha deleitado el presidente hacen referencia, una vez más, a los trasvases. Insiste López Miras en hablar del agua que los ríos “arrojan al mar”, como si no fuera algo natural e inherente a los cursos de agua desembocar en las costas, aportando nutrientes para las pesquerías como las anchoas y las sardinas, y sedimentos que alimentarán las playas. También califica de “coyuntural” la sequía que padecen las cuencas españolas, como si no se supiera que la escasez de agua será algo cada vez más frecuente, debido principalmente al cambio climático, cuyas consecuencias ya estamos sufriendo, sobre todo en la región mediterránea. Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en el último boletín hidrológico publicado el 10 de octubre, la reserva de agua en nuestro país era de 21.227 hm3, cerca de un 38% de la capacidad total, y el 90% de los grandes embalses están por debajo de su reserva habitual. Pretender que otras cuencas deficitarias suministren agua a la cuenca del Segura para mantener una agricultura intensiva e insostenible es de una gran irresponsabilidad, y denota cierto egoísmo, además de que el presidente, con esas peticiones de trasvases, demuestra, no sabemos si de forma premeditada o no, una gran ignorancia en la materia. Sólo el electoralismo puede llevar a López Miras a seguir con este “agua para todos” que ahora recupera, y que tanto rédito supuso para el PP murciano en el pasado.
Parafraseando el título de la famosa novela de García Márquez, el presidente no tiene quien le escriba las declaraciones públicas, al menos de forma correcta, por lo que debería dejarse asesorar por los expertos que tiene a mano, los del Comité Científico sobre el Mar Menor o, al menos, estudiarse los informes que el propio ministerio saca a la luz.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

domingo, 8 de octubre de 2017

LA SEQUÍA OBLIGA A UN CAMBIO DE MODELO

Este otoño está camino de ser el más seco desde que se tienen registros. El pasado mes de septiembre ha sido el que menos precipitaciones se han registrado en este siglo XXI, ya que la precipitación media ha sido en España de 15 litros por metro cuadrado, lo que supone el 33% de la media de este mes. Los pantanos españoles están bajo mínimos: en la vertiente atlántica, los embalses están al 39,4% de su capacidad media, mientras que en la vertiente mediterránea, esa cifra desciende al 37,14%.
Pero esta cifra media esconde la situación crítica de la cuenca del Segura, cuyos pantanos están al 14%. La cuenca del Ebro, ese río al que los defensores de los trasvases acusan de “tirar el agua al mar”, está por debajo del 50% de su capacidad, y la del Tajo un poco por encima del 40%, por lo que las dos cuencas de las que los regantes de la Región de Murcia siempre han reclamado agua para seguir desarrollando los regadíos no están en condiciones de exportarla. En cuanto a las temperaturas, aunque la media en España ha sido la normal en esta época del año, con 20,6ºC, el mes de septiembre ha reflejado una desigual distribución de los valores, superándose los 38ºC en algunos puntos de Andalucía en algún momento.
“Obviar la gran voracidad que la agricultura tiene sobre los recursos hídricos es cerrar, una vez más, los ojos ante el modelo agrícola insostenible que se practica de forma mayoritaria en nuestra región”
La Región de Murcia tampoco ha sido ajena a la sequía y a los valores térmicos extremos para esta época del año. Así, la temperatura media en nuestra región durante el mes de septiembre ha sido de 22,5ºC, casi dos grados por encima del valor medio nacional, habiéndose superado los 38ºC en algún día puntual, mientras que la precipitación media en la Región fue de 5 litros/m2, lo que supone tan solo el 21% del valor normal.
Todos estos datos reflejan, por tanto, que estamos atravesando una sequía que ya se está convirtiendo en estructural, y en el que el cambio climático no es ajeno. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) acaba de presentar en la ciudad china de Ordos el estudio Perspectiva Global de la Tierra. En él se pone de relieve que la escasez de agua está "muy extendida en regiones densamente pobladas tales como India, Asia, el oeste de los Estados Unidos y España”, incluyendo a nuestro país en las zonas con grave peligro de desertificación.
Ante esta perspectiva, el gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, acaba de advertir de la situación de sequía extrema por la que atravesamos. En su alocución, la consejera aconseja hacer un uso "eficiente y moderado" del agua en "cualquier práctica habitual en el día a día de cualquier ciudadano”, incluyendo actividades cotidianas como “lavar un coche, pegarnos una ducha o lavar un plato”. Mientras carga las tintas en el consumo doméstico, Arroyo exime de cualquier responsabilidad al sector agrícola, alabando su actitud, afirmando que "si hay algo que caracteriza a los agricultores, regantes y al sector relacionado con la agricultura en la Región es la modernización de sus regadíos, el buen uso del agua, la reutilización y lo concienciados que están siempre con el uso del agua”
La consejera Arroyo parece ignorar que el 80% del consumo de agua proviene del sector agrícola, y que sólo el 14% del consumo se realiza en el ámbito doméstico, siendo el 6% restante debido al sector de la industria. Echar sobre los hombros de los consumidores la responsabilidad en el ahorro del agua, obviando la gran voracidad que la agricultura tiene sobre los recursos hídricos es cerrar, una vez más, los ojos ante el modelo agrícola insostenible que se practica de forma mayoritaria en nuestra región, cuyo último exponente lo pudimos comprobar este verano en las ampliaciones de zonas roturadas, destinadas a transformar los secanos tradicionales en regadíos para la exportación.
Es urgente un cambio en el modelo de agricultura en nuestro país en general y en nuestra región en particular, adoptando criterios agroecológicos en los cultivos y no pensando solamente en los grandes beneficios procedentes de la exportación, procedimientos que afectan a la soberanía alimentaria de otros lugares y que contribuyen a la desaparición de las variedades tradicionales. Sólo así podremos adaptarnos a las condiciones cada vez más extremas a las que estamos llegando, con menores precipitaciones y mayores temperaturas, consecuencia directa del cambio climático.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

viernes, 29 de septiembre de 2017

ALEMANIA EN LA ENCRUCIJADA

Recién acabadas las elecciones legislativas en Alemania, toca revisar la situación de cara a la formación del nuevo gobierno. En el país teutón, el resultado de las legislativas está marcado por la bajada en votos de los dos principales partidos que se han repartido el poder desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el conservador CDU/CSU de Merkel, que desciende en 8,5 puntos porcentuales, y el socialista SPD de Schulz, que lo hace en 5,2 puntos con respecto a las anteriores elecciones de 2013. ¿Y dónde han ido a parar esos votos? Pues básicamente a los liberales del FDP (Partido Democrático Libre), equivalente a Ciudadanos en España, que aumentan en 5,9 puntos y, lo más preocupante, al ultraderechista AfD (Alternativa para Alemania) que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, entra en el Bundestag con el 12,6% de los votos. Los partidos más a la izquierda del panorama político, Die Linke (La izquierda) y Die Grünen (Los Verdes), prácticamente repiten los resultados de 2013, aunque con un ligerísimo incremento de votos y escaños, con el 9,2 % y el 8,9%, respectivamente.
“Hay serias dudas de partida sobre una hipotética coalición jamaicana por las posiciones antagónicas de conservadores, liberales y verdes en temas clave, sobre todo en materia energética y migratoria,”
Este puzzle electoral obliga a los partidos alemanes a iniciar arduas conversaciones para formar gobierno, al no haber obtenido ninguna formación la mayoría absoluta, como ya va siendo habitual en Europa. Son varias las posibilidades para ello, aunque los socialistas ya han anunciado su negativa a renovar la Grosse Koalition con los conservadores. La mayoría de los analistas coinciden en que sólo hay una salida para contrarrestar el avance de los ultranacionalistas del AfD, la unión entre el CDU/CSU, los liberales y Los Verdes, la llamada coalición “jamaicana”, en referencia a los colores corporativos de los tres partidos y los de la bandera de la isla caribeña (negro, amarillo y verde). Sin embargo, esta unión se enfrenta a serias dificultades de partida, sobre todo en materia energética y migratoria, por sus posiciones antagónicas en temas clave. Los Verdes y sus posibles socios de gobierno chocan en cuanto a la política energética. A pesar de haber anunciado el gobierno Merkel en 2014 su intención de elevar a más del doble el uso de energías renovables en el país para el 2025, y de abandonar paulatinamente la energía nuclear tras la catástrofe de Fukushima, el escándalo Dieselgate hizo que los aspectos ambientales estuvieran ausentes en la campaña electoral, y que, lejos de cumplir sus compromisos, el gobierno haya tomado la opción de no disminuir las actividades de sus centrales de carbón (medida que está apoyada por los liberales), alejándose del objetivo de disminuir las emisiones de CO2, en un país como Alemania que es la cuarta potencia mundial y el primer consumidor de energía de Europa.
En cuanto al aspecto migratorio y europeo, Los Verdes se enfrentan a la política que preconizan los liberales de facilitar que Grecia salga de la zona euro, de limitar la entrada a los inmigrantes y de rechazar una política común europea en materia fiscal. Además, en clave interna, Los Verdes alemanes y los liberales se diferencian en que éstos pretenden disminuir los impuestos y privatizar compañías como la gigante Deutsch Telekom, que tiene actualmente un 32% de participación estatal, adelgazando la presencia del Estado en un país que también está sufriendo en cierta manera la crisis, con un aumento de los trabajadores en riesgo de pobreza, del pluriempleo y de los llamados minijobs, trabajos mal pagados y que no cotizan a la seguridad social.
Los Verdes alemanes se encuentran en una posición delicada, debiendo negociar con sus posibles socios cuestiones que pueden ir en contra de sus propios principios, pero también deben contribuir a evitar la llegada al gobierno de la opción ultraderechista, o incluso la repetición de las elecciones. Alemania se encuentra en una encrucijada cuyo desenlace puede influir en el futuro de Europa. Estaremos pendientes.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2017/09/alemania-encrucijada

Y en La Opinión de Murcia:

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/09/30/alemania-encrucijada/863689.html


sábado, 9 de septiembre de 2017

LA TORMENTA PERFECTA

En cuestión de unos pocos días, cuatro huracanes han devastado (o llevan camino de hacerlo) la costa este del Caribe, Méjico y EEUU: son el Harvey, el Irma, el José y el Katia, siguiendo el orden alfabético con el que se nombra a los huracanes. El huracán Irma está siendo el que está causando mayores destrozos en las islas caribeñas, por su intensidad, nivel 5 en la escala de Saffir-Simpson, el máximo, medido a partir de la velocidad del viento, en este caso por superar los 250 km/h. El huracán Irma, a la hora de escribir este artículo, ha causado ya 20 muertos, y aún no ha llegado a tocar tierra en las costas de Florida.
Aunque este tipo de fenómenos atmosféricos existe desde siempre, lo cierto es que se está verificando que la intensidad de los ciclones atlánticos es cada vez mayor, debido al aumento de la temperatura de agua, y que la latitud a la que se forman también es más elevada, desplazándose hacia el norte, a regiones menos habituadas y preparadas para soportar estas catástrofes. Los expertos coinciden en achacar a un fenómeno global estos dos hechos: el cambio climático. Aunque no originan los huracanes, el cambio climático “exacerba gravemente” su impacto. Así lo afirma la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, en base a modelos matemáticos de predicción.
“Cuando el huracán Irma pase cerca de la mansión de Trump en Florida, las ráfagas quizá le recordarán que el cambio climático no es para tomárselo a broma”
La mayor temperatura y humedad del agua supone un mayor “combustible” para que los huracanes se desarrollen, aumentando su velocidad de giro y la cantidad de lluvia producida. Y lo que está claro es que la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), intensificada en las últimas décadas, ha hecho aumentar la temperatura de las aguas atlánticas, sobre todo en la zona norte y tropical de ese océano, debido principalmente a la aceleración del deshielo en la Antártida y la consecuente crecida del nivel del agua, alterando asimismo las corrientes en el océano profundo, según una investigación de la Universidad de Nueva York publicada en 2014 en la revista Nature.
Asimismo, en 2008 ya se demostró, a través de un informe de la Universidad Estatal de Florida, esta misma circunstancia, mediante análisis de los datos tomados por los satélites en los 25 años anteriores al estudio, que demuestran que hay una tendencia al alza en las velocidades de viento máximas en los ciclones más fuertes que se originan en los mares tropicales, donde la temperatura del agua del mar es más elevada. Ese mismo estudio viene a demostrar que, por cada grado Celsius de subida de temperatura del agua superficial del mar, aumenta la frecuencia de los huracanes en un 31%.
A pesar de todas estas evidencias, no parece que los principales responsables de las emisiones de GEI, empezando por la administración Trump, se den por aludidos. Tal vez a través de la economía cambien de opinión. Se calcula que las pérdidas económicas debidas al huracán Harvey en Texas y Louisiana superan los 100.000 millones de dólares, a los que habrá que sumar lo que costarán los destrozos materiales y humanos del Irma. Pero, como indicaba un periodista norteamericano, cuando el huracán Irma pase cerca de la mansión Mar-a-Lago de Trump en Florida, las ráfagas le recordarán que quizá el cambio climático no es para tomárselo a broma, y le hagan cambiar de opinión en cuanto al cumplimiento del Acuerdo de París, evitando así la subida de la temperatura media del planeta en 1,5ºC, considerada por muchos científicos como el punto de no retorno en cuanto al desarreglo climático, cuyo exponente más dramático es el paso de la tormenta perfecta, parafraseando el título de la famosa película de Wolfgang Petersen.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

viernes, 8 de septiembre de 2017

UN ACUERDO CONTRA EL MERCURIO

El pasado día 16 de este mes entró en vigor el Convenio de Minamata, que toma su nombre de la ciudad japonesa donde se aprobó este acuerdo en enero de 2013. La elección del lugar no es casual: en 1956 sufrió una epidemia que provocó problemas neurológicos graves, malformaciones congénitas y la muerte de miles de personas. Hasta tres años después no se averiguó que fue debida a la contaminación masiva en su bahía por el vertido durante años de catalizadores a base de mercurio procedentes de una fábrica química, acumulándose en los peces y pasando a los seres humanos tras el consumo de pescado, base de su alimentación. El objetivo del Convenio de Minamata es “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio”, tal y como reza en el documento promovido por el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
“Este metal tóxico afecta al sistema nervioso central y no se elimina de la cadena trófica, acumulándose sobre todo en los pescados de gran tamaño, como atunes o peces espada”
Para ello, este acuerdo, de obligado cumplimiento, insta a los 128 países firmantes a aplicar medidas como prohibir nuevas minas de mercurio, clausurar aquellas que ya existen en un plazo de 15 años, regular la minería de oro artesanal y de pequeña escala, y reducir el uso y emisiones del mercurio, así como aplicar medidas de control sobre una serie de productos con mercurio añadido cuya producción, importación y exportación estarán prohibidas para 2020 (como baterías, lámparas, termómetros, jabones y cosméticos, entre otros). También incluye disposiciones para promover la identificación y protección de poblaciones en situación de riesgo, aumentando la asistencia médica y la mejor formación de los profesionales de la salud en la identificación y el tratamiento de los efectos relacionados con el mercurio.
La fecha de la aplicación del Convenio de Minamata está relacionada con el hecho de que en mayo pasado se alcanzó la cifra de 50 países que han ratificado este acuerdo. Aunque la UE en su conjunto lo ratificó en el pasado mes de abril, España aún no lo ha hecho de forma individual, como sí lo han hecho siete países miembros de la UE (Bulgaria, Hungría, Malta, Holanda, Rumania y Suecia), demostrando así su escaso compromiso con la erradicación de la contaminación por este metal tóxico, que afecta al sistema nervioso central, con la particularidad de que no se elimina de la cadena trófica, acumulándose sobre todo en los pescados de gran tamaño, como atunes o peces espada.
Se da la circunstancia de que España suma el 50% de los casos de pescado contaminado por mercurio en la UE, al superarse el nivel máximo permitido de mercurio en los productos pesqueros, que es de 0,5 miligramos por kilogramo. Además, la población española tiene 10 veces más de mercurio en sangre que la de países como Alemania, Estados Unidos o Canadá. Aproximadamente, la mitad de las emisiones antropogénicas de mercurio provienen de la quema de carbón y la producción de metales y de cemento, de acuerdo con el PNUMA, por lo que la reducción de estas actividades es prioritaria. Una zona muy sensible a la contaminación por mercurio es el Ártico, en cuya tundra se acumula este metal, que es liberado con el deshielo, afectando a la fauna y a la comunidad autóctona, cuya base alimenticia es el pescado, un fenómeno que podría verse amplificado por el cambio climático.
Muchas de las ONGs comprometidas con la eliminación de contaminantes persistentes, como es el mercurio, denuncian no obstante que este tratado es bastante laxo en algunos aspectos, como la excesiva permisividad con las centrales de carbón en cuanto a sus emisiones de mercurio. También califican de problemática la financiación de las medidas a tomar, sobre todo en los países del sur. Por ello, la comunidad internacional debe facilitar la aplicación de las medidas aprobadas, al tiempo que España, a través de su aprobación en el Congreso de los Diputados, debe ratificar cuanto antes este convenio, demostrando así su firme compromiso con este problema global.
Artículo publicado el pasado 18 de agosto en La Crónica del Pajarito:

viernes, 4 de agosto de 2017

ECOLOGÍA, ECOLOGISMO, ECOLOGÍA POLÍTICA

En este siglo XXI, el principal reto al que se enfrenta la Humanidad, el cambio climático, sigue su implacable avance, como nos lo recuerdan diariamente los sucesivos récords de temperaturas, tanto en forma de olas de calor, como las que estamos sufriendo por estas latitudes, como olas de frío, como la soportada recientemente por los argentinos, con temperaturas por debajo de los 25ºC bajo cero, así como las inundaciones que asolan diferentes zonas del planeta e incendios forestales en diversas regiones, desde California a la península Ibérica, pasando por Australia.
Ante este reto, es evidente que las políticas implementadas por todos los países del mundo, pero sobre todo por los más industrializados, por ser responsables del 80% de las 10.000 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera cada año, deben ir encaminadas a paliar los efectos del cambio climático, tal y como se comprometieron en la Cumbre de París COP21, en diciembre de 2015, a pesar de la negativa del segundo país más emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI), EEUU.
“Las tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, son modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos”
Para eso es necesario echar mano de las tres patas de la sostenibilidad: la ecología, el ecologismo y la ecología política, tres conceptos que suelen ser confundidos entre sí y que, sin embargo, se refieren a diferentes disciplinas o modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos.
La ecología es una ciencia multidisciplinar que se ha venido esbozando durante siglos (con insignes precursores como Humboldt o Darwin), que tomó carta de naturaleza a mediados del siglo XIX (con Haeckel, Forbes o Warming), y que fue plenamente desarrollada a lo largo del pasado siglo, que estudia las interacciones entre los organismos vivos entre sí, y entre éstos y su ambiente, y que determinan su distribución y abundancia. La dinámica de las poblaciones y comunidades, los factores históricos y ambientales que favorecen el mantenimiento de la biodiversidad o explican la distribución geográfica de las especies, las relaciones entre especies (competencia, depredación, mutualismo, etc.), o los flujos de materia y energía en los ecosistemas y el modo en que estos nos proporcionan bienes y servicios esenciales, son algunos de los campos de estudio de esta rama relativamente joven de la ciencia biológica. Los estudios realizados por ecólogos y ecólogas son (o deberían ser) la base sobre la que tomar decisiones políticas para la gestión del territorio y la planificación regional a medio plazo, con el fin de conseguir la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad y los procesos ecológicos que sostienen a los ecosistemas.
Por su parte, el ecologismo sería la vertiente social de la ecología, un movimiento cívico de tipo ambientalista que pretende conseguir cambios profundos en la sociedad para alcanzar la conservación de los espacios naturales, la disminución de la contaminación en todas sus vertientes y el respeto por la naturaleza. Surgido en los años ’60 con la contracultura norteamericana y el mayo francés, el ecologismo ha abanderado luchas muy importantes, a menudo de tipo sectorial (la lucha contra la energía nuclear, la caza a las ballenas, la contaminación de los ríos, el urbanismo salvaje, etc.), a través de ONGs, algunas auténticas “multinacionales” del ecologismo, implantadas en muchos países, y otras de ámbito más local. Sus acciones pretenden corregir los excesos del sistema económico actual, para evitar la degradación de la Naturaleza y, en última instancia, del propio ser humano.
Por último, la ecología política es la ideología más avanzada, a mi modo de ver, que ha surgido en el siglo XX y que se desarrolla en este siglo. Hija de los años sesenta, pero sobre todo a raíz de la aparición de la obra “Los límites del crecimiento” (encargada por el Club de Roma al MIT –Instituto Tecnológico de Massachusetts– y publicada en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo), la ecología política, basada en los estudios científicos brindados por la ecología, incorpora, además de la toma en consideración del medio ambiente, un cuestionamiento de la sociedad en su conjunto, en aspectos como las relaciones entre mujeres y hombres, la participación democrática, el equilibrio entre trabajo como medio de vida y dedicación a otras tareas (cuidados, participación ciudadana), la necesidad de una renta básica y, sobre todo, el cuestionamiento del dogma del crecimiento económico como solución a los problemas de la sociedad, todo ello en el contexto de un planeta con recursos finitos. La ecología política, a diferencia de otras ideologías, se define como “antiproductivista”, es decir, que promueve, según palabras de Florent Marcellesi, “el rechazo de la creencia basada en el crecimiento ilimitado y el aumento de la producción material y económica como principales fuente de riqueza y fines de las organizaciones humanas”. La materialización de esa ideología se concreta a través de los llamados partidos verdes, formaciones políticas que, desde los años ’80, están presentes en muchos países, tanto desarrollados, incluida España, con Equo como representante, como en países emergentes.
Estas tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, deben ser complementarias y deberían relacionarse entre sí de un modo más cercano, en mi opinión, para alcanzar una sociedad justa y sostenible.
Artículo publicado el pasado 21 de julio en La Crónica del Pajarito:

lunes, 10 de julio de 2017

UNA CUMBRE SIN SORPRESAS

El pasado sábado terminó la XII Cumbre del G20 en la ciudad de Hamburgo, acontecimiento del que hemos tenido más información, por parte de los medios generalistas, de los actos violentos de unos pocos que de los acuerdos alcanzados, como suele ser normal en este tipo de reuniones, en un intento de criminalizar las protestas, mayoritariamente pacíficas, como la ya famosa performance de los zombis que deambulan por las calles de Hamburgo.
Las conclusiones más notables de dicha cumbre no invitan al optimismo, cerrándose con un acuerdo minimalista. En el comunicado final, se enfatizan aspectos que nos alejan de un futuro sostenible y pacífico, como el control de las fronteras frente a la migración, obviando las razones que llevan a millones de personas a huir de sus países de origen para escapar de los conflictos armados, a menudo consecuencia directa de las acciones de los países occidentales durante décadas en esas regiones del planeta.
“Los 20 países más industrializados del mundo no tienen intención de variar un ápice el modelo productivo, acelerando cada vez más nuestra carrera hacia el colapso”
En relación a lo anterior, se ha hablado de terrorismo, implementándose medidas de coordinación entre los países para luchar contra este fenómeno, pero sin ir a las causas últimas que originaron el terrorismo yihadista, las cuales, según los expertos, están relacionadas, entre otras razones, con las nefastas políticas internacionales llevadas a cabo por Occidente desde los años de la “guerra fría”, la invasión soviética de Afganistán, la guerra de Irak, el papel de Irán y Turquía, o el apoyo a la dictadura saudí (miembro, por cierto, del G20). Además, parecen olvidar que la mayoría de los países que sufren las acciones terroristas son los países de origen de los refugiados.
En el transcurso de la cumbre no se han concretado medidas para luchar contra los paraísos fiscales; Oxfam acaba de denunciar que sólo un país, Trinidad y Tobago, aparece en los documentos finales de la cumbre como “paraíso fiscal”, tildando de broma de mal gusto la ausencia de los 15 países calificados como tales en su informe “Guerras fiscales”. La intención de mantener un “mercado abierto” trasluce el dominio de las grandes multinacionales, al afirmarse, desde la cumbre, que “las inversiones internacionales son motores importantes para el crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleos y el desarrollo”. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Los 20 países más industrializados del mundo no tienen intención de variar un ápice el modelo productivo, acelerando cada vez más nuestra carrera hacia el colapso.
Buena prueba de ello la tenemos en la negativa de EEUU (y de Turquía) a confirmar el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, como ya había anunciado Trump el pasado 1 de junio, por “colocar en permanente desventaja a la economía y a los trabajadores estadounidenses”, según palabras del propio presidente del segundo país que más gases de efecto invernadero emite del mundo, con un 15% del total, sólo por detrás de China, que emite el 30%. La buena noticia la encontramos en la clara intención de los demás 19 países del G20 de seguir trabajando en la aplicación del Acuerdo de Paris.
En resumen, creo que esta cumbre no supone ninguna sorpresa, y que el modelo económico imperante, basado en el crecimiento económico como dogma, que tantas desigualdades crea entre el Norte y el Sur, seguirá en las agendas tanto de los países más industrializados del mundo, que forman parte del grupo del G8, como de los llamados países emergentes (Brasil, México, India, China, Sudáfrica, etc.), además de la UE. Deberemos esperar, mientras seguimos exigiendo que es urgente cambiar el paradigma, para asegurarnos un futuro ambientalmente sostenible, y socialmente justo.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 21 de junio de 2017

LA DECISIÓN DE TRUMP, UNA MALA NOTICIA PARA EL PLANETA

Dentro de unos pocos días se va a celebrar, un año más, el Día Mundial del Medio Ambiente, marcado por el anuncio del presidente Trump de la retirada de EEUU del Acuerdo de Paris, acuerdo alcanzado en diciembre de 2015 por parte de 195 países para mitigar los efectos del cambio climático. Hasta ahora, sólo dos países, Siria y Nicaragua, se habían negado a firmar el acuerdo. A este reducido club se suma ahora el gigante norteamericano, situación que hace temer que otros países le secunden, echando por tierra las pretensiones de reducir la temperatura media de la Tierra, evitando que se sobrepase la fatídica cifra del aumento en 2º C de esa temperatura en relación a la era pre-industrial, lo que, para los expertos, supondría el punto de no retorno en el calentamiento global del planeta.
Esta mala noticia, a sólo unos pocos días de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, hace pensar lo peor en la lucha contra el cambio climático. Este fenómeno, aceptado por la inmensa mayoría de la comunidad científica agrupada en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, organismo dependiente de la ONU, está ya trastocando el clima, con el aumento registrado de inundaciones, sequías o incendios forestales, cuya mitigación ya cuesta miles de millones de euros cada año.
“Seguir con el paradigma del crecimiento económico supondrá acelerar el cambio climático, con olas de calor cada vez más frecuentes, daños en la agricultura y en el turismo de costa, y la progresiva disminución de los recursos hídricos”
EEUU es el segundo país del mundo en cuanto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), sólo por detrás de China. Pero con esta decisión del presidente Trump, volverá a ser el primero, acercándonos un poco más al muro del colapso en todo el planeta. Ya en 2012, el magnate calificaba en su cuenta de Twitter, su red social favorita para transmitir sus decisiones e ideas, el concepto de calentamiento global como una invención de China para perjudicar a las empresas norteamericanas (sic), una idea bastante peregrina alejada de la realidad. Paradójicamente, las grandes empresas norteamericanas como Google, Apple o la petrolera Exxon Mobil, entre otras, critican esa decisión, porque puede alejar a EEUU de la carrera por la tecnología relacionada con las energías renovables.
Desde que se está celebrando el Día Mundial de Medio Ambiente, a partir del 5 de junio de 1972, hemos pasado de emitir 15.000 megatoneladas de CO2 a las actuales 30.000 megatoneladas. La población mundial ha pasado en este periodo de tiempo de unos 3.850 millones a más de 7.500 millones de habitantes en la actualidad, casi el doble, aumentando exponencialmente la presión sobre los recursos naturales y los ecosistemas. Según el informe Living Blue Planet realizado por WWF, entre 1970 y 2012 se ha verificado un descenso en un 49% en las poblaciones marinas de interés pesquero, poniendo en peligro la seguridad alimentaria, y siendo el Mediterráneo el mar más afectado, ya que se capturan cada año alrededor de 1,5 millones de toneladas de peces, el 95% de los stocks están sobreexplotados y el 89% agotados. En 2008 alcanzamos el pico del petróleo, es decir, el momento en el que se llegó a la extracción de la mitad del crudo encerrado en el subsuelo, a partir del cual es más caro y difícil extraerlo, y en los próximos años alcanzaremos ese pico en otros combustibles (gas natural, carbón) y minerales (hierro, aluminio o cobre). Estos cambios nos indican que la situación está lejos de estar solucionada, y la decisión de Trump nos aleja aún más de esa solución.
Hasta ahora, la lucha contra el cambio climático es sólo un apartado en los programas electorales de la mayoría de los partidos políticos, dentro del epígrafe de Medio Ambiente. Pero esto tiene que ir cambiando. Desde la ecología política se entiende toda la actividad económica y social desde una visión global, con el fin último de evitar el colapso del sistema, debido al calentamiento global por la emisión cada vez mayor de GEI y su consecuencia directa, el cambio climático. El crecimiento económico, base del sistema capitalista, sigue siendo el dogma de la mayoría de los países, ya estén gobernados por ultraliberales o socialdemócratas. Pero los expertos nos advierten de que seguir con ese paradigma supondrá acelerar el fenómeno del cambio climático, con consecuencias ya estudiadas: olas de calor cada vez más frecuentes, daños en la agricultura, en el turismo de costa, además de la progresiva disminución de los recursos hídricos.
La decisión tomada por Donald Trump es un paso atrás en la lucha contra el cambio climático. A cambio, debe hacer reflexionar a los gobiernos europeos y al español sobre la acuciante necesidad de contrarrestar esa irresponsable posición, liderando la aplicación de medidas para disminuir las emisiones de GEI en el continente y salir del dogma del crecimiento o, como dice Serge Latouche, salir del imaginario dominante.

Artículo publicado el pasado 2 de junio en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2017/06/decision-trump-una-mala-noticia-para-planeta