sábado, 9 de septiembre de 2017

LA TORMENTA PERFECTA

En cuestión de unos pocos días, cuatro huracanes han devastado (o llevan camino de hacerlo) la costa este del Caribe, Méjico y EEUU: son el Harvey, el Irma, el José y el Katia, siguiendo el orden alfabético con el que se nombra a los huracanes. El huracán Irma está siendo el que está causando mayores destrozos en las islas caribeñas, por su intensidad, nivel 5 en la escala de Saffir-Simpson, el máximo, medido a partir de la velocidad del viento, en este caso por superar los 250 km/h. El huracán Irma, a la hora de escribir este artículo, ha causado ya 20 muertos, y aún no ha llegado a tocar tierra en las costas de Florida.
Aunque este tipo de fenómenos atmosféricos existe desde siempre, lo cierto es que se está verificando que la intensidad de los ciclones atlánticos es cada vez mayor, debido al aumento de la temperatura de agua, y que la latitud a la que se forman también es más elevada, desplazándose hacia el norte, a regiones menos habituadas y preparadas para soportar estas catástrofes. Los expertos coinciden en achacar a un fenómeno global estos dos hechos: el cambio climático. Aunque no originan los huracanes, el cambio climático “exacerba gravemente” su impacto. Así lo afirma la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, en base a modelos matemáticos de predicción.
“Cuando el huracán Irma pase cerca de la mansión de Trump en Florida, las ráfagas quizá le recordarán que el cambio climático no es para tomárselo a broma”
La mayor temperatura y humedad del agua supone un mayor “combustible” para que los huracanes se desarrollen, aumentando su velocidad de giro y la cantidad de lluvia producida. Y lo que está claro es que la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), intensificada en las últimas décadas, ha hecho aumentar la temperatura de las aguas atlánticas, sobre todo en la zona norte y tropical de ese océano, debido principalmente a la aceleración del deshielo en la Antártida y la consecuente crecida del nivel del agua, alterando asimismo las corrientes en el océano profundo, según una investigación de la Universidad de Nueva York publicada en 2014 en la revista Nature.
Asimismo, en 2008 ya se demostró, a través de un informe de la Universidad Estatal de Florida, esta misma circunstancia, mediante análisis de los datos tomados por los satélites en los 25 años anteriores al estudio, que demuestran que hay una tendencia al alza en las velocidades de viento máximas en los ciclones más fuertes que se originan en los mares tropicales, donde la temperatura del agua del mar es más elevada. Ese mismo estudio viene a demostrar que, por cada grado Celsius de subida de temperatura del agua superficial del mar, aumenta la frecuencia de los huracanes en un 31%.
A pesar de todas estas evidencias, no parece que los principales responsables de las emisiones de GEI, empezando por la administración Trump, se den por aludidos. Tal vez a través de la economía cambien de opinión. Se calcula que las pérdidas económicas debidas al huracán Harvey en Texas y Louisiana superan los 100.000 millones de dólares, a los que habrá que sumar lo que costarán los destrozos materiales y humanos del Irma. Pero, como indicaba un periodista norteamericano, cuando el huracán Irma pase cerca de la mansión Mar-a-Lago de Trump en Florida, las ráfagas le recordarán que quizá el cambio climático no es para tomárselo a broma, y le hagan cambiar de opinión en cuanto al cumplimiento del Acuerdo de París, evitando así la subida de la temperatura media del planeta en 1,5ºC, considerada por muchos científicos como el punto de no retorno en cuanto al desarreglo climático, cuyo exponente más dramático es el paso de la tormenta perfecta, parafraseando el título de la famosa película de Wolfgang Petersen.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

viernes, 8 de septiembre de 2017

UN ACUERDO CONTRA EL MERCURIO

El pasado día 16 de este mes entró en vigor el Convenio de Minamata, que toma su nombre de la ciudad japonesa donde se aprobó este acuerdo en enero de 2013. La elección del lugar no es casual: en 1956 sufrió una epidemia que provocó problemas neurológicos graves, malformaciones congénitas y la muerte de miles de personas. Hasta tres años después no se averiguó que fue debida a la contaminación masiva en su bahía por el vertido durante años de catalizadores a base de mercurio procedentes de una fábrica química, acumulándose en los peces y pasando a los seres humanos tras el consumo de pescado, base de su alimentación. El objetivo del Convenio de Minamata es “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio”, tal y como reza en el documento promovido por el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
“Este metal tóxico afecta al sistema nervioso central y no se elimina de la cadena trófica, acumulándose sobre todo en los pescados de gran tamaño, como atunes o peces espada”
Para ello, este acuerdo, de obligado cumplimiento, insta a los 128 países firmantes a aplicar medidas como prohibir nuevas minas de mercurio, clausurar aquellas que ya existen en un plazo de 15 años, regular la minería de oro artesanal y de pequeña escala, y reducir el uso y emisiones del mercurio, así como aplicar medidas de control sobre una serie de productos con mercurio añadido cuya producción, importación y exportación estarán prohibidas para 2020 (como baterías, lámparas, termómetros, jabones y cosméticos, entre otros). También incluye disposiciones para promover la identificación y protección de poblaciones en situación de riesgo, aumentando la asistencia médica y la mejor formación de los profesionales de la salud en la identificación y el tratamiento de los efectos relacionados con el mercurio.
La fecha de la aplicación del Convenio de Minamata está relacionada con el hecho de que en mayo pasado se alcanzó la cifra de 50 países que han ratificado este acuerdo. Aunque la UE en su conjunto lo ratificó en el pasado mes de abril, España aún no lo ha hecho de forma individual, como sí lo han hecho siete países miembros de la UE (Bulgaria, Hungría, Malta, Holanda, Rumania y Suecia), demostrando así su escaso compromiso con la erradicación de la contaminación por este metal tóxico, que afecta al sistema nervioso central, con la particularidad de que no se elimina de la cadena trófica, acumulándose sobre todo en los pescados de gran tamaño, como atunes o peces espada.
Se da la circunstancia de que España suma el 50% de los casos de pescado contaminado por mercurio en la UE, al superarse el nivel máximo permitido de mercurio en los productos pesqueros, que es de 0,5 miligramos por kilogramo. Además, la población española tiene 10 veces más de mercurio en sangre que la de países como Alemania, Estados Unidos o Canadá. Aproximadamente, la mitad de las emisiones antropogénicas de mercurio provienen de la quema de carbón y la producción de metales y de cemento, de acuerdo con el PNUMA, por lo que la reducción de estas actividades es prioritaria. Una zona muy sensible a la contaminación por mercurio es el Ártico, en cuya tundra se acumula este metal, que es liberado con el deshielo, afectando a la fauna y a la comunidad autóctona, cuya base alimenticia es el pescado, un fenómeno que podría verse amplificado por el cambio climático.
Muchas de las ONGs comprometidas con la eliminación de contaminantes persistentes, como es el mercurio, denuncian no obstante que este tratado es bastante laxo en algunos aspectos, como la excesiva permisividad con las centrales de carbón en cuanto a sus emisiones de mercurio. También califican de problemática la financiación de las medidas a tomar, sobre todo en los países del sur. Por ello, la comunidad internacional debe facilitar la aplicación de las medidas aprobadas, al tiempo que España, a través de su aprobación en el Congreso de los Diputados, debe ratificar cuanto antes este convenio, demostrando así su firme compromiso con este problema global.
Artículo publicado el pasado 18 de agosto en La Crónica del Pajarito:

viernes, 4 de agosto de 2017

ECOLOGÍA, ECOLOGISMO, ECOLOGÍA POLÍTICA

En este siglo XXI, el principal reto al que se enfrenta la Humanidad, el cambio climático, sigue su implacable avance, como nos lo recuerdan diariamente los sucesivos récords de temperaturas, tanto en forma de olas de calor, como las que estamos sufriendo por estas latitudes, como olas de frío, como la soportada recientemente por los argentinos, con temperaturas por debajo de los 25ºC bajo cero, así como las inundaciones que asolan diferentes zonas del planeta e incendios forestales en diversas regiones, desde California a la península Ibérica, pasando por Australia.
Ante este reto, es evidente que las políticas implementadas por todos los países del mundo, pero sobre todo por los más industrializados, por ser responsables del 80% de las 10.000 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera cada año, deben ir encaminadas a paliar los efectos del cambio climático, tal y como se comprometieron en la Cumbre de París COP21, en diciembre de 2015, a pesar de la negativa del segundo país más emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI), EEUU.
“Las tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, son modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos”
Para eso es necesario echar mano de las tres patas de la sostenibilidad: la ecología, el ecologismo y la ecología política, tres conceptos que suelen ser confundidos entre sí y que, sin embargo, se refieren a diferentes disciplinas o modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos.
La ecología es una ciencia multidisciplinar que se ha venido esbozando durante siglos (con insignes precursores como Humboldt o Darwin), que tomó carta de naturaleza a mediados del siglo XIX (con Haeckel, Forbes o Warming), y que fue plenamente desarrollada a lo largo del pasado siglo, que estudia las interacciones entre los organismos vivos entre sí, y entre éstos y su ambiente, y que determinan su distribución y abundancia. La dinámica de las poblaciones y comunidades, los factores históricos y ambientales que favorecen el mantenimiento de la biodiversidad o explican la distribución geográfica de las especies, las relaciones entre especies (competencia, depredación, mutualismo, etc.), o los flujos de materia y energía en los ecosistemas y el modo en que estos nos proporcionan bienes y servicios esenciales, son algunos de los campos de estudio de esta rama relativamente joven de la ciencia biológica. Los estudios realizados por ecólogos y ecólogas son (o deberían ser) la base sobre la que tomar decisiones políticas para la gestión del territorio y la planificación regional a medio plazo, con el fin de conseguir la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad y los procesos ecológicos que sostienen a los ecosistemas.
Por su parte, el ecologismo sería la vertiente social de la ecología, un movimiento cívico de tipo ambientalista que pretende conseguir cambios profundos en la sociedad para alcanzar la conservación de los espacios naturales, la disminución de la contaminación en todas sus vertientes y el respeto por la naturaleza. Surgido en los años ’60 con la contracultura norteamericana y el mayo francés, el ecologismo ha abanderado luchas muy importantes, a menudo de tipo sectorial (la lucha contra la energía nuclear, la caza a las ballenas, la contaminación de los ríos, el urbanismo salvaje, etc.), a través de ONGs, algunas auténticas “multinacionales” del ecologismo, implantadas en muchos países, y otras de ámbito más local. Sus acciones pretenden corregir los excesos del sistema económico actual, para evitar la degradación de la Naturaleza y, en última instancia, del propio ser humano.
Por último, la ecología política es la ideología más avanzada, a mi modo de ver, que ha surgido en el siglo XX y que se desarrolla en este siglo. Hija de los años sesenta, pero sobre todo a raíz de la aparición de la obra “Los límites del crecimiento” (encargada por el Club de Roma al MIT –Instituto Tecnológico de Massachusetts– y publicada en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo), la ecología política, basada en los estudios científicos brindados por la ecología, incorpora, además de la toma en consideración del medio ambiente, un cuestionamiento de la sociedad en su conjunto, en aspectos como las relaciones entre mujeres y hombres, la participación democrática, el equilibrio entre trabajo como medio de vida y dedicación a otras tareas (cuidados, participación ciudadana), la necesidad de una renta básica y, sobre todo, el cuestionamiento del dogma del crecimiento económico como solución a los problemas de la sociedad, todo ello en el contexto de un planeta con recursos finitos. La ecología política, a diferencia de otras ideologías, se define como “antiproductivista”, es decir, que promueve, según palabras de Florent Marcellesi, “el rechazo de la creencia basada en el crecimiento ilimitado y el aumento de la producción material y económica como principales fuente de riqueza y fines de las organizaciones humanas”. La materialización de esa ideología se concreta a través de los llamados partidos verdes, formaciones políticas que, desde los años ’80, están presentes en muchos países, tanto desarrollados, incluida España, con Equo como representante, como en países emergentes.
Estas tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, deben ser complementarias y deberían relacionarse entre sí de un modo más cercano, en mi opinión, para alcanzar una sociedad justa y sostenible.
Artículo publicado el pasado 21 de julio en La Crónica del Pajarito:

lunes, 10 de julio de 2017

UNA CUMBRE SIN SORPRESAS

El pasado sábado terminó la XII Cumbre del G20 en la ciudad de Hamburgo, acontecimiento del que hemos tenido más información, por parte de los medios generalistas, de los actos violentos de unos pocos que de los acuerdos alcanzados, como suele ser normal en este tipo de reuniones, en un intento de criminalizar las protestas, mayoritariamente pacíficas, como la ya famosa performance de los zombis que deambulan por las calles de Hamburgo.
Las conclusiones más notables de dicha cumbre no invitan al optimismo, cerrándose con un acuerdo minimalista. En el comunicado final, se enfatizan aspectos que nos alejan de un futuro sostenible y pacífico, como el control de las fronteras frente a la migración, obviando las razones que llevan a millones de personas a huir de sus países de origen para escapar de los conflictos armados, a menudo consecuencia directa de las acciones de los países occidentales durante décadas en esas regiones del planeta.
“Los 20 países más industrializados del mundo no tienen intención de variar un ápice el modelo productivo, acelerando cada vez más nuestra carrera hacia el colapso”
En relación a lo anterior, se ha hablado de terrorismo, implementándose medidas de coordinación entre los países para luchar contra este fenómeno, pero sin ir a las causas últimas que originaron el terrorismo yihadista, las cuales, según los expertos, están relacionadas, entre otras razones, con las nefastas políticas internacionales llevadas a cabo por Occidente desde los años de la “guerra fría”, la invasión soviética de Afganistán, la guerra de Irak, el papel de Irán y Turquía, o el apoyo a la dictadura saudí (miembro, por cierto, del G20). Además, parecen olvidar que la mayoría de los países que sufren las acciones terroristas son los países de origen de los refugiados.
En el transcurso de la cumbre no se han concretado medidas para luchar contra los paraísos fiscales; Oxfam acaba de denunciar que sólo un país, Trinidad y Tobago, aparece en los documentos finales de la cumbre como “paraíso fiscal”, tildando de broma de mal gusto la ausencia de los 15 países calificados como tales en su informe “Guerras fiscales”. La intención de mantener un “mercado abierto” trasluce el dominio de las grandes multinacionales, al afirmarse, desde la cumbre, que “las inversiones internacionales son motores importantes para el crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleos y el desarrollo”. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Los 20 países más industrializados del mundo no tienen intención de variar un ápice el modelo productivo, acelerando cada vez más nuestra carrera hacia el colapso.
Buena prueba de ello la tenemos en la negativa de EEUU (y de Turquía) a confirmar el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, como ya había anunciado Trump el pasado 1 de junio, por “colocar en permanente desventaja a la economía y a los trabajadores estadounidenses”, según palabras del propio presidente del segundo país que más gases de efecto invernadero emite del mundo, con un 15% del total, sólo por detrás de China, que emite el 30%. La buena noticia la encontramos en la clara intención de los demás 19 países del G20 de seguir trabajando en la aplicación del Acuerdo de Paris.
En resumen, creo que esta cumbre no supone ninguna sorpresa, y que el modelo económico imperante, basado en el crecimiento económico como dogma, que tantas desigualdades crea entre el Norte y el Sur, seguirá en las agendas tanto de los países más industrializados del mundo, que forman parte del grupo del G8, como de los llamados países emergentes (Brasil, México, India, China, Sudáfrica, etc.), además de la UE. Deberemos esperar, mientras seguimos exigiendo que es urgente cambiar el paradigma, para asegurarnos un futuro ambientalmente sostenible, y socialmente justo.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 21 de junio de 2017

LA DECISIÓN DE TRUMP, UNA MALA NOTICIA PARA EL PLANETA

Dentro de unos pocos días se va a celebrar, un año más, el Día Mundial del Medio Ambiente, marcado por el anuncio del presidente Trump de la retirada de EEUU del Acuerdo de Paris, acuerdo alcanzado en diciembre de 2015 por parte de 195 países para mitigar los efectos del cambio climático. Hasta ahora, sólo dos países, Siria y Nicaragua, se habían negado a firmar el acuerdo. A este reducido club se suma ahora el gigante norteamericano, situación que hace temer que otros países le secunden, echando por tierra las pretensiones de reducir la temperatura media de la Tierra, evitando que se sobrepase la fatídica cifra del aumento en 2º C de esa temperatura en relación a la era pre-industrial, lo que, para los expertos, supondría el punto de no retorno en el calentamiento global del planeta.
Esta mala noticia, a sólo unos pocos días de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, hace pensar lo peor en la lucha contra el cambio climático. Este fenómeno, aceptado por la inmensa mayoría de la comunidad científica agrupada en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, organismo dependiente de la ONU, está ya trastocando el clima, con el aumento registrado de inundaciones, sequías o incendios forestales, cuya mitigación ya cuesta miles de millones de euros cada año.
“Seguir con el paradigma del crecimiento económico supondrá acelerar el cambio climático, con olas de calor cada vez más frecuentes, daños en la agricultura y en el turismo de costa, y la progresiva disminución de los recursos hídricos”
EEUU es el segundo país del mundo en cuanto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), sólo por detrás de China. Pero con esta decisión del presidente Trump, volverá a ser el primero, acercándonos un poco más al muro del colapso en todo el planeta. Ya en 2012, el magnate calificaba en su cuenta de Twitter, su red social favorita para transmitir sus decisiones e ideas, el concepto de calentamiento global como una invención de China para perjudicar a las empresas norteamericanas (sic), una idea bastante peregrina alejada de la realidad. Paradójicamente, las grandes empresas norteamericanas como Google, Apple o la petrolera Exxon Mobil, entre otras, critican esa decisión, porque puede alejar a EEUU de la carrera por la tecnología relacionada con las energías renovables.
Desde que se está celebrando el Día Mundial de Medio Ambiente, a partir del 5 de junio de 1972, hemos pasado de emitir 15.000 megatoneladas de CO2 a las actuales 30.000 megatoneladas. La población mundial ha pasado en este periodo de tiempo de unos 3.850 millones a más de 7.500 millones de habitantes en la actualidad, casi el doble, aumentando exponencialmente la presión sobre los recursos naturales y los ecosistemas. Según el informe Living Blue Planet realizado por WWF, entre 1970 y 2012 se ha verificado un descenso en un 49% en las poblaciones marinas de interés pesquero, poniendo en peligro la seguridad alimentaria, y siendo el Mediterráneo el mar más afectado, ya que se capturan cada año alrededor de 1,5 millones de toneladas de peces, el 95% de los stocks están sobreexplotados y el 89% agotados. En 2008 alcanzamos el pico del petróleo, es decir, el momento en el que se llegó a la extracción de la mitad del crudo encerrado en el subsuelo, a partir del cual es más caro y difícil extraerlo, y en los próximos años alcanzaremos ese pico en otros combustibles (gas natural, carbón) y minerales (hierro, aluminio o cobre). Estos cambios nos indican que la situación está lejos de estar solucionada, y la decisión de Trump nos aleja aún más de esa solución.
Hasta ahora, la lucha contra el cambio climático es sólo un apartado en los programas electorales de la mayoría de los partidos políticos, dentro del epígrafe de Medio Ambiente. Pero esto tiene que ir cambiando. Desde la ecología política se entiende toda la actividad económica y social desde una visión global, con el fin último de evitar el colapso del sistema, debido al calentamiento global por la emisión cada vez mayor de GEI y su consecuencia directa, el cambio climático. El crecimiento económico, base del sistema capitalista, sigue siendo el dogma de la mayoría de los países, ya estén gobernados por ultraliberales o socialdemócratas. Pero los expertos nos advierten de que seguir con ese paradigma supondrá acelerar el fenómeno del cambio climático, con consecuencias ya estudiadas: olas de calor cada vez más frecuentes, daños en la agricultura, en el turismo de costa, además de la progresiva disminución de los recursos hídricos.
La decisión tomada por Donald Trump es un paso atrás en la lucha contra el cambio climático. A cambio, debe hacer reflexionar a los gobiernos europeos y al español sobre la acuciante necesidad de contrarrestar esa irresponsable posición, liderando la aplicación de medidas para disminuir las emisiones de GEI en el continente y salir del dogma del crecimiento o, como dice Serge Latouche, salir del imaginario dominante.

Artículo publicado el pasado 2 de junio en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2017/06/decision-trump-una-mala-noticia-para-planeta

EL CAMBIO CLIMÁTICO NOS IMPONE SUS CONDICIONES

Recién entrados en el verano, algunos datos nos confirman que el cambio climático está aquí para quedarse. Las sucesivas olas de calor que asolan nuestro país, el comienzo de la temporada de incendios, inaugurada con el terrible incendio que ha sufrido Portugal, la falta de agua en el sureste para la agricultura, son signos que nos indican que, año tras año, las consecuencias del fenómeno ambiental de dimensión global por antonomasia son cada vez más graves, pero nuestros gobernantes aún no se han dado por enterados.
Según los expertos, las crecientes olas de calor que sufrimos son debidas a la cada vez menor diferencia de temperatura entre el Ecuador y el Polo Norte, por lo que son atraídos hacia Europa masas de aire del norte de África, aire seco y muy cálido. Nuestra región es la zona más sensible a estas olas de calor, asociadas a periodos prolongados de sequía y ausencia de precipitaciones. Está comprobado que el Ártico está cada vez más caliente. Sin ir más lejos, se ha recopilado la evolución de las temperaturas en el Ártico entre 1958 y 2016. En diciembre de 2016 se observó una anomalía en el Polo Norte, por el que esta región está 20ºC más caliente de lo que debería en esa época del año. La subida de las temperaturas por encima del punto de congelación hace que el hielo ártico se derrita, que se acelere la emisión del metano encerrado durante milenios en el permafrost, capa permanentemente helada, hasta ahora, gas que tiene un efecto invernadero 23 veces más elevado que el CO2, por lo que entramos en una espiral de aumento de emisiones, agravamiento del calentamiento global y mayor frecuencia de olas de calor.
“El modelo agrícola intensivo en nuestra región es demandante de cantidades ingentes de agua, y dependiente de un trasvase de una cuenca, la del Tajo, cada vez con mayor escasez de caudal”
En cuanto a la escasez de agua, asistimos día tras día a la falta de imaginación del sector agrícola, volviendo a a reclamar agua de donde sea y como sea, apoyados por el partido que gobierna en la Región de Murcia desde hace 22 años, que prometió, en un ejercicio de populismo irresponsable, que los agricultores murcianos tendrán agua “para siempre”, llegando a definirse nuestro flamante presidente como “trasvasista”, e ignorando, no sé si de forma premeditada, que la escasez de agua será algo con lo que tendremos que convivir a partir de ahora. El modelo agrícola intensivo que se practica en nuestra región, con productos que van destinados principalmente a la exportación, es demandante de cantidades ingentes de agua, y dependiente de un trasvase de agua de una cuenca, la del Tajo, que está cada vez en condiciones de mayor escasez de caudal. Los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía), origen del trasvase Tajo-Segura, se sitúan en el 15% de su capacidad total y por debajo del umbral mínimo no trasvasable. Seguir reclamando agua de donde no hay es de una gran irresponsabilidad.
¿Y qué soluciones se barajan ante los problemas que sufrimos? Según los expertos, la prevención de los incendios forestales a medio y largo plazo pasa por la reactivación del mundo rural, mejor modo de garantizar la correcta conservación de los bosques, con la ganadería extensiva como método natural de limpieza de montes, con una política silvícola que apueste por especies arbóreas autóctonas, huyendo de las especies de crecimiento rápido, elegidas para su aprovechamiento económico, pero de gran capacidad combustible. En cuanto al problema del agua, según la Fundación Nueva Cultura del Agua, se impone un cambio de modelo productivo agrícola y turístico, con la gestión de la demanda como medio para adecuar las actividades económicas a la disponibilidad de agua, y no al revés, como se ha ido haciendo hasta ahora, al tiempo que se declare una moratoria para todos los proyectos planteados de consolidación y ampliación de regadíos, de acuerdo a lo establecido por la Directiva Marco del Agua.
De nuestra adaptación a las nuevas condiciones que nos impone el cambio climático dependerá nuestro desarrollo futuro, que tiene que ir unido indefectiblemente a la toma en consideración de los límites ambientales que nos pone la Naturaleza. Ir en contra de esas condiciones es condenarnos a que la situación se agrave en un futuro próximo, siendo cada vez más difícil la solución.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

sábado, 6 de mayo de 2017

EL TURISMO DE MASAS, UN ARMA DE DOBLE FILO

Han pasado la Semana Santa y el puente del 1º de mayo, y nuevamente escuchamos cómo se baten nuevos récords de visitantes extranjeros a nuestro país, reduciendo el fenómeno turístico a cifras: en 2016, España recibió 75,6 millones de turistas, el 10,3% más que en 2015, y 12,9 millones de turistas hasta marzo de este año, un 9,3% más que en el mismo periodo de 2016. Y no sólo vienen más, sino que, según el INE, cada turista se gasta más, casi un 8% más en 2016 que el año anterior. La situación de inestabilidad del norte de África y de Turquía, dos de las principales zonas competidoras de nuestro país, explican en parte la elección de España como destino turístico, siendo la modalidad de sol y playa, como es tradicional, la más elegida por los visitantes extranjeros.
Asociados a esta avalancha de visitantes, se organizan eventos culturales, como macro-festivales de música y exposiciones temporales de arte, en los que a menudo se mide su éxito, no por la calidad de la oferta cultural sino, nuevamente, por el número de visitantes y el dinero que se han dejado los consumidores culturales (porque no pueden ser calificados de otra cosa) en hoteles y restaurantes. La cultura se ha mercantilizado, es un eslabón más de la dinámica capitalista. No importa si el reverso oscuro de esa riada de turistas supone contratos precarios, cuando los hay, en el sector de la hostelería, invasión de espacios naturales, con el aumento en la construcción de infraestructuras viarias y residenciales, congestión del tráfico en las zonas turísticas, contaminación y otros efectos colaterales.
“Lo que se pretende es que el medio ambiente no sea un obstáculo para desarrollar actividades turísticas, siendo la cultura solo un medio para crear riqueza, y no para aumentar el nivel de la población”
Varios ejemplos demuestran hasta qué punto el fenómeno del turismo de masas ha traído consigo el deterioro de las condiciones de vida en algunas zonas. En Barcelona, las asociaciones de vecinos han declarado la guerra a la masificación turística que ha convertido a la ciudad condal en un parque temático, verificándose la llamada “gentrificación” (del inglés gentry, “gente bien”, “burgués”) en el centro de la ciudad, aunque el término más correcto debería ser “elitización”, es decir, el desplazamiento soterrado del vecindario tradicional, siendo sustituido por personas con mayor poder adquisitivo que trae consigo un aumento del precio del suelo, provocado en muchos casos por el uso de viviendas como apartamentos turísticos, a menudo de forma ilegal.
Otro ejemplo que nos muestra cómo el turismo ha trastocado totalmente los lugares de recepción de visitantes lo encontramos en Ibiza, donde es prácticamente imposible, para los trabajadores foráneos que se trasladan a la isla, encontrar un alojamiento, pues la práctica totalidad de las viviendas en alquiler se destinan al turismo, llegándose a pedir 700 euros mensuales por una habitación, o 450 ¡por una cama!, además de que los espacios naturales sufren una presión insostenible, por la saturación turística. O en la Costa Brava, donde el turismo de borrachera de hordas de jóvenes británicos han convertido las localidades costeras en auténticos infiernos para el vecindario.
Pese a todos estos efectos indeseables del turismo de masas, desde las distintas administraciones se sigue fomentando este tipo de actividad, pensando solamente en la balanza de pagos, y no en el bienestar de la población local, las condiciones laborales de los trabajadores del sector hostelero o la conservación de los espacios naturales para las generaciones futuras. El último capítulo que nos demuestra que esto no tiene visos de cambiar lo encontramos en la Región de Murcia, donde el flamante presidente de la Comunidad Autónoma ha remodelado su gabinete, uniendo en una sola Consejería áreas como el Turismo, la Cultura y el Medio Ambiente, haciendo una declaración de intenciones por la cual afirma que el objetivo del Gobierno regional es que “entienda el turismo como un verdadero motor de crecimiento de la Región durante todo el año, que entienda la cultura como una infraestructura capaz de aportar riqueza y empleo y que respete el medio ambiente y lo haga compatible con el crecimiento regional”. Es decir, lo que se pretende, en realidad, es que el medio ambiente no sea un obstáculo para desarrollar actividades turísticas, siendo la cultura solamente un medio para crear riqueza, y no para aumentar el nivel de la población.
El turismo y la cultura no pueden contemplarse solamente como fuente de riqueza. La máxima que los gobiernos central, autonómicos y locales siguen de “cuanto más, mejor” puede ser un arma de doble filo que mate a la gallina de los huevos de oro, haciendo insoportable la estancia hasta para los propios turistas, además de ejercer una enorme presión sobre los espacios naturales, destruyendo los atractivos que motivan a los turistas a venir a nuestro país.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

lunes, 24 de abril de 2017

ECOCIDIO, UN CRIMEN AÚN NO RECONOCIDO

La deriva que está tomando el planeta desde hace décadas debe obligar a los organismos internacionales a incluir un nuevo delito que, hasta ahora, ha quedado impune. Me refiero al llamado ecocidio, término que se refiere a la “destrucción extensa del ecosistema o de un territorio en concreto como consecuencia de la acción directa o indirecta de los seres humanos o de la industria”.
La primera vez que se usó este término fue en la década de los sesenta, como consecuencia de los efectos sobre las personas y el medio ambiente provocados por el llamado Agente Naranja, un herbicida defoliante lanzado sobre la selva de Vietnam por el ejército estadounidense para evitar que las tropas norvietnamitas encontraran refugio. Esta sustancia, desarrollada principalmente por Monsanto, contenía en altas concentraciones una dioxina, el TCDD, que no sólo afectaba al ecosistema, sino que produjo malformaciones en fetos, cáncer, afecciones cutáneas y otras enfermedades, tanto a varias generaciones de vietnamitas como a soldados norteamericanos expuestos a esta sustancia.
“Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud”
Esta semana se han presentado en La Haya las conclusiones del Tribunal Internacional Monsanto, tras seis meses de trabajo, como consecuencia de las acusaciones de crímenes contra la Humanidad y ecocidio por la comercialización de productos tóxicos causantes de la muerte de miles de personas, como el PCB, el glifosato o el propio Agente Naranja. Durante varios días, el pasado mes de octubre de 2016, testificaron ante este tribunal víctimas de los pesticidas provenientes de todo el mundo, veterinarios, toxicólogos, expertos científicos y jurídicos, contando los efectos perjudiciales de la exposición a estas sustancias tóxicas. La compañía estadounidense especializada en biotecnología agrícola Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud. Entre las actividades señaladas por el dedo acusador, el alto tribunal cita la comercialización agresiva de semillas genéticamente modificadas, que fuerzan a los agricultores a adoptar modos de cultivo que no respetan los modos tradicionales, así como los daños al medio ambiente y a la población vietnamita producidos por el Agente Naranja durante la guerra del Vietnam (1955-1975).
Relacionado con lo anterior, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid y en el marco de la Semana Sin Pesticidas que se celebró el pasado mes de marzo, se han reunido con representantes de este organismo víctimas de pesticidas y otros agentes químicos, relatando los efectos sobre su salud que ha tenido la exposición durante largo tiempo a herbicidas y pesticidas, no sólo en el ámbito de la agricultura, sino también como consecuencia de fumigaciones en zonas verdes, parques y jardines. Se da la circunstancia de que España es el país europeo con el nivel más alto de consumo de pesticidas. Según la UE, en 2013 (últimos datos disponibles), en España se consume el 19,5% de los pesticidas totales, seguidos por Francia (18,7%), Italia (13,8%) y Alemania (12,3%).
Desgraciadamente, el ecocidio no está contemplado como uno de los crímenes internacionales establecidos por el Estatuto de Roma de 1998, sobre los que el Tribunal Internacional de La Haya tiene jurisdicción, crimen que se añadiría a los de genocidio y crímenes de lesa humanidad (esclavitud, asesinato, desplazamientos forzosos, violencia sexual, etc.). Es por ello que, desde este organismo jurídico, se insta a que se incluya este delito, declarando en las conclusiones del juicio a Monsanto que “ha llegado el momento de incluir la creación de un nuevo concepto jurídico de ecocidio, persiguiendo a los autores de crímenes que tienen como objetivo o como consecuencia la destrucción del medio ambiente”.
La declaración de ecocidio como uno de los crímenes internacionales permitiría que no sólo las personas individuales, sino también las empresas, puedan ser perseguidas por actividades que atentan contra la salud, el medio ambiente y el derecho a una alimentación sana.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 4 de abril de 2017

LA FALTA DE AGUA, SÍNTOMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los últimos datos parece que confirman lo que ya se sabe. Los embalses españoles se encontraban al final del mes de marzo al 59,1% de su capacidad, a pesar de las últimas precipitaciones en casi toda la península, cantidades de agua muy inferiores a los valores normales en estas fechas, con 14 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años. Estos datos son debidos, sin duda, entre otras cosas, al cambio climático, a pesar de la negación del origen antrópico de la aceleración de este fenómeno por parte de algunos sectores, cuyos efectos se van a traducir en la conversión de nuestro país en general y de nuestra región en particular en una zona azotada por las sequías con cada vez mayor frecuencia.
Una de las zonas afectadas es la cabecera del Tajo, los embalses de Entrepeñas y Buendía que, actualmente, sólo almacenan menos del 18% de su capacidad total. A pesar de ello, desde las instituciones de la Región de Murcia, con el “investigado” Pedro Antonio Sánchez a la cabeza, secundado por el Sindicato Central de Regantes, celebraron el pasado 31 de marzo los 38 años de existencia del trasvase Tajo-Segura, reclamando la continuidad de esta obra faraónica que, en la época de su construcción, en los años setenta del siglo pasado, tal vez tenía su razón de ser, sobre todo porque se desconocía los efectos del cambio climático y las consecuencias de los grandes trasvases, pero que, en pleno siglo XXI, está demostrando estar condenada, en mi opinión, y en la de los principales grupos ecologistas, a una creciente inoperancia.
"Cuando, desde la Región de Murcia, se afirma alegremente que en el resto de España no falta agua, se ignora a sabiendas que los embalses españoles están cada vez más secos"
Cuando, desde la Región de Murcia, se reclama “solidaridad” con las regiones secas, se olvida que las regiones “cedentes” de agua están sufriendo también los efectos del cambio climático. Cuando se apela a los regadíos como fuente de crecimiento económico y riqueza, se olvida que este crecimiento ha dado como resultado efectos colaterales indeseables, como la degradación tal vez irreversible del Mar Menor, así como el impulso de un tipo de agricultura intensiva basada en pesticidas y fertilizantes derivados del petróleo que, además de afectar a la salud, agrava las emisiones de CO2. Cuando se afirma alegremente que “en el resto de España no falta agua”, se ignora a sabiendas que los embalses españoles están cada vez más secos. Cuando se continúa reclamando desde el recién creado Círculo por el Agua, que agrupa a los regantes de Murcia, Alicante y Almería, más agua para estas provincias, se obvia que la falta de este elemento marcará el devenir del presente siglo, hablándose incluso de una futura “guerra del agua”.


Lo que está claro es que la tendencia de los últimos años nos hace pensar que el problema de la falta de agua no sólo está lejos de solucionarse, sino que aún puede agravarse. El aumento, año tras año, de la temperatura media del planeta afecta al funcionamiento general del clima, produciéndose un menor régimen pluviométrico en determinadas regiones, como la nuestra; por otro lado, la alternancia de periodos de sequía con inundaciones puede provocar la contaminación del agua, según un reciente estudio publicado en la Universidad de Kansas.
Desde la Ecología Política venimos reclamando desde hace años que se articulen medidas para luchar contra el cambio climático, pero no parece que los gobiernos sigan este consejo. Cuanto antes nos adaptemos a la nueva situación de escasez de agua, menos traumática será la transición ecológica de la economía, es decir, el paso de una economía basada en los combustibles fósiles, generadora de emisiones de CO2 y agravante del cambio climático, a una economía basada en las energías renovables, el consumo responsable y el empleo verde, que tenga en cuenta los límites biofísicos del planeta.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

lunes, 20 de marzo de 2017

LOS RÍOS COMO SUJETOS DE DERECHO

Una noticia ha pasado desapercibida entre la avalancha de corrupciones políticas (en las que la Región de Murcia ha sido una de las tristes protagonistas), elecciones en países europeos (como en Holanda donde, por cierto, los verdes han experimentado una subida espectacular) o la última pifia del presidente Trump. Resulta que, por primera vez en el mundo, un río neozelandés, el Whanganui, ha sido reconocido como sujeto de derecho, al serle otorgada la personalidad jurídica. Es decir que, a partir de ahora, podrá ser representado en un juicio, podrá denunciar a través de representantes legales a todas aquellas personas o empresas que pretendan atentar contra él; y este río (el tercero en longitud del archipiélago) será reconocido como un ente completo, desde su nacimiento hasta su desembocadura, afluentes incluidos. Esto está relacionado además con el hecho de que los maoríes, los indígenas de Nueva Zelanda, llevaban 160 años pidiendo el reconocimiento del río como una entidad viva.
“Frente a la consideración del río como un ser vivo íntegro por los maoríes, el ser humano occidental le niega esa condición, reclamando “agua de donde sobra a donde falta” y considerando que los ríos “tiran el agua al mar”, entre otras lindezas”
Qué diferente al tratamiento que han recibido y reciben en España los ríos. Se les fragmenta con multitud de embalses, rompiendo sus características ecológicas como un continuo, se trasvasa agua de una cuenca a otra sin ningún miramiento, causando multitud de impactos, desde el paisajístico, con la construcción de enormes muros de hormigón, hasta la modificación del proceso natural de erosión y transporte de sedimentos, el régimen de caudales y la calidad del agua, la obstaculización del movimiento natural de la flora y la fauna autóctonas y el aceleramiento de la adaptación de especies exóticas. Cada comunidad autónoma por la que discurren se cree con derechos adquiridos sobre la porción de río que les toca, entrando continuamente en conflicto con la región adyacente o el país vecino por el uso del agua. Pero lo más flagrante es el hecho de que, en nuestro país, se tiene una concepción materialista y economicista de los ríos, siendo tratados como meros recursos naturales, es decir, como fuentes de riqueza, al extraer agua de ellos como si de simples canales de riego se tratara, además de ser canalizados, desprovistos de su vegetación de ribera y ser objeto de vertidos contaminantes, entre otros.
La concepción que de los ríos tenemos en el mundo occidental en general, y en España en particular, está directamente asociada con el hecho de que nuestra especie, al menos en nuestro entorno más inmediato, se ha alejado de la naturaleza, perdiendo nuestra relación íntima con este tipo de ecosistemas. Frente a la consideración del río como un ser vivo íntegro por parte de los maoríes, el ser humano occidental le niega esa condición, reclamando “agua de donde sobra a donde falta” y considerando que los ríos “tiran el agua al mar”, entre otras lindezas.
"Ignorar a los ríos y zonas húmedas, o maltratarlos, puede acarrear consecuencias indeseables difíciles de calibrar"
A la apreciación de los ríos como sujetos de derecho se suma, últimamente, la consideración, por parte de algunos tribunales, de los grandes simios como “personas no humanas”, es decir, también merecedores de derechos y deberes, por ser seres inteligentes y sensibles que merecen un respeto, actitud que se ha perdido en la civilización moderna, pero no en pueblos milenarios como los indígenas amazónicos. Algo está cambiando, desde luego.
Estos hechos nos deben hacer reflexionar sobre cómo en Occidente, al contrario que en las culturas más antiguas, más conectadas con la naturaleza, no somos conscientes de los servicios que nos brindan los ecosistemas fluviales, como ser fuente de alimentos, de conocimientos científicos, de energías renovables, de fertilidad del suelo, de biodiversidad, etc., además del disfrute estético que nos ofrecen. Ignorar a los ríos y zonas húmedas, o maltratarlos, puede acarrear consecuencias indeseables difíciles de calibrar, cosa que culturas como la maorí entienden perfectamente, y de los que deberíamos aprender.
Artículo `publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

sábado, 11 de marzo de 2017

DIRECTOS AL MURO DEL COLAPSO

Dos noticias recientes nos hacen ser pesimistas con respecto a la consideración que del cambio climático tienen los poderes económicos y políticos mundiales. El pasado jueves 9 de marzo, el máximo responsable de la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU, el recientemente nombrado Scott Pruitt, puso en duda el hecho de que el ser humano fuera “un contribuidor principal al calentamiento global”. También ha calificado el Acuerdo de París COP21 como de “mal acuerdo”, abriendo la posibilidad de que EEUU se retirara de dicho acuerdo. Pruitt, antes de ser colocado a la cabeza de este organismo, y como fiscal general en Oklahoma, demandó 14 veces a la Agencia, representando al lobby de la energía para bloquear iniciativas del anterior presidente Obama, como la que forzaba a las centrales eléctricas de carbón a reducir sus emisiones de CO2 y otros Gases de Efecto Invernadero (GEI). Posiblemente ese fue el detonante para que Donald Trump, otro escéptico del cambio climático, lo colocara, cual caballo de Troya, en ese puesto.
"España sigue emitiendo, a día de hoy, más CO2 a la atmósfera de lo que lo hacía en 1990. Si en aquel año las emisiones fueron de 285,9 millones de toneladas de CO2 equivalente, ahora estaríamos en los 328,7 millones"
La otra noticia, lanzada a los cuatro vientos por los medios de comunicación “oficiales” del Gobierno español, se refiere al mayor descubrimiento de petróleo desde hace décadas, en Alaska, por parte de Repsol junto a su socio estadounidense, hablándose de hasta 1.200 millones de barriles de crudo almacenado en suelo norteamericano, cantidad que podría reportar hasta 60.000 millones de euros. Sin embargo, esa cantidad, que parece desorbitada, sólo alcanzaría, al nivel de consumo actual, a abastecer a un país como España durante sólo 3 años.
La negación del cambio climático, en contra de la opinión de la inmensa mayoría de la comunidad científica, por parte de la administración Trump, puede abrir la puerta a una etapa de aceleración de este fenómeno, que ya estamos sufriendo, como la reciente ola de frío polar en nuestro país en el mes de enero, seguido de una ola de calor este mes de marzo, y los continuos récords de temperatura que, año tras año, alcanzamos.
En España, a pesar de las declaraciones de los representantes del Gobierno, como la ministra Tejerina, que recientemente anunció la intención del ejecutivo de elaborar una Ley de Cambio Climático y de Transición Energética y el Agua, estamos aún lejos de alcanzar el objetivo del Protocolo de Kioto, es decir, el de reducir las emisiones totales de los seis GEI en al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990, año tomado como referencia. Al contrario, los datos del Observatorio de la Sostenibilidad indican que España sigue emitiendo, a día de hoy, más CO2 a la atmósfera de lo que lo hacía en 1990. Si en aquel año las emisiones fueron de 285,9 millones de toneladas de CO2 equivalente, ahora estaríamos en los 328,7 millones.
Y la prueba de que en España no vamos aún bien encaminados a reducir nuestras emisiones es que aún no se ha descartado del todo, por parte del partido en el gobierno, el método de extracción de gas de esquisto conocido como “fracking”, ya que, a juicio del ínclito Rafael Hernando, los problemas de la fractura hidráulica “están solucionados hoy en día gracias a la tecnología”. Esto ha obligado al grupo de Unidos Podemos a presentar una Proposición de Ley para prohibir la extracción de hidrocarburos por este método contaminante y causante de impactos diversos sobre el medio ambiente, del que la Región de Murcia no está libre, por los estudios que se iniciaron hace algunos años en la comarca del Noroeste. La negativa de derogar el llamado “impuesto al sol”, que impide el autoconsumo de energías renovables de una forma autónoma y desligada del lobby energético español, es otra de las razones por las que se dude de las intenciones del Gobierno de revertir los efectos del cambio climático en nuestro país.
Vivimos un periodo de incertidumbre. Abordar de forma decidida e inmediata el problema del cambio climático es una garantía de futuro que no podemos posponer más. Cada año que pasa vamos apretando cada vez más el acelerador hacia el muro del colapso. Y no sólo hay que levantar el pie del pedal, sino apretar el freno.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

domingo, 19 de febrero de 2017

LA RENTA BÁSICA A DEBATE

Las últimas cifras sobre pobreza en España son desoladoras. La brecha entre ricos y pobres se ensancha cada vez más, especialmente desde que comenzó la crisis, esa crisis que los poderosos se empeñan en decir que ha sido superada. Pero eso tal vez es cierto para el 10% de la población española, aquella que en la última década ha acumulado la mitad de la riqueza de nuestro país, es decir, medio billón de euros, y que son el sector de población que realmente defiende este gobierno, a pesar de que varios millones de españoles les siguen votando, creyendo ingenuamente que Rajoy y sus secuaces defienden sus intereses.
Según el último informe de Save The Children, Desheredados, Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España, en nuestro país, entre 2008 y 2015 la pérdida media de renta debida a la crisis fue de un 21% entre las personas más pobres, mientras que la pérdida entre las más ricas fue sólo de un 2,1%. El sector más afectado es la infancia, ya que prácticamente 2,5 millones de niños y niñas viven actualmente en España por debajo del umbral de la pobreza y el número de menores en situación de pobreza severa aumentó en 424.000 en el periodo 2008-2015.
“La renta básica universal sería el modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciría nuevos modos de relación con el trabajo”
Mientras el Gobierno se basa únicamente en las cifras macroeconómicas a la hora de analizar la supuesta recuperación, y la UE, en boca del responsable de los asuntos económicos, Pierre Moscovici, estima que “las cosas van bien encaminadas” refiriéndose a la situación de España, la letra pequeña de esta crisis, que parece que es ignorada por el partido en el gobierno, nos revela que las consecuencias repercuten en una amplia mayoría de la población, sobre todo en la parte más vulnerable, la infancia. La causa principal es la alta tasa de empleos precarios y temporales de los progenitores, además de la tasa de paro, aún demasiado alta: 800.000 menores viven en hogares donde ningún miembro de la familia trabaja y, entre las personas que tienen trabajo, la cuarta parte de ellos tienen trabajo temporal, por lo que no tienen asegurado el futuro.
Desde la ecología política se plantea una solución para evitar la pobreza extrema: la Renta Básica Universal (RBU), un sistema por el que toda persona, independientemente de su edad, condición social o nivel de renta, recibiría una asignación lo suficientemente elevada como para asegurar su supervivencia, según los estándares de cada país. La RBU sustituiría a una serie de subsidios y ayudas condicionadas a la situación laboral de cada persona, pero para alcanzar el nivel medio de la población sería necesario que, de forma complementaria, estas personas tuvieran un empleo, aunque tendrían la libertad de poder rechazar aquellos trabajos que atenten contra sus derechos, pues su sustento no dependería de ello. Además, la RBU daría visibilidad a los trabajos no remunerados, casi siempre hechos por las mujeres de forma injusta, como son los cuidados y la crianza (aunque tiene que venir asociado a una redefinición de los roles en la familia). Numerosos estudios avalan la viabilidad de la aplicación de esta renta, como los realizados por el profesor de Economía de la UB, Daniel Raventós, o por la Red de Renta Básica, cuyos trabajos dan argumentos muy sólidos para hacer posible esta medida, que ya se está poniendo a prueba en países como Finlandia.
Las críticas a la RBU vienen tanto de la derecha como de la izquierda del espectro político. Desde las filas conservadoras se suele argumentar que “no hay dinero para esto”, “provocará que la gente no quiera trabajar”, “alentará la ociosidad”, etc. A estos argumentos se les puede contrarrestar con otros, como que percibir una renta básica disminuiría la presión de aceptar un empleo cualesquiera que fueran las condiciones laborales ofrecidas. En segundo lugar, una renta básica estimularía con toda probabilidad el autoempleo, pues disminuiría de forma considerable los riesgos de emprender un proyecto nuevo. Además, traería consigo una presión al alza de los sueldos de quienes desempeñan trabajos incómodos y poco gratificantes.
Desde la izquierda también se critica la RBU, con argumentos como que, mediante ésta, se entrega dinero a los beneficiarios para que compren los productos y servicios siguiendo la lógica del mercado, prefiriendo que sea entregada en especie, pero, en mi opinión, este juicio minusvalora la capacidad de las personas de consumir de forma responsable. Se prefiere hablar desde la izquierda de empleo remunerado garantizado, pretendiendo que todos los trabajos se hagan a cambio de dinero, monetizando toda actividad, aunque sea voluntaria y en favor de la comunidad. También se argumenta que subiría la inflación, y que los costes de la gestión de la RBU serían mucho mayores que los actuales referidos a la Renta Mínima, razonamientos ampliamente rebatidos por los defensores de la RBU que pueden ser fácilmente consultados en la red.
La Renta Básica Universal es una medida que está siendo debatida en la actualidad, y cuyos beneficios, en mi opinión, excederían sus desventajas, siendo un modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciendo nuevos modos de relación con el trabajo, para alcanzar una sociedad más justa y solidaria.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito: