lunes, 24 de abril de 2017

ECOCIDIO, UN CRIMEN AÚN NO RECONOCIDO

La deriva que está tomando el planeta desde hace décadas debe obligar a los organismos internacionales a incluir un nuevo delito que, hasta ahora, ha quedado impune. Me refiero al llamado ecocidio, término que se refiere a la “destrucción extensa del ecosistema o de un territorio en concreto como consecuencia de la acción directa o indirecta de los seres humanos o de la industria”.
La primera vez que se usó este término fue en la década de los sesenta, como consecuencia de los efectos sobre las personas y el medio ambiente provocados por el llamado Agente Naranja, un herbicida defoliante lanzado sobre la selva de Vietnam por el ejército estadounidense para evitar que las tropas norvietnamitas encontraran refugio. Esta sustancia, desarrollada principalmente por Monsanto, contenía en altas concentraciones una dioxina, el TCDD, que no sólo afectaba al ecosistema, sino que produjo malformaciones en fetos, cáncer, afecciones cutáneas y otras enfermedades, tanto a varias generaciones de vietnamitas como a soldados norteamericanos expuestos a esta sustancia.
“Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud”
Esta semana se han presentado en La Haya las conclusiones del Tribunal Internacional Monsanto, tras seis meses de trabajo, como consecuencia de las acusaciones de crímenes contra la Humanidad y ecocidio por la comercialización de productos tóxicos causantes de la muerte de miles de personas, como el PCB, el glifosato o el propio Agente Naranja. Durante varios días, el pasado mes de octubre de 2016, testificaron ante este tribunal víctimas de los pesticidas provenientes de todo el mundo, veterinarios, toxicólogos, expertos científicos y jurídicos, contando los efectos perjudiciales de la exposición a estas sustancias tóxicas. La compañía estadounidense especializada en biotecnología agrícola Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud. Entre las actividades señaladas por el dedo acusador, el alto tribunal cita la comercialización agresiva de semillas genéticamente modificadas, que fuerzan a los agricultores a adoptar modos de cultivo que no respetan los modos tradicionales, así como los daños al medio ambiente y a la población vietnamita producidos por el Agente Naranja durante la guerra del Vietnam (1955-1975).
Relacionado con lo anterior, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid y en el marco de la Semana Sin Pesticidas que se celebró el pasado mes de marzo, se han reunido con representantes de este organismo víctimas de pesticidas y otros agentes químicos, relatando los efectos sobre su salud que ha tenido la exposición durante largo tiempo a herbicidas y pesticidas, no sólo en el ámbito de la agricultura, sino también como consecuencia de fumigaciones en zonas verdes, parques y jardines. Se da la circunstancia de que España es el país europeo con el nivel más alto de consumo de pesticidas. Según la UE, en 2013 (últimos datos disponibles), en España se consume el 19,5% de los pesticidas totales, seguidos por Francia (18,7%), Italia (13,8%) y Alemania (12,3%).
Desgraciadamente, el ecocidio no está contemplado como uno de los crímenes internacionales establecidos por el Estatuto de Roma de 1998, sobre los que el Tribunal Internacional de La Haya tiene jurisdicción, crimen que se añadiría a los de genocidio y crímenes de lesa humanidad (esclavitud, asesinato, desplazamientos forzosos, violencia sexual, etc.). Es por ello que, desde este organismo jurídico, se insta a que se incluya este delito, declarando en las conclusiones del juicio a Monsanto que “ha llegado el momento de incluir la creación de un nuevo concepto jurídico de ecocidio, persiguiendo a los autores de crímenes que tienen como objetivo o como consecuencia la destrucción del medio ambiente”.
La declaración de ecocidio como uno de los crímenes internacionales permitiría que no sólo las personas individuales, sino también las empresas, puedan ser perseguidas por actividades que atentan contra la salud, el medio ambiente y el derecho a una alimentación sana.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 4 de abril de 2017

LA FALTA DE AGUA, SÍNTOMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los últimos datos parece que confirman lo que ya se sabe. Los embalses españoles se encontraban al final del mes de marzo al 59,1% de su capacidad, a pesar de las últimas precipitaciones en casi toda la península, cantidades de agua muy inferiores a los valores normales en estas fechas, con 14 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años. Estos datos son debidos, sin duda, entre otras cosas, al cambio climático, a pesar de la negación del origen antrópico de la aceleración de este fenómeno por parte de algunos sectores, cuyos efectos se van a traducir en la conversión de nuestro país en general y de nuestra región en particular en una zona azotada por las sequías con cada vez mayor frecuencia.
Una de las zonas afectadas es la cabecera del Tajo, los embalses de Entrepeñas y Buendía que, actualmente, sólo almacenan menos del 18% de su capacidad total. A pesar de ello, desde las instituciones de la Región de Murcia, con el “investigado” Pedro Antonio Sánchez a la cabeza, secundado por el Sindicato Central de Regantes, celebraron el pasado 31 de marzo los 38 años de existencia del trasvase Tajo-Segura, reclamando la continuidad de esta obra faraónica que, en la época de su construcción, en los años setenta del siglo pasado, tal vez tenía su razón de ser, sobre todo porque se desconocía los efectos del cambio climático y las consecuencias de los grandes trasvases, pero que, en pleno siglo XXI, está demostrando estar condenada, en mi opinión, y en la de los principales grupos ecologistas, a una creciente inoperancia.
"Cuando, desde la Región de Murcia, se afirma alegremente que en el resto de España no falta agua, se ignora a sabiendas que los embalses españoles están cada vez más secos"
Cuando, desde la Región de Murcia, se reclama “solidaridad” con las regiones secas, se olvida que las regiones “cedentes” de agua están sufriendo también los efectos del cambio climático. Cuando se apela a los regadíos como fuente de crecimiento económico y riqueza, se olvida que este crecimiento ha dado como resultado efectos colaterales indeseables, como la degradación tal vez irreversible del Mar Menor, así como el impulso de un tipo de agricultura intensiva basada en pesticidas y fertilizantes derivados del petróleo que, además de afectar a la salud, agrava las emisiones de CO2. Cuando se afirma alegremente que “en el resto de España no falta agua”, se ignora a sabiendas que los embalses españoles están cada vez más secos. Cuando se continúa reclamando desde el recién creado Círculo por el Agua, que agrupa a los regantes de Murcia, Alicante y Almería, más agua para estas provincias, se obvia que la falta de este elemento marcará el devenir del presente siglo, hablándose incluso de una futura “guerra del agua”.


Lo que está claro es que la tendencia de los últimos años nos hace pensar que el problema de la falta de agua no sólo está lejos de solucionarse, sino que aún puede agravarse. El aumento, año tras año, de la temperatura media del planeta afecta al funcionamiento general del clima, produciéndose un menor régimen pluviométrico en determinadas regiones, como la nuestra; por otro lado, la alternancia de periodos de sequía con inundaciones puede provocar la contaminación del agua, según un reciente estudio publicado en la Universidad de Kansas.
Desde la Ecología Política venimos reclamando desde hace años que se articulen medidas para luchar contra el cambio climático, pero no parece que los gobiernos sigan este consejo. Cuanto antes nos adaptemos a la nueva situación de escasez de agua, menos traumática será la transición ecológica de la economía, es decir, el paso de una economía basada en los combustibles fósiles, generadora de emisiones de CO2 y agravante del cambio climático, a una economía basada en las energías renovables, el consumo responsable y el empleo verde, que tenga en cuenta los límites biofísicos del planeta.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito: