La deriva que está tomando el planeta desde hace décadas debe obligar a los organismos internacionales a incluir un nuevo delito que, hasta ahora, ha quedado impune. Me refiero al llamado ecocidio, término que se refiere a la “destrucción extensa del ecosistema o de un territorio en concreto como consecuencia de la acción directa o indirecta de los seres humanos o de la industria”.
La primera vez que se usó este término fue en la década de los sesenta, como consecuencia de los efectos sobre las personas y el medio ambiente provocados por el llamado Agente Naranja, un herbicida defoliante lanzado sobre la selva de Vietnam por el ejército estadounidense para evitar que las tropas norvietnamitas encontraran refugio. Esta sustancia, desarrollada principalmente por Monsanto, contenía en altas concentraciones una dioxina, el TCDD, que no sólo afectaba al ecosistema, sino que produjo malformaciones en fetos, cáncer, afecciones cutáneas y otras enfermedades, tanto a varias generaciones de vietnamitas como a soldados norteamericanos expuestos a esta sustancia.
“Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud”
Esta semana se han presentado en La Haya las conclusiones del Tribunal Internacional Monsanto, tras seis meses de trabajo, como consecuencia de las acusaciones de crímenes contra la Humanidad y ecocidio por la comercialización de productos tóxicos causantes de la muerte de miles de personas, como el PCB, el glifosato o el propio Agente Naranja. Durante varios días, el pasado mes de octubre de 2016, testificaron ante este tribunal víctimas de los pesticidas provenientes de todo el mundo, veterinarios, toxicólogos, expertos científicos y jurídicos, contando los efectos perjudiciales de la exposición a estas sustancias tóxicas. La compañía estadounidense especializada en biotecnología agrícola Monsanto ha sido declarada culpable de realizar prácticas que atentan contra varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud. Entre las actividades señaladas por el dedo acusador, el alto tribunal cita la comercialización agresiva de semillas genéticamente modificadas, que fuerzan a los agricultores a adoptar modos de cultivo que no respetan los modos tradicionales, así como los daños al medio ambiente y a la población vietnamita producidos por el Agente Naranja durante la guerra del Vietnam (1955-1975).
Relacionado con lo anterior, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid y en el marco de la Semana Sin Pesticidas que se celebró el pasado mes de marzo, se han reunido con representantes de este organismo víctimas de pesticidas y otros agentes químicos, relatando los efectos sobre su salud que ha tenido la exposición durante largo tiempo a herbicidas y pesticidas, no sólo en el ámbito de la agricultura, sino también como consecuencia de fumigaciones en zonas verdes, parques y jardines. Se da la circunstancia de que España es el país europeo con el nivel más alto de consumo de pesticidas. Según la UE, en 2013 (últimos datos disponibles), en España se consume el 19,5% de los pesticidas totales, seguidos por Francia (18,7%), Italia (13,8%) y Alemania (12,3%).
Desgraciadamente, el ecocidio no está contemplado como uno de los crímenes internacionales establecidos por el Estatuto de Roma de 1998, sobre los que el Tribunal Internacional de La Haya tiene jurisdicción, crimen que se añadiría a los de genocidio y crímenes de lesa humanidad (esclavitud, asesinato, desplazamientos forzosos, violencia sexual, etc.). Es por ello que, desde este organismo jurídico, se insta a que se incluya este delito, declarando en las conclusiones del juicio a Monsanto que “ha llegado el momento de incluir la creación de un nuevo concepto jurídico de ecocidio, persiguiendo a los autores de crímenes que tienen como objetivo o como consecuencia la destrucción del medio ambiente”.
La declaración de ecocidio como uno de los crímenes internacionales permitiría que no sólo las personas individuales, sino también las empresas, puedan ser perseguidas por actividades que atentan contra la salud, el medio ambiente y el derecho a una alimentación sana.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:
No hay comentarios:
Publicar un comentario